En los últimos meses, el Gobierno nacional en su discurso ha puesto a los municipios en el banquillo de los acusados por sus tasas. Sin embargo, cuando se analizan los números con seriedad, el diagnóstico parece equivocado.

Según un informe del IARAF, para 2025 el 94% de los recursos tributarios del país provendrán de apenas diez impuestos. De ellos, ocho son nacionales (IVA, Ganancias Personas Jurídicas y Personas Humanas , Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Impuesto a débitos y créditos bancarios, Derechos de exportación e importación, Combustibles, Internos), uno es provincial (Ingresos Brutos) y uno municipal: la tasa de inspección sanitaria o tasa de comercio. A su vez, este último ocupa el lugar más bajo en incidencia dentro de los principales tributos.

Cuando analizamos desde la óptica de la presión tributaria como medida de la recaudación sobre el PBI, en 2024 el total país fue aproximadamente del 28%, y de ese porcentaje, el 82% corresponde a la Nación y el 15% a los gobiernos subnacionales (23 provincias y CABA), y 3% los gobiernos locales (más de 2200 municipios).

Como dice el refrán, “dato mata relato”. ¿Dónde está entonces el verdadero problema? Resulta más cómodo señalar la paja en el ojo ajeno que asumir la viga propia. El gobierno nacional ha reducido su acción estatal en muchos frentes, necesario en determinados casos, pero no ha bajado impuestos. Los municipios, en cambio, han debido cubrir la ausencia del Estado nacional, sosteniendo servicios sensibles con recursos cada vez más escasos.

Lo paradójico es que, mientras la coparticipación se desploma producto de la crisis inducida, son los municipios los que están “bancando” la situación, manteniendo la cotidianeidad de la gestión pública: recolección de residuos, alumbrado público, provisión agua potable, sistema cloacal, espacios públicos, mantenimiento de calles, control bromatológico, obra pública, atención primaria de salud, cultura, deportes, asistencia social (niñez, tercera edad, discapacidad, políticas alimentarias), entre tantos otros.Parece un juego perverso. Se cuestiona a los municipios deslegitimando las tasas, cuando son quienes están en la primera línea de las demandas ciudadanas, asumiendo incluso la retirada del Gobierno nacional, y en simultáneo en el esquema general como vemos con datos, tienen la menor incidencia en la presión tributaria. En definitiva el gobierno nacional expone un superávit que lo sostienen los municipios.Que quede claro: lo dicho no significa que el sistema tributario argentino esté bien. Por el contrario, exige una reforma profunda en los tres niveles de gobierno, eliminando los tributos distorsivos, simplificando la gestión tributaria, reduciendo alícuotas y regímenes de retención y percepción que generan saldos a favor, tasas que se asemejan a impuestos, entre otros tantos puntos. Pero para cambiar algo, lo primero es hacer un diagnóstico correcto. La discusión tributaria debe ser seria y equilibrada. Reformar lo que está mal es urgente, pero hacerlo requiere mirar con claridad: los municipios no son el epicentro del problema; No obstante ello, tienen muchas mejoras que impulsar en sus regímenes tributarios.

En esa línea, seré insistente con el tema (lo he planteado en otras oportunidades): el equilibrio fiscal es determinante, y es imperioso revisar el esquema de administración financiera del Estado, no solo desde las potestades tributarias, los recursos y su distribución (coparticipación), sino también alinearlo con las funciones y competencias en cada nivel de gobierno, es decir, los gastos a cargo de cada estamento. Sin esa mirada estructural, cualquier debate parcial corre el riesgo de ser apenas un parche.

Nuestro país atraviesa una delicada situación económica y social. Muchas son las causas, mucho es el tiempo transcurrido y también los errores cometidos.

No es mi objetivo sumar otro análisis a los tantos que asistimos cotidianamente sobre “las razones” de porqué estamos como estamos, ni tampoco hacer otra propuesta a modo “gran solución” que nos permita dejar atrás de “manera inmediata” y “casi mágica” esta difícil realidad.

Prefiero hacer un aporte y reflexionar sobre un tema que nos alcanza por todos lados: los tributos (los impuestos como comúnmente se dice), que estoy convencido tienen implicancias tanto en las causas de esta realidad, como también en parte de la solución.

Frecuentemente se plantean análisis más o menos fundados, más o menos intencionados, que van desde que estamos llenos de impuestos, a que los recursos no alcanzan, que el problema son los impuestos nacionales, los provinciales o los municipales, que la evasión, a que la carga tributaria es excesiva, que la distribución, que hay que estar mendigando en Nación o en Provincia, que alcanzan o que no alcanzan, que los déficits, que la deuda, entre otros.

Pero de esa discusión sobre los impuestos, subyace una cuestión medular. El dilema de quién debe pagar, quién no y por qué razón no debe hacerlo, y aquellos que pagan, en qué medida, tiene que tener su correlato en la satisfacción de necesidades públicas. La razón de ser de los tributos. Y esa atención a lo colectivo tiene relación directa con las competencias de cada nivel de la organización estatal, lo que en las finanzas públicas se denomina Coordinación Financiera.

Entonces, en realidad entiendo que, en nuestro país federal, la cuestión no es solo “los impuestos”, sino también de las funciones en cada nivel de gobierno.

En la actualidad en muchos asuntos de interés colectivo los tres niveles de gobierno desarrollan funciones para atender la misma problemática social. Por tanto, el análisis y el debate debe incluir esta perspectiva, la asignación de funciones más conveniente para nuestro país y su correspondiente esquema de recursos, desde una mirada federal y en la búsqueda de progreso y el desarrollo equitativo en todo el territorio.

Resumidamente, no se trata de distribuir solamente. Es coordinar, establecer las competencias, servicios y funciones, y asignar las fuentes tributarias de financiamiento.

En ese sentido, no es intención de estas líneas analizar cuáles son los métodos de coordinación financiera más apropiados, dado que nuestra Constitución Nacional ya lo establece conforme a valoraciones políticas en un determinado tiempo en orden a momentos históricos e institucionales, e incluso fue receptando jurisprudencia de la CSJN. De esta manera se establecieron originalmente y de forma parcial, no puros, la Separación de Fuentes y la Concurrencia, y a partir del año 1994 se incorporó constitucionalmente la Participación (de tributos nacionales), fijando como directriz la asignación de funciones y competencias y el grado equivalente de desarrollo en todo el territorio. Es decir, los métodos de coordinación están definidos en nuestra constitución. Por tanto, sobre ese criterio es imperioso que, a través de los mecanismos institucionales del Estado, en todos sus niveles, y las demás instituciones que participan activamente nos demos a la tarea de acordar un nuevo régimen de coparticipación federal y la correspondiente asignación de funciones y competencias, y de igual modo concretar acuerdos fiscales de derecho intrafederal entre la Nación y las Provincias con compromisos recíprocos y garantizando la autonomía de los Municipios, que refuercen ese esquema desde la perspectiva del desarrollo con equidad y un sistema tributario que aliente la inversión y la generación de empleo.

Todo lo dicho, tiene sentido, en tanto y en cuanto una premisa: la necesidad de un Estado eficiente que cumpla eficazmente con su cometido, y en nuestro país, de organización federal desde su génesis, esto comprende a los tres niveles de gobierno: Nacional, Provincial y Municipal; Cada uno debe ejecutar sus competencias donde sea más eficaz y coordinadamente con los otros niveles. No pueden existir superposiciones ineficientes. 

Previo a ir cerrando, para tampoco castigarnos los contemporáneos, vale aclarar que esta discusión no es nueva en nuestro país. Desde su origen nuestra Nación estuvo atravesada por discusiones tributarias y su asignación, por caso la referida a los derechos sobre el comercio exterior; solo basta con recurrir a las exposiciones de los constituyentes de aquel tiempo cuando se debatió el Artículo Nº4 de la Constitucional Nacional de 1853, o también los desacuerdos al momento de conformar la Confederación Argentina. De igual modo, más actual, la última reforma constitucional de 1994, estableció la obligación de definir antes de la finalización del año 1996 un nuevo régimen de coparticipación conforme a los criterios establecidos en la misma. El resultado: eso no ha sucedido; Seguimos dirigiéndonos por la ley 23.548 y sus modificatorias y a través de diferentes acuerdos fiscales específicos.

Lo hecho o no, ya está. Es tiempo de mirar hacia adelante y ordenar “este asunto”. Alcanzar consensos federales exige una capacidad patriótica, la de acordar y cooperar de manera amplia, pensando un destino de progreso común. No hacerlo, es seguir profundizando las asimetrías, repitiendo errores que no hacen otra cosa que condicionar la Argentina, porque no resolver este tema tiene serias consecuencias para nuestro país.