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    <title>El Día Ahora</title>
    <subtitle>Contenido multimedia para informarse minuto a minuto de lo que acontece en Gualeguaychú y la región. Noticias, deportes, espectáculos, política, economía, cultura y más.</subtitle>
    <updated>2026-11-21T20:41:18+00:00</updated>
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            Cobardes detrás de una pantalla: el anonimato que las redes sociales eligieron proteger
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                <![CDATA[Jeremías Irigoytia]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/a7QxoSu0i1YxkfUxCmzGtn2ihNc=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2026/11/anonimato_redes.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>Basta un perfil falso, creado en un minuto, para agredir, humillar o difamar. El que agrede no tiene cara. El que sufre, sí. Si alguien entra a un bar lleno de gente, señala a un hombre y le grita “¡abusador!”, todos ven quién lo dijo. Esa persona, si mintió, podrá ser llevada ante la Justicia. Si un hombre de 40 años se para cada tarde en la puerta de una escuela y empieza a hablarle a un chico de 11, alguien lo va a notar. Lo van a frenar y probablemente termine en una comisaría.</p><p>Las redes sociales permiten que sucedan ambas cosas en el anonimato. Lo vemos todos los días. El vecino escrachado en un grupo con una historia que nadie verificó, que ya no puede salir a la calle sin sentir que lo miran. El adolescente al que sus compañeros hostigan desde una cuenta creada solo para eso, que ya no quiere ir al colegio. Ninguno de esos agresores se animaría a decir en la cara lo que escribe. No son valientes: son cobardes con conexión a internet.</p><p>Le pasó, por ejemplo, a un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata. Una cuenta llamada “Comisión de Género de la FaHCE”, que usaba el nombre de su facultad sin ser oficial, publicó su foto y su nombre junto a la palabra “abusador”. No la firmaba nadie. Para que la Justicia le ordenara a Facebook bajar la publicación e informar quién estaba detrás de la cuenta, tuvo que litigar contra la plataforma desde 2019 hasta 2026 y llegar a la Corte Suprema. ¡Siete años! En septiembre, la Corte le dio la razón con una frase que lo resume todo: si el derecho a permanecer anónimo fuese absoluto, se estaría admitiendo “una impunidad absoluta para mentir, agraviar o exponer la intimidad de las personas”.</p><p>Ahí está la desigualdad. La víctima queda expuesta con su nombre, su cara y toda su vida; el agresor, oculto e inalcanzable. Uno no puede esconderse. El otro no tiene que dar explicaciones.</p><p>El anonimato tiene una cara todavía peor. Es la puerta de entrada del grooming: un adulto se hace pasar por chico para ganarse la confianza de un menor. Y las plataformas lo saben. En documentos internos de Meta, la dueña de Instagram y Facebook, que salieron a la luz en los juicios que enfrenta en los Estados Unidos, sus empleados admitían en 2020 que la gente miente sobre su edad, “especialmente los groomers”. Reconocían que la función que sugiere “personas que quizás conozcas” había sido responsable del 80% de las conexiones indebidas entre adultos y menores. La herramienta que debía conectar amigos les acercaba chicos a los abusadores.</p><p>&nbsp;El negocio del odio</p><p>¿Por qué las plataformas no hacen nada? Porque el agravio o “hate” vende. Usar una red social parece gratis, pero no lo es: pagamos con nuestros datos. Cada publicación que miramos, cada comentario y cada pelea quedan registrados, y con esa información las plataformas les venden a los anunciantes la posibilidad de llegar a nosotros. Cuanto más tiempo pasamos peleando, burlándonos o indignándonos, más datos generamos, más anuncios vemos y más facturan. Cuando una compañía conoce el daño, sabe cómo evitarlo y decide no hacerlo, ya no hablamos de un descuido. Hablamos de dolo.</p><p>Nada de esto es inevitable: es la consecuencia lógica de una actividad sin reglas. Hoy, en la Argentina, no existe ninguna norma que obligue a las plataformas a verificar la identidad de sus usuarios. Cualquiera puede crear un perfil en minutos, con un nombre inventado, una foto ajena y una fecha de nacimiento falsa. Las aplicaciones le entregan a un NN la posibilidad de insultar, difamar, acosar o engañar a quien quiera, sin ninguna consecuencia.</p><p>Por eso es urgente regularlo. Para abrir una cuenta bancaria o una billetera virtual, o alquilar una casa, hay que acreditar quién es uno; para usar una red y dañar a otros, no hace falta nada. En noviembre, la diputada Cecilia López Pasquali presentó un proyecto para que cada usuario valide su identidad con sus datos biométricos a través del Renaper. Se podrían seguir usando seudónimos, pero detrás habría una persona real, identificable solo por orden de un juez. Los perfiles de los menores quedarían vinculados a sus padres, y el adulto que se hace pasar por chico ya no podría mentir su edad. Entregar la cara genera dudas, y esos datos deberán estar muy bien cuidados. Pero el temor no puede ser excusa para no hacer nada.</p><p>Aun así, soy escéptico. La batalla de verdad será lograr que una ley se cumpla, porque del otro lado están las empresas que nunca pusieron un límite por voluntad propia y que solo cambiaron cuando un juez o una multa millonaria las obligó. Doblegar a gigantes a los que solo les importa vender, y para los que cada usuario vale por lo que factura y no por lo que es, no va a ser fácil. Pero es una pelea que vale la pena. Porque lo que está en juego no es la libertad de opinar, sino la tranquilidad de nuestros hijos y la dignidad de cualquiera que pueda ser el próximo.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/a7QxoSu0i1YxkfUxCmzGtn2ihNc=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2026/11/anonimato_redes.webp" class="type:primaryImage" /></figure>Basta un perfil falso, creado en un minuto, para agredir, humillar o difamar. El que agrede no tiene cara. El que sufre, sí. Si alguien entra a un bar...]]>
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                                <updated>2026-11-21T20:41:18+00:00</updated>
                <published>2026-11-21T20:37:11+00:00</published>
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            ¿Cuánto valen nuestros hijos para Instagram?
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                <![CDATA[Jeremías Irigoytia]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/dO8xaO2brzuBlxwCKzIxyC93S8Q=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://eldiacdn.eleco.com.ar/adjuntos/240/imagenes/001/203/0001203602.jpg" class="type:primaryImage" /></figure><p>Son las dos de la mañana. En una casa cualquiera, una niña de trece años sigue con el celular en la mano. Ya no sabe qué está mirando, pero no puede dejar de hacerlo. Un video, otro, la foto de una compañera con un filtro que le afina la cara, una notificación, otro video. A la mañana tiene escuela. Sus padres duermen, convencidos de que ella también.</p><p>Del otro lado de la pantalla hay una empresa que no sólo sabe exactamente lo que está pasando. Lo calculó.</p><p>En 2018, en un correo interno, Meta, la dueña de Instagram y Facebook, estimó cuánto vale un chico de trece años para su negocio: unos 270 dólares durante su vida como usuario. No es una metáfora. La cifra figura en la demanda que más de treinta Estados norteamericanos presentaron contra la compañía en 2023, construida con los propios documentos de la empresa.</p><p>Esos documentos cuentan una historia incómoda. Los menores eran un público estratégico: son más fáciles de influir con publicidad, pueden quedar atados a la plataforma de por vida y marcan las tendencias que después sigue todo el mundo. La empresa (Meta) tenía estudios propios sobre cómo Instagram hacía sentir peor a muchas adolescentes con su cuerpo, y sabía que había millones de usuarios menores de trece años.</p><p>Lo más grave no es que lo supiera, sino lo que hizo con eso. Los correos muestran a directivos discutiendo cambios para proteger a los chicos. Pero la cuenta era simple: menos tiempo en la aplicación significaba menos publicidad vista, y menos publicidad, menos ganancia. Entre la salud de los chicos y la facturación, eligieron la facturación. Los estudios quedaron guardados hasta que, en 2021, una exempleada, Frances Haugen, los sacó a la luz. Los fiscales compararon el caso con el de las tabacaleras: sabían y lo ocultaron.</p><p>&nbsp;</p><p>La trampa de lo gratisNadie paga por tener Instagram, y esa es la trampa. Sus términos de uso lo dicen sin vueltas: en lugar de pagar, el usuario acepta que le muestren publicidad y que usen sus datos para eso. El chico paga con su tiempo, su atención y su intimidad. Cada minuto extra frente a la pantalla es plata para la empresa.</p><p>Por eso nada está librado al azar. El algoritmo muestra lo que más engancha, el desplazamiento no tiene final, las notificaciones llegan en plena clase o de madrugada y los “me gusta”, convierten la autoestima en un número. No es un defecto del producto. Es el producto.</p><p>&nbsp;</p><p>El mundo está mirandoHace pocas semanas, Meta aceptó pagar cerca de 17.000 millones de dólares para cerrar el reclamo de más de cincuenta Estados y territorios norteamericanos, y cambiar sus plataformas para los adolescentes de ese país: límite de dos horas diarias, bloqueo entre la medianoche y las seis, notificaciones apagadas de noche y en horario escolar, “me gusta” ocultos y restricciones a los filtros que deforman la imagen. No reconoció responsabilidad, pero ninguna compañía paga esa cifra y modifica su producto estrella por algo sin sustento.</p><p>Meta siempre pudo proteger a los chicos. No lo hizo porque no le convenía, y solo cambió cuando le costó 17.000 millones de dólares. La pregunta que hoy se hacen familias, escuelas y tribunales en todo el mundo es por qué esa protección depende del país en el que se nace.</p><p>&nbsp;</p><p>¿Y los nuestros?En la Argentina, según el informe Kids Online 2025 de UNICEF, ocho de cada diez chicos usan redes sociales todos los días. Entre los de 9 a 11 años, que ni siquiera tienen la edad mínima que exigen las plataformas, lo hacen casi seis de cada diez. Siete de cada diez tienen perfil en Instagram, y casi la mitad reconoce tener un uso problemático de internet y del celular. Usan la misma aplicación que un adolescente de California, con los mismos mecanismos, pero ninguna de esas protecciones llegó acá.</p><p>Siempre aparece quien dice que es un problema de los padres. Los padres son fundamentales, pero no pueden pelear solos contra un sistema diseñado por miles de ingenieros para atrapar la atención de sus hijos. El cambio tiene que venir del producto, y para todos.</p><p>Lo que pasó en Estados Unidos es una señal clara: a Meta se la puede llevar a la Justicia por las consecuencias que su diseño tiene sobre chicos, chicas y adolescentes. En la Argentina, la Ley de Defensa del Consumidor ofrece las herramientas para hacerlo.</p><p>Meta ya les puso precio a nuestros hijos, pero –al menos por ahora– las medidas de protección que aceptó implementar en Estados Unidos no se extienden a los niños argentinos.</p><p>Chicos, chicas y adolescentes argentinos tienen los mismos derechos que los de Estados Unidos. Usan las mismas plataformas, con los mismos algoritmos y los mismos riesgos. Entonces, ¿por qué no merecen la misma protección? ¿Acaso para Meta nuestros hijos valen menos?</p><p>Por Jeremías IrigoytiaAbogado especialista en derecho del consumidor</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/dO8xaO2brzuBlxwCKzIxyC93S8Q=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://eldiacdn.eleco.com.ar/adjuntos/240/imagenes/001/203/0001203602.jpg" class="type:primaryImage" /></figure>Son las dos de la mañana. En una casa cualquiera, una niña de trece años sigue con el celular en la mano. Ya no sabe qué está mirando, pero no puede d...]]>
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                <published>2026-10-24T19:27:00+00:00</published>
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            Desregulación de las prepagas: libertad de precios, ¿libertad de elección?
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                <![CDATA[Jeremías Irigoytia]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/33B-fT28AKKii6VlREe7_rL5YXQ=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2026/09/prepagas.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>Marta tiene 62 años. Hace veinticinco que paga la misma prepaga, conoce a su cardiólogo desde hace una década y sabe en qué consultorio la van a atender un martes a las nueve. Cuando le llegó el último aumento de la cuota, hizo la cuenta y no le cerraba, después de un cuarto de siglo tuvo que elegir entre el supermercado y la prepaga. Desesperada, llamó a otra empresa para cambiarse. Le cotizaron casi el doble. Por su edad y por una arritmia que arrastra desde hace tiempo: “elegir” se había convertido en una palabra vacía.</p><p>Juan tiene 38. Es diabético desde los veinte y no tiene la edad de Marta, pero el resultado es el mismo: cuando pidió cotización en otra prepaga, la preexistencia le sumó un valor diferencial que lo dejó atado a la empresa que ya tenía, le convenga o no. Y después está Carlos, 55 años, sin ninguna enfermedad, sin nada que declarar. A él nadie le cobra de más por preexistencia. Pero cuando compara, las cuatro empresas grandes del mercado le ofrecen, en los hechos, variantes de lo mismo al mismo precio. Su libertad de optar existe en la ley y se diluye en la práctica.</p><p>Marta, Juan y Carlos no son casos aislados. Son, hoy, la historia de miles de argentinos.</p><p>Más de diez millones de personas dependen exclusivamente del sistema público de salud. Detrás de esa cifra conviven dos realidades: quienes perdieron su empleo registrado y con él su obra social, y quienes, aun trabajando, ya no pueden sostener la prepaga que eligieron pagar durante años. Un dato lo resume: el 62% de quienes abandonaron su prepaga no migró a una empresa más económica. Se quedó, directamente, sin cobertura.</p><p>¿Cómo llegamos hasta acá? A fines de 2023 se estaba formando una tormenta perfecta. Durante años de inflación descontrolada, el Estado había contenido los aumentos de las cuotas mediante un régimen de autorización previa: en 2020 subieron un 10% frente a una inflación del 36,1%; en 2021, un 36% frente al 50,9%; en 2022, un 64% frente al 94,8%. Esa brecha era real, y las empresas advertían que sus ingresos ya no acompañaban sus costos. El sistema anterior, además, tenía burocracia, demoras y poca transparencia. Necesitaba una reforma. El problema no fue diagnosticar la enfermedad. Fue el remedio.</p><p>El DNU 70/2023 eliminó el control previo sobre los aumentos y liberó los precios, con un objetivo declarado: más libertad de elección y libre competencia entre prepagas y obras sociales. La lógica parecía sencilla: si una empresa cobraba de más, el afiliado se iba a otra. Pero esa lógica descansa sobre un supuesto que Marta, Juan y Carlos desmienten a su manera: todos los consumidores son igual de libres para irse.</p><p>Esa libertad existe, y bastante, para quien es joven y está sano. Se reduce para los que tienen una enfermedad preexistente, aunque sea joven como Juan. Y se diluye igual para quien, sin estar enfermo, se encuentra con un mercado donde cuatro empresas concentran más del 60% de los afiliados y ofrecen, en los hechos, poco margen real de diferencia.</p><p>Cambiar de prepaga no es como cambiar de compañía de internet. La ley dice que la enfermedad no puede ser motivo de rechazo, pero la nueva empresa puede cobrar un valor diferencial por la preexistencia y por la edad. La pregunta deja de ser teórica: ¿Qué libertad tiene quien, para elegir, debe pagar mucho más, o elegir entre lo mismo?</p><p>Meses después de liberar los precios apareció la primera paradoja: el propio Estado debió volver a intervenir frente a los fuertes aumentos de las principales empresas.</p><p>Hoy se abre un tercer capítulo. A partir de reclamos de afiliados particulares, los tribunales empiezan a fijar límites, porque desregular los precios no borra la Constitución, ni la Ley de Defensa del Consumidor, ni la prohibición del abuso del derecho, ni el derecho a la salud. Antes, el Estado controlaba la razonabilidad del aumento antes de que llegara a la factura. Hoy ese control llega después, cuando el afiliado reclama y toca la puerta de la Justicia. Pasamos, en buena medida, del control preventivo a la judicialización.</p><p>No se trata de volver, sin más, al sistema anterior: las empresas también necesitan ser sustentables. Pero la competencia solo protege al consumidor cuando ese consumidor es realmente libre para elegir. Marta, Juan y Carlos siguen hoy donde estaban, pagando lo que pueden y resignando otras cosas para hacerlo. No porque hayan elegido quedarse, sino porque no tuvieron, en los hechos, otra opción.</p><p>Quizás ahí estuvo el error de fondo de la desregulación: liberar los precios antes de preguntarnos cuán libres eran, en realidad, quienes iban a pagarlos.</p>]]>
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                <published>2026-09-12T21:49:00+00:00</published>
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