La primera infancia es uno de los momentos más decisivos en la vida de una persona. Desde hace décadas que la evidencia muestra que asistir al nivel inicial mejora las trayectorias educativas, favorece el desarrollo del lenguaje, fortalece habilidades socioemocionales y tiene efectos de largo plazo. Este impacto no sólo se refleja en la mejora de las trayectorias educativas, sino que también redunda en variables positivas vinculadas a oportunidades laborales y de ingresos y negativas en aspectos como crimen y problemas de salud. Sin embargo, con toda esa evidencia sobre la mesa, en Argentina todavía estamos lejos de garantizar ese acceso de manera equitativa.

Los datos más recientes muestran una situación ambivalente. Por un lado, hubo avances importantes: la cobertura del nivel inicial creció de manera sostenida durante la última década, especialmente entre los niños de 3 y 4 años. Argentina fue, de hecho, uno de los países de la región que más aumentó la asistencia a los 3 años: pasó del 40% en 2014 al 55% en 2024. A los 4 años -en el mismo período temporal- la cobertura subió del 75% al 91%. Hay mejoras que no podemos ignorar, impulsadas por decisiones de política educativa y una expansión de la oferta.

Pero, al mismo tiempo, persisten desigualdades profundas. Hoy, sólo 4 de cada 10 chicos de 3 años de los sectores más vulnerables asisten al nivel inicial. La cifra contrasta no solo con los niveles de cobertura de los niños de 4 y 5 años, donde la escolarización se acerca a la universalización, sino también con lo que ocurre en otros sectores sociales. Entre los hogares de ingresos medios, la asistencia a los 3 años alcanza el 71% (lo que los ubica incluso por encima de los sectores más ricos).

La desigualdad aparece todavía con más fuerza cuando se observa la situación de los niños de 2 años. En los hogares más pobres, apenas el 10% accede a algún espacio educativo o de cuidado, mientras que entre los sectores de mayores ingresos la cifra asciende al 44%. Esto muestra que el acceso temprano sigue dependiendo, en gran medida, de las posibilidades económicas de las familias.

El problema no parece explicarse únicamente por la falta de oferta. Por el contrario, en los últimos años hubo una expansión importante del nivel inicial, especialmente en las salas vinculadas a las edades más tempranas. Además, Argentina atraviesa una transición demográfica marcada por la caída sostenida de la natalidad: hoy nacen menos chicos que hace una década. Ese fenómeno ya empezó a impactar sobre la matrícula y continuará haciéndolo -incluso con mayor fuerza- en los próximos años.

Esta combinación entre menos nacimientos y más infraestructura instalada abre una oportunidad muy relevante para el sistema educativo: si la cantidad de secciones se mantiene relativamente estable, el descenso de la matrícula podría liberar capacidad para ampliar el acceso en las edades donde todavía existen déficits de cobertura, particularmente entre los niños de 2 y 3 años.

Pero acá está la trampa: esa oportunidad no se va a traducir automáticamente en mayor equidad. Que haya potenciales vacantes disponibles no garantiza, por sí solo, que los chicos más vulnerables lleguen efectivamente al jardín. Si con menos chicos y más oferta instalada seguimos sin cerrar esta brecha, la pregunta que debemos hacernos es qué estrategia estamos desplegando para que esos 6 de cada 10 niños de los sectores más vulnerables finalmente ingresen al nivel inicial.

La inercia que nos ofrece la transición demográfica no alcanza para resolver el problema. Porque si no hay una estrategia activa, el sistema tiende a acomodarse solo, y no siempre donde hace falta. Los recursos fluyen hacia donde la demanda es más visible, los jardines se sostienen donde las familias ya llegaban solas, y los que más necesitan el acceso siguen quedando afuera. No es un problema de infraestructura ni de recursos: es una cuestión de falta de planificación. Y la ventana que nos ofrece la primera infancia se cierra con premura.

En los sectores más vulnerables, las dificultades para sostener la escolarización temprana suelen convivir con empleos precarios, problemas de movilidad, falta de redes de cuidado y entornos con menor acceso a información y poco acompañamiento. Muchas veces, además, la educación inicial no aparece como una necesidad urgente frente a otras demandas más inmediatas. Por eso, el desafío no puede reducirse únicamente a construir jardines o abrir vacantes.

Por otro lado, existe un riesgo silencioso. Sin una política educativa estratégica el sistema por sí solo termina reproduciendo las desigualdades existentes. Si sólo se expande la cobertura en los sectores que ya tienen una demanda consolidada, quienes más necesitan el acceso van a seguir quedando afuera. Si el Estado no prioriza deliberadamente, los recursos tienden a orientarse allí donde las familias ya tenían más y mejores herramientas de acceso.

Una clave está en empezar a tratar la escolarización temprana como una prioridad estratégica y no como un tema secundario dentro de la agenda educativa. La evidencia acumulada en las últimas décadas dejó poco margen para la discusión: el impacto de la educación inicial en el desarrollo infantil, en la reducción de desigualdades y en la ampliación de oportunidades futuras es contundente. Lo que no sucede en esos primeros años es mucho más difícil (y más costoso) de recuperar después. Por eso, discutir la cobertura del nivel inicial no es solamente hablar de jardines: es discutir qué oportunidades queremos garantizar desde el comienzo de la vida.