Un joven de 28 años resultó herido de bala el pasado domingo en el ingreso al barrio Los Espinillos, en la zona norte de la ciudad. El hecho, que habría ocurrido en el marco de una disputa por drogas, dejó a la víctima con lesiones en su pierna derecha tras recibir un escopetazo.

A pesar de que el hombre cuenta con un extenso prontuario delictivo que incluye condenas previas desde el año 2016, en esta ocasión se presentó como la víctima del ataque. Tras el suceso, fue trasladado al Hospital para recibir atención médica. Los perdigones le provocaron heridas de entrada y salida, aunque afortunadamente no comprometieron arterias ni nervios vitales.El joven que recibió el disparo tiene un gran prontuario delictivo, aunque en este caso, es la víctima. 

Aunque se negó a realizar la denuncia formal, la Fiscalía de Gualeguaychú y la Policía iniciaron una investigación de oficio. Tras realizar allanamientos sin éxito el domingo, dos sospechosos de 27 y 40 años se presentaron de forma espontánea en la Jefatura Departamental durante la madrugada del martes al conocer que existía un pedido de captura en su contra.

Ambos quedaron alojados en la dependencia policial y fueron indagados por el delito de agresión con arma. Se espera que este miércoles se resuelva su situación procesal, aunque su presentación voluntaria podría ser considerada por el juez de Garantías para una posible excarcelación. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantienen los esfuerzos para localizar a un tercer hombre, señalado por testigos como un individuo con antecedentes que utilizaría una vivienda precaria en la zona como punto de venta de estupefacientes.

Pasaron 15 años. Un quindenio. Para algunos podrá ser mucho tiempo, mientras que para otros pueda significar mucho más de lo que realmente es. Por esos tiempos, Cristina Fernández aún no había sido reelecta, aunque tenía todo para llevarse la votación por amplio margen. En la ciudad, Emilio Martínez Garbino le hacía frente al por entonces intendente Juan José Bahillo y en la provincia Sergio Urribarri era gobernador. Visto de esta manera, pareciera que no pasó tanto tiempo. Pero en materia judicial es un tiempo prudente como para que una causa sea archivada.

Eran momentos de otro sistema de justicia. Hasta el 2013, lo que sucedía en materia investigativa en la ciudad dependía de la figura del Juez de Instrucción. Parece algo menor, pero es sumamente importante para contar esta historia, porque era una sola persona la encargada de llevar adelante el proceso que posteriormente se dirimía en un juicio en Gualeguay.

Esa misma persona tenía la doble función de garantizar los derechos de un acusado y de acusarlo. Como lo dijo años después uno de los protagonistas de esta historia, Eduardo García Jurado, el Juez de Instrucción tenía un papel esquizofrénico bajo este sistema. Por fortuna todo eso cambió con el advenimiento del actual sistema, donde esa figura ya no existe y son los fiscales los responsables de la investigación de un caso que luego se define en la ciudad y el Juez de Garantías es quien brinda las garantías de un proceso sujeto a derecho.

El hecho y la tragedia El domingo 12 de junio de 2011, todavía no había comenzado el partido entre Unión del Suburbio y Sarmiento cuando una pelea en las inmediaciones de la cancha cambió para siempre la historia de Gualeguaychú, porque la muerte de Marcelo Daniel Melgar fue la primera y única muerte hasta el momento que se origina en la previa de un evento deportivo.

Este hombre tenía 42 años. Era simpatizante de Sarmiento, vivía en el barrio San Vicente de Paul, en Avellaneda y Martínez Paiva, y aquella tarde había ido a ver jugar a su equipo. El encuentro, correspondiente a la categoría Ascenso de la Liga Departamental de Fútbol, había sido considerado de alto riesgo y por eso la Policía había dispuesto un operativo especial. Ocho efectivos fueron destinados al lugar: cuatro dentro de la cancha y otros cuatro en las inmediaciones. Pero el despliegue no alcanzó para evitar lo que ocurrió.

Melgar llegó junto a un grupo de hinchas de Sarmiento. Algunas publicaciones de aquellos días hablan de unos 70 hinchas. La cancha de Unión tenía dos accesos y, según los testimonios recogidos posteriormente, el visitante debía ingresar por el sector de Maipú y Etchevehere. Melgar, sin embargo, habría terminado en la vieja entrada ubicada en Ayacucho y Etchevehere, un sector destinado a la parcialidad local. Allí, en medio de una situación que desde el primer momento estuvo atravesada por versiones contradictorias, ocurrió la agresión.

Al principio se habló de una piedra. Fue la primera versión que circuló después del ataque: que Melgar había recibido un objeto contundente en la cabeza durante un enfrentamiento entre hinchas de Unión y Sarmiento. Pero esa hipótesis fue rápidamente descartada por la investigación judicial. El juez de Instrucción N° 1, Eduardo García Jurado, informó que la lesión había sido provocada por un golpe de puño en el ojo izquierdo. El impacto habría hecho caer violentamente al hombre, que al desplomarse sufrió las lesiones que terminarían siendo mortales.

La diferencia no era menor. Porque el caso no parecía haber comenzado con una golpiza planificada ni con un ataque ocurrido en un lugar aislado. Todo había sucedido en cuestión de segundos, entre personas que se movían alrededor de una cancha, en la previa de un partido considerado de riesgo y en medio de un tumulto que, según el propio Juez, terminó dificultando la identificación del agresor.

Melgar cayó al suelo y esa caída fue, finalmente, la que convirtió una tarde de fútbol en una tragedia. El hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico, fractura de base de cráneo y fractura de columna cervical. Además, presentaba un hematoma subdural que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia. Fue trasladado al Hospital Centenario, aunque no por una ambulancia. Los llamados para solicitar asistencia habían sido realizados, pero la unidad demoraba y finalmente fueron otros hinchas quienes lo llevaron en una camioneta particular.

La escena de aquella tarde quedó marcada por esa demora. Mientras el partido se acercaba a su comienzo, mientras en los alrededores se concentraban hinchas de ambos equipos y mientras la Policía intentaba contener el movimiento de las hinchadas, un hombre de 42 años era llevado de urgencia al hospital después de haber recibido un golpe que, en apariencia, podía haber sido apenas uno más entre los tantos episodios de violencia que suelen quedar perdidos en una multitud.

En este caso, no fue lo que terminó pasando. Melgar ingresó inconsciente y en estado de ebriedad, según informó posteriormente el Juez. Fue derivado rápidamente a Terapia Intensiva. Durante la noche debió ser operado por el hematoma que tenía en el cerebro. Pero la gravedad de las lesiones había dejado poco margen para la esperanza. A las tres de la madrugada se produjo la muerte cerebral. Finalmente, por la tarde del lunes 13 de junio, Melgar murió.

La noticia recorrió Gualeguaychú mientras todavía estaban frescas las imágenes de la tarde anterior. El fútbol, que debía haber sido el motivo de la reunión, había quedado convertido en el escenario de una muerte. Y entonces comenzó otra historia. La del expediente. Un golpe entre cientos de personas. No había las cámaras de seguridad con las que los investigadores pueden encontrar en la actualidad. Todo era a la vieja usanza: preguntando y preguntando. Alguien podía haber visto algo.

La causa quedó caratulada como “lesiones seguidas de muerte” y fue llevada adelante por el Juzgado de Instrucción de García Jurado. La Policía había intervenido durante los incidentes, pero el tumulto había sido demasiado grande para determinar en ese momento quién había golpeado a Melgar. La investigación, sin embargo, no se detuvo.

Durante los primeros días aparecieron testigos. Algunos mantuvieron sus declaraciones; otro modificó lo que había dicho inicialmente. El juez dispuso nuevas testimoniales y una rueda de reconocimiento en la que participaron cinco personas. Y, apenas unos días después de la muerte, la causa tuvo por primera vez un nombre señalado.

Un joven de 26 años, domiciliado en el barrio Zabalet y simpatizante de Unión del Suburbio, fue detenido e indagado como sospechoso de haber agredido a Melgar. El 16 de junio compareció ante el juez. Respondió las preguntas y negó haber golpeado al hincha. En aquel momento todavía persistía una de las primeras versiones del episodio: que Melgar había sido atacado con una piedra. El joven negó precisamente esa acusación. Mientras tanto, la Justicia continuaba tomando declaraciones.

Durante algunos días, la causa pareció acercarse a una respuesta. Había un detenido. Había testigos. Había una víctima mortal. Y había una escena concreta: la esquina de Ayacucho y Etchevehere, frente a la cancha de Unión del Suburbio.

Pero la investigación comenzó a encontrarse con el problema que había estado presente desde el primer minuto: reconstruir con certeza qué había ocurrido en medio de aquella multitud. La identificación del agresor no resultaba sencilla y el detenido terminó siendo liberado.

A fines de junio, el juez García Jurado dictó la falta de mérito para el joven de 26 años que había sido detenido por la agresión. La resolución no significaba que el caso estuviera cerrado ni que el hecho dejara de investigarse, sino que, en ese momento, no existían elementos suficientes y precisos para sostener un procesamiento.

El laberinto del expediente y la falta de culpablesEl expediente volvió a abrirse hacia un terreno mucho más incierto. Ya no había una persona privada de su libertad a la espera de una definición. Tampoco había una identificación judicialmente consolidada del responsable. Había preguntas que la Justicia intentó responderlas y una de esas respuestas fue reconstruir el hecho.

El juez ordenó volver al escenario de aquella tarde para intentar establecer, con la presencia de testigos y del propio joven que había sido imputado, cómo se había producido la agresión.

La reconstrucción se realizó el 5 de julio de 2011, frente a la cancha de Unión del Suburbio. Durante casi dos horas, entre las 16 y las 18, la esquina de Etchevehere y Ayacucho volvió a convertirse en una escena del crimen. Allí estuvieron el magistrado, la secretaria del juzgado, funcionarios judiciales, personal policial, testigos y el joven que había sido detenido en los primeros días de la investigación.

Alguien hizo de Melgar. Otros representaron a quienes habían estado aquella tarde. Se repitió la escena y los movimientos fueron señalados. Las posiciones fueron reconstruidas. Y hubo un detalle al que se prestó especial atención: dónde estaban los policías cuando ocurrió el incidente y cómo se encontraban distribuidos los integrantes de las dos hinchadas.

Allí, en ese lugar, el joven que había sido imputado volvió a sostener que no había sido quien golpeó a Melgar y provocó su caída. Después de aquella reconstrucción, el expediente debía seguir su curso, pero el tiempo fue pasando y otros crímenes en Gualeguaychú fueron opacando a lo sucedido con Melgar.

El 1 de julio de 2011, el joven Leonardo Herrera fue encontrado muerto con siete puñaladas, atado de pies y manos y cubierto con una manta en un complejo de cabañas en el Camino de la Costa. Toda la atención periodística y los recursos policiales se volcaron a determinar quiénes habían sido los autores de tremendo crimen. Y al igual que lo sucedido con Melgar, también es un caso impune.

La muerte de Melgar había provocado indignación y bronca entre sus familiares, allegados y simpatizantes de Sarmiento. El reclamo era directo: que quien o quienes hubieran participado de la agresión pagaran por lo que habían hecho.

La familia tuvo incluso que atravesar una escena dolorosa después de la muerte. El cuerpo fue retirado de la morgue y llevado al velatorio dentro de un ataúd que ya estaba cerrado. Sus familiares reclamaron poder verlo. La explicación que circuló fue que las lesiones habían provocado una desfiguración importante.

Era el final brutal de una historia que había comenzado con algo aparentemente cotidiano: un hombre que iba a ver jugar a su equipo. Quince años después, aquella muerte puede parecer lejana. Pero no lo es, porque esa muerte nunca fue esclarecida.

Hay noches que parecen destinadas a terminar como comenzaron: con un buen momento entre amigos, una comida compartida, algunas cervezas, conversaciones que se estiran más de la cuenta y la promesa de volver a encontrarse otro día. Sin embargo, la madrugada del 3 de abril de 2019 no terminó así.

Con la salida del sol, justo en la entrada del complejo Campos del Río, sobre la Calle 2, a pocos metros del Camino de la Costa y del río Gualeguaychú, fue hallado tendido el cuerpo de Dionel Benítez, un misionero de 51 años que desde hacía varios años trabajaba como sereno del lugar.

La víctima tenía el rostro desfigurado, múltiples traumatismos, fracturas y piezas dentarias perdidas. Lo que unas horas antes había sido una reunión entre conocidos se había transformado en una pelea brutal y, finalmente, en una muerte.

Durante las primeras horas, la escena parecía contar una historia mucho más sencilla y mucho más oscura: un hombre había sido atacado hasta matarlo. Pero la investigación descubriría que detrás de aquella imagen había otra historia. Una historia de insultos, amenazas, un cuchillo, forcejeos, miedo, golpes y una defensa que, para la Justicia, existió realmente, aunque terminó sobrepasando los límites permitidos.

Y esa diferencia, pequeña en las palabras, pero enorme en sus consecuencias, sería la que separaría una posible condena a 12 años de cárcel de una sentencia de cuatro años de prisión.

Un brindis pasado de copas

La noche del martes 2 de abril había comenzado sin ningún indicio de tragedia. Dionel Benítez recibió en el complejo a Rubén Da Silva, otro misionero de 28 años que se había radicado en la zona. También estaba Marcelo Daniel Morel, un vecino que compartía cierta confianza con ambos.

Los tres comieron un asado y tomaron cerveza. La reunión se extendió durante varias horas, en una escena que, vista después, adquirió la apariencia inquietante de una última fotografía: tres hombres compartiendo una mesa, sin saber que antes de que terminara la noche uno de ellos estaría muerto.

Morel se retiró durante los primeros minutos del 3 de abril. Había quedado atrás la comida y la conversación, y en el complejo solamente permanecieron Benítez y Da Silva. Y ese fue el punto ciego de la historia.

No hubo testigos directos de lo que ocurrió después. No existió una persona que pudiera reconstruir, minuto a minuto, qué pasó entre ambos. Lo que quedó fue una escena, un cadáver, rastros materiales y, tiempo después, dos versiones enfrentadas sobre el mismo episodio.

La primera versión surgió de la investigación policial. La segunda, mucho más tarde, de boca del propio acusado.

El cuerpo en la tranquera

A la mañana siguiente, un vecino que había estado con Benítez durante la noche volvió a pasar por las inmediaciones del complejo. Llevaba a su hija en moto hacia la casa de su expareja cuando vio algo extraño en la entrada. Había un cuerpo tirado.

Al principio no sabía que era Benítez. Se acercó, comprendió la gravedad de la situación y dio aviso a la Policía. A partir de ese momento, el lugar comenzó a llenarse de investigadores, uniformados y peritos. Trabajaron efectivos de la División Criminalística, Homicidios, la Comisaría Quinta y el Comando Radioeléctrico.

La tranquera del complejo se convirtió entonces en una escena del crimen. Benítez estaba muerto y su rostro mostraba una violencia que inicialmente llevó a los investigadores a pensar que habían utilizado algún elemento externo para golpearlo. Por el estado del cadáver se llegó a sospechar que el agresor podía haber empleado un palo, una madera o incluso un fierro. Todo parecía indicar que había sido víctima de una paliza deliberada y sólo faltaba establecer el motivo, el móvil.

Aunque estaba claro que no se trataba de un robo. En la cabaña no había signos de violencia ni faltantes que permitieran sostener que alguien había ingresado para llevarse objetos de valor. La investigación se concentró entonces en la reunión de la noche anterior y, especialmente, en la persona que había permanecido con Benítez después de que el tercer integrante del encuentro se retirara.

El nombre apareció rápidamente: Rubén Da Silva. Vivía en la zona y la Policía pudo localizarlo y detenerlo rápidamente. Este misionero fue trasladado a la Jefatura Departamental y ya en las primeras horas de la investigación quedó imputado por el homicidio. Cuando fue convocado a declarar ante la fiscal Martina Cedrés, por recomendación del defensor público Martín Clapier, decidió guardar silencio. Mientras tanto, la autopsia comenzaba a cambiar la primera lectura de la escena.

No había palo, había puños El médico forense Marcelo Benetti examinó el cuerpo y descartó una de las primeras hipótesis. No había un palo ni un fierro que explicara las lesiones. Benítez presentaba una profunda desfiguración del rostro, hematomas, múltiples heridas, fracturas y pérdida de piezas dentarias. El análisis forense determinó que las lesiones podían haber sido provocadas por un elemento contundente y romo, como por ejemplo el puño. La conclusión agregó otro elemento que adquiriría importancia: Da Silva presentaba hinchazón y lesiones en su mano derecha.

La causa de muerte también tenía una particularidad. El informe estableció una asfixia traumática. No se trataba de que Benítez hubiera sido estrangulado. Las lesiones producidas por los golpes habían provocado la pérdida de reflejos, un estado de coma y un edema que terminó generando la obstrucción de la vía aérea.

La cuestión que quedaba por resolver era otra: ¿cómo había comenzado esa pelea? Durante meses, la respuesta quedó encerrada entre la escena del crimen y el silencio de Da Silva. Pero eso terminó en el juicio, cuando el imputado contó su verdad, lo cual había preferido callar durante la etapa investigativa.

Fue recién en el debate oral, cuando ya se encontraba frente a los jueces y el proceso había llegado a su instancia decisiva, cuando decidió ejercer su derecho de defensa y relató lo que, según él, había sucedido aquella madrugada. Sus palabras modificaron el eje de la historia y el transcurso del juicio.

“Eran las 00.30, casi la 1 de la madrugada, cuando me pregunta: ‘¿Cuánto salió la comida así te doy mi parte?’. ‘No dejá, vos ya pagaste como tres veces, hoy pago yo, quedate tranquilo’, le contesté y me respondió: ‘Tenés plata y te hacés el agrandado, negro de mierda’. Lo miré y me reí pensando que me estaba cargando, pero me dice: ‘De qué te reís, encima te reís, te burlás. Te cago a trompadas y no te cobro nada’”, relató Da Silva sobre el inicio del conflicto que culminó con Benítez muerto.

“Me insulta y en eso agarra el cuchillo que estaba en la mesa y me empieza a amenazar: ‘Movete que te degollo acá mismo, te mato ya mismo’. Yo le digo que se tranquilice. Lo miro y me entró mucho miedo. Le digo: ‘Sabes qué, yo me voy y otro día hablamos’, pero cuando me levanto de la silla y salgo, él me ataca con el cuchillo”. Luego de eso fueron empujándose hasta la tranquera del frente del complejo y se tranzan en una lucha que termina con la muerte del hombre de 51 años a golpes de puño.

La oscuridad de la nocheEn su declaración ante el Tribunal, Da Silva reconstruyó aquella madrugada como una sucesión de retrocesos y forcejeos. Contó que logró sacarse de encima a Benítez después de que este intentara derribarlo. Dijo que hubo empujones y golpes menores y que, en determinado momento, recibió un golpe en el pecho, e incluso fue sujetado por el sereno.

Después vino otro forcejeo y finalmente llegaron hasta la tranquera. Era una zona oscura del predio y allí volvieron a enfrentarse. Da Silva reconoció que golpeó a Benítez, pero la diferencia entre su versión y la acusación fiscal estaba en el significado de esos golpes.

Para la Fiscalía, el resultado final demostraba un homicidio y no había elementos suficientes para acreditar que hubiera existido un ataque previo de la magnitud que el acusado relataba. Durante los alegatos, la fiscal Martina Cedrés sostuvo esa hipótesis y pidió una pena de 12 años de prisión.

En cambio, para la defensa, los golpes habían sido la respuesta a una agresión ilegítima y para los jueces, había suficientes elementos para considerar que esa agresión había existido, pero no para justificar todo lo que ocurrió después. Porque tras golpear a Benítez, Da Silva se retiró, fue hasta su casa, tomó una cerveza, escuchó música y se acostó a dormir. Mientras tanto, Benítez agonizaba en la puerta del complejo de cabañas.

La investigación estableció que las lesiones se habían producido entre aproximadamente las 0.30 y las 7.55 del 3 de abril, y que la muerte se produjo posteriormente, como consecuencia de la gravedad de las heridas. Entre ellas se encontraba una fractura expuesta del tabique nasal.

El juicio no tenía una cámara que mostrara la pelea. Tampoco había un testigo que pudiera decir quién comenzó el enfrentamiento. La Fiscalía debía demostrar la culpabilidad de Da Silva. Él, en cambio, no tenía la obligación de demostrar su inocencia. Y ese principio ocupó un lugar central en el razonamiento del Tribunal.

En el adelanto de veredicto, los jueces Arturo Dumón, Mauricio Derudi y Alicia Vivian señalaron que la hipótesis acusatoria no lograba explicar adecuadamente los elementos objetivos incorporados al debate. Para ellos, la Fiscalía había mantenido su posición acusatoria sin valorar de manera suficiente distintos indicios, documentos, elementos gráficos y testimonios que, según entendieron, daban sustento a buena parte de la versión de Da Silva.

La escena del crimen volvió a adquirir entonces una importancia decisiva. El cuerpo de Benítez no era solamente la evidencia de una muerte. También era parte de la reconstrucción de lo que había ocurrido. Para el Tribunal, el escenario primario contenía información que permitía vincular determinados elementos materiales con la versión entregada por el acusado. Y allí comenzó a tomar forma la tercera posibilidad que definiría el juicio: no una absolución, pero tampoco el homicidio simple tal como lo había planteado la acusación.

Los jueces consideraron acreditado que Da Silva había sido agredido de manera ilegítima. Según el veredicto, Benítez lo había atacado verbal y físicamente, y había utilizado un cuchillo. También consideraron que Da Silva había logrado desarmarlo durante su retirada y que, después de eso, Benítez continuó con las agresiones físicas.

La Justicia encontró en la prueba elementos suficientes para otorgar a ese relato un grado de “verosimilitud” que permitía reconstruir el episodio de esa manera. Para ellos, Da Silva había actuado en su defensa. ¿Pero hasta dónde puede ser legítima?

La gravedad de las lesiones sufridas por Benítez demostraba que la respuesta había ido demasiado lejos. La cantidad y la intensidad de los golpes habían producido una golpiza de tal grado que superaba los límites de la defensa legítima. Según la propia reconstrucción de Da Silva, en determinado momento Benítez ya había caído al suelo luego del forcejeo y su capacidad ofensiva se había reducido. Y aun así los golpes continuaron.

Ese fue el límite que el Tribunal consideró sobrepasado. La Justicia no desconoció el miedo, la perturbación y la situación de violencia en la que se encontraba Da Silva. Tampoco desconoció que había existido una agresión previa. Pero se entendió que una respuesta defensiva puede perder su carácter justificante cuando deja de guardar relación con la amenaza que pretende repeler. Y la muerte de Benítez era la evidencia más concreta de ese exceso.

La condena a prisión efectivaEl jueves 5 de septiembre de 2019, cinco meses después de aquella madrugada, en los Tribunales de Gualeguaychú se puso punto final al juicio. Fue Arturo Dumón quien leyó el adelanto del veredicto: Rubén Da Silva fue condenado a cuatro años de prisión efectiva.

No por el homicidio simple que había sostenido la Fiscalía, con un pedido de 12 años, sino por homicidio simple cometido en exceso de legítima defensa. La diferencia no era una cuestión meramente técnica: Benítez había agredido, Da Silva se había defendido, pero esa defensa había continuado más allá de lo necesario.

El Tribunal también recurrió al principio jurídico de in dubio pro reo: ante la duda, la solución debía favorecer al acusado. Los magistrados entendieron que, aun cuando no pudiera alcanzarse certeza absoluta sobre cada uno de los elementos de la reconstrucción, la prueba disponible impedía sostener la hipótesis acusatoria con el grado de certeza necesario para una condena por homicidio simple sin esa atenuación.

Así terminó aquel juicio. Con una condena de cuatro años y una figura que, por sí sola, parecía resumir la contradicción de toda la causa: defenderse no había sido el delito; el delito había estado en no detenerse a tiempo.

Un tiempo después, en 2021, en plena pandemia, el caso fue llevado a la Cámara de Casación Penal en Concordia y los magistrados que intervinieron ante el planteo hecho por la Fiscalía, dispusieron rechazar el recurso y confirmar el fallo de primera instancia.

De esta forma, Da Silva comenzó a cumplir la sentencia en la Unidad Penal 9, pero tras el tiempo que permaneció bajo prisión preventiva, que se contabiliza dentro de la pena, salió en libertad condicional el 22 de abril de 2022.

La causa por el manejo de fondos y beneficios vinculados al programa Potenciar Trabajo, que tiene como principal imputada a Carina Izaguirre y que durante casi dos años se tramitó ante la Justicia Federal de Gualeguaychú, tendrá ahora un nuevo escenario judicial: el expediente pasará a la Justicia provincial y continuará bajo la órbita de los Tribunales de Gualeguaychú.

La decisión representa un giro importante en una investigación que comenzó a fines de 2024 y que derivó en la detención de Izaguirre, su procesamiento y una posterior prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, que cumple actualmente. El cambio de fuero se produjo después de que el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay analizara la competencia que correspondía para juzgar los hechos investigados y resolviera que la causa debía continuar en la Justicia ordinaria.

La investigación se inició a partir de una serie de denuncias relacionadas con la administración de beneficios del entonces programa Potenciar Trabajo. La hipótesis sostenida durante la instrucción federal vinculó a Izaguirre y a otras personas con un esquema que habría incluido exigencias de dinero a beneficiarios, amenazas y préstamos con intereses elevados.

En ese contexto, Izaguirre fue detenida el 18 de diciembre de 2024 por orden del juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri. En enero de 2025, el magistrado dictó su procesamiento por los delitos de amenazas coactivas, extorsión y usura, además de disponer su prisión preventiva.

Uno de los aspectos centrales de aquella investigación estuvo relacionado con el supuesto cobro de una parte del dinero que recibían los beneficiarios del programa y con préstamos que, de acuerdo con la acusación, eran otorgados a personas que atravesaban situaciones de vulnerabilidad y luego debían ser devueltos con elevados intereses.

El abogado defensor Matías Farías cuestionó desde un comienzo distintos aspectos de la imputación. Entre ellos, planteó objeciones respecto de la calificación legal de los hechos y también sobre la competencia de la Justicia Federal para intervenir en determinadas conductas investigadas.

La situación procesal de Izaguirre tuvo luego una modificación sustancial. En abril de 2025, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, bajo control mediante dispositivo electrónico y con restricciones de contacto y acercamiento respecto de beneficiarios de Potenciar Trabajo y otras personas vinculadas con la investigación.

El cumplimiento de esa medida se concretó a fines de abril. Izaguirre fue trasladada desde la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú hasta su domicilio, donde continuó privada de su libertad bajo monitoreo electrónico.

Farías aseguró que en el ámbito provincial seguirá trabajando de la misma forma en que lo hizo en el Federal, donde consiguió la excarcelación. “Vamos a realizar los planteos y presentaciones necesarias para avanzar en el proceso. Tal como se logró que Izaguirre saliera de la prisión preventiva y que la mayor parte de los imputados puedan ser sobreseídos, ahora vamos a continuar en el mismo sentido con los imputados que quedan”, indicó.

El cambio de fuero

Ahora, más de un año después de aquella decisión, el expediente vuelve a cambiar de escenario judicial. El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay declaró su incompetencia para continuar interviniendo en la causa.

La Fiscal Federal Josefina Minatta sostuvo que los delitos atribuidos a los acusados —amenazas coactivas, extorsión y usura— tienen carácter ordinario y que, en función de los elementos reunidos, no se encontraba acreditada una afectación directa de intereses o bienes del Estado Nacional que justificara mantener la intervención del fuero federal.

La funcionaria explicó que “no había ningún delito federal involucrado, ninguno era funcionario público del Estado Nacional, las personas imputadas eran particulares, y los delitos en cuestión son de competencia provincial. En casos que eran idénticos, la Corte Suprema ya había dictaminado por la competencia provincial y entonces seguimos la línea de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Fue ella quien dictaminó que por la forma planteada del caso no había ningún interés federal comprometido, porque los fondos ya estaban en la órbita de los particulares y la usura es un delito federal. A partir de este planteo, el Tribunal se declaró incompetente. “Este caso conforma un universo de casos que se iniciaron por denuncias a una línea telefónica de denuncias, y esos casos que se iniciaron bajo este mismo modus operandi, la Corte los envió a la órbita provincial”, explicó

El traspaso no implica una definición sobre la responsabilidad penal de Izaguirre ni de los restantes imputados. Tampoco supone una absolución ni modifica por sí mismo los hechos que fueron objeto de investigación. Lo que cambia es el fuero que tendrá a su cargo la continuidad del proceso.

La causa deberá ahora continuar en Gualeguaychú con las reglas y autoridades correspondientes al sistema de Justicia provincial, donde deberán definirse los próximos pasos procesales y el destino de la investigación.

Así, el expediente que comenzó con una investigación federal sobre el funcionamiento de Potenciar Trabajo y que llevó a Izaguirre a permanecer detenida primero en la UP9 y luego bajo prisión domiciliaria, ingresa ahora en una nueva etapa judicial, esta vez ante los Tribunales de Gualeguaychú.

Una persecución desde el aire, una camioneta cargada con unos mil kilos de carne, una fuga desesperada a pie, un operativo cerrojo que involucró a varias dependencias policiales y una segunda detención en medio del campo. Así comenzó uno de los casos de abigeato más llamativos de los últimos años en Gualeguaychú.

Hay persecuciones policiales que quedan grabadas por la velocidad de los hechos. Otras, por la cantidad de efectivos involucrados. Algunas, por la magnitud del delito. Y hay otras que parecen haber sido escritas para una película. La de aquel 12 de septiembre de 2024 tuvo todos esos ingredientes.

Un productor ganadero descubrió que habían entrado a su campo, habían faenado animales y se habían llevado otros. Pero en lugar de limitarse a dar aviso a la Policía y esperar que comenzara la investigación, tomó una decisión tan inesperada como determinante para el desenlace: subió a su helicóptero y salió a buscar a los ladrones.

Desde el aire encontró el rastro. Abajo, una camioneta Toyota Hilux blanca escapaba cargada con carne en la caja. Una motocicleta tomaba otra dirección. Pero el piloto del helicóptero comenzó a seguir a la camioneta y, desde arriba, pudo advertir que el vehículo avanzaba pesadamente.

Para ese momento, la Policía ya estaba alertada. Lo que siguió fue una persecución aérea y terrestre que atravesó caminos y rutas de la zona, un operativo cerrojo hacia distintos puntos del departamento y finalmente la captura de un hombre que, cuando comprendió que ya no tenía salida, abandonó la camioneta y trató de escapar corriendo por el monte. No llegó demasiado lejos.

En la caja de la Hilux había 36 cortes de carne vacuna. El peso rondaba la tonelada. También había dinero en efectivo, herramientas para el desposte, bolsas y otros elementos. El detenido era José Alberto Campodónico, de 31 años.

La historia, sin embargo, recién empezaba.

Minutos más tarde, el procedimiento policial regresó hacia el campo de donde habían sido sustraídos los animales. Allí apareció un segundo nombre: Juan Francisco “Carao” Cardozo, de 54 años.

Tiempo después, los dos terminarían sentados en el banquillo de los acusados.

La espectacularidad de un caso emblemático

Era 12 de septiembre de 2024. Los cuatreros eligieron un campo situado sobre la Ruta 12 para matar y faenar allí mismo la hacienda de un importante productor, pero lo que nunca creyeron es que iban a ser descubiertos en pleno acto y mucho menos que se los iba a perseguir desde el aire.

Al advertir que habían ingresado a su campo y que varios animales habían sido faenados, el hacendado utilizó su helicóptero personal para seguir a los delincuentes. La información que comenzó a transmitirse desde el cielo puso en movimiento a la Policía en tierra. Las comisarías de Ceibas, Médanos y Villa Paranacito desplegaron móviles y se organizó un operativo cerrojo sobre un amplio tramo de la Ruta 12. Mientras el helicóptero seguía la marcha de la camioneta, los policías intentaban cerrarle el paso desde abajo.

La persecución terminó cerca del kilómetro 181. La camioneta quedó abandonada sobre la banquina y su conductor salió corriendo. Los efectivos fueron detrás de él hasta un campo, donde el hombre ingresó en una zona de monte tupido. Finalmente fue reducido Campodónico.

Pero el operativo todavía no había terminado. La investigación rural siguió el rastro hasta otro punto de la zona y así fue como atraparon a Cardozo. Allí, los policías encontraron más carne y un animal que había sido faenado, todavía permanecía colgado de un árbol, sin despostar. “Carao” estaba oculto en una siembra.

Mucho después, cuando el ruido de los motores y el movimiento de los patrulleros ya habían quedado atrás, la historia continuaría en otro escenario: el de las audiencias, los alegatos, las condenas y los recursos judiciales.

Campodónico y Cardozo fueron llevados ante la Justicia y fueron imputados por la fiscal Martina Cedrés por abigeato triplemente agravado. La funcionaria judicial sostuvo que ambos habían participado del robo de los animales y de la posterior faena. La defensa, en cambio, negó esa participación y cuestionó distintos aspectos de la investigación.

Campodónico sostuvo que había concurrido a la zona con la intención de comprar carne a un precio menor y negó haber participado del robo de los animales. La defensa también cuestionó que se hubiera podido establecer de manera suficiente que los animales encontrados fueran los que habían sido denunciados como sustraídos. Cardozo también rechazó la acusación y negó haber participado en el hecho.

La Justicia debía entonces pasar de la espectacularidad de aquella persecución a una tarea mucho más minuciosa: determinar qué pruebas existían, qué podían demostrar y cuál había sido concretamente la participación de cada uno.

La causa avanzó. Pero había algo más que iba a pesar con fuerza en el futuro de ambos acusados. Los dos tenían condenas anteriores y las dos eran recientes.

La historia de Cardozo había empezado un año antes. Este hombre de 54 años no era un desconocido para la Justicia cuando fue detenido por el abigeato. En julio de 2023 había sido detenido en flagrancia por un robo ocurrido en el establecimiento rural “El Nazareno”. Aquella causa avanzó y el 19 de diciembre de 2023 se realizó el juicio. Cardozo recibió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional por robo agravado por haber sido cometido en despoblado, en grado de tentativa, pero como la pena no superaba el máximo que permitía la excarcelación, recuperó la libertad bajo determinadas medidas y reglas de conducta.

Entre esas obligaciones estaba una que adquiriría enorme importancia menos de un año después: no volver a delinquir. Cardozo volvió a quedar involucrado en una causa penal en septiembre de 2024, y esta vez la acusación era mucho más grave, porque no se trataba de un intento de robo en un establecimiento rural, sino que la Fiscalía lo acusaba de haber participado en un millonario robo de ganado.

El otro, un poco más “pesado”

La historia de Campodónico tenía una coincidencia todavía más precisa. El 18 de diciembre de 2023, exactamente un día antes de que Cardozo recibiera su condena por el robo en “El Nazareno”, José Alberto Campodónico había sido condenado en Campana, a un año y tres meses de prisión de ejecución condicional por un hecho vinculado con la portación de un arma y amenazas con arma.

Por eso, cuando el helicóptero apareció sobre los campos en septiembre de 2024, ninguno de los dos hombres tenía una historia judicial en blanco. Ambos tenían condenas condicionales vigentes. Ambos habían recibido el beneficio de permanecer en libertad bajo determinadas condiciones. Y ambos volvieron a quedar involucrados en una causa penal antes de que aquellas condenas anteriores hubieran quedado cumplidas.

Después de la detención, Cedrés solicitó la prisión preventiva para los dos acusados y en una primera instancia se dispuso una medida por 35 días, pero luego la defensa apeló y las condiciones fueron modificadas. Cardozo quedó bajo arresto domiciliario, mientras que Campodónico continuó privado de su libertad.

La diferencia no era menor. En el caso de Campodónico pesaba especialmente la conducta que había tenido durante el procedimiento de detención: había abandonado la camioneta, había corrido por un campo, había ingresado en una zona de monte, había desobedecido la voz de alto y había intentado escapar hasta que finalmente fue reducido.

Campodónico quedó alojado en la Unidad Penal 9 y Cardozo continuó el proceso bajo arresto domiciliario. Y así llegaron al juicio.

La causa comenzó a adquirir una dimensión mayor cuando fue elevada a juicio. La Fiscalía sostenía que el robo había sido cometido por tres personas, aunque una de ellas no había sido identificada, y mantuvo la acusación por abigeato triplemente agravado.

Uno de los agravantes estaba relacionado con la cantidad de personas que, según la acusación, habían intervenido en el hecho. Otro tenía que ver específicamente con Campodónico y su vinculación con la actividad ganadera y comercial.

El debate oral permitió reconstruir aquella jornada del 12 de septiembre. El productor damnificado declaró y relató cómo descubrió el robo y cómo comenzó a seguir desde el aire a quienes escapaban con la carne. La escena volvió a aparecer en el juicio con una fuerza particular porque no se trataba de una persecución contada de oídas: quien había estado en el helicóptero era el propio damnificado.

La defensa, por su parte, intentó desmontar distintos aspectos de la acusación. Entre otras cuestiones, cuestionó que pudiera establecerse con certeza que los animales secuestrados correspondieran a los que habían sido denunciados como robados. Se plantearon diferencias en cuanto al pelaje, la raza, la cantidad de animales y la identificación mediante marcas y caravanas.

También se sostuvo que no había elementos suficientes para acreditar la participación de los dos acusados en el robo. La Fiscalía sostuvo lo contrario.

Después de dos jornadas de testimoniales llegaron los alegatos.

Las condenas

El 12 de diciembre de 2024, la fiscal Martina Cedrés formuló su pedido de pena. Solicitó ocho años de prisión para cada uno de los acusados por el abigeato triplemente agravado. Pero el pedido tenía una segunda parte que era fundamental. Cedrés solicitó que las nuevas penas fueran unificadas con las condenas anteriores que ambos tenían vigentes.

La consecuencia era concreta: si Campodónico y Cardozo eran condenados, no podrían continuar beneficiándose de las penas condicionales anteriores. La nueva condena debía convertirse en una pena efectiva mediante la unificación.

Para entonces, Campodónico ya estaba en la UP9 y Cardozo cumplía arresto domiciliario. La Fiscalía pidió que ambos permanecieran detenidos en la Unidad Penal 9. En tanto, la defensa volvió a pedir la absolución y sostuvo que no se había probado la acusación.

El juez que actuó fue Mariano Caprarulo, que estuvo un corto periodo de tiempo en Gualeguaychú. Su veredicto llegó el 20 de diciembre. Los encontró responsables por abigeato triplemente agravado y si bien las penas no fueron los ocho años solicitadas por la Fiscal, Campodónico recibió una pena unificada de seis años de prisión y a Cardozo se le dictó siete años y siete meses.

La diferencia se explicó por las condenas anteriores que cada uno tenía. Campodónico debía responder también por aquella pena de un año y tres meses dictada en Campana. Cardozo, por los tres años de prisión condicional impuestos en Entre Ríos por el robo agravado en despoblado en grado de tentativa.

Las condenas anteriores dejaron de ser una cuestión del pasado. Pasaron a formar parte de la nueva pena. Y lo que hasta entonces habían sido condenas condicionales se transformó, con la nueva sentencia, en prisión efectiva. La historia que había empezado con un helicóptero persiguiendo una camioneta terminaba con dos hombres condenados a pasar varios años tras las rejas. Desde entonces, ambos cumplen sus penas en la cárcel de Gualeguaychú.

l faltante fue detectado el lunes de la semana pasada, cuando Oscar Martinelli recorrió el campo y advirtió que tres novillos no estaban donde debían. En un primer momento decidió no realizar la denuncia porque consideró que los animales podían haber pasado al campo de algún vecino.

“Nos dimos cuenta que faltaban tres animales. No hicimos la denuncia ni nada porque pensábamos que podían estar en el campo de los vecinos”, relató Martinelli.

La búsqueda continuó durante toda esa jornada y también el martes. Recorrieron el establecimiento en distintos sectores, pero no encontraron a los animales ni un rastro claro que permitiera determinar hacia dónde habían sido llevados.

“No quise hacer la denuncia porque quería asegurarme que no estaban en el campo vecino. El martes los buscamos todo el día y no los pudimos encontrar, no había un rastro de ningún lado”, explicó.

La situación cambió al día siguiente. Cuando volvieron a realizar el recuento del ganado, comprobaron que el faltante era mucho mayor: además de los tres animales que habían advertido inicialmente, faltaban otros seis. En total, eran nueve novillos.

A partir de allí comenzaron a observar algunos indicios que podrían marcar el recorrido de los animales. “Se veían rastros, en algunos tramos muy pocos, porque la tierra estaba cristalizada de seca, pero había lugares donde se veían rastros, en dirección al sudoeste”, contó.

Con el faltante confirmado, se realizó la denuncia y se dio intervención a la Policía. “Anduvo la Policía, se hizo la denuncia, un acta y quedamos en eso”, señaló el productor.

El valor económico de los animales agrega otra dimensión a la pérdida. Según Martinelli, los nueve novillos están valuados en más de 20 millones de pesos. Sin embargo, más allá del perjuicio económico, lo que aparece con fuerza en su relato es la sensación de impotencia frente a un hecho del que, hasta ahora, tiene pocas respuestas.

“Es complicado porque el valor de esos animales es mayor a los 20 millones de pesos y uno siente impotencia porque para la Policía no hay suficientes pruebas y siempre es poco lo que se puede hacer”, expresó.

El episodio tampoco es un hecho aislado para el productor. El año pasado sufrió el robo de otros 11 animales, en un período de aproximadamente un mes y medio. En aquella oportunidad también realizó la denuncia y, según recordó, la investigación incluyó el seguimiento de rastros y el allanamiento de una vivienda. Sin embargo, pasó más de un año de ello y aquella pérdida tampoco tuvo una resolución que le permitiera recuperar los animales.

“Yo siempre hago la denuncia. El año pasado me robaron 11 animales en un mes y medio e igualmente hice la denuncia, se siguieron rastros, allanaron una casa, pero hace más de un año y ahora me tocó esta pérdida importante”, recordó.

La reiteración de este tipo de episodios también explica, según Martinelli, por qué algunos productores terminan desistiendo de denunciar. “Mucha gente no quiere hacer denuncia porque no tiene ningún resultado”, afirmó.

Mientras espera que la investigación pueda aportar alguna novedad, el productor reconoce que tiene pocas expectativas de recuperar los nueve novillos. “Es realmente complicado y no tengo muchos elementos más que sufrir la pérdida”, resumió.

La situación judicial de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú sumó un nuevo pronunciamiento. La Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná se pronunció a favor de mantener la clausura preventiva dispuesta por el juez federal Hernán Viri .

El dictamen, fechado el 16 de septiembre y firmado por el fiscal General de Paraná, Ignacio Candiotti, coincide con la postura que había sostenido anteriormente el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo.

El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por vecinos del barrio Don Pedro por presuntas irregularidades en el tratamiento y vuelco de efluentes industriales. En esta instancia, la Fiscalía General consideró que existen elementos suficientes para sostener una medida cautelar ambiental, principalmente por la presencia de verosimilitud del derecho y peligro en la demora.

Ahora será la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná la que deberá resolver los planteos de las partes y definir si mantiene la clausura preventiva o adopta otras medidas.

La causa

El conflicto judicial se inició en julio de 2025, cuando vecinos denunciaron que la planta del Parque Industrial estaría vertiendo efluentes sin el tratamiento adecuado hacia el río Gualeguaychú. A partir de esa presentación, la investigación quedó radicada en el Juzgado Federal de Gualeguaychú y fue delegada al Ministerio Público Fiscal.

En agosto de 2025 se realizó un primer allanamiento, durante el cual se tomaron muestras de los vertidos industriales. Los análisis de laboratorio detectaron valores de contaminación por encima de los niveles permitidos. Un segundo procedimiento, realizado en noviembre de ese año, incluyó muestras tomadas en siete puntos estratégicos y volvió a detectar elevados niveles de DBO, coliformes termotolerantes y Escherichia coli.

La investigación continuó durante 2026. En un allanamiento realizado el 19 de mayo se detectó, entre otros elementos, un caño rojo con una llave de paso que no se encontraba habilitado y que fue señalado por el supervisor de la planta como un sistema previsto para actuar ante posibles contingencias. También se observó acopio de barros con fuerte olor y presencia de insectos, además de otro caño que desembocaba en calle El Hornero.

En ese procedimiento también se tomaron muestras en la planta y en distintos puntos del río Gualeguaychú. En esos análisis, según el dictamen fiscal, no se detectaron valores por fuera de los parámetros normativos.

Sin embargo, una nueva toma de muestras realizada el 9 de junio en la denominada Cañada Melgar, ubicada entre la planta y el barrio Don Pedro, arrojó resultados que la Fiscalía General considera particularmente relevantes. El informe de laboratorio detectó una alta carga bacteriana, elevados niveles de coliformes termotolerantes y Escherichia coli, además de concentraciones de aluminio, cromo, cobre, plata, selenio y zinc por encima de los valores admitidos.

Para la Fiscalía, esos resultados constituyen evidencia de una contaminación concreta en el área. El dictamen cita además la interpretación realizada por especialistas de la Policía Federal, quienes señalaron que los niveles de Escherichia coli detectados pueden ser considerados un indicador de contaminación fecal antropogénica aguda.

La planta y su capacidad de tratamiento

Otro de los elementos considerados en el dictamen son las declaraciones incorporadas durante la investigación. El supervisor de la planta, Fernando Valentín Vergara, había señalado que existía una sobrecarga de materia orgánica, con valores que duplicaban lo admitido, y que la situación estaba relacionada con los valores de ingreso provenientes de las industrias.

A su vez, durante una audiencia de conciliación realizada en febrero, el representante del Parque Industrial había mencionado la existencia de defectos ocultos que requerían materiales importados para su reparación. Una ingeniera contratada por el Parque Industrial manifestó en esa misma instancia que la planta estaba trabajando con un caudal de efluentes superior al que podía procesar y estimó que su acondicionamiento podía demandar entre seis meses y un año.

La Fiscalía General también puso bajo consideración otro dato: el Certificado de Aptitud Ambiental de la Planta de Tratamiento se encuentra vencido desde 2021. Aunque reconoce que se trata de una habilitación administrativa, considera que ese incumplimiento debe ser valorado dentro del conjunto de elementos de la causa.

La clausura como medida preventiva

El planteo de la Fiscalía General no supone una condena ni una decisión definitiva sobre el fondo de la investigación. El dictamen remarca que la clausura tiene carácter cautelar y preventivo.

En ese sentido, sostiene que la planta continúa funcionando de manera inadecuada e insuficiente y que, si bien se fueron realizando algunas de las obras y medidas de acondicionamiento comprometidas, estas no se habrían concretado en su totalidad ni dentro de los plazos previstos. Para la Fiscalía, esa situación impide prolongar el actual estado de funcionamiento deficiente.

El dictamen también recuerda que en materia ambiental rigen los principios de prevención y precaución. En particular, señala que la ausencia de certeza científica definitiva no debe utilizarse para postergar medidas destinadas a evitar un daño ambiental grave o irreversible.

Por esa razón, el fiscal General de Paraná, Ignacio Candiotti, concluyó que la medida dispuesta por Viri, y que había sido reclamada en la primera oportunidad por el fiscal Rebollo, resulta “razonable y justificada” frente a los elementos reunidos hasta ahora y solicitó formalmente a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná que rechace los recursos presentados y confirme la clausura preventiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú.

El propio dictamen plantea, de todos modos, que al tratarse de una clausura preventiva corresponde que la situación sea revisada periódicamente. En ese marco, considera necesario que la administración del Parque Industrial y las empresas que lo integran completen las inversiones, tareas de mantenimiento y obras de infraestructura técnica necesarias, de manera que posteriormente pueda evaluarse un eventual levantamiento de la medida.

Desde su apertura en 1891 hasta su cierre definitivo en 2022, la cárcel de Gualeguaychú albergó no sólo a una gran cantidad de personas, sino también un sinfín de historias. Por esas celdas pasaron todo tipo de delincuentes y algunos de ellos más célebres que otros dentro del mundo del hampa.

Ya para 1927, hace casi 100 años atrás, este lugar era foco de atención para muchas personas extramuros que se hacían eco de lo que ocurría allí dentro. Ese año, Mario César Gras publicó su novela “La Casa Trágica” y causó un gran revuelo en la sociedad de aquel momento, porque relataba sobre la violencia y vejámenes que allí dentro ocurrían.

Incluso, actualmente ese viejo edificio es Espacio de Memoria del Terrorismo de Estado por las más de 200 personas que pasaron por esa cárcel en carácter de presas y presos políticos durante los años de la última dictadura cívico militar y eclesiástica. Desde junio del 2024 está abierta al público en los espacios por donde todo transcurrió.

Una vida entre penalesPara contar la historia de Ruben Alejandro Rodríguez de Armas hay que hablar de otra cárcel y no cualquier otra cárcel, sino de la Unidad 4 “Santiago Vázquez” (ex Comcar), la más peligrosa del Uruguay y poblada, que alberga la tercera parte de los presos del vecino país. El año pasado se conoció un informe sobre el hacinamiento y la mala alimentación de los reclusos, además del acceso limitado a la salud. Algo no muy diferente a lo que acontece en muchos penales argentinos.

En 2011 y estando preso en otro penal uruguayo, saltó varios alambrados y le disparó cinco tiros a su ex jefe Néstor “Rambo” Otero Peña, utilizando una pistola Beretta, que nadie pudo explicar cómo ingresó al penal. Ambos habían sido compañeros de celda muchos años, hasta que en 2006 un incidente los separó y quedaron enemistados. En diciembre de ese año, Rodríguez De Armas fue ingresado a sanidad penitenciaria con cinco puñaladas, en un episodio en el que se concluyó que el mismo Rodríguez se había lastimado para culpar a "El Rambo". Cinco años después, lo mató de cinco balazos.

Rodríguez De Armas ya gozaba de la fama de pesado dentro del sistema carcelario uruguayo, porque en febrero de 2001 ya se había cargado a otro y por la pena que había recibido, en el juicio al enterarse del monto a cumplir, no dudó en levantar un escritorio por los aires y tirárselo a su abogado defensor, que de casualidad salió ileso.

Sin embargo y pese a todo este historial violento, en julio de 2017 consiguió un dictamen positivo por parte del sistema penitenciario uruguayo para obtener el traslado a una cárcel más benévola desde la seguridad. Los integrantes de la Junta de Traslados habían barajado varias cárceles y se inclinaron por el ex Comcar por entender "que allí habría de estar más contenido". Le quedaban cuatro años de reclusión, tenía 40 años y dijo estar "harto de estar preso".

No hay muchas precisiones de cómo logró escapar esa tarde del viernes 13 de abril de 2018. La guardia penitenciaria notó la falta de Rodríguez de Armas en uno de los controles del Módulo 9 y, según fuentes policiales y lo que publicó en su momento Telemundo en Uruguay, “podría haberse dado a última hora de la tarde, luego de una salida al patio”.

Al parecer, Rodríguez de Armas logró ocultarse y salir del perímetro carcelario oculto en un camión perteneciente al propio Penal, evadiendo las revisiones de los controles perimetrales exteriores. La seguridad interna no constató su ausencia hasta que el vehículo ya había abandonado el predio del centro penitenciario. A partir de ese momento, el Ministerio del Interior emitió su requisitoria a nivel nacional, aunque para ese momento, el prófugo ya había logrado cruzar la frontera hacia Argentina.

La detención en Gualeguaychú

La fuga de Rodríguez de Armas y su posterior llegada a nuestro país puso en alerta y bajo la órbita de la Justicia Federal la necesidad de atraparlo. Para mediados de 2018 todavía no existía el Juzgado Federal de Gualeguaychú, pese a que ya estaba creado en los papeles. En ese entonces todo pasaba por las manos del extinto juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró.

Este magistrado se puso al hombro la investigación junto a la inteligencia de las fuerzas de seguridad federales, que ya tenían el rastro de los lugares por dónde podía andar “El Oreja”. La Prefectura Naval fue la designada para encarar el último tramo de la investigación y llevar adelante el procedimiento que pondría fin a la historia del jefe narco uruguayo.

Fue así que el 1 de junio de 2018, Seró liberó una serie de allanamientos que se cumplimentaron su gran mayoría en Gualeguaychú, aunque también hubo operativos en Concepción del Uruguay, Colón y Buenos Aires. En nuestra ciudad fueron cinco en total: comenzaron a las 11 de la mañana y se prolongaron durante todo el día hasta entrada la noche. Se allanó un domicilio en 3 de Febrero casi 25 de Mayo, otro en Urquiza al 300, otro en Colombo al 300, y otro en un campo de Costa Uruguay Sur.

Pero el más importante de todos se produjo en un Parador ubicado en el kilómetro 56, sobre la Ruta Nacional 14. En una de las habitaciones del hotel se había alojado el hombre más buscado por la Justicia uruguaya. Había llegado junto a su mujer el día antes. Se alojaron en una habitación, se registraron con documentación falsa. Pasaron la noche y a la mañana del día siguiente los sorprendió la Prefectura. También se alojaba otro delincuente, conocido como “Fierrito”.

Hubo otros cinco detenidos, que fueron aprehendidos en distintos procedimientos, pero lo más importante pasaba por haber atrapado a Rodríguez de Armas. Se secuestraron 7.400 euros, más de 209.000 pesos argentinos, 103.820 dólares falsos, 67.388 pesos uruguayos, y 49.000 pesos chilenos. Se tenía precisado que el campo ubicado en Costa Uruguay sur, a unos 500 metros del Parador donde fueron detenidos “El Oreja”, su mujer y “Fierrito”, era propiedad de uno de ellos. Quince días después de las detenciones, Prefectura y Gendarmería buscaron arduamente elementos que pudieran pertenecer a la banda. Fue así que durante una inspección dentro de la vivienda hallaron una cifra superior a los 300 mil dólares.

Por tratarse de un detenido de esta índole y mientras se avanzaba desde el Juzgado Federal con su causa en Argentina por narcotráfico y su posterior extradición a Uruguay, Seró dispuso que fuera alojado en la Unidad Penal 2. Lo que no pudo nunca imaginar este magistrado es que casi un año después, “El Oreja” se iba a fugar de la forma más insólita posible.

La evasión

Cómo escapó Rodríguez de Armas de la forma en que lo hizo y de la cárcel considerada de máxima seguridad de la provincia, es una de las incógnitas que permanecen hasta hoy en día. Sobre todo, porque no hubo nadie del personal penitenciario que haya quedado involucrado o responsabilizado en ayudar en esa huida.

Para entrar a esa vieja cárcel había que pasar dos puertas de seguridad. La primera, el portón principal de Pellegrini, por la que se accedía a la institución. La segunda era la que daba paso al penal propiamente dicho, donde había una “reja huevo”, que se la denominaba de esa forma por la forma redondeada que tenía y que persiste hasta hoy en día.

Quienes lo conocieron coinciden que era un preso “muy educado y amable” y durante su estadía en Gualeguaychú no había originado problemas dentro del pabellón para presos federales, ubicado en el segundo piso de la prisión. Por ello, ese sábado 30 de marzo de 2019, a las 11 de la mañana de un día soleado, no llamó la atención que solicitara acudir hasta el área de sanidad, ubicado al lado de la guardia del establecimiento, entre ambos portones de seguridad.

Con un guardia pasó la “reja huevo” y quedó en ese lugar donde hay una mayor cantidad de agentes penitenciarios, como a la espera de ser llevado hasta sanidad. Una cámara de seguridad captó el momento. Inesperadamente quedó sólo y fue en ese momento en que aprovechó su oportunidad. Sabía muy bien hacia dónde dirigirse.

Caminó por un pasillo en dirección sur, hacia el lado de la calle Tala. En ese lugar funcionaba la cocina. Había sido mudada a ese sector de la cárcel porque dentro del penal propiamente dicho, había sido blanco de varios robos por parte de los internos, que sustraían diferentes elementos y por ello desde hacía un largo tiempo funcionaba en ese sector de la prisión.

La información que trascendió en ese momento sobre su fuga indicaba que había roto un candado de la cocina y que saltó una reja de dos metros que daba a Tala, por donde bajaban las provisiones a la cocina. Sin embargo, muchos creen que a Rodríguez de Armas ‘encontró’ ese candado abierto y su fuga fue mucho más fácil. Del otro lado lo habrían estado esperando.

“Fue de película”, recuerda un funcionario penitenciario que trabajaba por aquel tiempo. “Si me decís que fue de noche o llovía, o había algo que podría haber originado muna desatención, pero fue en pleno mediodía. Un sábado”, agregó el entrevistado.

Nunca se pudo dilucidar bien qué fue lo que pasó y si recibió o no ayuda para evadirse del penal más estricto que tenía Entre Ríos. La Guardia y el personal de servicio pasó a declarar en la investigación que se inició para determinar responsabilidades, pero todo quedó en la nada.

La muerte

“El Oreja” tenía 42 años cuando personal policial de la Jefatura de Canelones encontró su cadáver el 20 de julio del 2020, en una vivienda ubicada en la calle 3 del balneario Bello Horizonte. Un llamado telefónico al 911 alertó que había una persona herida y cuando los efectivos llegaron al lugar, hallaron su cuerpo tendido en el patio, sin signos vitales y con manchas de sangre a su alrededor.

Para ese entonces ya había serios indicios de que Rodríguez de Armas había regresado a Uruguay y la Policía estaba tras sus pasos porque era el principal sospechoso de asesinar de diez balazos en julio de 2019, a Julio César Romero Arguet, alias “El Pichulo”, un empresario sanducero con antecedentes por narcotráfico y asesinato.

“Aunque el secuestro y muerte del sanducero Julio César Romero Arguet, vinculado a la famosa Banda del Río y conocido por su actividad ilícita de la venta de drogas (delito por el que estuvo preso) no ha sido aclarado, la Policía contó siempre con la pista firme de que quien estaba detrás del hecho era Rodríguez de Armas. No se pudo establecer nunca –y tal vez ahora menos– si él habría actuado como sicario o dado la orden de terminar con la vida del sanducero”, escribió el diario El Telégrafo cuando informó sobre la muerte de “El Oreja”.

Todo indicaba que su asesinato se debió a un ajuste de cuentas en la venta de drogas en el vecino país. Pero lo cierto es que, al momento de su muerte, Rodríguez de Armas contaba con ocho antecedentes penales, cuatro de ellos por homicidio (uno en grado de tentativa), uno por rapiña, uno por hurto, uno por privación de libertad y el restante por evasión, delitos cometidos en los departamentos de Montevideo y San José.

A poco de inicio de su juicio en los Tribunales de Gualeguaychú y a poco de haber cambiado de abogado defensor, el funcionario policial que hace un año atrás baleó con su arma reglamentaria a su esposa Carolina Huck y luego se disparó en la cabeza, aceptó adecuarse a un proceso abreviado para disminuir su pena, y con el consentimiento de la víctima, recibió una pena que le demandará una década en la cárcel.

Como ya se encontraba preso en la Colonia Penal de El Potrero, el procedimiento ante el juez Tobías Podestá se realizó por videoconferencia y en esa audiencia quedó automáticamente firme la sentencia, renunciando a las demás instancias de apelación.

De esta forma, y a un año del lamentable episodio, se pone fin a un hecho trágico que por poco le costó la vida a la docente, pero que le dejó secuelas físicas irreversibles. Huck aceptó también cerrar este acuerdo abreviado para evitar atravesar por todo el proceso penal en donde debía declarar y exponer además a la hija de ambos como posible testigo.

Todo sucedió el 24 de agosto de 2025 en la vivienda ubicada en Gutenberg y La Rioja. Esa noche, Corvalán le disparó con su arma reglamentaria a Huck y luego llamó al Comando Radioeléctrico contando lo sucedido, requiriendo una ambulancia. Cuando el personal médico arribó al domicilio, él mismo ayudó a cargar a su esposa y antes que llegara el móvil de la Comisaría Cuarta, se disparó en la puerta de su casa.

El panorama era trágico. Los dos estaban vivos, gravemente heridos y parecían tener los minutos contados. Ella tenía una lesión abdominal y Corvalán se había disparado en el mentón. El proyectil ingresó por la parte baja de la mandíbula, en dirección ascendente, con orificio de salida en la parte frontal derecha.

Fueron intervenidos quirúrgicamente y ambos permanecieron en grave estado en Terapia Intensiva. Las expectativas de sobrevida eran pocas y las siguientes 72 horas eran determinantes. El estado de salud del policía y de su esposa de 31 años, era de extrema gravedad. Ella tenía una lesión toracoabdominal. Se le extrajo el bazo y tenía comprometidos los pulmones. En tanto, Corvalán tenía una lesión cerebral, e incluso tuvo pérdida de masa encefálica.

Pero transcurridas las primeras 24 horas, la situación cambió. Los dos mostraron estabilidad dentro de sus críticos diagnósticos. El disparo que se ejecutó Corvalán había roto las meninges en el lóbulo frontal y gracias al trabajo que realizó el neurocirujano en la primera intervención se logró mantenerlo con vida. Estuvo sedado para su adaptación al respirador mecánico y en ese primer día de internación mostró buenos parámetros bioquímicos y signos vitales.

Una semana después del terrible hecho, y contra todos los pronósticos de recuperación, Carolina Huck y Mariano Corvalán, abandonaron la Terapia Intensiva y fueron trasladados a una sala común del Hospital Centenario para seguir con la recuperación. Corvalán perdió un ojo, pero fue Huck la que se llevó la peor parte: durante su internación se confirmó que había sufrido “una sección completa de médula con paraplejia”, que le dejó una parálisis de ambos miembros inferiores.

En septiembre, Carolina inició un proceso de recuperación en un centro de neurología y recuperación psicofísica en Galarza, en el cual tiene depositadas todas sus esperanzas para hacer frente a un futuro completamente diferente al que conocía.

Crónica de un día lamentable

Ese domingo, Corvalán se levantó temprano para ir a trabajar, regresó pasado el mediodía para descansar porque por la noche volvía a trabajar en la Policía, mientras que ella se fue por la tarde a un cumpleaños. Cuando regresó se puso a trabajar en unas tareas de sus alumnos que debía entregar al día siguiente y fue en ese contexto que comenzó la discusión que terminó en tragedia.

Corvalán le recriminaba que ella trabajaba mucho, pero la mujer lo asumía como algo sumamente necesario para cubrir las cuestiones económicas de la familia. Se le hacía imposible trabajar sólo por las mañanas, como el hombre pretendía. Incluso, dos compañeras de trabajo ratificaron que las discusiones giraban en torno a lo económico y la crianza de su hija de 5 años.

Corvalán fue el primero de ambos en dejar el Hospital Centenario. A la semana de haber sido operado de urgencia y de permanecer las primeras horas en un coma, salió de la Terapia Intensiva y siete días después dejó la sala común donde había sido alojado.

En los albores de la investigación se conoció un dato que sobresalió en todo lo que respecta al trágico hecho. Después de balear a Carolina Huck, Corvalán se sacó una foto selfie con su teléfono, junto a su pequeña hija, y la publicó en su estado de Whatsapp con la leyenda: “Papá siempre va a estar con vos”.

Esta publicación fue subida como historia a las 21.26 del domingo 24 de agosto. No está certificado el horario del momento exacto en que Corvalán le disparó a Carolina Huck, pero lo que si fue confirmado es que a las 21.28, la víctima le envió un audio de Whatsapp a una amiga contándole que su esposo la había baleado.

Desde que salió de su internación en el Hospital Centenario, Corvalán quedó preso con prisión preventiva. Pasó por la Comisaría del Menor y la Mujer y posteriormente fue trasladado a la UP9. Desde allí nunca más abandonó la cárcel y tras esta condena continuará alojado en ese penal por 9 años más.

Es una de las historias menos conocidas por quienes habitan actualmente la ciudad del Carnaval, pero por aquellos años este homicidio se volvió el tema de conversación de cada tertulia, de cada reunión, porque el que había muerto no era otro que Protasio Méndez Casariego, el Jefe de Policía del departamento Gualeguaychú.

Pero antes de relatar lo que sucedió esa noche del viernes 6 de enero de 1893, hay que describir qué era lo que pasaba por aquellos años en Gualeguaychú, en el país y en el mundo. En los Estados Unidos se patentaba la fórmula de la Coca-Cola, y en Alemania, Rudolf Diesel recibía la patente del motor diésel. Arthur Conan Doyle publicaba “Las aventuras de Sherlock Holmes”, y en Argentina, el inventor Juan Vucetich identificaba a una asesina por sus huellas dactilares.

Gualeguaychú también estaba en pleno crecimiento. El 16 de julio de 1891 había abierto sus puertas la cárcel de Gualeguaychú, conocida luego como la UP2 (Unidad Penal 2), que serviría para albergar a la cantidad de detenidos y condenados por el Juez del Crimen, que ya no tenían lugar en la Jefatura de Policía. Justamente el protagonista de esta historia, Protasio Méndez Casariego, había sido designado por el Gobernador de Entre Ríos para que siguiera de cerca la obra que se había iniciado en 1888 en las afueras de la ciudad.

Por aquel tiempo había llegado a la ciudad el tranvía, algo totalmente novedoso y como ocurre siempre con cada innovación, había quienes se oponían a esta idea por el ruido que generaba. Este servicio urbano de pasajeros unía dos centros neurálgicos en aquella época: el puerto, que ya contaba con un muelle de madera, y la Estación de Ferrocarril inaugurada hacia poco, en 1889.

En el diario El Noticiero, de Inocencio Furques, que había tenido su primera publicación en febrero de 1878, se informaba en aquel momento que “el diputado Magnasco tuvo una entrevista con el Presidente de la República, Luis Sáenz Peña, a quien le expuso sobre la necesidad de construir cuanto antes el muelle de Gualeguaychú, el que no se ha llevado a cabo por las demoras que viene sufriendo el expediente relativo al mismo”. La burocracia política no es algo propio de esta época. Ya por aquellos años Osvaldo Magnasco gestionaba por obras que luego fueron claves para el crecimiento exponencial de Gualeguaychú.

Dos años después de la muerte de Protasio Méndez Casariego comenzó a funcionar la usina de gas para el alumbrado de las calles. “Un servicio que en aquella época y en este lugar podría catalogarse de extraordinario, algo que en materia de confort ponía en nuestra ciudad a la altura de las grandes capitales del mundo y, por supuesto, por encima de las ciudades argentinas de entonces. Nos referimos a la Planta Productora de Gas para uso público y domiciliario cuya construcción comenzó en 1894 para iniciar su funcionamiento en el año siguiente, en 1895”, escribió Enrique Ángel Piaggio en Evocaciones del Ayer.

Al igual que la cárcel, la Usina también fue construida en las afueras de la ciudad, en la zona noreste, en un terreno relativamente bajo ya que la tendencia del gas así lo exigía. Este lugar aún existe y hasta hace dos años atrás, el terreno era parte de un proyecto municipal para la construcción de 88 viviendas a través del crédito Procrear que luego, con el nuevo gobierno, quedó trunco.

Publicidades, noticias y defunciones

Los diarios microfilmados que se conservan en la hemeroteca del Instituto Magnasco permiten asomarse a un mundo totalmente distinto del actual. Junto a la crónica policial convivían anuncios de todo tipo —una partera "recibida por las facultades de París y Buenos Aires", una rebaja de 25 centavos el litro de vino blanco, una conferencia de un orador protestante recién llegado de Buenos Aires— y también algo de humor negro, como el caso de Regina González: "Ha sido puesta en libertad 'la resbalosa'. Como cada tanto tiempo se le van los pies, no ha de tardar en volver".

También había crónica policial de todo tipo, como la de Mateo Robledo, que "corrió a la madre con un cuchillo para matarla" y terminó preso en la costa uruguaya, o la nota sobre la señorita Camila Nievas, de apenas 15 años, que viajaba a Paraná para continuar sus estudios en la Escuela Normal tras "un brillante examen" el año anterior.

Pero sobre todo llama la atención el enorme volumen de avisos fúnebres. En una ciudad de apenas 12 mil habitantes, la cantidad de defunciones publicadas y, en particular, la cantidad de infantes entre ellas resulta llamativa: "Eduardo Correa. 1 año de gastroenteritis"; "Baldomero Castelo. 6 años - fiebre tifus"; "Macedonia Paredes. 4 años – pulmonía"; "Fernando Campbell. 11 meses – gastroenteritis", se leía cada martes, jueves y sábado en El Noticiero.

Neyra, Garibaldi y una muerte inesperada

Como en toda ciudad chica, el movimiento de la sociedad se concentraba alrededor de la plaza principal. Esa noche, el comisario Protasio Méndez Casariego caminaba desde la Jefatura de Policía hasta su casa sobre la calle Del Plata (hoy Luis N. Palma) cuando se cruzó con los periodistas Sixto Neyra y Pedro Muape, ambos del periódico El Noticiero.

Con Neyra existía una fuerte tensión, porque este hombre de 56 años escribía sobre ciertos delitos que se habían originado en la ciudad —un grupo de niños que robaba ropa lavada colgada al sol— y responsabilizaba a Méndez Casariego por ineficiente.

Sixto Doroteo Neyra era hijo del alférez Jorge Neyra, mano derecha del comandante Villagra durante el saqueo de Giuseppe Garibaldi en Gualeguaychú, en 1845, cuando fueron atacados 31 establecimientos comerciales y numerosas casas de familia, con un botín calculado en 30.000 libras esterlinas. Según la historiadora Silvia Razzetto, los invasores tomaron la casa de la familia Haedo como cuartel general, donde colocaron un cañón apuntando hacia la Comandancia. En la chacra de la familia Lapalma, los garibaldinos se enfrentaron además con ocho gauchos reunidos por el propio Jorge Neyra: tres de ellos murieron, y Neyra logró escapar con vida junto a cinco compañeros, después de que se le "boleara" el caballo. Sixto tenía apenas 8 años en ese momento y quedó al cuidado de su madre mientras su padre combatía. Más tarde estudió abogacía en Concepción del Uruguay, pero la muerte de su padre lo obligó a volver a Gualeguaychú, donde se hizo cargo de la familia y comenzó su carrera como periodista.

También tuvo su costado político: fue viceintendente en 1874, en pleno estallido de la revolución jordanista que siguió al asesinato del gobernador Justo José de Urquiza. Además, era tío de José María Neyra, otro periodista de renombre en el diario El Censor de Gualeguaychú y en La Razón y La Nación de Buenos Aires.

El cruce que terminó en un crimen

"Protasio Méndez Casariego, 39 años, argentino, casado, de infección pútrida, calle Rivadavia", describía el anuncio de defunción que publicó El Noticiero cinco días después de aquella noche fatídica.

Sixto Doroteo Neyra conversaba con su colega Pedro Muape en la esquina de la plaza Independencia cuando Protasio Méndez Casariego caminaba hacia esa dirección. Tal vez conociendo la interna que había entre el policía y el periodista, Muape se despidió de Neyra y caminó en sentido opuesto unos metros, hasta que escuchó la detonación de un arma de fuego. Cuando volteó la mirada, observó a Neyra con un arma en su mano y a Méndez Casariego tirado en el piso.

El disparo retumbó en toda la ciudad. Era verano, las ventanas estaban abiertas y toda la vida social de Gualeguaychú pasaba por esa plaza y sus alrededores. A pocos metros vivía Protasio junto a su esposa Cornelia Seguí y sus once hijos, entre los que se encontraba el recién nacido Claudio, que años más tarde sería intendente de Gualeguaychú y gestor del puente naranja que hoy lleva su nombre.

Protasio estaba gravemente herido: la bala había entrado por el costado derecho y terminado en el izquierdo, "entre cuero y carne". Todo había sucedido a pocos metros de la Jefatura, por lo que no tardó en llegar el oficial Campos, que detuvo a Neyra con el arma en la mano y sin que opusiera resistencia.

A Protasio no se lo llevó al Hospital de Caridad —que funcionaba en la ciudad desde 1857 con, según describió la historiadora Nati Sarrot, "cómodas salas diferenciadas por sexo, con admisión abierta de enfermos del pueblo y campaña"— sino a la casa de su hermano Honoré Méndez Casariego, un Comisario de Órdenes que vivía frente a la plaza, en Rivadavia e Independencia, donde se consideró que estaría mejor atendido. Durante las horas siguientes, esa casa fue una romería: no había nadie sin enterarse de lo ocurrido, aunque las versiones sobre el móvil del crimen eran variadas. Con el tiempo, la que se impuso fue esta: el Jefe de Policía le había recriminado a Neyra sus publicaciones, discutieron, Méndez lo golpeó con su bastón y el periodista respondió con un disparo. "La posición de la herida de Méndez hace imposible suponer que la haya recibido después de dar un bastonazo, en que invariablemente los adversarios quedan de frente", se escribió en el periódico.

La agonía y muerte de Protasio

Esa noche no se le pudo extraer la bala, y la espera hasta el día siguiente habría sido determinante en la infección que terminó costándole la vida. Los días siguientes, el estado de salud de Protasio y su temperatura corporal fueron noticia constante. El sábado se informaba que "la fiebre ha descendido a 39 grados" y que su estado general era "más satisfactorio que hoy de mañana". El lunes 10 de enero, en cambio, la crónica cambió de tono: "entre 10 y 11 de la mañana tuvo una alternativa de bastante gravedad. En el acto se vio rodeado por todos los médicos que le asisten desde el primer momento", informó El Noticiero, todavía con la esperanza de "alguna noticia satisfactoria sobre el estado del enfermo".

La mejoría fue engañosa. El final se dio a conocer el 12 de enero, aunque Méndez Casariego había fallecido la madrugada anterior. "La repentina fiebre... por la noche subió paulatinamente hasta pasar los 42 grados. La muerte lo sorprendió casi repentinamente. Durmió hasta las 12 y 30 de la noche y cuando se recordó había perdido el uso de la palabra. Inmediatamente el doctor Seguí hizo llamar al doctor Chaves, y media hora después espiraba Méndez Casariego, siendo su agonía momentánea", relató El Noticiero. El diario también lamentó que el Juez del Crimen nunca le hubiera tomado declaración a la víctima.

Una veintena de amigos condujo el cadáver a pulso hasta la casa de la calle Del Plata, y por la tarde "un selecto y numeroso acompañamiento" lo llevó al Cementerio del Norte, con la Banda Militar presente. "El fallecimiento en la plenitud de la vida de Méndez Casariego deja una esposa desolada y once huérfanos y por toda herencia su honradez intachable", cerró el diario.

La venganza del hermano

Dos horas después del disparo, el médico de cabecera le dijo a Honoré Méndez Casariego, hermano de la víctima y también comisario, que avisara a la esposa de Protasio porque el caso estaba perdido. Honoré fue hasta su oficina a escribir la esquela y, al llegar, se encontró —según declaró más tarde— "sentado y con el sombrero puesto al victimario de su hermano en su silla y escritorio".

Le ordenó al cabo que llevara a Neyra a la celda, algo que no era el lugar de un detenido; Neyra le retrucó que el criminal era su hermano, que lo había salido a matar a palos. Honoré lo sacó de un empujón y le asestó un garrotazo antes de que el cabo y dos soldados lo llevaran a la celda.

Neyra, hombre instruido, supo que ese procedimiento había sido irregular y no dudó en denunciar los malos tratos. Como el segundo al mando de la Policía era el propio hermano de la víctima, el gobernador Sabá Hernández dispuso el traslado interino del jefe de Policía de Concepción del Uruguay, coronel Carlos María Blanco, quien avanzó con la denuncia. Un centinela declaró que había visto al comisario darle a Neyra "un garrotazo que le volteó el sombrero y otro en la espalda", lo que bastó para que Blanco suspendiera a Honoré de su cargo. Un diario de Paraná llegó a publicar que Neyra "había sido torturado en el cepo colombiano", versión que la investigación de Blanco terminó descartando.

El mismo día de la muerte de Méndez Casariego, el gobernador dictó un decreto que le otorgó a la viuda un subsidio equivalente a tres meses de sueldo y puso los gastos del entierro a cargo del Gobierno: "Acuérdese a la viuda del extinto el equivalente a tres meses de sueldo que gozaba para gastos de luto", rezaba el artículo 3 de la disposición provincial.

Respecto a Sixto Neyra, poco se sabe: se desconoce cuál fue su condena y si pagó con cárcel por el crimen. El periodista murió cuatro años después del suceso, en 1897, a los 60 años. Los restos de Protasio descansan en el panteón de la familia Seguí, en el Cementerio Norte.

Milagros tiene una voz quebrada. No parece una joven que tiene 25 años. Pero cuando uno se adentra en su historia y en lo que vivió entiende el porqué. Hay una frase que ella repite cuando intenta explicar lo que fueron esos diez años en los que su madre permaneció prófuga: “Mi vida no tenía paz”.

No es una manera de decir. Durante una década, la posibilidad de encontrarse con Alejandra Rodríguez, de que se le apareciera en su casa, de saber que podía volver a encontrarla o de imaginar que continuaba con su vida mientras ella y su hermana menor intentaban reconstruir la propia, fue una presencia permanente.

Milagros hoy es madre de una niña de casi tres años, está en pareja desde hace nueve y construyó una vida lejos de aquella infancia atroz, de abusos y de lo peor que puede atravesar un niño o una niña. Pero hay heridas que no desaparecen simplemente porque pase el tiempo.

Esta semana, cuando la Policía logró encontrar y detener a “Amparito” Rodríguez después de diez años de estar prófuga, algo de aquella historia volvió a aparecer. Fue localizada durante la madrugada del miércoles en un camping de Villa Paranacito, sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 136. Tenía pedido de captura desde noviembre de 2016, cuando quedó firme la condena que le había impuesto la Justicia por su participación en los abusos sexuales sufridos por sus dos hijas.

Para Milagros, sin embargo, la noticia de la detención tiene un significado que va mucho más allá de un procedimiento policial. Es el final de una espera. Una infancia reducida a ir de la escuela a casa.

“Mi historia comenzó entre los 6 y los 8 años”, cuenta Milagros. Ella y su hermana, tres años menor, comenzaron a sufrir abusos sexuales por parte de un hombre conocido por su madre. Según relató, aquel vínculo se transformó en una pesadilla que se prolongó durante años y en la que su propia madre tuvo una participación activa que luego fue acreditada judicialmente.

“Lo conoció (a Flores) cuando nosotras teníamos entre 4 y 5 años. Flores y su pareja eran mucho mayores que mi mamá. Él era curandero, así que mi mamá nos daba, nos entregaba a nosotros a cambio, éramos como una ofrenda. Después ella empezó a tener relaciones con él también, y nosotros éramos como una ofrenda, o sea, ‘concédeme esto o hacé este tipo de magia y te doy a una de mis hijas’. Así era eso. Ese era el vínculo que yo tenía”, contó Milagros.

“Cuando mi mamá conoce a este hombre que nos abusaba, esperaba que no hubiera nadie cerca, y nos llevaba hasta la casa, nos abusaba y volvíamos a nuestra casa. Ya era algo normal, por lo menos para mí, porque mi hermana sufrió abuso casi cuando yo denuncié. Para mí era algo normal ya, un sufrimiento. Yo decía: ¿cuándo se va a terminar todo esto?”, agregó.

La sentencia estableció que Alejandra Rodríguez colaboró de manera directa con los abusos cometidos por Juan Carlos Flores contra las niñas. Según la acusación que fue considerada por el Tribunal de Gualeguaychú, las llevaba hasta el domicilio del hombre, las convencía de que debían someterse a determinados actos bajo el argumento de que serían “curadas”, permanecía presente durante los abusos y, en algunas ocasiones, utilizaba la fuerza o las amenazas para someterlas. Era ella misma quien las sujetaba para que el hombre las abusara.

Flores fue condenado a 19 años de prisión, en tanto Rodríguez recibió una pena de 20 años. Pero mucho antes de que existieran expedientes, declaraciones y una condena, había dos niñas intentando sobrevivir.

“Nuestra vida se basaba en ir a la escuela y volver a casa”, recuerda Milagros. No tenían una vida social normal. No había cumpleaños, Día del Niño, Navidad ni festejos de fin de año. “Así se basaba nuestra vida”, repasó.

Su madre estaba separada de su padre y el contacto con él era limitado. Milagros recordó que lo veían apenas dos veces por semana, durante una hora y siempre en presencia de “Amparito” Rodríguez. Por eso tampoco podían contarle lo que estaba sucediendo. El miedo era parte de la rutina.

“Ella nos amenazaba: ‘vos hablás y yo mato a tu hermana’, ‘te voy a cortar la lengua’”, indicó la joven. También habla de golpes, hambre y castigos. De una infancia atravesada por órdenes y amenazas en la que pedir ayuda parecía imposible. Pero hubo alguien que cambió el presente de esas niñas.

La maestra que preguntóMilagros había comenzado la escuela secundaria cuando una docente advirtió que algo no estaba bien. La vio distinta. Notó comportamientos que llamaban su atención y decidió preguntarle si necesitaba ayuda.

Milagros tenía miedo. Mucho miedo. Pero aceptó. Comenzó entonces a asistir a psicólogas dentro del ámbito escolar, a escondidas de su madre y durante los horarios de clase. Y un día habló: “Yo necesitaba que alguien me escuchara y que actuara ya”.

El momento decisivo llegó cuando supo que su hermana también estaba siendo víctima de los abusos. “Yo dije: no, tengo que hacer algo porque no puedo pasar toda la vida así”. Aquella decisión cambió para siempre la vida de las dos.

La denuncia permitió que comenzara una investigación que incluyó estudios médicos y declaraciones. Con el avance de la causa, los abusos fueron acreditados y la Justicia terminó condenando a Rodríguez y Flores. Pero la historia no terminó con la sentencia.

La condena y la fugaEn 2016, la condena quedó firme y Alejandra Rodríguez debía cumplir una pena de prisión. Pero antes de que la Justicia pudiera hacer efectiva esa condena, “Amparito” escapó. Durante los siguientes diez años permaneció prófuga y Milagros siguió adelante como pudo. Se fue lejos. Formó una pareja. Construyó una familia. A los 17 años se juntó y terminó sus estudios secundarios en Campana.

Pero la fuga de su madre era una sombra que continuaba acompañándola. “Fueron diez años donde mi vida no tenía paz”, resume. Durante mucho tiempo no quiso involucrarse en la búsqueda. Tenía miedo. Había formado su familia lejos de su padre y de su hermana y temía que cualquier intento de encontrar a su madre pudiera ponerlos nuevamente en peligro.

Pero un día de 2026, hace un par de meses, decidió hacer algo diferente. Comenzó a difundir fotografías de Rodríguez de manera anónima en redes sociales. Publicó información en Facebook y buscó que la imagen de la mujer circulara. Entonces apareció una pista.

Una entrevista televisiva para un canal de Buenos Aires terminó siendo determinante. Milagros contó públicamente su historia y, después de aquella aparición, recibió un mensaje anónimo con información sobre un posible lugar donde podía encontrarse su madre. Ese dato llegó a la Policía.

Diez años despuésEl 1 de mayo de este año, cuando estaba de turno, el jefe policial recibió una comunicación desde la Comisaría de Ceibas. Allí se habían presentado las hijas, ya mayores de edad, para informar que tenían datos que indicaban que su madre había regresado a Villa Paranacito después de años de permanecer fuera del país, incluso en Paraguay.

A partir de entonces tomó intervención la División Investigaciones de Gualeguaychú, a cargo del comisario Jorge Ruiz Moreno. Con el aval de la fiscal Natalia Bartolo, comenzaron las tareas investigativas y se solicitaron distintas medidas judiciales. La información aportada por Milagros fue fundamental para orientar la búsqueda.

“Él empezó la búsqueda siempre en contacto conmigo, siempre diciéndome que todo iba a salir bien”, relata. Finalmente, durante la madrugada del 26 de agosto, los investigadores llegaron hasta Villa Paranacito. Se realizaron dos allanamientos: uno en el camping perteneciente a la familia Rodríguez y otro en la vivienda de un hombre señalado como amigo de la prófuga y que, según la información reunida durante la investigación, la habría ayudado a mantenerse alejada de la Justicia.

“Amparito” había ideado un sistema de alarma en su regreso a la casa de Villa Paranacito, que la ponía en alerta ante la llegada de desconocidos o de algún allanamiento de la Policía. Un cómplice o encubridor hacía sonar una campana y la mujer inmediatamente tomaba una mochila que ya tenía preparada y se internaba en el monte.

Pero a las 4 de la madrugada del miércoles, la sorpresa de la Policía de Gualeguaychú no le dio tiempo a nada. Alejandra Rodríguez fue detenida y trasladada a la Jefatura. Un día después fue llevada a cumplir con los 20 años de condena a la Unidad Penal N.º 9.

La vida que vino despuésMilagros tenía 13 años cuando denunció los abusos. Hoy tiene 25. Entre una edad y la otra pasaron doce años. Pero las consecuencias de aquella infancia todavía forman parte de su vida cotidiana.

Cuenta que durante cinco años realizó tratamientos para poder ser madre. También habla de las dificultades que tuvo y todavía tiene para mantener intimidad con su pareja. “Me costó mucho”, dice. Está junto a su compañero desde hace nueve años y reconoce que él ha sido una persona fundamental para comprenderla y acompañarla.

Hay cosas que para otras personas pueden parecer simples. Para ella no lo son. El pasado aparece en situaciones cotidianas, en los vínculos, en la confianza y especialmente en la maternidad.

Milagros tiene una hija y hay algo que tiene absolutamente claro: quiere ser para ella todo lo contrario de lo que fue su propia madre. “Quiero proteger a mi hija de lo que más pueda”, dice.

También espera que algún día su hija pueda conocer su historia sin tener que cargar con ella. “Ojalá nunca se enterara del tipo de madre que yo tuve”, confiesa.

Su hermana tiene hoy 22 años. Terminó sus estudios y continúa viviendo junto a su padre. Milagros cuenta que nunca hablaron demasiado sobre lo ocurrido. Quizás porque hay dolores que, después de tantos años, todavía resultan demasiado difíciles de poner en palabras.

Hay casos policiales que quedan en la memoria por la gravedad de lo ocurrido. Otros, además, sobreviven durante años porque obligan a la sociedad a discutir dónde están los límites, quién tiene la potestad de ejercer la fuerza y qué ocurre cuando quienes deben hacer cumplir la ley terminan sentados en el banquillo de los acusados.

El homicidio de Iván Pérez pertenece a esa segunda categoría. Desde aquella mañana del 9 de octubre de 2019, cuando un disparo terminó con la vida de un joven de 24 años en un descampado del barrio Molinari, el caso generó posiciones enfrentadas. Para algunos sectores, la historia estaba atravesada por el prontuario de la víctima y por los delitos que había cometido o por los que debía responder ante la Justicia. Para otros, no había lugar para eufemismos: un policía había disparado por la espalda contra un hombre que escapaba desarmado y aquello era un claro ejemplo de gatillo fácil.

Entre esas dos miradas transcurrieron casi siete años de investigación, dos juicios por jurados, recursos judiciales y una condena que recién quedó firme en 2026.

No se trata de romantizar la delincuencia ni de desconocer el historial que tenía Pérez. La víctima tenía antecedentes y causas pendientes, y su accionar había afectado a otras personas. Pero esa circunstancia no podía modificar una cuestión central: en un Estado republicano, la potestad de administrar justicia no está en manos de particulares ni de funcionarios que puedan decidir discrecionalmente cuándo y cómo aplicar la fuerza. Esa tarea le corresponde al Poder Judicial.

Y justamente eso fue lo que se discutió durante años en los tribunales de Gualeguaychú: si Mauricio Gómez había actuado dentro de las facultades que le otorgaba su condición de policía o si había utilizado su arma reglamentaria de una manera que excedía cualquier procedimiento legal.

Una mañana que terminó en muerte

El 9 de octubre de 2019, el barrio Molinari era escenario de un nuevo procedimiento policial que tenía como protagonista a Iván Pérez, un joven de 24 años que atravesaba serios problemas de adicción y que era conocido por la Policía por distintas causas.

Un móvil de la Comisaría Octava lo perseguía luego de que fuera señalado como uno de los responsables del robo de una caja de herramientas y una amoladora de una casilla. Esa persecución terminó en un descampado ubicado en inmediaciones de Furques y Los Algarrobos, a pocos metros de una iglesia evangélica. Era alrededor de las 10.30 cuando un disparo de arma de fuego quebró la apacible y soleada mañana en la zona sudeste de la ciudad. Iván Pérez había caído muerto.

La reconstrucción del hecho estableció que estaba escapando y que se encontraba de espaldas al funcionario policial. Mauricio Gómez había descendido de la camioneta policial número 647, conducida por su compañero Juan Alberto Zapata. Desde allí avanzó algunos escasos metros, desenfundó su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros, apuntó a media altura y disparó. Nunca hubo una voz de alto previa al disparo.

La escena fue determinante para la investigación posterior. No se trataba solamente de establecer quién había efectuado el disparo, algo que rápidamente quedó fuera de discusión, sino determinar desde qué distancia se había producido, cómo había impactado el proyectil y, fundamentalmente, en qué posición se encontraba Pérez cuando recibió el balazo.

En las primeras horas circuló una versión que sostenía que el disparo había sido efectuado de frente. La confusión tuvo una explicación: al observar el cuerpo, quienes realizaron las primeras inspecciones encontraron un orificio de salida en el rostro y eso llevó a interpretar inicialmente que la bala podía haber ingresado por la parte frontal. La autopsia despejó rápidamente esa posibilidad.

Con el cuerpo ya limpio y en la mesa de examen de la Morgue Judicial, el médico forense determinó que el proyectil había ingresado por la nuca y había salido por la parte frontal de la cabeza, a la altura de uno de los ojos. La trayectoria era compatible con una persona que se encontraba de espaldas al momento de recibir el disparo.

También se estableció que la distancia entre el punto donde cayó Pérez y el lugar en el que fue encontrada la vaina servida de la pistola reglamentaria era de 95 metros.

La investigación quedó en manos de la Gendarmería Nacional, que se encargó de las planimetrías y de recolectar los elementos que luego se incorporarían a la causa.

Dos historias con antecedentes

Desde el comienzo del caso hubo un elemento que alimentó la discusión pública: tanto la víctima como el policía tenían antecedentes judiciales.

Iván Pérez no era una persona ajena al delito. Al momento de su muerte tenía tres causas en trámite de elevación a juicio, todas ellas con la Investigación Penal Preparatoria finalizada. Los expedientes estaban relacionados con robos y hurtos y debía enfrentar a la Justicia en los meses siguientes. El último hecho que se le atribuía había sido el robo de la batería de un camión, en junio de 2019, por el que fue detenido junto con otros dos hombres.

Pero esa no era su primera causa. El 25 de noviembre de 2014, cuando tenía 19 años, había recibido una condena por hurto simple, desobediencia judicial y daños. La pena había sido de un año de prisión en suspenso.

Con las nuevas causas en trámite, el panorama judicial para Pérez podía significar una eventual pena de cumplimiento efectivo si era condenado.

Sin embargo, su historial no podía convertirse en una sentencia anticipada sobre las circunstancias de su muerte. La discusión judicial debía concentrarse en el hecho ocurrido el 9 de octubre de 2019 y en la conducta de quien efectuó el disparo. Y es aquí donde aparece el otro protagonista de la historia, con un antecedente que tampoco puede ser pasado por alto.

“Vejaciones”

Antes de convertirse en acusado por el homicidio de Pérez, Gómez ya había sido condenado por la Justicia. El episodio había ocurrido durante el Carnaval del País, el 9 de febrero de 2016. Esa madrugada, mientras se desarrollaba una de las noches del espectáculo, se produjo un inconveniente entre integrantes del público que requirió la intervención policial.

Un joven bonaerense que había llegado a Gualeguaychú para presenciar el Carnaval comenzó a filmar con su teléfono celular el procedimiento que realizaban los uniformados ante una aprehensión.

Gómez reaccionó ante esa situación. Se acercó por un costado al joven mientras lo filmaba, lo tomó del cuello y le aplicó golpes de puño en el rostro y patadas en el cuerpo. El joven fue detenido y trasladado a la Jefatura Departamental. Sin embargo, conocía sus derechos y decidió denunciar al funcionario policial.

La investigación quedó a cargo del entonces fiscal Sergio Rondoni Caffa, el mismo que tiempo después se haría cargo del crimen de Fernando Pastorizzo, quien imputó a Gómez por el delito de vejaciones ilegales.

En octubre de 2016 se realizó un juicio abreviado. El juez Mauricio Derudi consideró que la conducta atribuida al funcionario se encuadraba en tratamientos humillantes para la dignidad del ser humano y que afectaban el decoro de la persona.

Gómez fue condenado por vejaciones ilegales en acto de servicio, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por haber sido cometidas por un integrante de la fuerza policial mediante abuso de su función o cargo. La pena fue de un año de prisión de cumplimiento condicional y dos años de inhabilitación especial para ejercer la función policial.

A partir de esa condena, Gómez dejó el área de Operaciones y fue destinado al cuidado y entrenamiento de los perros de la Policía. Quedó en una situación denominada activo-pasivo. No llevaba uniforme ni arma, y durante dos años tampoco percibió su sueldo. Su actividad se limitaba a los momentos en los que era requerido el perro rastreador que tenía bajo su responsabilidad.

El período de dos años finalizó hacia fines de 2018. A partir de allí, según lo que correspondía, debía realizarse una pericia psiquiátrica que determinara si estaba en condiciones de regresar a la función como servidor público.

Cuando ocurrió el homicidio de Pérez, el entonces jefe de Policía, Cristian Hormachea, fue consultado sobre la situación de Gómez. Explicó que, cuando había llegado a la ciudad, el policía ya prestaba funciones en la dependencia de Rincón del Gato y en el container ubicado en el Acceso Sur. Hormachea manifestó desconocer si aquella pericia psiquiátrica se había realizado efectivamente.

Menos de un año después de haber cumplido el período de dos años desde su condena anterior, Gómez volvía a quedar involucrado en un hecho en el que utilizó un arma policial. Esta vez, el resultado había sido irreversible.

Un hecho histórico

La causa avanzó durante los meses posteriores al crimen hasta llegar a una instancia inédita para la ciudad. El 25 de marzo de 2021, al día siguiente del feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se realizó en el Centro de Convenciones la audiencia de selección de jurados, conocida como “Voir dire”.

No era una audiencia más. Gualeguaychú se preparaba para realizar su primer juicio por jurados.

En aquella instancia, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Lisandro Beherán y Martina Cedrés; la querella estuvo a cargo del abogado Pablo Di Lollo y la defensa del acusado fue ejercida por Alfredo Vitale. Entre todos debieron seleccionar a los ciudadanos que integrarían el jurado: seis hombres y seis mujeres, además de sus respectivos suplentes.

Ellos serían los encargados de determinar si el accionar de Gómez debía considerarse dentro de un procedimiento legal o si, por el contrario, existía responsabilidad penal por la muerte de Pérez.

La modalidad del juicio por jurados introducía una particularidad decisiva: para alcanzar un veredicto de culpabilidad se necesitaba unanimidad. Los 12 integrantes debían coincidir. Si uno de ellos no estaba de acuerdo con la culpabilidad del acusado, el jurado quedaba estancado. En ese escenario, el acusado debía afrontar un nuevo juicio con un jurado diferente.

Eso fue precisamente lo que ocurrió.

El primer jurado no consiguió alcanzar la unanimidad necesaria para declarar culpable a Mauricio Gómez. La consecuencia fue que no hubo condena y el acusado permaneció en libertad mientras se aguardaba la realización de un segundo juicio.

La resolución abrió un nuevo capítulo en una causa que ya había generado una fuerte discusión pública.

Para una parte de la sociedad, el resultado del primer juicio era la demostración de que existían dudas sobre la conducta del policía. Para otra, el hecho de que no se hubiera alcanzado unanimidad no modificaba las características materiales del disparo ni la reconstrucción que se había hecho del homicidio.

La espera por el segundo juicio se extendió durante varios meses. Finalmente, a fines de noviembre de 2023 comenzó el segundo juicio por jurados. Esta vez, el debate se desarrolló en los Tribunales de Gualeguaychú y se extendió durante los primeros días de diciembre. El resultado fue diferente.

El nuevo jurado alcanzó la unanimidad y declaró culpable a Mauricio Gómez. La discusión que había quedado abierta en el primer juicio encontró una respuesta en el segundo: el accionar del policía fue considerado penalmente responsable de la muerte de Iván Pérez. Luego, el juez Arturo Dumón dictó una condena de 17 años de prisión por homicidio agravado.

La sentencia estuvo sostenida, entre otros elementos, por las pericias realizadas durante la investigación. Una de las cuestiones centrales fue la mecánica del disparo. La pericia de Gendarmería estableció que Gómez había tenido que quitar tres seguros antes de efectuar el disparo con su pistola reglamentaria. El dato resultaba relevante para determinar que no se había tratado de un movimiento involuntario o accidental.

También fue descartada la hipótesis de un rebote de la bala. El lugar donde ocurrió el hecho era un campo abierto y las características del proyectil, sumadas a su trayectoria y al modo en que ingresó en la cabeza de Pérez, contribuyeron a establecer que se trató de un disparo directo.

La autopsia fue otro de los elementos determinantes. El proyectil había ingresado por la nuca y salido por el rostro. La víctima estaba de espaldas cuando recibió el impacto.

A eso se sumaron los testimonios de cuatro personas que observaron la secuencia previa al disparo. Los testigos señalaron que vieron a Gómez descender de la camioneta, caminar unos pasos, apuntar y disparar mientras Pérez escapaba.

No se trataba solamente de una reconstrucción basada en indicios. La causa reunió testimonios, pericias, planimetrías y elementos balísticos que permitieron reconstruir la escena. La distancia de 95 metros entre el lugar donde cayó Pérez y el sitio donde fue encontrada la vaina también formó parte de esa reconstrucción.

Uno de los aspectos discutidos durante el debate fue la actuación del policía en relación con las propias normas que regulan el uso de la fuerza. Según quedó expuesto durante el juicio, el reglamento policial establece pautas respecto de las situaciones en las que corresponde utilizar un arma de fuego y en este caso había una circunstancia que resultaba especialmente significativa: Pérez no estaba armado y tampoco había agredido al funcionario.

La conducta atribuida a Gómez fue considerada incompatible con ese marco. Si la agresión no es armada y no existe una situación que justifique el uso del arma, el funcionario debe resolver el procedimiento sin recurrir a ella. El disparo que terminó con la vida de Pérez no ocurrió en medio de un enfrentamiento armado. Fue efectuado mientras el joven huía y de espaldas.

Ese elemento atravesó todo el proceso judicial y fue uno de los fundamentos centrales de la condena.

Casi siete años después

Aunque la condena de 17 años fue dictada en diciembre de 2023, el caso todavía no había terminado. La defensa recurrió la sentencia. El expediente llegó a la Cámara de Casación de Concordia, que en febrero de 2025 ratificó el fallo dictado en Gualeguaychú. Pero todavía quedaba una instancia extraordinaria.

En marzo de 2026, el Superior Tribunal de Justicia rechazó la impugnación extraordinaria y confirmó la sentencia. A partir de ese momento, la condena quedó firme.

Recién en julio de 2026 Mauricio Gómez fue trasladado a la Unidad Penal N° 9 para comenzar a cumplir efectivamente la pena de 17 años que había recibido. El exsargento permanecerá allí hasta 2043.

El caso, además, quedó marcado por otro motivo: fue el proceso que inauguró los juicios por jurados en Gualeguaychú, con un primer intento sin unanimidad y un segundo que sí llegó a condena firme. Así terminó una historia que, durante casi siete años, obligó a discutir algo tan básico como trascendente: que incluso quienes tienen el monopolio legítimo de la fuerza deben actuar dentro de los límites que establece la ley.

Hay muertes que quedan asociadas para siempre a un lugar, a una noche y a una familia. La de Lucas Bentancourt es una de ellas.

En la madrugada del 8 de junio de 2019, el barrio Francisco Ramírez —conocido popularmente como el barrio 338, por su cantidad de viviendas— se convirtió en el escenario de un homicidio que conmocionó a Gualeguaychú. Lucas, de 33 años, volvía a su casa después de trabajar cuando mantuvo un cruce con un joven al que, según la investigación, había encontrado en una situación sospechosa y al que le pidió que se retirara del barrio.

Lo que vino después, ocurrió en pocos segundos. Una discusión, un enfrentamiento y un ataque con un arma blanca. Lucas recibió una profunda herida en el tórax que le perforó un pulmón. Caminó unos metros intentando llegar hasta su casa, pero murió en el descanso de la escalera de acceso a la vivienda en la planta alta. Fueron sus padres quienes lo encontraron sin vida.

Desde ese momento comenzó una historia que durante meses ocupó a los Tribunales, a la Policía, a los medios de comunicación y, fundamentalmente, a una familia que nunca volvió a ser la misma.

Una investigación que avanzó rápidamente

Las primeras horas fueron determinantes. Los investigadores entrevistaron a vecinos, amigos de Lucas y jóvenes que habían presenciado parte de lo sucedido. Dos grupos de testigos aportaron información coincidente sobre la identidad del posible agresor. El nombre de Genaro Gutiérrez apareció rápidamente en el caso.

Tenía 19 años, vivía en el barrio Eva Perón, conocido como 348, y contaba con antecedentes penales. Cerca del mediodía, unas diez horas después del homicidio, la Justicia ordenó allanar su vivienda. Allí fue detenido.

También fueron secuestrados varios cuchillos y prendas de vestir que serían sometidos a distintas pericias. El arma homicida nunca pudo ser encontrada, un elemento que posteriormente sería utilizado por la defensa para intentar poner en duda la autoría material del crimen.

La Fiscalía sostuvo desde el comienzo una hipótesis concreta: Lucas había enfrentado a Gutiérrez después de verlo en las inmediaciones del barrio y, luego de una primera discusión, el joven habría permanecido oculto en uno de los pasillos hasta sorprenderlo cuando regresaba a su casa.

La acusación entendió que no se había tratado simplemente de una pelea callejera. Para la querella, había un contexto previo: Lucas era conocido en el barrio y había tenido otros cruces con Gutiérrez porque lo había visto involucrado en situaciones delictivas.

Gutiérrez fue indagado en la audiencia de imputación y declaró que no recordaba lo ocurrido porque aquella noche había consumido drogas. Dijo que tenía problemas de adicción y que había atravesado internaciones. Claramente una estrategia que podría suavizar cualquier futura condena. Fue lo único que declaró, como si el haber consumido drogas lo eximía de lo que había hecho.

El juez de Garantías, Tobías Podestá, le dictó una prisión preventiva por 60 días y esa medida se fue prorrogando hasta la realización del juicio.

“Tiene que haber responsables”

Desde los primeros días, los Bentancourt reclamaron justicia. Hubo marchas hacia los Tribunales y una fuerte presencia de familiares, amigos y vecinos. La primera de esas movilizaciones fue una de las más numerosas que se recuerden en la ciudad.

Pero detrás de cada cartel, cada marcha y cada pedido había una pregunta mucho más profunda: ¿podría haberse evitado la muerte de Lucas? Gutiérrez tenía antecedentes y cumplía una condena condicional cuando apuñaló a Lucas. Esa situación se convirtió en uno de los ejes centrales del reclamo.

Cecilia Bentancourt, una de las hermanas de Lucas, sostuvo entonces que la responsabilidad no debía limitarse al autor material. Cuestionó que no existieran mecanismos suficientes para controlar el cumplimiento de las condenas condicionales y reclamó que se revisaran las decisiones que habían permitido que Gutiérrez permaneciera en libertad. La familia entendía que había señales previas que no habían sido atendidas.

El reclamo no implicaba desconocer la responsabilidad de quien había atacado a Lucas. Al contrario: buscaba ampliar la discusión hacia el funcionamiento de los distintos organismos que habían intervenido anteriormente con el joven. Esa mirada se profundizó después del juicio y quedó instalada como una de las grandes heridas que dejó el caso.

Un padre que pidió justicia y no venganza

En medio de ese dolor apareció una figura que terminó convirtiéndose en inseparable de la historia de Lucas: su padre, Luis Bentancourt.

Luis tenía una vida vinculada profundamente al trabajo con chicos. Desde los 16 años había dedicado buena parte de su vida a formar jóvenes a través del fútbol. Para él, enseñar no significaba solamente entrenar jugadores: primero había que formar personas.

Trabajaba en el barrio Toto Irigoyen, un lugar al que muchos consideraban difícil, pero que Luis miraba desde otro lugar. Escuchaba a los chicos, los respetaba, los abrazaba y buscaba acompañarlos.

Después del asesinato de su hijo, lejos de abandonar esa tarea, decidió continuar. “No voy a dejar en banda a los chicos del barrio”, dijo por aquel entonces. La frase terminó siendo mucho más que una declaración. Fue una manera de enfrentar el dolor.

Lucas también había compartido esa tarea con su padre. Entre 2015 y el año anterior al crimen habían trabajado juntos en las categorías menores de Defensores del Oeste. Lucas, apasionado por River Plate, había comenzado a comprender de adulto el verdadero valor de aquello que su padre había construido durante décadas.

Luis recordaba especialmente una frase que su hijo le había dicho durante uno de esos entrenamientos: que lamentaba todos los años que se había perdido de acompañarlo en ese trabajo con los chicos. Ese recuerdo adquirió otra dimensión después del crimen.

Luis hablaba de bronca, dolor y rabia. Pero también repetía una idea: no quería venganza. Quería justicia.

Una fuga que volvió a abrir la herida

Con la Investigación Penal Preparatoria concluida, el juez Tobías Podestá elevó la causa a juicio. La acusación ofreció una importante cantidad de pruebas documentales, testimoniales y materiales. Más de 40 testigos fueron propuestos para el debate, además de pericias médicas y psiquiátricas.

La Fiscalía y la querella sostuvieron que las pruebas permitían demostrar que Gutiérrez había sido quien atacó a Lucas. La defensa planteó otra hipótesis. Intentó poner en duda la presencia de Gutiérrez en el momento exacto del ataque mortal y sostuvo que el joven no recordaba lo ocurrido debido a su consumo de drogas. También cuestionó la inexistencia del arma homicida.

Pero antes que comenzara el juicio ocurrió un episodio que volvió a sacudir a los Bentancourt.

El 30 de noviembre de 2019, a pocos días del inicio del debate, Gutiérrez se fugó de la Jefatura Departamental, donde permanecía detenido. La noticia generó indignación. Según la versión brindada por su defensor, el joven atravesaba una crisis de abstinencia y había pedido atención médica. En determinado momento advirtió que la puerta de su celda estaba abierta y escapó. Posteriormente se dirigió a la casa de su madre y fue interceptado cuando regresaba junto a ella.

La Policía inició una investigación interna para determinar cómo había logrado salir de la dependencia y si existieron acciones u omisiones por parte del personal encargado de custodiarlo. Todo eso quedó en la nada, o por lo menos en un sumario interno que no trascendió públicamente, ni mucho menos la sanción que recibió el responsable. Para la familia, fue un nuevo golpe.

Luis escribió entonces: “volvieron a matar a Lucas”. Los amigos y hermanos del joven realizaron una intervención frente a la Jefatura Departamental con carteles en los que reclamaban que quienes custodiaban a los detenidos no volvieran a cometer una negligencia semejante. El juicio comenzaría pocos días después.

Reconstruir esa madrugada

El debate oral comenzó el 11 de diciembre de 2019, ante el Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, integrado por Alicia Vivian, Mauricio Derudi y Arturo Dumón. Declararon testigos civiles, policías y profesionales. Algunos habían presenciado parte del enfrentamiento; otros conocían la relación entre Lucas y Gutiérrez y el contexto del barrio.

Un médico policial aportó elementos vinculados con las lesiones que presentaba el imputado y su posible relación con el ataque. También se analizaron fotografías del lugar del hecho y de los elementos secuestrados. La discusión sobre el consumo de drogas de Gutiérrez ocupó buena parte del debate.

La defensa intentó demostrar que su adicción había afectado sus capacidades y que, por esa razón, no podía comprender plenamente la criminalidad de sus actos. Gutiérrez había dicho al inicio del juicio que no recordaba nada de lo sucedido y que aquella noche había consumido marihuana y crack.

La acusación sostuvo lo contrario. Las pericias toxicológicas detectaron un metabolito de cocaína en la orina, aunque no se encontraron rastros de cocaína ni marihuana en sangre. El psiquiatra que intervino en la causa sostuvo que Gutiérrez se encontraba dentro de los parámetros de normalidad y que no presentaba condiciones de inimputabilidad.

La defensa también llevó al juicio a la madre del acusado y a una funcionaria que había intervenido en expedientes vinculados con Gutiérrez cuando era menor de edad. Allí se expuso la historia de consumo problemático y las internaciones que había atravesado.

Pero el Tribunal debía determinar algo central: si esa situación había impedido al acusado comprender lo que hacía. La respuesta fue negativa.

El pedido de las partes

Al momento de los alegatos, el fiscal Lisandro Beherán pidió una pena unificada de 24 años de prisión. Solicitó 20 años por el homicidio, 1 año y 2 meses por una tentativa de robo y la revocación de la condena condicional que Gutiérrez tenía desde 2018. La querella pidió la pena máxima de 25 años exclusivamente por el homicidio.

Los abogados de la familia sostuvieron que había varios elementos que agravaban la conducta: la nocturnidad, la indefensión de Lucas, el factor sorpresa, la utilización de un cuchillo y la conducta posterior al ataque. También remarcaron que Lucas no estaba armado y que Gutiérrez había abandonado el lugar después de la agresión.

La defensa, en cambio, pidió la absolución. Cuestionó la autoría material y sostuvo que no había pruebas suficientes para afirmar que Gutiérrez había sido quien produjo la herida mortal. También insistió en las alteraciones que, según su planteo, le habría provocado el consumo crónico de drogas.

En tanto, la familia de la víctima llegó a la última jornada con una esperanza concreta. Luis lo resumió de una manera que todavía permite comprender el fondo de aquella espera: ninguna condena le devolvería a Lucas, pero esperaba que la Justicia aplicara la pena que correspondía.

El veredicto

El Tribunal encontró a Genaro Gutiérrez responsable del homicidio de Lucas Bentancourt y le impuso 14 años de prisión por ese hecho. A esa pena se sumaron las consecuencias de la tentativa de robo y la revocación de la condena condicional que tenía vigente. El resultado fue una pena unificada de 18 años de prisión efectiva.

La sentencia estableció que Gutiérrez había actuado con conciencia y voluntad. Para los jueces, el consumo de sustancias no había demostrado una alteración permanente de sus facultades que le impidiera comprender la criminalidad de sus actos.

El Tribunal consideró que hubo una conducta organizada: la utilización de un arma blanca, la elección de una zona letal del cuerpo, la huida posterior y el comportamiento registrado después del ataque fueron elementos valorados al momento de analizar la responsabilidad.

Pero los 14 años por el homicidio fueron recibidos con enorme decepción por la familia. A la salida de Tribunales hubo tensión y familiares y allegados increparon a la jueza Alicia Vivian. La sensación que quedó en los Bentancourt fue que esa condena no había alcanzado a reparar el daño. Para ellos, esa sentencia podía cerrar un expediente, pero no cerraba la historia.

El dolor de Luis

Después del fallo, Luis habló desde un lugar diferente. Ya no se trataba únicamente de la espera de un juicio. Había atravesado el crimen, las marchas, las audiencias, las pruebas, la fuga y finalmente una condena que consideraba insuficiente.

La familia había pedido 25 años. La Fiscalía había solicitado 20 por el homicidio. El Tribunal había fijado 14. Luis sintió que la Justicia le había dado otro golpe. “Nosotros creíamos que la Justicia, por primera vez, tenía la posibilidad de dar una condena ejemplar”, expresó en aquel entonces.

Pero hubo algo que Luis nunca abandonó: su vínculo con los chicos. Mientras reclamaba justicia por Lucas, continuó trabajando en el barrio Toto Yrigoyen. El potrero donde tantas veces enseñó fútbol terminó transformándose en un playón deportivo que lleva el nombre de su hijo.

Luis no pudo recuperar a Lucas. Tampoco consiguió la respuesta judicial que esperaba. Pero convirtió una parte de ese dolor en un espacio para que otros chicos tuvieran una oportunidad.

Luis Bentancourt murió a principios de abril de 2026 a los 69 años. Su muerte no pasó inadvertida para nadie, y mucho menos para el entorno del deporte de Gualeguaychú. Había sido entrenador, director técnico, formador y delegado de la Liga Departamental de Fútbol. Había pasado por clubes como Pueblo Nuevo y Defensores del Oeste. Y quienes lo conocieron lo recuerdan, sobre todo, por estar atento a los pequeños detalles, por contener, acompañar e inculcar valores. Para él, el fútbol era una herramienta para formar personas. Esa tarea no se interrumpió con el asesinato de su hijo.

Una historia que no terminó con la sentencia

El caso Lucas Bentancourt dejó también otras discusiones. Puso bajo la lupa el funcionamiento de las condenas condicionales, los controles sobre personas con antecedentes, las respuestas frente a las adicciones y la capacidad de los organismos estatales para intervenir antes de que un conflicto termine de la peor manera.

La propia sentencia analizó el historial de Gutiérrez y su situación de consumo. La familia, en cambio, insistió durante años en que las señales previas habían sido suficientes para advertir que existía un riesgo. Nunca dejaron de preguntarse si Lucas podría estar vivo si algunas decisiones hubieran sido diferentes. Pero es una pregunta que nunca tendrá respuesta.

Tampoco la tuvo otra cuestión que atravesó todo el proceso: cuánto puede hacer una condena frente a la muerte de un hijo. Para la Justicia, el caso terminó con una sentencia. Para los Bentancourt, no.

Genaro Gutiérrez permaneció un corto tiempo en la Unidad Penal 2 pero mantuvo un conflicto en el pabellón donde había sido alojado y ya para enero del 2020 fue trasladado a la Unidad Penal 4 de Concepción del Uruguay. Desde entonces se encuentra alojado en esa cárcel, aunque hay momentos donde es traído a la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú para acercamiento familiar, como ocurrió esta semana, pero tras ello fue llevado de regreso a su celda en la UP4.

La historia judicial por la muerte de Gonzalo Acevedo tuvo un extenso recorrido que atravesó dos juicios, recursos de apelación y una revisión hasta llegar a una sentencia definitiva. El caso, ocurrido en octubre de 2014 en el corazón del barrio Munilla en Gualeguaychú, tuvo como protagonistas a integrantes de una familia acusada de participar en una violenta pelea que terminó con una víctima fatal y otra persona gravemente herida.

En los primeros minutos de esa madrugada del 26 de octubre de 2014, la Policía acudió a la esquina de Tala y Chalup por un llamado donde denunciaban sobre una pelea que se había originado en la zona. Al llegar, encontraron tendidas en la calle a dos personas: Gonzalo Acevedo estaba muerto, mientras que su amigo Walter Quiroga estaba vivo, pero muy mal herido.

Según constó en la causa, la víctima de 27 años recibió “múltiples lesiones contuso cortantes, punzo cortantes y contusas en diferentes áreas corporales que involucraron órganos vitales, tales como el pulmón, el pericardio, el diafragma y el corazón”. En tanto, Quiroga, de 28 años, recibió una puñalada de tres centímetros en la región inguinal derecha que puso en riesgo su vida, por la cual debió ser intervenido de urgencia para estabilizarlo y evitar su muerte.

Desde el comienzo, la investigación judicial tuvo como principal desafío reconstruir la secuencia exacta de lo sucedido, debido a las características propias de una pelea colectiva. La figura penal analizada fue la de homicidio en riña, una modalidad contemplada por el Código Penal con penas de entre 2 y 6 años, para aquellos casos donde una persona muere durante un enfrentamiento en el que aparecen varias personas en escena, pero por sobre todo no se puede determinar con certeza quién es el responsable directo de la acción mortal.

La causa avanzó con varios imputados y llegó a juicio oral en una primera instancia. En ese debate se analizaron testimonios, pericias y distintos elementos incorporados al expediente, aunque la resolución adoptada por el Tribunal en ese momento no dejó conforme a la acusación.

Alicia Vivian, la por entonces jueza que llevó delante de forma unipersonal ese juicio en 2015, había absuelto por el beneficio de la duda a la gran mayoría de los imputados por el delito de homicidio en riña, pero condenó a tres de ellos, Floreana Núñez, Jonathan Petizco y a Héctor Petizco, a un año de prisión efectiva por considerarlos penalmente responsables de lesiones graves en riña en perjuicio de Gonzalo Acevedo. Otra de las acusadas, Daiana Petizco, recibió un año de prisión condicional por el mismo delito. Es decir, todos fueron absueltos por el delito de homicidio en riña, pero los seis imputados fueron condenados de ocasionarles lesiones graves a una persona que murió asesinada por heridas de arma blanca, dictándoles penas que no superaron el año de prisión.

La acusación no quedó conforme y el proceso tomó entonces un nuevo rumbo. La Cámara de Casación Penal intervino sobre la sentencia inicial y resolvió revisar lo actuado, disponiendo que se realizara un nuevo debate oral para analizar nuevamente los hechos y las responsabilidades de los acusados.

Esa decisión abrió una nueva etapa en una causa que ya llevaba varios años de trámite judicial y que continuaba generando expectativa tanto entre los familiares de la víctima como entre los imputados.

Un nuevo juicio

El segundo debate oral representó una instancia clave para el expediente. En esa oportunidad se volvieron a escuchar testimonios y se analizaron las pruebas reunidas durante la investigación, con el objetivo de establecer qué participación tuvo cada uno de los acusados en aquella pelea que terminó con consecuencias fatales.

El Tribunal debió evaluar un escenario complejo: una confrontación en la que participaron varias personas, con versiones contrapuestas sobre cómo comenzó el enfrentamiento, quiénes intervinieron y qué acciones derivaron en la muerte de Acevedo.

Finalmente, el juez Arturo Dumón dictó una nueva resolución y encontró responsables a tres integrantes de esa familia: Héctor Oscar Petizco, Jonathan Ismael Petizco y Floreana Leticia Núñez. Los tres fueron condenados a la pena de tres años y ocho meses de prisión efectiva por los delitos de homicidio en riña y lesiones graves, en relación con la muerte de Acevedo y las heridas sufridas por Quiroga.

La sentencia marcó un cambio respecto del primer proceso y estableció una responsabilidad penal para los acusados, luego de un extenso recorrido que incluyó la intervención de distintos organismos judiciales.

El fallo también reflejó la complejidad que presentan los casos de violencia grupal, donde la Justicia debe determinar responsabilidades dentro de un contexto en el que intervienen múltiples personas y donde la reconstrucción de los hechos depende del análisis conjunto de numerosos elementos probatorios.

Años de incertidumbre

Desde el momento del hecho hasta la sentencia condenatoria transcurrieron varios años en los que familiares, allegados y la comunidad de Gualeguaychú siguieron de cerca la evolución del expediente.

Para la familia de Gonzalo Acevedo, el proceso judicial representó la búsqueda de una respuesta frente a una muerte ocurrida en circunstancias violentas. Para los acusados, en tanto, significó atravesar distintas instancias en las que plantearon sus argumentos y ejercieron su derecho de defensa.

La causa tuvo como eje central determinar qué ocurrió durante aquella pelea y cuál fue el grado de participación de cada persona involucrada. La discusión judicial no estuvo centrada únicamente en la existencia del enfrentamiento, sino en la posibilidad de establecer responsabilidades penales dentro de un episodio donde participaron varias personas.

La confirmación posterior de la sentencia por parte de la Cámara de Casación Penal de Concordia permitió cerrar una etapa del expediente y dejó firme la condena contra los tres acusados.

De esta manera, una causa que comenzó con una riña callejera y una muerte, terminó convirtiéndose en un proceso judicial de varios años, atravesado por revisiones, nuevos debates y decisiones de distintos tribunales.

Una noche trágica

El expediente judicial tuvo como punto central la reconstrucción de lo ocurrido durante esa madrugada del 26 de octubre de 2014. Según se estableció durante la investigación, una discusión derivó en la agresión física entre los dos grupos, donde la violencia fue incrementándose hasta producir consecuencias irreversibles.

Uno de los principales obstáculos para la investigación fue determinar con precisión la secuencia de las agresiones y el rol que tuvo cada participante. En este tipo de episodios, donde intervienen varias personas en una pelea simultánea, la Justicia debe analizar no solamente quiénes estuvieron presentes, sino también cuál fue la conducta desplegada por cada uno y si esa intervención tuvo relación directa con el resultado final.

Durante los debates orales se analizaron las declaraciones de testigos, los informes médicos, las pericias y demás elementos incorporados al expediente. Cada una de esas pruebas fue evaluada para intentar reconstruir los momentos previos al desenlace y establecer las responsabilidades penales.

Además del fallecimiento de Acevedo, la causa también contempló las lesiones sufridas por Walter Quiroga, quien resultó gravemente herido durante el mismo episodio. Ese aspecto fue incorporado al análisis judicial y formó parte de la condena dictada posteriormente.

El cierre de una etapa

Luego del segundo juicio oral y de la condena impuesta a Héctor Oscar Petizco, Jonathan Ismael Petizco y Floreana Leticia Núñez, la resolución volvió a ser revisada por la Justicia.

La defensa de los condenados planteó distintos cuestionamientos sobre la sentencia, por lo que el expediente continuó su recorrido mediante los mecanismos de revisión previstos dentro del sistema judicial entrerriano.

Finalmente, la Cámara de Casación Penal de Concordia confirmó la condena, ratificando la responsabilidad atribuida a los tres integrantes de la familia por los delitos de homicidio en riña y lesiones graves.

La decisión significó el cierre de una etapa procesal que había comenzado con el hecho ocurrido en 2014 y que atravesó diferentes instancias hasta alcanzar una resolución definitiva.

El fallo confirmó una pena de tres años y ocho meses de prisión efectiva para los tres condenados, dejando firme la conclusión judicial alcanzada luego del segundo debate oral.

Los primeros días del año encontraban a la ciudad inmersa en el ritmo habitual de la temporada: las noches del Carnaval del País, el movimiento constante de turistas y las altas temperaturas que parecían no dar tregua. Mientras el centro conservaba el bullicio propio de esa época del año, en una esquina de Bolívar y 3 de Febrero comenzaba a gestarse una escena que, con el correr de las horas, quedaría grabada para siempre en la memoria policial de la ciudad.

Era la mañana del lunes 1° de febrero cuando un olor penetrante empezó a llamar la atención en el Hospedaje Mayo, una pensión de paso ubicada en Bolívar 536. Al principio nadie imaginó que detrás de la puerta de una de las habitaciones se escondía un crimen. Los responsables del lugar pensaron que podía tratarse de algún desperfecto, de comida en mal estado o incluso de un animal muerto. Sin embargo, con el correr de las horas el hedor se volvió insoportable.

La puerta permanecía cerrada y del otro lado nadie respondía. Fue entonces cuando decidieron dar aviso a la Policía. Minutos después llegaron los primeros efectivos. El procedimiento, que en un principio parecía rutinario, cambió por completo cuando lograron acceder a la habitación. Sobre una cama apareció el cuerpo sin vida de una mujer. El avanzado estado de descomposición hacía evidente que llevaba varios días muerta.

El calor agobiante de aquellos últimos días de enero había acelerado el proceso de descomposición hasta volver prácticamente irreconocible el cadáver.

La noticia comenzó a recorrer la ciudad con una velocidad inusitada. En una época en la que las redes sociales todavía no tenían protagonismo, pero la novedad corrió como reguero de pólvora por cada comercio, por cada esquina, por cada conversación de aquel mediodía.

¿Quién era la víctima? Esa respuesta demoró algunas horas porque hasta ese momento no existía ningún pedido de localización. Sin embargo, y mientras la Policía trabajaba en el hospedaje, a unas pocas cuadras de ese lugar, una familia comenzaba a comprender que la ausencia de una de sus integrantes en los últimos días escondía algo mucho más grave.

Desaparecida

Raquel Esther Terra tenía 38 años, aunque casi todos la conocían por otro nombre: Karina. Había nacido y crecido en el barrio Munilla. Quienes la conocían la describían como una mujer de carácter fuerte, acostumbrada a enfrentar las dificultades cotidianas que imponía una vida atravesada por la precariedad económica.

Era madre de dos hijos. Sin empleo formal y con escasas oportunidades laborales, había encontrado en el trabajo sexual una forma de sostener económicamente a su familia. Desde hacía años frecuentaba la zona céntrica, especialmente las inmediaciones de San Martín y Pellegrini, donde era conocida tanto por otros trabajadores de la noche, como por comerciantes, cuidacoches y policías que patrullaban habitualmente el sector.

Su rutina era casi siempre la misma. Por eso comenzó a llamar la atención cuando dejó de aparecer. El jueves 28 de enero había sido la última vez que alguien la había visto con vida. Sin embargo, nadie imaginó que estaba desaparecida.

Karina alternaba su estadía entre la casa de su madre, Juana Morales, y el domicilio de su pareja. Durante varios días cada uno creyó que ella estaba en la vivienda del otro. Esa circunstancia retrasó la búsqueda y permitió que el crimen permaneciera oculto durante casi cuatro días.

Recién cuando un sobrino de su pareja llegó hasta la casa de Juana Morales a preguntar si Karina estaba allí comenzaron las dudas.

La respuesta fue negativa y a partir de ese momento empezaron a buscarla. Su pareja recorrió los lugares donde acostumbraba trabajar. Algunos conocidos preguntaron por ella en el centro. Pero nadie sabía nada. Horas después llegó la peor noticia.

Una identificación dolorosa

El cuerpo hallado en el Hospedaje Mayo era prácticamente irreconocible. El avanzado estado de descomposición impedía identificarla a simple vista. Fue necesaria la presencia de familiares. Juana Morales ingresó a la morgue con la incertidumbre de una madre que todavía conservaba una mínima esperanza.

Los médicos ya le habían advertido cuál era el estado del cuerpo. No fue el rostro lo que permitió reconocerla. Una pulsera de Boca Juniors que Karina llevaba siempre en una de sus muñecas terminó despejando cualquier duda.

La mujer encontrada en la habitación del hospedaje era su hija. Para la familia comenzaba un duelo inesperado. Pero para la Justicia recién empezaba una investigación que en pocos días cambiaría por completo el rumbo del caso.

En un primer momento todas las posibilidades permanecían abiertas. Los investigadores no descartaban ninguna hipótesis, pero la autopsia derribó cualquier duda, a pesar que el estado que presentaba el cuerpo hacía difícil establecer qué había ocurrido dentro de aquella habitación cerrada.

La necropsia, realizada por el médico forense Oscar Chiapetti, fue determinante. Karina no había muerto por una causa natural. Había sido asesinada. El informe estableció que la mujer murió por asfixia mecánica provocada por estrangulamiento con un cinturón y el análisis permitió calcular que llevaba aproximadamente cuatro días fallecida. Ese dato coincidía con la última vez que había sido vista con vida.

A partir de allí, la investigación dejó de buscar una explicación para una muerte dudosa y pasó a perseguir a un homicida.

Las primeras pistas

Mientras Criminalística realizaba las pericias dentro del Hospedaje Mayo, los investigadores comenzaron a reconstruir quiénes habían pasado por esa habitación durante los últimos días. Cada dato era importante: los registros del hospedaje, las llaves, los movimientos de los huéspedes, las personas que habían entrado y salido del hospedaje. Las declaraciones del personal comenzaron a dibujar una primera línea investigativa.

No pasó mucho tiempo hasta que la atención de los investigadores se concentró sobre dos jóvenes que frecuentaban el lugar y trabajaban como cuidacoches en la zona del ex Casino Gualeguaychú y ambos fueron demorados en las horas posteriores.

La noticia ocupó rápidamente las portadas de los medios locales y la ciudad seguía con atención cada novedad. Lo que todavía nadie imaginaba era que la investigación avanzaría con una velocidad poco habitual y que, en cuestión de semanas, la Justicia lograría reconstruir casi por completo cómo habían sido las últimas horas de vida de Karina Terra.

Investigación, juicio y final

Las primeras horas posteriores al hallazgo fueron frenéticas. Mientras el cuerpo de Raquel Esther "Karina" Terra era sometido a una autopsia, el entonces Juzgado de Instrucción Nº 1 comenzó a reconstruir los últimos movimientos de la víctima. En aquellos años todavía regía el antiguo sistema procesal penal entrerriano, por lo que la investigación estaba a cargo del juez Eduardo García Jurado, quien dirigía personalmente cada medida probatoria.

Los investigadores sabían que el tiempo jugaba a su favor. Cuatro días habían transcurrido desde el crimen, pero el escenario todavía conservaba elementos suficientes para reconstruir lo ocurrido dentro de aquella habitación del Hospedaje Mayo.

El establecimiento era conocido por alojar pasajeros de paso y personas que alquilaban habitaciones por pocas horas. Por eso, cada ingreso y cada salida debían ser revisados minuciosamente.

Las primeras entrevistas al personal del hospedaje comenzaron a arrojar datos importantes. Uno de los nombres apareció repetidamente en las declaraciones: Pablo Andrés Fiorotto, un joven de 23 años que trabajaba como cuidacoches en el centro de Gualeguaychú y que conocía a Karina de los alrededores de San Martín y Pellegrini.

Los registros del hospedaje indicaban que Fiorotto había ocupado esa habitación y conservaba una copia de la llave. Esa información pasó a ser una pieza central de la investigación.

Cuando fue interrogado, Fiorotto intentó desvincularse del crimen, pero su relato comenzó a mostrar contradicciones casi desde el inicio. Aseguró no haber estado en el lugar durante los días en que los forenses estimaban que se había producido la muerte de Karina. Sin embargo, distintos testimonios obtenidos por los investigadores lo ubicaban en las inmediaciones del hospedaje y también en el centro de la ciudad durante esas jornadas.

Las grietas crecían con cada declaración. El personal del hospedaje aportó información sobre los movimientos dentro del edificio y otros testigos recordaron haber visto al joven ingresar y salir de la habitación. La situación era cada vez más complicada para el sospechoso, hasta que las pruebas reunidas terminaron por derribar su versión defensiva.

Los investigadores concluyeron que, tras mantener un encuentro sexual con la víctima, Fiorotto la estranguló utilizando un cinturón y luego abandonó el cuarto. Antes de irse cerró la puerta con llave desde el exterior. Ese detalle resultó decisivo.

La habitación permaneció cerrada durante varios días y el cuerpo recién fue descubierto cuando el olor provocado por la descomposición hizo imposible permanecer en el lugar. Aquella decisión permitió demorar el hallazgo del crimen y, durante casi cuatro días, el responsable continuó desarrollando su rutina con absoluta normalidad.

El móvil del crimen

La investigación descartó rápidamente otras hipótesis. No existía una relación sentimental entre víctima y victimario, ni tampoco había indicios de un robo planificado o de una pelea previa. El expediente terminó concluyendo que el móvil había sido estrictamente económico.

Según quedó acreditado durante la instrucción, Fiorotto había contratado los servicios sexuales de Karina, pero al momento de pagar decidió matarla para evitar entregar el dinero. Esta conclusión quedó respaldada por el conjunto de pruebas incorporadas a la causa y sería el eje de la acusación durante el juicio oral.

Mientras tanto, un segundo joven que había sido detenido en las primeras horas recuperó la libertad luego de que la Justicia dictara la falta de mérito, al no encontrar elementos que permitieran vincularlo con el homicidio.

Toda la responsabilidad penal quedó concentrada sobre Fiorotto. En menos de 60 días el juez García Jurado dio por concluida la etapa de instrucción y elevó la causa a juicio. No era habitual que un homicidio llegara tan rápidamente a esa instancia en esos años con un sistema procesal obsoleto y vetusto. La prueba reunida había permitido reconstruir con claridad la secuencia de los hechos y sostener la acusación sin mayores fisuras.

Por aquellos años Gualeguaychú todavía no contaba con la infraestructura necesaria para realizar juicios orales por delitos de semejante gravedad. Todos los procesos por homicidio eran juzgados en la Cámara del Crimen de Gualeguay y allí se desarrolló el debate que puso fin a la investigación iniciada aquel caluroso primer lunes de febrero.

La condena

El juicio oral comenzó en marzo de 2011. El Tribunal estuvo integrado por los jueces Roberto Javier Cadenas, que casualmente había jurado como magistrado en febrero de 2010, Jorge Omar Torres y Daniel Elías Alle. En tanto, la acusación estuvo a cargo del fiscal Dardo Tortul, mientras que la defensa fue ejercida por el abogado Víctor Rebossio.

Durante las audiencias declararon empleados del hospedaje, policías que participaron del procedimiento, peritos y testigos que permitieron reconstruir los movimientos de Fiorotto antes y después del crimen.

Los informes médicos confirmaron nuevamente que la muerte había sido provocada por estrangulamiento con un cinturón.

Los testimonios del personal del Hospedaje Mayo también resultaron determinantes. Fueron ellos quienes explicaron cómo comenzó a sentirse el intenso olor que llevó al descubrimiento del cuerpo y quienes aportaron datos sobre la ocupación de la habitación y las llaves del establecimiento.

La Fiscalía sostuvo que el homicidio había sido cometido con el único propósito de evitar el pago por los servicios sexuales prestados por la víctima y por ello solicitó una pena de 13 años de prisión por homicidio simple. La defensa, por el contrario, insistió en la absolución al considerar que no existían pruebas directas suficientes para responsabilizar a su asistido.

El 23 de marzo de 2011 la Cámara del Crimen de Gualeguay dio a conocer el veredicto. Los jueces encontraron a Pablo Andrés Fiorotto autor penalmente responsable del delito de homicidio doloso y lo condenaron a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. Meses más tarde el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó íntegramente la sentencia, que quedó firme.

Fiorotto permaneció detenido inicialmente en la Unidad Penal de Gualeguay y luego fue trasladado a la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú para cumplir el resto de la condena. En 2016, luego de haber cumplido los dos tercios de la pena y reunir los requisitos legales exigidos por el régimen penitenciario, obtuvo la libertad condicional.

Parte del recuerdo

El crimen de Karina Terra pertenece a una etapa muy distinta de la historia reciente de Gualeguaychú.

En 2010 la figura penal del femicidio todavía no existía en la legislación argentina. Recién dos años más tarde el Congreso incorporaría ese agravante al Código Penal, modificando para siempre la forma en que la Justicia abordaría los asesinatos de mujeres atravesados por la violencia de género.

La familia de Karina tampoco contó con el acompañamiento institucional que hoy existe para las víctimas y sus allegados. Su madre y sus hermanas atravesaron el duelo prácticamente en soledad, mientras intentaban comprender cómo una mujer que había salido a trabajar para mantener a sus hijos terminaba convertida en protagonista de una de las páginas policiales más dolorosas de la ciudad.

Dieciséis años después, el viejo Hospedaje Mayo ya no existe. Sin embargo, para quienes siguieron de cerca la investigación, aquella habitación de Bolívar y 3 de Febrero sigue siendo el escenario donde comenzó a escribirse uno de los homicidios que más se recuerdan en la ciudad.

Para hablar de un hecho particular de la historia, primero hay que trazar un marco de lo que sucedía no sólo en el país, sino en el mundo. Analizar lo general para comprender lo particular, que en este caso se trata del asesinato del senador electo por Santa Fe, Enzo Bordabehere, muerto balazos en una sesión en la Cámara Alta del Congreso de la Nación.

El 24 de octubre de 1929, Estados Unidos amaneció con el derrumbe del mercado de valores, que arrastró a miles de inversores. Muchos perdieron sus grandes fortunas y los dólares que los capitalistas tenían, se evaporaron. Esto no sólo afectó a Estados Unidos, sino que trajo réplicas en todo el mundo.

Por aquellos años, Gran Bretaña, socio comercial de la Argentina, era el principal comprador de carnes y a causa de esta crisis bajó de golpe un 40% el valor de nuestras exportaciones. Esto llevó a que gran parte de los productores del campo, medianos y pequeños, se fundieran. Por lo tanto, hubo un cimbronazo tremendo en el sector y el país se quedó divisas para importar.

En ese momento, nuestro país producía muy poco, tenía una industria endeble y a consecuencia de lo que sucedía en el agro, se originó una expulsión de la mano de obra rural a las ciudades. Pero esto trajo aparejado la aparición de nuevas fuentes de trabajo que se abrían para sustituir las importaciones. Se empezaba a fabricar localmente lo que antes se importaba.

Lo que ocurrió es que esos nuevos puestos de trabajo no alcanzaban para satisfacer los números de desocupación. La situación era muy grave y el hambre de la gente también, y las clases dominantes tuvieron la excusa perfecta para volcar esa animosidad social en la figura del presidente Hipólito Yrigoyen. Fue así que el 6 de septiembre de 1930, los generales José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo lideraron el golpe de Estado que interrumpió por primera vez en nuestra historia el orden democrático y dio inicio a la llamada “Década Infame”.

Uriburu no hizo nada diferente a lo que sus predecesores iban a hacer a lo largo de los reiterados gobiernos de facto. Prohibió partidos políticos, suspendió elecciones e implementó ley marcial y censura. Buscaba un orden corporativista y autoritario, influenciado por el fascismo creciente en Italia y Alemania. Intentó reformar la Constitución con la intención de quedarse en el poder, pero fracasó ante un descontento popular y como figura de recambio apareció Agustín P. Justo, quien ganó en unas elecciones completamente fraudulentas en 1932, que la historia lo conoció como “fraude patriótico” porque se proscribió a la Unión Cívica Radical. Uriburu abandonó el país, se exilió en Europa y murió poco después.

Justo asumió la presidencia en 1932 y se mantuvo en el poder hasta 1938. Nacido en Concepción del Uruguay en 1876, este militar e ingeniero tuvo un vínculo muy especial con Gualeguaychú. Visitó la ciudad el 29 de mayo de 1937 y se convirtió en el tercer presidente en hacerlo, detrás de Urquiza y Avellaneda. Lo hizo en el yate presidencial “Tecuara”, llegó al renovado puerto de Gualeguaychú y fue en el marco de la inauguración de importantes obras, entre las que se destacaba la Costanera, la Avenida Del Valle y el Asilo de Ancianos (hoy Instituto Agrotécnico).

Justo, Roca y la Commonwealth

Al flamante presidente Justo, lo acompañó en la fórmula Julio Argentino Roca, el hijo del conquistador del desierto; y fue en ese contexto de crisis mundial que Gran Bretaña decide comprarles exclusivamente a sus colonias, conocidas como la Commonwealth, la comunidad británica de naciones.

Esta decisión dejaba afuera a la Argentina como proveedor de carne y demás derivados del sector agrícola ganadero, y originó que los terratenientes entraran en pánico. Enviaron a Londres una misión encabezada por Roca, donde brindó un discurso en la Cámara de Comercio Argentino-Británica y dijo que Argentina merecía ser parte del imperio británico.

Roca trató por todos los medios que la Argentina se incorpore a la Commonwealth, pero a Gran Bretaña no le interesaba y se aprovechó de la desesperación criolla. En todo caso, le dicen a Roca que están dispuestos a hacer un pacto comercial, y así se firma el 1 de mayo de 1933 el Pacto Roca-Runciman. El vicepresidente argentino y el ministro de Comercio británico, Sir Walter Runciman.

Gran Bretaña solamente se compromete a comprar carne argentina en la medida que sea más barata que la de Australia, Nueva Zelanda y Canadá. A cambio, Argentina se comprometía a dejar entrar a las empresas británicas sin pagar ningún derecho, y nuestro país acepta la imposición anglosajona que solo podrá establecer frigoríficos nacionales si no tenían fines de lucro.

Asesinato en el Senado

En 1984, el director Juan José Jusid estrenó su película “Asesinato en el Senado de la Nación”, con la actuación de grandes actores como Pepe Soriano, Miguel Ángel Solá, Oscar Martínez, entre un largo elenco. No era una ficción, sino que estaba basado en los hechos que sucedieron 23 de julio de 1935. Esa tarde, mataron a balazos al senador nacional Enzo Bordabehere. Pero esos disparos de arma de fuego no estaban dirigidos a él que todavía no había asumido, sino que tenían como blanco a otro senador, que la historia poco rescata y que fue conocido como “el fiscal de la República”.

Lisandro De La Torre era Senador Nacional por Santa Fe del Partido Demócrata Progresista. Había llegado a un Congreso que se caracterizaba por la corrupción. Justo había llegado al poder de forma fraudulenta y de ahí para abajo todo estaba teñido de corrupción.

El Pacto Roca-Runciman fue el principio de una serie de entrega de soberanía a los británicos que De La Torre se encargó de denunciar dentro del recinto de la Cámara Alta. Durante cinco sesiones hizo público, de forma muy solitaria, los escandalosos negociados y la implicancia directa del Presidente Justo y dos de sus ministros, el de Agricultura y el de Hacienda, Luis Duhau y Federico Pinedo, respectivamente.

De La Torre presentó pruebas contundentes. Descubrió la facturación real que se enviaba a tierras británicas, escondida en cajas bajo el rótulo de “corned beef”, en un barco británico. Se llevaban las pruebas de la evasión fiscal y fraude, al calor del Pacto Roca-Runciman.

Esa tarde del 23 de julio, De la Torre iba a denunciar esto en el Senado de la Nación, pero a medida que iba relevando todo el entramado de corrupción, la situación comenzó a calentarse y Duhau y Pinedo lo amenazan de muerte, pero este político socialista de 66 años, lejos de amedrentarse continuó.

Duhau, impunemente, contestó a la audiencia: “Ya pagará todo este señor Senador, punto por punto, ya pagará bien caro todas las afirmaciones que ha hecho”. De la Torre estaba completamente solo en el Senado y esperaba por la asunción de Enzo Bordabehere, otro santafesino que quería como a un hijo, electo Senador pero que Roca, como presidente de la Cámara, no aprobaba los pliegos para que asumiera y lo acompañara en la bancada demócrata progresista.

Bordabehere estaba esa tarde con la esperanza de que al terminar los temas de la sesión se pudiera tratar su pliego para finalmente asumir el cargo y acompañar a su mentor y maestro. Las discusiones eran cada vez más encendidas y las amenazas más impunes. Duhau era un estanciero bonaerense, vinculado a la Sociedad Rural. De la Torre reveló que Duhau se beneficiaba vendiendo ganado de su propiedad a los frigoríficos investigados.

A Pinedo le achacaba su papel como responsable técnico del tratado Roca-Runciman. Pero fue durante una discusión con este Ministro que sucedió todo. Fue insultado por Pinedo y De La Torre se paró de su banca y se dirigió hacia donde estaba Pinedo, pero al llegar, Duhau se interpuso y le dio un empujón. De la Torre cayó al piso: Bordabehere corrió en su auxilio, pero fue en ese instante que resonaron tres estampidos y, luego, otro. Pocos se dieron cuenta de que era Valdez Cora quien disparaba. Y que Bordabehere, al cubrir a De la Torre, se desplomaba en medio de un estallido de sangre. Tenía dos tiros en la espalda y, al girar el cuerpo hacia el hombre que gatillaba, recibió otro en el tórax. El cuarto disparo lo hirió a Duhau en la mano izquierda.

El comisario Valdez Cora

El sicario se había equivocado de blanco. El muerto debía ser De La Torre. Este hombre de 42 años, encargado del trabajo sucio del Partido Conservador y conocido por haber apoyado el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, lo premiaron con el cargo de comisario en la Policía de Buenos Aires. Pero no duró mucho: su carrera estuvo signada por apremios ilegales, abuso de poder y cobro de coimas.

Ese 23 de julio, Valdez Cora se encontraba en el Senado y no dudó en sacar su arma y disparar. Luego, salió corriendo del recinto, pero no alcanzó a abandonar el Congreso que fue detenido. Fue condenado a 20 años de prisión y recuperó la libertad en 1953. Su muerte se produjo al año y medio, sin que nunca fueran identificados sus cómplices e instigadores.

Bordabehere fue despedido en Santa Fe ante miles y miles de personas. De La Torre quedó destruido y nunca se pudo recuperar. Justo ni siquiera decretó duelo por el asesinato de Bordabehere y esa misma noche del crimen asistió a una gala en el Teatro Colón. De La Torre declararía horas después del crimen: “Se conoce el nombre del matador, falta conocer el nombre del asesino”.

El duelo y la muerte

Pinedo, sin esperar que pasara un tiempo prudencial, retó a duelo a De La Torre ese mismo día del homicidio, “con motivo de las expresiones lujuriosas vertidas por el senador Lisandro de La Torre”, argumentó el diario El Censor de Gualeguaychú en aquella edición del 25 de julio y agregó: “El lance se realizó esta mañana en Campo de Mayo, cambiándose los duelistas un disparo de pistola de acuerdo a los establecido por los respectivos padrinos, sin resultado”.

En el duelo, De La Torre disparó al aire, mientras que Pinedo tiró a matar, pero gracias a la mala puntería, la vida del Senador siguió unos años más, pero ya no era el mismo. Poco a poco se fue retirando de la vida política. Escribió sus memorias. El 5 de enero de 1937 renunció a su banca, cansado y abrumado por el silencio de la mayoría de la clase política, y dos años después se quitó la vida en su domicilio de Esmeralda 22, en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el primer minuto, todo lo concerniente a la investigación de este caso fue pésima. Todo el trabajo criminalístico que se hizo fue cuestionado en el juicio. Se trató de un hecho que con el correr de los años dejó muchas incongruencias y más preguntas que respuestas. Su familia aún no abandona la idea que lo sucedido con Enzo no fue lo que se terminó judicializando.

Nadie del círculo íntimo quedó conforme con el juicio que se realizó en 2011 y se condenó a 3 años de prisión efectiva a Carlos Alberto Fernández, un policía que Enzo Giménez conocía por terceros y que en esa fría madrugada manejaba el Renault 4S que terminó impactando contra una camioneta en la esquina de Mitre y Del Valle. Lo que ocurrió entre medio es lo que nunca quedó demasiado claro. Por lo menos para unos.

La noche del cumpleaños

Enzo Giménez llegó a sus 19 años el 27 de junio de 2008. Ese día lo pasó con su familia y amigos; y por la noche fue a jugar un partido de fútbol 5 en Defensores del Oeste. Había coordinado con el resto de sus amigos encontrarse en la casa de Claudia Medina, en Martínez Paiva 1628, para festejar.

Enzo llegó a ese domicilio durante la madrugada, acompañado de un amigo. Como en todo encuentro de adolescentes, tomaron algo y se divirtieron. En esa reunión también estaba Fernández y Gastón Otero, el primero policía y el segundo voluntario del Ejército. Ninguno de ellos era amigo de Giménez, pero estaban en ese lugar circunstancialmente porque otro joven los cruzó en el camino antes de llegar y los invitó.

Todo esto está asentado en las distintas declaraciones que hicieron los jóvenes en la instrucción de la causa. Según lo que declararon, Fernández le insistió varias veces a Enzo en que lo acompañara al boliche, y a pesar de las negativas, le insistió hasta que finalmente el cumpleañero aceptó.

Según recuerdan los testigos, Fernández, Otero y Giménez, y otros dos más, dejaron la casa a las 4:20 de la madrugada. Cuando caminaban por Sarmiento y Andrade, los dos amigos de Enzo deciden no ir a bailar y el resto siguió su camino hacia el boliche La Cabaña, en Colombo entre Magnasco e Irigoyen.

Nunca quedó del todo claro qué es lo que ocurrió después. Hubo muchos entredichos en las declaraciones testimoniales y lo sucedido en esos minutos fue bastante ambiguo, sobre todo en cómo fue que los tres jóvenes quedaron arriba de un Renault 4S que no les pertenecía. Su dueño era Joaquín Parrilla, otro policía que compartía adicionales y guardias con Fernández.

En un principio la información que trascendió fue que el auto había sido robado, pero esto fue rápidamente desvirtuado cuando se conocieron algunos pormenores. Parrilla le prestaba asiduamente el auto a su amigo Fernández, por eso el joven policía no dudó en sacárselo cuando, en su camino al boliche, lo vio estacionado en 25 de Mayo casi Paraná, frente a la plaza Belgrano.

Parrilla se encontraba en un hospedaje en esa zona y cuando Fernández pasó por el lugar les dijo a sus compañeros de parranda que le iba a hacer una broma. Como comúnmente lo utilizaba, sabía cómo abrirlo y encenderlo. No hizo falta forzar nada.

La persecución 

Cuando Parrilla sale del hospedaje no encuentra su auto, y lejos de pensar que se trataba de una broma, lo primero que piensa es que le había sido robado y por eso no dudó en llamar de inmediato a la Policía para que se despliegue un operativo de búsqueda y recuperarlo.

Esa denuncia se hizo a las 3:50 de la madrugada, es decir, media hora antes que Enzo y el resto de sus amigos dejaran la casa de Martínez Paiva. Esta es la primera incongruencia en la causa. ¿Qué pasó? Es un interrogante. ¿Se ‘dibujó’ el horario o sólo se trató de un error burocrático y en realidad fue a las 4:50?

A esa altura de la noche, las condiciones climáticas no eran las ideales para iniciar una persecución por las calles céntricas de la ciudad, pero sin embargo fue lo que sucedió.

No está claro el recorrido que tomó Fernández conduciendo el Renault 4S, pero lo que si fue confirmado es que el auto fue localizado por la Policía en Del Valle y Avellaneda. En ese punto se lo intentó detener, pero Fernández no frenó y evadió al patrullero. Según la versión oficial, el móvil 695 persiguió al 4S por toda Del Valle hasta que, en la esquina de Mitre, a 21 cuadras en línea recta de donde se inició la persecución, el automóvil se descontroló y colisionó contra una camioneta GMC Sierra 3500 que se encontraba estacionada en sentido contrario, sobre el cardinal noreste de la esquina.

En la declaración de los policías Carlos Muñoz y Gabriel Muñoz, que fueron quienes persiguieron el Renault denunciado por robo, manifestaron que tras el choque uno debió agarrar a Fernández que se quería escapar y el otro sacó a Otero sentado en el asiento trasero del auto. Adentro había quedado Enzo Giménez, muy mal herido, pero vivo.

El cerrajero 

Desde el momento del choque, a las 5 de la madrugada y hasta las 11 de la mañana del 29 de junio, ya se habían elaborado 64 fojas en la causa, que contenían el acta con la denuncia de Parrilla por el robo del auto, la inspección ocular del lugar del accidente y del lugar donde había sido sustraído el vehículo, el acta de secuestro, el inventario de todo lo que tenía el 4S, el certificado de los dos médicos policiales con las lesiones que presentaban Fernández, Otero y Giménez, la declaración de los policías del Móvil 695 y la palabra de cuatro policías que iban en el Móvil 847. Pero también se sumó el informe del cerrajero Luis Canale, que certificó que la cerradura de apertura del Renault 4 estaba forzada y que el tambor de la llave de contacto de arranque estaba quebrada. Este informe llevaba la firma del cerrajero que actuó como perito y al que luego – en el juicio desarrollado en el 2011 en la ex Cámara del Crimen de Gualeguay – se pidió su detención por falso testimonio.

En ese debate que se realizó en Gualeguay contra Fernández, por los delitos de homicidio culposo y sustracción de vehículo automotor dejado en la vía pública, Canale confesó que en la Comisaría Primera le hicieron firmar el acta – donde confirmaba la rotura de las cerraduras – sin haber visto lo que contenía el mismo. Incluso aseguró que nunca vio el auto. Es más, le aseguró a los jueces que no lo peritó porque le asustaba la sangre.

También existe un informe mecánico realizado en las primeras actuaciones sobre las roturas que presentaba la camioneta GMC a causa del choque. Entre ellas se destacó la abolladura del paragolpes en el sector izquierdo, que contrastaba con lo que se observaba en las fotos y el estado en el que había quedado el 4S.

Nunca hubo ninguna fotografía sobre el choque. No hay ninguna imagen que certifique cómo impactó el 4S con la camioneta, y todas las fotografías que fueron incorporadas a la investigación sobre el estado de los dos vehículos son de forma separada, sacadas esa misma noche. Todas oscuras y con la lente húmeda por la neblina.

En la persecución, desde la Policía se aseguró que nunca se disparó hacia el Renault 4 en fuga, pero hubo un testigo –que luego habría sido amenazado– que dijo haber visto los disparos desde el patrullero. El propio Fernández había declarado que no frenó porque se asustó porque le venían tirando.

El ingeniero Eduardo Omar Balla, que realizó la pericia mecánica al 4S a pedido de la Cámara de Gualeguay, dijo que “la abolladura que presenta el guardabarros delantero derecho no tiene la misma característica que el de las puertas, ya que el guardabarros pareciera que fue hecho con un elemento romo sin aristas, mientras que el de las puertas presenta hundimiento contra bordes agudos”. Es decir, el auto tenía dos tipos de choques.

Cuestionable y poco transparente

En una entrevista publicada el 30 de julio de 2007 en Ahora El Día, el entonces jefe de la Policía de Gualeguaychú, comisario Mario Córdoba, trató en todo momento de dejar en claro que la fuerza había accionado de forma “transparente”, a tal punto que lo dijo en cuatro ocasiones en una misma frase. Incluso trató de poner en el foco de los cuestionamientos a la víctima. Dijo: “cuando una persona anda sola tiene su propia identidad, pero cuando se reúnen dos o tres pierde su propia identidad y toma la del grupo”. Lo que olvidó tener en cuenta el ex Jefe Departamental –que se empeñó en justificar lo sucedido diciendo que Enzo Giménez andaba en un auto robado– es que la víctima iba en el auto acompañado de un policía y de un voluntario del Ejército.

Fue esa misma entrevista donde informó que fueron los Bomberos Voluntarios quienes sacaron a Giménez del auto. Sin embargo, el móvil 17 a cargo del bombero Selene salió del cuartel a las 5.10 de la madrugada y a las 5.12 salió el segundo móvil. A las 5.15 se comunicó el móvil 17 con el cuartel para informar que la persona ya había sido rescatada y en el informe se dejó en claro que “no se necesitó trabajar”.

Una ambulancia del Sanatorio Pronto acudió al lugar del choque a las 5.05 y trasladó a Enzo Giménez al Hospital Centenario. La víctima ingresó como NN y permaneció tres horas con vida hasta su deceso a las 8. Permaneció 8 horas como NN pese a que tenía consigo su teléfono celular, su billetera y en ese mismo nosocomio estaban siendo atendidos Fernández y Otero.

Cuando el padre y la madre de Enzo Giménez se enteraron del fallecimiento de su hijo, habían transcurrido 5 horas de la muerte. Fue a las 13 horas del día 29 y fue para identificar el cuerpo. Es esa misma entrevista, Córdoba confirmó que Enzo Giménez tenía su teléfono celular, a pesar que en la causa se negó la existencia del aparato, y relató sin vergüenza que la forma de identificación fue a través de un indicio por tener el apellido de un jugador de Boca. Así de increíble. Obviamente que nada de esto había sido así porque en la inspección ocular que se hizo al cadáver en el hospital a las 9, donde se informa legalmente la causa de muerte, figuran tachadas las letras NN y en su lugar está el nombre de Enzo Giménez. Una hora después de su fallecimiento ya estaba identificado.

El peregrinaje en el Hospital

Nunca se supo qué pasó con la ropa y los elementos que tenía Enzo al momento en que ingresó al Hospital Centenario. A sus padres les fue entregado el cuerpo totalmente desnudo. Incluso, el médico policial no tuvo dudas en su causa de muerte y recomendó que no era necesaria la realización de la autopsia. La aseveración de este médico es lo que utilizó como fundamento el juez de Instrucción, Javier Cadenas, para negar en un principio la autopsia, que en definitiva se le realizó en febrero de 2011 a causa de las incongruencias que habían aparecido en el camino. Pero para esa altura ya era muy tarde, habían transcurrido dos años y medio. La conclusión de esa autopsia arrojó lo siguiente: “Las lesiones enumeradas precedentemente en la región sigomática y frontal no tuvieron entidad para producir el deceso. Presentaba estigmas para torocotomía. En el presente caso, con los estudios a la vista y debido al estado de putrefacción del cadáver, no se arribó a un diagnóstico de Certeza de Muerte”.

Entonces ¿No era tan clara la causa de muerte como indicó el médico policial? En el primer informe que se le realizó en la guardia del Hospital Centenario a las 5:45 se detalló que Enzo Giménez presentaba “politraumatismos, fractura de pelvis y scalp frontal, entra con pulso fatigado 70 y 50, se coloca tubo hemotorax se saca un litro y medio de sangre y se expande con 3 litros suero fisiológico”.

A partir de acá empiezan las contradicciones entre los médicos que luego continuaron atendiendo al grave Enzo. El médico policial que lo examina en segunda instancia constata “traumatismo de cráneo con herida cortante en región frontoparietal derecha saturado en quirófano, traumatismo de pelvis con fractura de cadera derecha, traumatismo de tórax, con hemotorax, estabilizado con tubo endotoráxico colocado en quirófano, traumatismo testicular derecho con herida cortante”. Lo que antes era una fractura de pelvis pasó a ser una fractura de cadera derecha. Pero las contradicciones siguen.

Cuando es llevado a Terapia Intensiva se constataron otras patologías: “politraumatismos graves, traumatismo grave de tórax con neumotórax severo, shock hemorrágico, fractura de fémur derecha expuesta al dorso del muslo, se coloca inotrópicos. Se realiza entubación. Paro. Óbito 8:30”. A las 9, en el examen al cadáver, se detalló: “Traumatismo severo, traumatismo de tórax cerrado severo con hemotórax, contusión pulmonar grave, fractura de fémur expuesta derecha, traumatismo de cráneo grave con scalp de cuero cabelludo, herida en escroto izquierdo (antes era en el derecho)”. El médico de Policía señaló como causa de muerte un “paro cardiorrespiratorio traumático por falla multiorgánica por traumatismo de cráneo grave y traumatismo grave de tórax cerrado con hemotórax. La causa de muerte es clara no es necesaria la autopsia. Ingresó a la Terapia Intensiva a las 7:45 y falleció 8:30”.

El certificado de defunción señala que Enzo Giménez murió a las 8, mientras que el certificado de terapia marca a las 8:45. Cuando el cuerpo de Enzo fue llevado a la autopsia en Oro Verde, en las radiografías que tomaron sólo encontraron una fractura en el fémur derecho. Nunca existió fractura de pelvis ni fractura de cadera.

Pocas semanas después de aquella final que Argentina perdió contra Alemania en el Mundial de Brasil 2014, ocurrió algo que hasta el día de hoy sigue sin aclararse. A pesar de que se tomaron más de cincuenta declaraciones testimoniales en la causa, se analizaron cámaras de seguridad y se investigaron sospechosos y distintas líneas de hipótesis, nunca se pudo determinar realmente qué fue lo que sucedió con Rosalía Delia Abelleyra, ni tampoco el porqué.

Esta mujer de 76 años vivía sola en una casa de dos plantas, muy bonita y con un estilo arquitectónico moderno para la época en la que había sido construida. Fue la vivienda familiar de los Fernández, que tenían un muy buen pasar económico gracias al rol como camarista en Gualeguay que había tenido el esposo de Abelleyra en la década del 70 y otras propiedades que daban sus réditos para sostener ese estilo de vida.

Tras la muerte de Abelleyra, la propiedad estuvo durante muchos años a la venta, pero fue recién en este último tiempo que cambió un poco la fisonomía, principalmente la fachada que tenía, que la distinguía en uno de los puntos más céntricos y coquetos de la ciudad.

Abelleyra tenía tres hijos (un hombre y dos mujeres) y según lo que se desprendió de aquella investigación policial y judicial, la relación intrafamiliar no era de las mejores. Habría existido un histórico maltrato de la mujer hacia sus hijos, que con los años se convirtió en un resentimiento que los alejó de su madre. Por ello es que pasó tantos días encerrada y maniatada en el baño sin ser descubierta, ya que prácticamente nadie la visitaba, hasta que fue su propio hijo el que la rescató de ese estado.

Sin cámaras ni testigos

Cuando la Policía ingresó al domicilio ubicado en Luis N. Palma 418, hubo algo que les llamó poderosamente la atención: el desorden. Para los investigadores se estaba ante un claro asalto. Los delincuentes habían entrado a la vivienda y revuelto cada rincón. No había dudas. Pero con el correr de las horas la investigación dijo otra cosa.

Abelleyra fue encontrada en el baño, en posición fetal, atada de pies y manos, y con su rostro completamente desfigurado por golpes que recibió. Pero lo peor era el cuadro de deshidratación que presentaba y por el cual debieron internarla en la sala de cuidados intensivos del Hospital Centenario.

Un testigo presencial del momento en que rescataban a la mujer de la vivienda relató que se la oyó gritar reiteradamente: “Sos un hijo de puta”. Aunque el destinatario del insulto era un misterio, la frase encendió la primera línea de sospecha en la investigación. El rastro, no obstante, se desvaneció en pocas horas: los fiscales Sergio Rondoni Caffa y Lucrecia Lizzi la entrevistaron en el Hospital Centenario, donde la anciana descartó cualquier sospecha sobre su hijo.

Surgieron otras líneas investigativas. Se habló de tres hombres que habían llegado desde ciudad a los que los habían contratado o vendido el dato de que en esa casa había dinero, pero quedó en la nada porque no se encontraron pruebas. No surgió ninguna anormalidad en cada una de las cámaras de seguridad que el personal de Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú analizó.

El jefe de Policía de Gualeguaychú por aquel entonces, comisario Vicente Giménez, señaló: “Nosotros vimos una vivienda muy segura, al igual que las que la rodean, dotadas de perros de vigilancia, sensores de movimientos y alarmas. La obra en construcción lindera está prácticamente cerrada, por lo que no hay por dónde ingresar, y además posee cámaras para el control de personal. Esa es una de las cámaras de las cuales tenemos una cantidad de material que se está analizando. Otra es la del edificio Torres de Avenida, más los testimonios recogidos. Seguimos trabajando y analizando las más de 60 horas de grabación que hay”.

Pero existía un punto ciego. La casa tenía su frente sobre Luis N. Palma y sobre esta avenida estaban ubicadas las cámaras de seguridad de vecinos, comercios y de la Municipalidad, pero la propiedad tenía otra salida por República Oriental y se estima que esa puerta se pudo haber utilizado para abandonar la vivienda sin ser captado por alguna filmación. Pero eso es otra hipótesis.

Lo cierto es que en esta causa no hay nada cierto y es por eso que, a casi 12 años del hecho no hay imputados y mucho menos condenas para los responsables.

Compradora compulsiva

La gran pregunta que les quitaba el sueño a los peritos era el móvil. ¿Por qué ensañarse con una anciana, golpearla, atarla y dejarla morir en el baño si no existía otra razón aparente que el robo? Es un interrogante que aún no tiene respuesta. Aunque al principio todo apuntaba a un asalto, la hipótesis nunca se confirmó: el desorden en la casa era tan caótico que los investigadores jamás pudieron determinar qué elementos faltaban, y mucho menos si había dinero en juego.

Abelleyra no solo vivía en un aislamiento extremo, muy similar al de los acumuladores compulsivos, sino que compraba constantemente cualquier objeto que tuviera a mano. Con su fallecimiento, ocurrido el 5 de octubre, los investigadores perdieron la principal fuente de información para esclarecer lo que había sucedido en esa casa. 

El único elemento clave con el que contaba el fiscal Lisandro Beherán eran los precintos plásticos con los que habían atado a la víctima. De hecho, para destrabar la causa, llegó personal de Investigaciones de Paraná, quienes recomendaron realizar un estudio genético sobre esos elementos. Los precintos fueron secuestrados y remitidos al Departamento de Genética Forense con la esperanza de obtener patrones de ADN para cotejarlos con los sospechosos. Sin embargo, tras pasar varios días en la ciudad, los peritos de la capital provincial no lograron hallar ningún otro indicio y los resultados de laboratorio no fueron los esperados. Así, la prueba más importante de la causa terminó en la nada.

Por aquellos años, Beherán declaraba a la prensa: “No se pudo determinar si la señora tenía dinero guardado y se lo habrían llevado. Lo que quedó bien definido es que era una persona que gastaba mucho dinero en compras”. Lo que el fiscal ignoraba en ese momento era que aquellos consumos excesivos de la víctima se convertirían en la prueba clave de otra causa: la que terminó con la condena por estafa de la tarotista Alejandra Atúm, hermana de la recordada Pequeña P.

La vidente

Pasó una década y las cifras en pesos que hoy parecen insignificantes, diez años atrás servían para terminar de pagar un auto cero kilómetro. Eso fue lo que pasó y comprometió a Alejandra Atúm, una de las hermanas de Pequeña P, la vedette de Gualeguaychú que llegó a los teatros de revistas en Buenos Aires y falleció el 27 de febrero de 2009

Alejandra, hoy ya fallecida, fue una de las personas que más bregó por la investigación de su hermana, junto a la madre de ambas. Había tomado notoriedad en los medios de comunicación porque estaba convencida que a Pequeña P la habían matado y los sostenía en cada una de las notas que a ella y su madre le hacían.

Esta notoriedad le valió para hacerse más conocida en su rol como vidente o tarotista. Y fue así que Gabriela Fernández, una de las hijas de Delia Abelleyra, la contactó para que le dijera mediante su experiencia paranormal quién había sido el que mató a su madre.

Pero Atún se aprovechó de esa situación de vulnerabilidad y también de la posición económica, y estaba convencida de que le iba a sacar beneficio. Mediante intimidación, le hizo creer a la mujer que su madre le debía dinero a una banda de delincuentes y que, si no le entregaban el pago de esa deuda, la iban a matar a ella y a sus dos hermanos.

Todo esto, una vez que Fernández se dio cuenta que Atúm la estaba estafando, terminó en una causa judicial y en una condena de dos años de prisión condicional, ya que le había requerido que le entregara 50 mil pesos para evitar la masacre.

En ese juicio, la Fiscalía intentó probar que la tarotista había asistido a Gabriela Fernández en varias oportunidades. En uno de esos encuentros, cuando fue a la vivienda de Abelleyra para hacer una “curación” y limpiar el lugar de “malos espíritus”, Fernández le regaló una costosa cartera Ricky Sarkany y un collar de su madre; la vidente no solo aseguraba haber espantado las malas energías, sino que además les reveló, supuestamente a través de sus poderes extrasensoriales, quién había sido el asesino de la anciana

“No hubo amenazas sino una puesta en escena para que la víctima incurriera en un error”, fue lo que le dijo el fiscal Beherán al juez Mauricio Derudi en el juicio a Atúm por los hechos ocurridos entre el 19 y el 20 de marzo de 2015. 

En su alegato, Beherán mencionó que Atúm cerró la deuda del crédito de su automóvil, calculada en unos 22 mil pesos, el día antes a que se conociera la denuncia de Fernández, y cuando se le preguntó por esta casualidad, la mujer se excusó diciendo que se trataba de un crédito que le habían dado a su marido en su trabajo, sin documentación respaldatoria.  

Vamos a remontarnos a 1986. Más precisamente al viernes 4 de julio. Era época de Australes, la moneda que tenía la Argentina bajo el gobierno de Ricardo Alfonsín, que sobrevivió hasta el 31 de diciembre de 1991, cuando Carlos Menem puso en marcha el Plan de Convertibilidad, orquestado por su ministro de Economía, Domingo Cavallo. Y en el Congreso de la Nación se solicitaba una sesión especial para debatir el proyecto de divorcio vincular para modificar lo que hasta ese momento era la “actual Ley de Matrimonio Civil”.

Por esos días, la Selección Argentina de Maradona y Bilardo había regresado al país tras conseguir la segunda estrella en el Mundial de México. Los diarios hacían mención al retorno a Gualeguay de Jorge Burruchaga, el autor del gol de la victoria ante Alemania, junto a Néstor Clausen.

En Gualeguaychú, Manuel Alarcón había lanzado su precandidatura a Intendente por la Línea Interna del Movimiento de Unidad y Renovación Peronista (MURP). También, había llegado a la ciudad el nuevo refuerzo norteamericano para Racing Club. Luego de unos inconvenientes con los vuelos aéreos que había en el país, había arribado Marvin Asa Stevens: un joven de 23 años, oriundo de Ohio, que jugaba de ayuda base y llegaba para reforzar el equipo de Jesús Legaria por la Liguilla Entrerriana.

En lo gremial, había problemas con los empleados municipales, en el Frigorífico Gualeguaychú y con el extinto Banco Mesopotámico, que tenía su sede en el actual edificio de la Cooperativa Eléctrica de 25 de Mayo. Su desaparición ya era casi un hecho y la confirmación llegó a mediados de ese mes, cuando el Banco Central de la República Argentina dispuso su liquidación. El recordado Osvaldo Delmonte era el secretario General de la Asociación Bancaria de Gualeguaychú y en los medios de aquel momento defendía a los trabajadores: “Los empleados no son responsables”.

Era pleno invierno. De esos inviernos que tiritan los huesos. Esas heladas que penetran la piel y se mantienen durante todo el día. De esas mañanas blancas, que por más esfuerzos que realice febo, poco éxito tiene. Así estaba la mañana del viernes 4 de julio que cayó el avión de Gendarmería Nacional, pegadito a Tenis del Sol.

Pocos son los que se acuerdan y algunos ni saben que esto sucedió en plena ciudad de Gualeguaychú, aunque en ese tiempo, el lugar donde se precipitó el avión “Pipper Navajo Pa-31” quedaba casi en las afueras, sobre el oeste, en la parte trasera del Hogar de Niñas.

En esa aeronave viajaba el N° 1 a nivel nacional de Gendarmería Nacional. Se trataba del comandante General Arturo Lopetegui. Pero no venía solo. Lo acompañaban otros miembros de la plana mayor de la fuerza: estaba su ayudante, el comandante Oscar Honorio Exequiel Cuadra, el director de Inteligencia, comandante general José Luis Casajus, y el subdirector de Policía de la Dirección de Operaciones, comandante mayor Nelson Jorge Block. Como parte de la tripulación estaba el piloto y comandante Félix Franco Arpires, el copiloto y primer alférez Adrián Adelqui Bernoca y el mecánico de vuelo, suboficial principal Ricardo Celino Sánchez.

En ese momento, había cierto halo de misterio respecto de dónde provenían, qué les había ocurrido, pero nunca nada fundado: solo conjeturas o sospechas sin sentido. Sin embargo, Gendarmería Nacional informó rápidamente que se trataba de una “comisión de servicio” que retornaba a Buenos Aires, desde la ciudad correntina de Paso de los Libres.

¿Qué fue lo que sucedió?

Según los registros de esa época, esa mañana de viernes amaneció bajo “un denso manto de niebla” que dificultaba la visibilidad y transcurridas las primeras horas de la tragedia, se creía que esa podría haber sido la causa del accidente. Pero con el correr de las horas fue tomando fuerza otra de las teorías: se habían quedado sin combustible y la aeronave se precipitó a tierra.

Lo que reforzaba esa hipótesis fue que el avión no explotó al caer. “La máquina fue perdiendo altura, hasta que alrededor de las 11.15, el piloto Arpires no pudo evitar atropellar la antena de radio de Rutalnor, y al perder totalmente el dominio de la máquina, ésta enfiló hacia la parte trasera del Instituto José León Torres para estrellarse contra un enorme ejemplar de eucalipto, que partió al medio. Es allí donde el avión quedó literalmente desintegrado”, dice la información de EL ARGENTINO del sábado 5 de julio.

Si bien han transcurrido 40 años y la ciudad ha modificado su fisonomía, este sector oeste donde ocurrió la tragedia no ha cambiado tanto. El lugar exacto donde cayó el avión es sobre San Martín, en la parte trasera de la actual escuela María América Barbosa, donde antiguamente funcionó el edificio del Hogar José León Torres, que posteriormente se mudó a la esquina de Urquiza y Hermanas Mercedarias. Sobre San Martín, en ese momento no había más que una larga hilera de eucaliptos, y el predio de Tenis del Sol que funciona hasta la actualidad. La actividad comercial estaba centrada sobre Urquiza y en sus alrededores se levantaban los barrios CASVAC y General Ramírez. 

El panorama que había dejado el accidente era desolador. Uno de los motores estaba debajo de un eucaliptus, la otra parte de la máquina incrustada sobre otro, a unos cuatro o cinco metros de altura; el resto de la cabina estaba sobre la calle que conduce al Barrio 348; y otras partes de la máquina diseminadas por todos lados.

Lo que se decía en aquel entonces era que el avión había intentado aterrizar en el Aeroclub de Gualeguaychú cuando se confirmó que el combustible no era el suficiente para llegar hasta Buenos Aires, pero como las condiciones climáticas eran adversas, la aeronave quedó sobrevolando la zona hasta que se precipitó a tierra. En su intento por un aterrizaje de emergencia, el piloto perdió el rumbo a causa de la niebla y al perder altura, chocó contra la antena de radio que funcionaba en la famosa concesionaria de autos ubicada en Urquiza y Nágera, que finalmente fue lo que le hizo perder el control total al piloto.

El impacto había sido tremendo, por lo que eran pocas las esperanzas de encontrar con vida a sus ocupantes. Lopetegui, Casajus, Block y Cuadra murieron en el acto. Casualmente, los miembros de la tripulación: Arpires, Bernoca y Sánchez habían quedado con vida, aunque muy mal heridos, y fueron trasladados al Hospital Centenario.

Ese mismo viernes 4 de julio, pero por la tarde, un avión de la Fuerza Aérea llevó los cuerpos de los gendarmes fallecidos a Buenos Aires. Con la presencia del presidente Raúl Alfonsín y parte de su gabinete, fueron velados en el edificio Centinela e inhumados en el Cementerio de Chacarita. Mientras tanto, los sobrevivientes permanecieron en Gualeguaychú ante la imposibilidad de traslado, debido a la gravedad que presentaban.

Un médico de Gendarmería Nacional viajó hasta Gualeguaychú y siguió de cerca la evolución para decidir si era necesario llevarlos a Buenos Aires. Para el sábado por la tarde, la situación para Ricardo Celino Sánchez y Adrián Adelqui Bernoca parecía mejorar. Habían mostrado una buena evolución, mientras que el piloto Arpires todavía no había recuperado el conocimiento. Finalmente, ese mismo día por la noche y de forma aérea, se los derivó al Hospital Militar Central “Cosme Argerich”.

Casi en forma simultánea, también arribó a la ciudad la comisión de Investigación de la Fuerza Aérea, a cargo de un vicecomodoro de apellido Walter y un capitán González, que junto a otros expertos comenzaron con las tareas de investigación para tratar de determinar las causas.

Finalmente, el 14 de julio de 1986 se confirmó la muerte del suboficial principal Ricardo Celino Sánchez, durante su estadía en el Hospital Militar en Buenos Aires, y de esta forma fueron cinco las víctimas fatales por las cuales en el año 2002 se instituyó a nivel nacional el 4 de julio de cada año, como el “Día del Gendarme Fallecido en Acto de Servicio”.

En el lugar donde cayó el avión ya no hay nada. Luego de ocurrido el accidente se construyó un monolito en memoria de los gendarmes fallecidos. Había sido levantado meses después por los familiares y la propia Gendarmería Nacional, con mármol y placas de bronce, pero con el paso del tiempo esas placas fueron desapareciendo y el lugar destruido, hasta su extinción total en 2015. Hoy, cada 4 de julio, el personal del Escuadrón 56 los recuerda con una ceremonia en el Panteón de Gendarmería Nacional, en el Cementerio Norte de Gualeguaychú.

El primero que ayudó

Hace un par de años atrás, para para el aniversario 26 de la tragedia aérea, Diario El Día recordó a Jorge Raúl Samacoits, un vecino muy conocido que vivía a dos cuadras del lugar. Fue el primero en llegar al lugar a ayudar a las víctimas. Junto a otros vecinos prestó colaboración en un momento donde todo era desolación y muerte. Horas después de ayudar a las víctimas, murió.

Uno de sus hijos, Jorge, titular de la empresa "Auxilio Jorge", no olvidó jamás de ese día. “Vivíamos a dos y media del lugar. Y uno de los primeros que llegó -así se dijo- fue papá. Yo estaba en la peluquería cortándome el pelo y cuando regresaba por Urquiza observo la presencia de autos, bomberos, ambulancias y gente que corría por todos lados. Era un desastre, cosas tiradas por todos lados. Mi papá fue a socorrer como muchos vecinos”, recordó en una entrevista realizada en 2012.

"Ese día no me la voy a olvidar nunca en la vida. Es una fecha muy dura para mí, porque papá luego de unas horas del accidente, se acostó a dormir la siesta y no se despertó más, tenía 49 años", mencionó.

Una mujer de 44 años, que trabaja como secretaria de una integrante del cuerpo legislativo de Gualeguaychú, radicó una denuncia el viernes por la tarde en la Comisaría Primera, contra el concejal Marcelo Rodríguez de La Libertad Avanza por acoso sexual y abuso sexual simple.

La víctima relató que viene soportando el hostigamiento de Rodríguez desde hace tiempo en forma verbal, con ofrecimientos del concejal para tener una relación, pero hace dos semanas esas insinuaciones pasaron a otro plano. 

La denunciante contó que Rodríguez ingresó a la oficina donde ella se encontraba con la excusa de que buscaba a la concejal Mirta Sulzyk, también integrante de La Libertad Avanza, cerró la puerta y las persianas, se acercó a donde ella estaba dentro de la habitación y comenzó a manosearla en sus partes íntimas.

La mujer comenzó a gritar, se defendió como pudo y salió de la oficina, mientras el concejal le decía: “Dale que estoy caliente”. Los acosos fueron continuos, pero se intensificaron en las últimas semanas, donde el hombre le tocaba el pelo, el hombro y otras partes de su cuerpo.

Según consta en su denuncia, la mujer siempre se defendió y en todo momento le hizo saber su negativa a esas insinuaciones sexuales que Rodríguez le proponía. Incluso, desde hace unas semanas, le ponía traba a la puerta de su oficina para no ser sorprendida por el ahora denunciado.

El hecho ya está en órbita de la Justicia de Gualeguaychú. Desde la Fiscalía, trabajan en la investigación y en otorgar las medidas restrictivas que ha solicitado la mujer para impedir el acercamiento del concejal.