La educación superior en Argentina atraviesa una crisis sin precedentes. La asfixia presupuestaria y el desprecio oficial no son consecuencias colaterales, sino el corazón de una batalla cultural que busca desmantelar un pilar histórico de movilidad social y desarrollo democrático. Durante más de dos años y medio, la administración de Javier Milei ha sostenido un conflicto feroz con el sistema universitario, al que identifica como un "nido de corrupción" o un reducto de "la casta", todo bajo el pretexto del equilibrio fiscal. Detrás de la pirotecnia discursiva de las redes y la verborragia digital oficial se esconde una realidad material devastadora: un intento sistemático de empujar a las casas de altos estudios al borde del abismo.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia dio un golpe de realidad al rechazar el recurso extraordinario del Gobierno y dejar firme la cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), referidos a la actualización salarial y a las becas estudiantiles. El fallo, unánime, deja en claro que no existen más excusas procesales: el Gobierno debe pagar. La norma lleva sancionada cerca de 300 días sin que el Ejecutivo la haya cumplido, un récord de incumplimiento de una ley aprobada por el Congreso. El fallo no solo ratifica su vigencia, sino que robustece la división de poderes.

Las cifras del ajuste explican por qué la comunidad universitaria sigue con la guardia alta. Desde el inicio de la gestión libertaria, las universidades perdieron el 45,6% de sus recursos en términos reales, según cifras difundidas por la UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional. Los gremios y las autoridades universitarias denuncian además una fuerte caída en los gastos de funcionamiento y una paralización casi total de las obras de infraestructura, con partidas recortadas o directamente eliminadas del presupuesto. En cuanto a las becas estudiantiles, la propia Ley de Financiamiento Universitario reconoce el deterioro: para cumplir con lo que la norma exige, el Estado debería aumentar el monto de las Becas Progresar en un 95% respecto de lo que paga hoy, una brecha que refleja cuánto se licuó su valor real desde diciembre de 2023. El Gobierno acordó con los gremios un aumento del 23,5% en junio de 2026, cifra que los sindicatos universitarios consideramos insuficiente: según estimaciones, restaría todavía un incremento adicional de entre el 29% y el 30% sobre los salarios actuales para recomponer el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023.

El verdadero daño, sin embargo, no se mide únicamente en planillas salariales, sino en el deterioro del capital humano y científico que el país tardará años en reconstruir. La brutal caída de los salarios desató una masiva fuga de cerebros: según datos del Consejo Interuniversitario Nacional, más de 10.000 docentes universitarios han renunciado a sus cargos desde que asumió Milei. El Conicet, pilar de la investigación nacional, perdió el 14% de sus investigadores entre 2023 y 2026 —de 11.079 a 9.500—, en un contexto en el que el presupuesto para ciencia y técnica se desplomó de manera drástica (las estimaciones varían según la fuente, entre un 43% y un 50% en términos reales, aunque algunos informes hablan de caídas aún mayores) y los fondos para becas doctorales y posdoctorales cayeron un 39%. Los profesionales altamente calificados se ven obligados a emigrar hacia universidades extranjeras o a volcarse al sector privado, interrumpiendo proyectos estratégicos y de transferencia tecnológica que sostienen el desarrollo nacional.

Para quienes resisten dentro de las aulas, el panorama es de una precarización extrema. Los docentes y no docentes sostienen las instituciones con salarios que, en muchos casos, no llegan a cubrir la canasta básica familiar. Los profesores se ven forzados a acumular trabajos externos —desde plataformas de delivery hasta transporte por aplicaciones— para llegar a fin de mes, lo que fragmenta su dedicación y deteriora la calidad de la enseñanza, la investigación y la extensión académica.

Ante este reclamo genuino, la respuesta oficial oscila entre el cinismo, el amedrentamiento y la descalificación. El Gobierno intenta presentar los paros como medidas puramente "políticas" que carecen de legitimidad, mientras exige el "normal funcionamiento" de las instituciones, en un intento de deslindarse de la responsabilidad directa que sus propias políticas de asfixia tienen sobre la crisis. Es un esfuerzo por dividir y silenciar a una comunidad universitaria que ya protagonizó cuatro marchas federales históricas. La defensa de la universidad pública ha logrado construir una altísima legitimidad social en las calles y mayorías transversales en el Congreso, que rechazó los vetos presidenciales interpuestos contra la ley.

El conflicto universitario no es una simple discusión gremial por puntos porcentuales: es la disputa por el modelo de país que queremos ser. La universidad pública argentina es una herramienta indispensable de movilidad social, un espacio donde trabajadores y jóvenes del interior pueden acceder a un futuro profesional. Atacar este sistema es pisotear las leyes, violentar los consensos democráticos y dar la espalda al pueblo. Es hora de que el Gobierno abandone la confrontación estéril, acate los fallos de la Justicia y escuche la voz de una sociedad que no está dispuesta a permitir que apaguen la luz de sus aulas. El daño ya está hecho y la reconstrucción será cuesta arriba, pero la defensa de la educación pública sigue en pie, con la convicción de que el conocimiento es un derecho fundamental sobre el que se edifica nuestra soberanía.