La discusión sobre la ley de glaciares no es, como muchas veces se plantea, un debate entre minería y ambiente. Ese enfoque es simplista y, en última instancia, equivocado.

Argentina necesita desarrollar su potencial minero. Lo necesita para generar empleo, exportaciones y fortalecer sus economías regionales en un contexto internacional que demanda recursos estratégicos. El problema no es ese.

La verdadera discusión es otra: quién define los límites de ese desarrollo y con qué reglas. Ese es el punto donde el proyecto de reforma no resuelve.

En Entre Rios hay desarrollo minero no metalífero, centrado principalmente en la extracción de rocas de aplicación y materiales para la construcción (arenas y canto rodado). Pero no estamos discutiendo una actividad localizada en la cordillera o en una región en particular, sino el modo en que el Estado argentino regula recursos estratégicos.

Además, no se trata de una discusión teórica. Hace pocas semanas impulsamos una acción judicial para prevenir un posible daño ambiental vinculado a la instalación de una planta de metanol sobre el Río Uruguay, en Paysandú, Uruguay. Es decir, cuando hay riesgos sobre recursos críticos, la intervención del Estado no es una opción: es una obligación.

Por eso preocupa la posición adoptada por el Ejecutivo entrerriano que decidió acompañar expresamente la reforma impulsada por el Gobierno nacional. En el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente, ese apoyo contribuyó a un empate de ocho votos a favor y ocho en contra, con varias abstenciones. No fue una decisión neutra: fue una toma de posición política clara.

Pero más allá de la coyuntura, el problema de fondo es jurídico.

La Constitución Nacional establece un equilibrio muy preciso. Por un lado, reconoce el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales. Por otro, asigna a la Nación la competencia de dictar presupuestos mínimos de protección ambiental.

Ese esquema no es contradictorio: es complementario. La Nación fija un piso común de protección y las provincias pueden elevar ese estándar, nunca reducirlo.

La Corte Suprema ha sido categórica en este punto. En el caso “Barrick”, sostuvo que el establecimiento de presupuestos mínimos no es una declaración teórica, sino una facultad concreta para garantizar un ambiente sano. En “Salas”, afirmó que las provincias no pueden disminuir esos estándares. Y en “Mendoza”, que ante la duda debe protegerse el ambiente. El proyecto de reforma se aparta de esa doctrina.

El régimen vigente es claro: el Inventario Nacional de Glaciares define las áreas protegidas y las prohibiciones son automáticas. Si está inventariado, está protegido.

La media sanción del Senado cambia esa lógica. Transfiere a las provincias la definición de qué cuerpos tienen función hídrica, convierte la evaluación de impacto ambiental en el mecanismo central de decisión y vacía de contenido vinculante al inventario.

En la práctica, la provincia interesada en un proyecto pasa a ser quien define los límites de la protección. Esto no es una reforma técnica. Es una reconfiguración del sistema.

Además, introduce problemas técnicos serios. El criterio de “relevancia hídrica” es conceptualmente incorrecto: todos los glaciares cumplen una función dentro del sistema de cuencas. Pretender que cada jurisdicción determine su importancia con criterios propios elimina el estándar nacional.

Y sin estándar común, el presupuesto mínimo deja de ser mínimo.

A esto se suma un dato clave: las cuencas hídricas no respetan límites políticos. Lo que se decide en una provincia impacta directamente en otras. Por eso, la gestión de estos recursos no puede quedar sujeta a decisiones unilaterales.

El resultado es claro: mayor discrecionalidad, menor previsibilidad y más conflictividad. En lugar de fortalecer el sistema, el proyecto lo fragmenta.

Y una mala regulación no sólo afecta la protección ambiental. También afecta las condiciones para el desarrollo. Por eso, el problema no es la minería.

El problema es hacerlo sin reglas claras, sin estándares comunes y sin respeto por el diseño constitucional. Argentina necesita desarrollarse, pero para eso necesita mejores reglas, no peores.

Cuando se discute una reforma laboral, además de las cuestiones propias del derecho del trabajo y de la negociación colectiva, se deben poner arriba de la mesa otras cuestiones.

1.      No existe reforma laboral virtuosa si la economía no crece y no genera puestos de trabajo.

No hay reforma laboral por si misma que genere puestos de trabajo formales. La suba del empleo registrado se da con crecimiento económico, sustitución de importaciones e inversiones productivas. Es el punto inicial para poder discutir cualquier reforma laboral.

Un claro ejemplo fue el proceso de crecimiento en la cantidad de trabajadores registrados que se dio del año 2004 al 2011, donde la economía argentina evidenció un crecimiento de aproximadamente un 63%, según serie histórica del INDEC. Los motores del crecimiento fueron el consumo y la inversión.

En dicho periodo, y excepto por la interrupción en el año 2009 por la crisis subprime, los trabajadores aportantes al sector privado crecieron sostenidamente, totalizando un +27% al final del año 2011.

En este lapso no hubo reforma laboral legal ni modificación de fondo a la ley de contratos de trabajo, pero sí un fuerte crecimiento de la economía argentina.

2.      Es necesario tener en cuenta el tamaño de la empresa y la cantidad de empleados.

A agosto de 2025 existen en nuestro país 522.716 empleadores, es decir, empresas (personas humanas y jurídicas) que tienen uno o más empleados registrados en el sector privado.

De esos mismos números surge que la mayor cantidad de empleadores se concentra en los que registran hasta 10 empleados.

En otras palabras, hay 437.587 empleadores -el 84% del total- que tienen registrados hasta 10 empleados. Ahora bien, esos empleadores tienen registrados 1.197.094 trabajadores, el 18% del total de trabajadores registrados.

Si se mira la parte inferior de la tabla, la correlación es inversa. Hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores.

3.      También es necesario tener en cuenta el sueldo promedio mensual del trabajador por tamaño de empresa.

Cuando el cuadro anterior se complemente con el salario promedio mensual de cada tramo, surge un dato adicional vinculado al sueldo promedio.

El sueldo promedio de los trabajadores que trabajan en empresas “chicas”, es decir de hasta 10 empleados, es de $ 1 millón. En cambio, en las empresas que emplean 100 o más empleados el sueldo promedio mensual es de $ 2,2 millones.

Ese sueldo promedio mensual es mayor a medida que la empresa tiene más trabajadores:

·    El sueldo promedio mensual de las empresas con más de 1.500 empleados, y hasta 2.500, es de $ 2,4 millones.

·    El sueldo promedio mensual de las empresas con más de 2.500 empleados, y hasta 5.000, es de $ 2,5 millones.

·    El sueldo promedio mensual de las empresas con más de 5.000 empleados es de $ 3,3 millones.

4.      Otro dato necesario para evaluar la reforma, el sueldo promedio mensual del trabajador por actividad económica.

El sueldo promedio mensual, siempre considerando el boletín de Seguridad Social a agosto de 2025 de los empleados registrados del sector privado, es de $ 1.767.681.

Así como el sueldo promedio mensual cambia cuando se lo analiza por tamaño del empleador, también surge una variación cuando se analiza la actividad económica.

Para los sectores productores de bienes, el sueldo promedio mensual es de $ 1.994.497. para los servicios, el sueldo promedio es de $ 1.656.666.

Pero corresponde analizar por tipo de actividad. En productores de bienes el salario promedio mensual es de $ 1.031.652 para el agro y de $ 5.722.678 para petróleo, gas y minería. Situaciones muy disimiles.

Lo mismo ocurre en el caso de servicios. El sueldo promedio mensual de la gastronomía es de $ 991 mil mientras que para el sector financiero es de $ 4,5 millones. El sueldo promedio más bajo se registra para la enseñanza, $ 894.171.

5.      Conclusiones

Hay una fuerte concentración de empleos registrados en las grandes empresas.

A agosto de 2025 existen en nuestro país 522.716 empleadores. El 84% de esos empleadores tienen registrados 1.197.094 trabajadores, el 18% del total.

A la inversa, hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores.

El sueldo promedio mensual de los trabajadores que trabajan en empresas “chicas”, es decir de hasta 10 empleados es de $ 1 millón. En cambio, en las empresas que emplean 100 o más empleados el sueldo promedio mensual es de $ 2,2 millones. Ese sueldo promedio mensual es mayor a medida que la empresa tiene más trabajadores.

Para los sectores productores de bienes, el sueldo promedio mensual es de $ 1.994.497. para los servicios, el sueldo promedio es de $ 1.656.666.

Pero corresponde analizar por tipo de actividad. En productores de bienes la remuneración promedio mensual es de $ 1.031.652 para el agro y de $ 5.722.678 para petróleo, gas y minería. Lo mismo ocurre en el caso de servicios. El sueldo promedio de la gastronomía es de $ 991 mil mientras que para el sector financiero es de $ 4,5 millones.

Estas diferencias en las remuneraciones promedio mensual nos llevan a concluir que hay que analizar con profundidad la estructura de costos de los empleadores, teniendo en cuenta su actividad y su tamaño.

6.      Propuestas.

Por estos datos, es inescindible analizar el costo tributario del empleo registrado a la hora de avanzar en una reforma laboral que amplíe derechos, promueva el crecimiento económico y la productividad, reduzca la informalidad y se adapte a las nuevas formas de trabajo.

En ese sentido, sin entrar en las cuestiones propias del derecho del trabajo y de la negociación colectiva, y, a su vez, considerando el nivel de informalidad existente en el mercado laboral actual, se enumeran puntos que hacen al costo tributario y que deberían acompañar una reforma laboral integral:

I. Para microempresas (hasta 7 trabajadores), un proceso de formalización laboral para que puedan incorporar hasta 2 nuevos empleos sin contribuciones sociales por los primeros 24 meses. Esto llevaría un alivio para el 75% de los empleadores.

II. Para pequeñas empresas (hasta 30 trabajadores), reducción de contribuciones para nuevos empleos (hasta 5) por los primeros 24 meses.

III. Para Pymes de hasta 100 empleados, permitir incrementar el cómputo como crédito fiscal en el IVA de las contribuciones efectivamente abonadas, duplicando los puntos porcentuales que rigen desde el 23/12/2019 por la ley 27.541, para los nuevos 10 puestos de trabajo que generen.

IV. Establecer una escala progresiva de contribuciones para los salarios superiores a $ 20 millones mensuales. Son 18 mil trabajadores con altos ingresos.

V. Eliminar la posibilidad que da la Ley 24.241 para que los directores de sociedades anónimas puedan optar voluntariamente por el sistema previsional con las características propias de los trabajadores dependientes. Esto permite que muchos directores obtengan remuneraciones sin efectuar aportes y contribuciones pagando únicamente la cuota de autónomo.

VI. Para evitar inequidades, un programa de regularización del empleo con eximición de sanciones para las nuevas relaciones laborales: no puede estar en distintas condiciones un empleador que incorpora un nuevo trabajador que uno que formaliza una relación laboral precaria preexistente.

Desde hace semanas, los anuncios sobre la economía argentina no se escriben en Buenos Aires sino en Washington. Scott Bessent, funcionario designado por la administración Trump, actúa como vocero de la calma y administrador del peso argentino. Su intervención trasciende la asistencia financiera: marca un punto de inflexión en la gestión actual, donde el gobierno nacional decidió correrse no solo de la política sino también de la gestión económica, entregándose a un funcionario norteamericano.

Los mensajes de Bessent en redes sociales tienen más impacto que cualquier comunicado del Banco Central o del Ministerio de Economía. Su declaración de que el Tesoro estadounidense está "preparado para tomar medidas excepcionales para proporcionar estabilidad a los mercados" funciona como un apoyo incondicional al peso argentino. Era el respaldo más grande que podía recibir en una situación crítica como la que atravesaba.

Pero el apoyo estadounidense nunca es gratis. No solo busca estabilizar el mercado: también sostiene, de manera indirecta, la campaña del oficialismo y, naturalmente, cobrará lo que le interesa. La lista es larga y, con seguridad, llegará la factura.

La estabilidad de mercado, así como la campaña electoral, hoy están en cabeza de Scott Bessent y Donald Trump, convertidos en los dos pilares de una carrera electoral que el gobierno delegó en la Casa Blanca. Las declaraciones de apoyo "irrestricto" de la administración Trump y la intervención directa del Tesoro americano son, en los hechos, la única campaña del oficialismo. No hay nada más.

Bessent habla más -y mejor- de la economía argentina que el propio equipo económico. Sus apariciones superan a las del presidente, y en materia de campaña se ha convertido en el principal vocero de la gestión.

La intervención de Estados Unidos no es solo un estabilizador económico; también es un distractor narrativo. Domina los medios y desplaza otras acusaciones a un segundo plano, con la esperanza de que ese blindaje mediático también alcance a lo electoral.

El origen de esta nueva ronda de préstamos de urgencia está en la desesperación financiera de un programa económico exhausto. El colapso del régimen cambiario era inminente y el fracaso rotundo del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) empujó al gobierno a canjear gestión económica y electoral por unas semanas de calma de mercado.

Los síntomas del fracaso comenzaron cuando el Fondo priorizó el desembolso político sobre el cumplimiento técnico del programa. Parece prehistoria, pero los acuerdos con el FMI son cada vez peores. En el caso de Milei, el programa se firmó en marzo y, en agosto, ya había sido oficialmente abandonado con un tuit del ministro Caputo.

A pesar de los incumplimientos cambiarios y monetarios -reconocidos por el propio Fondo, que admitió una desviación de USD 3.600 millones en la meta de acumulación de reservas netas-, el organismo desembolsó USD 14.000 millones (12.000 millones en abril y otros 2.000 millones en agosto), equivalentes al 70% del programa total. Como corolario, el FMI flexibilizó sus condiciones de manera humillante: suspendió las revisiones de 2025, pospuso la acumulación de reservas hasta 2026 y difirió las metas originales hasta 2027.

La tensión cambiaria que vivimos desde hace más de un mes tiene entonces su raíz en ese mal diseño, no en la incertidumbre electoral. La narrativa oficial que culpa a la política es insostenible cuando el Banco Central mantiene reservas netas al mismo nivel que al inicio de la gestión, los dólares líquidos son prestados y la autoridad monetaria no logra conciliar baja de inflación con acumulación de reservas.

La caída de reservas -incluso después del préstamo de abril- precedió a las elecciones bonaerenses, y difícilmente se revierta tras el 26 de octubre. Si no hubieran aparecido los tuits de Bessent, hoy estaríamos viendo cómo el gobierno intenta contener una corrida cambiaria.

El salvataje de Estados Unidos fue la respuesta de última hora al colapso de un programa moribundo. Los USD 20.000 millones del acuerdo de abril fueron un fracaso anunciado. Hoy solo vemos sus consecuencias y esperamos los detalles del nuevo entendimiento que, por tercera vez en un año, promete "un puente" hacia un destino incierto.

El gobierno argentino ya demostró su falta de compromiso cuando, poco después del anuncio, el presidente modificó el programa y el ministro de Economía lo dio por muerto públicamente. Veremos si con el Tesoro americano la suerte es distinta, tras esta rendición incondicional que parece haber hecho nuestro primer mandatario.

El término "salvataje" es un eufemismo técnico. La intervención es, de facto, una asunción de riesgo financiero por parte de Estados Unidos, motivada tanto por intereses geopolíticos como por la conveniencia de apuntalar a un gobierno afín en un momento electoral sensible. No es difícil imaginar que Washington no habría hecho lo mismo por Brasil con Lula en el poder.

El uso del Exchange Stabilization Fund (ESF) en Argentina sienta un precedente peligroso para la diplomacia del dólar: convierte una herramienta técnica de estabilización en un instrumento de política exterior.

Aquí estamos: esperando ayuda, con una campaña dirigida desde Washington y un gobierno que ruega que los anuncios alcancen para que las bandas cambiarias sobrevivan unas semanas más. La pregunta abierta es cuánto tiempo más puede sostenerse un esquema que, en apenas cuatro meses, transitó una depreciación del 30%, ventas de reservas, intervención en el dólar futuro y la restitución del cepo para la compra de dólares por parte de personas físicas. Nada de eso alcanzó y ahora necesitamos al fabricante de dólares como garante para llegar a las elecciones. 

Fuente: La Política Online

“No miren lo que digo, sino lo que hago”, reza el conocido axioma de la política.

Rogelio Frigerio calza perfecto en esa expresión: declara federalismo, reclama trato igualitario entre Nación y Provincias y monta puestas en escena pidiendo por fondos coparticipables que la Nación retiene, pero a la hora de hacer, solo acompaña las medidas unitarias de concentración de caja del gobierno nacional.

Sin embargo, este accionar de raíz unitaria no es nuevo, ya lo hizo cuando fue ministro del Interior, Obras Pública y Vivienda del gobierno del PRO, la cartera más importante de esa gestión. Todas las normas que impulsó fueron en la misma línea: destinar los recursos de manera unitaria y concentrada al gobierno nacional (o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), perjudicando a las provincias: 

1.    El Decreto 194/2016 , por el cual el presidente Mauricio Macri aumentó la coparticipación a la Capital Federal de 1,40% a 3,75% (luego reducido al 3,5%). Esa medida tuvo un efecto directo: mayor concentración de recursos para la Capital, en detrimento de las provincias.

2.    La Ley 27.260 , que estableció el “Blanqueo” de bienes sin declarar. El artículo 51  de dicha ley asignó la recaudación de ese régimen especial de manera directa al ANSES sin destinar monto alguno a las provincias, a pesar de que el impuesto especial que se recaudaba sustituía ganancias e IVA, impuestos coparticipables. Fueron 149.000 millones (unos USD 9.522 millones al tipo de cambio de esa fecha) que las provincias vieron pasar .

3.    Ley 27.429 de Consenso Fiscal. En dicho acuerdo del año 2017 el gobierno nacional llevó a las provincias a establecer límites a sus potestades tributarias referidas a ingresos brutos y sellos, estableciendo topes de alícuotas. A cambio el Poder Ejecutivo Nacional se comprometía a transferir partidas a las cajas previsionales.

4.    Decreto 499/2018  por el cual se vetó, en su totalidad, el proyecto de ley 27.443 que establecía un esquema de tarifas de luz y gas razonable con un alto componente federal, con aumentos para las pymes, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas no mayores al índice de precios mayoristas del INDEC y beneficios para los clubes de pueblo, barrio y entidades de bien público .

5.    Los Decretos 561/19 y el 567/19 , medidas post-PASO que el PRO anunció como herramientas de alivio económico. El 567/19 estableció la eliminación del IVA de un grupo de alimentos y el 561/19 dispuso una modificación en el alcance del impuesto a las ganancias que pesa sobre los salarios. Esos decretos utilizados con fines electorales por el gobierno que integraba Frigerio reducían los montos coparticipables de las provincias. La Corte Suprema les puso un freno.

La supuesta “cumbre de gobernadores para sembrar la semilla de un nuevo pacto fiscal” del pasado martes en Entre Ríos fue más de lo mismo: una puesta en escena mediática para actuar un falso federalismo.

El federalismo no se sobreactúa, se hace. Se hace con leyes que promuevan más recursos coparticipables para las provincias, se hace reclamando por los fondos para obras públicas, se hace defendiendo los intereses de la provincia.

A pesar de todo el falso federalismo que pregona el gobernador, en esta elección ya tiene decidido ir a la cola del gobierno nacional en una alianza electoral. Y claramente, ese motivo electoral de buscar una alianza con La Libertad Avanza es lo que le impide reclamar por medidas que favorezcan a nuestra provincia y municipios. 

Frigerio fue también legislador de la Ciudad de Buenos Aires hasta diciembre de 2013 y presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires hasta diciembre de 2015 . Su carrera política, sus posicionamientos y decisiones de gobierno siempre han tenido un denominador común: una profunda raíz unitaria.