Desde el primer minuto, todo lo concerniente a la investigación de este caso fue pésima. Todo el trabajo criminalístico que se hizo fue cuestionado en el juicio. Se trató de un hecho que con el correr de los años dejó muchas incongruencias y más preguntas que respuestas. Su familia aún no abandona la idea que lo sucedido con Enzo no fue lo que se terminó judicializando.

Nadie del círculo íntimo quedó conforme con el juicio que se realizó en 2011 y se condenó a 3 años de prisión efectiva a Carlos Alberto Fernández, un policía que Enzo Giménez conocía por terceros y que en esa fría madrugada manejaba el Renault 4S que terminó impactando contra una camioneta en la esquina de Mitre y Del Valle. Lo que ocurrió entre medio es lo que nunca quedó demasiado claro. Por lo menos para unos.

La noche del cumpleaños

Enzo Giménez llegó a sus 19 años el 27 de junio de 2008. Ese día lo pasó con su familia y amigos; y por la noche fue a jugar un partido de fútbol 5 en Defensores del Oeste. Había coordinado con el resto de sus amigos encontrarse en la casa de Claudia Medina, en Martínez Paiva 1628, para festejar.

Enzo llegó a ese domicilio durante la madrugada, acompañado de un amigo. Como en todo encuentro de adolescentes, tomaron algo y se divirtieron. En esa reunión también estaba Fernández y Gastón Otero, el primero policía y el segundo voluntario del Ejército. Ninguno de ellos era amigo de Giménez, pero estaban en ese lugar circunstancialmente porque otro joven los cruzó en el camino antes de llegar y los invitó.

Todo esto está asentado en las distintas declaraciones que hicieron los jóvenes en la instrucción de la causa. Según lo que declararon, Fernández le insistió varias veces a Enzo en que lo acompañara al boliche, y a pesar de las negativas, le insistió hasta que finalmente el cumpleañero aceptó.

Según recuerdan los testigos, Fernández, Otero y Giménez, y otros dos más, dejaron la casa a las 4:20 de la madrugada. Cuando caminaban por Sarmiento y Andrade, los dos amigos de Enzo deciden no ir a bailar y el resto siguió su camino hacia el boliche La Cabaña, en Colombo entre Magnasco e Irigoyen.

Nunca quedó del todo claro qué es lo que ocurrió después. Hubo muchos entredichos en las declaraciones testimoniales y lo sucedido en esos minutos fue bastante ambiguo, sobre todo en cómo fue que los tres jóvenes quedaron arriba de un Renault 4S que no les pertenecía. Su dueño era Joaquín Parrilla, otro policía que compartía adicionales y guardias con Fernández.

En un principio la información que trascendió fue que el auto había sido robado, pero esto fue rápidamente desvirtuado cuando se conocieron algunos pormenores. Parrilla le prestaba asiduamente el auto a su amigo Fernández, por eso el joven policía no dudó en sacárselo cuando, en su camino al boliche, lo vio estacionado en 25 de Mayo casi Paraná, frente a la plaza Belgrano.

Parrilla se encontraba en un hospedaje en esa zona y cuando Fernández pasó por el lugar les dijo a sus compañeros de parranda que le iba a hacer una broma. Como comúnmente lo utilizaba, sabía cómo abrirlo y encenderlo. No hizo falta forzar nada.

La persecución 

Cuando Parrilla sale del hospedaje no encuentra su auto, y lejos de pensar que se trataba de una broma, lo primero que piensa es que le había sido robado y por eso no dudó en llamar de inmediato a la Policía para que se despliegue un operativo de búsqueda y recuperarlo.

Esa denuncia se hizo a las 3:50 de la madrugada, es decir, media hora antes que Enzo y el resto de sus amigos dejaran la casa de Martínez Paiva. Esta es la primera incongruencia en la causa. ¿Qué pasó? Es un interrogante. ¿Se ‘dibujó’ el horario o sólo se trató de un error burocrático y en realidad fue a las 4:50?

A esa altura de la noche, las condiciones climáticas no eran las ideales para iniciar una persecución por las calles céntricas de la ciudad, pero sin embargo fue lo que sucedió.

No está claro el recorrido que tomó Fernández conduciendo el Renault 4S, pero lo que si fue confirmado es que el auto fue localizado por la Policía en Del Valle y Avellaneda. En ese punto se lo intentó detener, pero Fernández no frenó y evadió al patrullero. Según la versión oficial, el móvil 695 persiguió al 4S por toda Del Valle hasta que, en la esquina de Mitre, a 21 cuadras en línea recta de donde se inició la persecución, el automóvil se descontroló y colisionó contra una camioneta GMC Sierra 3500 que se encontraba estacionada en sentido contrario, sobre el cardinal noreste de la esquina.

En la declaración de los policías Carlos Muñoz y Gabriel Muñoz, que fueron quienes persiguieron el Renault denunciado por robo, manifestaron que tras el choque uno debió agarrar a Fernández que se quería escapar y el otro sacó a Otero sentado en el asiento trasero del auto. Adentro había quedado Enzo Giménez, muy mal herido, pero vivo.

El cerrajero 

Desde el momento del choque, a las 5 de la madrugada y hasta las 11 de la mañana del 29 de junio, ya se habían elaborado 64 fojas en la causa, que contenían el acta con la denuncia de Parrilla por el robo del auto, la inspección ocular del lugar del accidente y del lugar donde había sido sustraído el vehículo, el acta de secuestro, el inventario de todo lo que tenía el 4S, el certificado de los dos médicos policiales con las lesiones que presentaban Fernández, Otero y Giménez, la declaración de los policías del Móvil 695 y la palabra de cuatro policías que iban en el Móvil 847. Pero también se sumó el informe del cerrajero Luis Canale, que certificó que la cerradura de apertura del Renault 4 estaba forzada y que el tambor de la llave de contacto de arranque estaba quebrada. Este informe llevaba la firma del cerrajero que actuó como perito y al que luego – en el juicio desarrollado en el 2011 en la ex Cámara del Crimen de Gualeguay – se pidió su detención por falso testimonio.

En ese debate que se realizó en Gualeguay contra Fernández, por los delitos de homicidio culposo y sustracción de vehículo automotor dejado en la vía pública, Canale confesó que en la Comisaría Primera le hicieron firmar el acta – donde confirmaba la rotura de las cerraduras – sin haber visto lo que contenía el mismo. Incluso aseguró que nunca vio el auto. Es más, le aseguró a los jueces que no lo peritó porque le asustaba la sangre.

También existe un informe mecánico realizado en las primeras actuaciones sobre las roturas que presentaba la camioneta GMC a causa del choque. Entre ellas se destacó la abolladura del paragolpes en el sector izquierdo, que contrastaba con lo que se observaba en las fotos y el estado en el que había quedado el 4S.

Nunca hubo ninguna fotografía sobre el choque. No hay ninguna imagen que certifique cómo impactó el 4S con la camioneta, y todas las fotografías que fueron incorporadas a la investigación sobre el estado de los dos vehículos son de forma separada, sacadas esa misma noche. Todas oscuras y con la lente húmeda por la neblina.

En la persecución, desde la Policía se aseguró que nunca se disparó hacia el Renault 4 en fuga, pero hubo un testigo –que luego habría sido amenazado– que dijo haber visto los disparos desde el patrullero. El propio Fernández había declarado que no frenó porque se asustó porque le venían tirando.

El ingeniero Eduardo Omar Balla, que realizó la pericia mecánica al 4S a pedido de la Cámara de Gualeguay, dijo que “la abolladura que presenta el guardabarros delantero derecho no tiene la misma característica que el de las puertas, ya que el guardabarros pareciera que fue hecho con un elemento romo sin aristas, mientras que el de las puertas presenta hundimiento contra bordes agudos”. Es decir, el auto tenía dos tipos de choques.

Cuestionable y poco transparente

En una entrevista publicada el 30 de julio de 2007 en Ahora El Día, el entonces jefe de la Policía de Gualeguaychú, comisario Mario Córdoba, trató en todo momento de dejar en claro que la fuerza había accionado de forma “transparente”, a tal punto que lo dijo en cuatro ocasiones en una misma frase. Incluso trató de poner en el foco de los cuestionamientos a la víctima. Dijo: “cuando una persona anda sola tiene su propia identidad, pero cuando se reúnen dos o tres pierde su propia identidad y toma la del grupo”. Lo que olvidó tener en cuenta el ex Jefe Departamental –que se empeñó en justificar lo sucedido diciendo que Enzo Giménez andaba en un auto robado– es que la víctima iba en el auto acompañado de un policía y de un voluntario del Ejército.

Fue esa misma entrevista donde informó que fueron los Bomberos Voluntarios quienes sacaron a Giménez del auto. Sin embargo, el móvil 17 a cargo del bombero Selene salió del cuartel a las 5.10 de la madrugada y a las 5.12 salió el segundo móvil. A las 5.15 se comunicó el móvil 17 con el cuartel para informar que la persona ya había sido rescatada y en el informe se dejó en claro que “no se necesitó trabajar”.

Una ambulancia del Sanatorio Pronto acudió al lugar del choque a las 5.05 y trasladó a Enzo Giménez al Hospital Centenario. La víctima ingresó como NN y permaneció tres horas con vida hasta su deceso a las 8. Permaneció 8 horas como NN pese a que tenía consigo su teléfono celular, su billetera y en ese mismo nosocomio estaban siendo atendidos Fernández y Otero.

Cuando el padre y la madre de Enzo Giménez se enteraron del fallecimiento de su hijo, habían transcurrido 5 horas de la muerte. Fue a las 13 horas del día 29 y fue para identificar el cuerpo. Es esa misma entrevista, Córdoba confirmó que Enzo Giménez tenía su teléfono celular, a pesar que en la causa se negó la existencia del aparato, y relató sin vergüenza que la forma de identificación fue a través de un indicio por tener el apellido de un jugador de Boca. Así de increíble. Obviamente que nada de esto había sido así porque en la inspección ocular que se hizo al cadáver en el hospital a las 9, donde se informa legalmente la causa de muerte, figuran tachadas las letras NN y en su lugar está el nombre de Enzo Giménez. Una hora después de su fallecimiento ya estaba identificado.

El peregrinaje en el Hospital

Nunca se supo qué pasó con la ropa y los elementos que tenía Enzo al momento en que ingresó al Hospital Centenario. A sus padres les fue entregado el cuerpo totalmente desnudo. Incluso, el médico policial no tuvo dudas en su causa de muerte y recomendó que no era necesaria la realización de la autopsia. La aseveración de este médico es lo que utilizó como fundamento el juez de Instrucción, Javier Cadenas, para negar en un principio la autopsia, que en definitiva se le realizó en febrero de 2011 a causa de las incongruencias que habían aparecido en el camino. Pero para esa altura ya era muy tarde, habían transcurrido dos años y medio. La conclusión de esa autopsia arrojó lo siguiente: “Las lesiones enumeradas precedentemente en la región sigomática y frontal no tuvieron entidad para producir el deceso. Presentaba estigmas para torocotomía. En el presente caso, con los estudios a la vista y debido al estado de putrefacción del cadáver, no se arribó a un diagnóstico de Certeza de Muerte”.

Entonces ¿No era tan clara la causa de muerte como indicó el médico policial? En el primer informe que se le realizó en la guardia del Hospital Centenario a las 5:45 se detalló que Enzo Giménez presentaba “politraumatismos, fractura de pelvis y scalp frontal, entra con pulso fatigado 70 y 50, se coloca tubo hemotorax se saca un litro y medio de sangre y se expande con 3 litros suero fisiológico”.

A partir de acá empiezan las contradicciones entre los médicos que luego continuaron atendiendo al grave Enzo. El médico policial que lo examina en segunda instancia constata “traumatismo de cráneo con herida cortante en región frontoparietal derecha saturado en quirófano, traumatismo de pelvis con fractura de cadera derecha, traumatismo de tórax, con hemotorax, estabilizado con tubo endotoráxico colocado en quirófano, traumatismo testicular derecho con herida cortante”. Lo que antes era una fractura de pelvis pasó a ser una fractura de cadera derecha. Pero las contradicciones siguen.

Cuando es llevado a Terapia Intensiva se constataron otras patologías: “politraumatismos graves, traumatismo grave de tórax con neumotórax severo, shock hemorrágico, fractura de fémur derecha expuesta al dorso del muslo, se coloca inotrópicos. Se realiza entubación. Paro. Óbito 8:30”. A las 9, en el examen al cadáver, se detalló: “Traumatismo severo, traumatismo de tórax cerrado severo con hemotórax, contusión pulmonar grave, fractura de fémur expuesta derecha, traumatismo de cráneo grave con scalp de cuero cabelludo, herida en escroto izquierdo (antes era en el derecho)”. El médico de Policía señaló como causa de muerte un “paro cardiorrespiratorio traumático por falla multiorgánica por traumatismo de cráneo grave y traumatismo grave de tórax cerrado con hemotórax. La causa de muerte es clara no es necesaria la autopsia. Ingresó a la Terapia Intensiva a las 7:45 y falleció 8:30”.

El certificado de defunción señala que Enzo Giménez murió a las 8, mientras que el certificado de terapia marca a las 8:45. Cuando el cuerpo de Enzo fue llevado a la autopsia en Oro Verde, en las radiografías que tomaron sólo encontraron una fractura en el fémur derecho. Nunca existió fractura de pelvis ni fractura de cadera.

Pocas semanas después de aquella final que Argentina perdió contra Alemania en el Mundial de Brasil 2014, ocurrió algo que hasta el día de hoy sigue sin aclararse. A pesar de que se tomaron más de cincuenta declaraciones testimoniales en la causa, se analizaron cámaras de seguridad y se investigaron sospechosos y distintas líneas de hipótesis, nunca se pudo determinar realmente qué fue lo que sucedió con Rosalía Delia Abelleyra, ni tampoco el porqué.

Esta mujer de 76 años vivía sola en una casa de dos plantas, muy bonita y con un estilo arquitectónico moderno para la época en la que había sido construida. Fue la vivienda familiar de los Fernández, que tenían un muy buen pasar económico gracias al rol como camarista en Gualeguay que había tenido el esposo de Abelleyra en la década del 70 y otras propiedades que daban sus réditos para sostener ese estilo de vida.

Tras la muerte de Abelleyra, la propiedad estuvo durante muchos años a la venta, pero fue recién en este último tiempo que cambió un poco la fisonomía, principalmente la fachada que tenía, que la distinguía en uno de los puntos más céntricos y coquetos de la ciudad.

Abelleyra tenía tres hijos (un hombre y dos mujeres) y según lo que se desprendió de aquella investigación policial y judicial, la relación intrafamiliar no era de las mejores. Habría existido un histórico maltrato de la mujer hacia sus hijos, que con los años se convirtió en un resentimiento que los alejó de su madre. Por ello es que pasó tantos días encerrada y maniatada en el baño sin ser descubierta, ya que prácticamente nadie la visitaba, hasta que fue su propio hijo el que la rescató de ese estado.

Sin cámaras ni testigos

Cuando la Policía ingresó al domicilio ubicado en Luis N. Palma 418, hubo algo que les llamó poderosamente la atención: el desorden. Para los investigadores se estaba ante un claro asalto. Los delincuentes habían entrado a la vivienda y revuelto cada rincón. No había dudas. Pero con el correr de las horas la investigación dijo otra cosa.

Abelleyra fue encontrada en el baño, en posición fetal, atada de pies y manos, y con su rostro completamente desfigurado por golpes que recibió. Pero lo peor era el cuadro de deshidratación que presentaba y por el cual debieron internarla en la sala de cuidados intensivos del Hospital Centenario.

Un testigo presencial del momento en que rescataban a la mujer de la vivienda relató que se la oyó gritar reiteradamente: “Sos un hijo de puta”. Aunque el destinatario del insulto era un misterio, la frase encendió la primera línea de sospecha en la investigación. El rastro, no obstante, se desvaneció en pocas horas: los fiscales Sergio Rondoni Caffa y Lucrecia Lizzi la entrevistaron en el Hospital Centenario, donde la anciana descartó cualquier sospecha sobre su hijo.

Surgieron otras líneas investigativas. Se habló de tres hombres que habían llegado desde ciudad a los que los habían contratado o vendido el dato de que en esa casa había dinero, pero quedó en la nada porque no se encontraron pruebas. No surgió ninguna anormalidad en cada una de las cámaras de seguridad que el personal de Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú analizó.

El jefe de Policía de Gualeguaychú por aquel entonces, comisario Vicente Giménez, señaló: “Nosotros vimos una vivienda muy segura, al igual que las que la rodean, dotadas de perros de vigilancia, sensores de movimientos y alarmas. La obra en construcción lindera está prácticamente cerrada, por lo que no hay por dónde ingresar, y además posee cámaras para el control de personal. Esa es una de las cámaras de las cuales tenemos una cantidad de material que se está analizando. Otra es la del edificio Torres de Avenida, más los testimonios recogidos. Seguimos trabajando y analizando las más de 60 horas de grabación que hay”.

Pero existía un punto ciego. La casa tenía su frente sobre Luis N. Palma y sobre esta avenida estaban ubicadas las cámaras de seguridad de vecinos, comercios y de la Municipalidad, pero la propiedad tenía otra salida por República Oriental y se estima que esa puerta se pudo haber utilizado para abandonar la vivienda sin ser captado por alguna filmación. Pero eso es otra hipótesis.

Lo cierto es que en esta causa no hay nada cierto y es por eso que, a casi 12 años del hecho no hay imputados y mucho menos condenas para los responsables.

Compradora compulsiva

La gran pregunta que les quitaba el sueño a los peritos era el móvil. ¿Por qué ensañarse con una anciana, golpearla, atarla y dejarla morir en el baño si no existía otra razón aparente que el robo? Es un interrogante que aún no tiene respuesta. Aunque al principio todo apuntaba a un asalto, la hipótesis nunca se confirmó: el desorden en la casa era tan caótico que los investigadores jamás pudieron determinar qué elementos faltaban, y mucho menos si había dinero en juego.

Abelleyra no solo vivía en un aislamiento extremo, muy similar al de los acumuladores compulsivos, sino que compraba constantemente cualquier objeto que tuviera a mano. Con su fallecimiento, ocurrido el 5 de octubre, los investigadores perdieron la principal fuente de información para esclarecer lo que había sucedido en esa casa. 

El único elemento clave con el que contaba el fiscal Lisandro Beherán eran los precintos plásticos con los que habían atado a la víctima. De hecho, para destrabar la causa, llegó personal de Investigaciones de Paraná, quienes recomendaron realizar un estudio genético sobre esos elementos. Los precintos fueron secuestrados y remitidos al Departamento de Genética Forense con la esperanza de obtener patrones de ADN para cotejarlos con los sospechosos. Sin embargo, tras pasar varios días en la ciudad, los peritos de la capital provincial no lograron hallar ningún otro indicio y los resultados de laboratorio no fueron los esperados. Así, la prueba más importante de la causa terminó en la nada.

Por aquellos años, Beherán declaraba a la prensa: “No se pudo determinar si la señora tenía dinero guardado y se lo habrían llevado. Lo que quedó bien definido es que era una persona que gastaba mucho dinero en compras”. Lo que el fiscal ignoraba en ese momento era que aquellos consumos excesivos de la víctima se convertirían en la prueba clave de otra causa: la que terminó con la condena por estafa de la tarotista Alejandra Atúm, hermana de la recordada Pequeña P.

La vidente

Pasó una década y las cifras en pesos que hoy parecen insignificantes, diez años atrás servían para terminar de pagar un auto cero kilómetro. Eso fue lo que pasó y comprometió a Alejandra Atúm, una de las hermanas de Pequeña P, la vedette de Gualeguaychú que llegó a los teatros de revistas en Buenos Aires y falleció el 27 de febrero de 2009

Alejandra, hoy ya fallecida, fue una de las personas que más bregó por la investigación de su hermana, junto a la madre de ambas. Había tomado notoriedad en los medios de comunicación porque estaba convencida que a Pequeña P la habían matado y los sostenía en cada una de las notas que a ella y su madre le hacían.

Esta notoriedad le valió para hacerse más conocida en su rol como vidente o tarotista. Y fue así que Gabriela Fernández, una de las hijas de Delia Abelleyra, la contactó para que le dijera mediante su experiencia paranormal quién había sido el que mató a su madre.

Pero Atún se aprovechó de esa situación de vulnerabilidad y también de la posición económica, y estaba convencida de que le iba a sacar beneficio. Mediante intimidación, le hizo creer a la mujer que su madre le debía dinero a una banda de delincuentes y que, si no le entregaban el pago de esa deuda, la iban a matar a ella y a sus dos hermanos.

Todo esto, una vez que Fernández se dio cuenta que Atúm la estaba estafando, terminó en una causa judicial y en una condena de dos años de prisión condicional, ya que le había requerido que le entregara 50 mil pesos para evitar la masacre.

En ese juicio, la Fiscalía intentó probar que la tarotista había asistido a Gabriela Fernández en varias oportunidades. En uno de esos encuentros, cuando fue a la vivienda de Abelleyra para hacer una “curación” y limpiar el lugar de “malos espíritus”, Fernández le regaló una costosa cartera Ricky Sarkany y un collar de su madre; la vidente no solo aseguraba haber espantado las malas energías, sino que además les reveló, supuestamente a través de sus poderes extrasensoriales, quién había sido el asesino de la anciana

“No hubo amenazas sino una puesta en escena para que la víctima incurriera en un error”, fue lo que le dijo el fiscal Beherán al juez Mauricio Derudi en el juicio a Atúm por los hechos ocurridos entre el 19 y el 20 de marzo de 2015. 

En su alegato, Beherán mencionó que Atúm cerró la deuda del crédito de su automóvil, calculada en unos 22 mil pesos, el día antes a que se conociera la denuncia de Fernández, y cuando se le preguntó por esta casualidad, la mujer se excusó diciendo que se trataba de un crédito que le habían dado a su marido en su trabajo, sin documentación respaldatoria.  

Vamos a remontarnos a 1986. Más precisamente al viernes 4 de julio. Era época de Australes, la moneda que tenía la Argentina bajo el gobierno de Ricardo Alfonsín, que sobrevivió hasta el 31 de diciembre de 1991, cuando Carlos Menem puso en marcha el Plan de Convertibilidad, orquestado por su ministro de Economía, Domingo Cavallo. Y en el Congreso de la Nación se solicitaba una sesión especial para debatir el proyecto de divorcio vincular para modificar lo que hasta ese momento era la “actual Ley de Matrimonio Civil”.

Por esos días, la Selección Argentina de Maradona y Bilardo había regresado al país tras conseguir la segunda estrella en el Mundial de México. Los diarios hacían mención al retorno a Gualeguay de Jorge Burruchaga, el autor del gol de la victoria ante Alemania, junto a Néstor Clausen.

En Gualeguaychú, Manuel Alarcón había lanzado su precandidatura a Intendente por la Línea Interna del Movimiento de Unidad y Renovación Peronista (MURP). También, había llegado a la ciudad el nuevo refuerzo norteamericano para Racing Club. Luego de unos inconvenientes con los vuelos aéreos que había en el país, había arribado Marvin Asa Stevens: un joven de 23 años, oriundo de Ohio, que jugaba de ayuda base y llegaba para reforzar el equipo de Jesús Legaria por la Liguilla Entrerriana.

En lo gremial, había problemas con los empleados municipales, en el Frigorífico Gualeguaychú y con el extinto Banco Mesopotámico, que tenía su sede en el actual edificio de la Cooperativa Eléctrica de 25 de Mayo. Su desaparición ya era casi un hecho y la confirmación llegó a mediados de ese mes, cuando el Banco Central de la República Argentina dispuso su liquidación. El recordado Osvaldo Delmonte era el secretario General de la Asociación Bancaria de Gualeguaychú y en los medios de aquel momento defendía a los trabajadores: “Los empleados no son responsables”.

Era pleno invierno. De esos inviernos que tiritan los huesos. Esas heladas que penetran la piel y se mantienen durante todo el día. De esas mañanas blancas, que por más esfuerzos que realice febo, poco éxito tiene. Así estaba la mañana del viernes 4 de julio que cayó el avión de Gendarmería Nacional, pegadito a Tenis del Sol.

Pocos son los que se acuerdan y algunos ni saben que esto sucedió en plena ciudad de Gualeguaychú, aunque en ese tiempo, el lugar donde se precipitó el avión “Pipper Navajo Pa-31” quedaba casi en las afueras, sobre el oeste, en la parte trasera del Hogar de Niñas.

En esa aeronave viajaba el N° 1 a nivel nacional de Gendarmería Nacional. Se trataba del comandante General Arturo Lopetegui. Pero no venía solo. Lo acompañaban otros miembros de la plana mayor de la fuerza: estaba su ayudante, el comandante Oscar Honorio Exequiel Cuadra, el director de Inteligencia, comandante general José Luis Casajus, y el subdirector de Policía de la Dirección de Operaciones, comandante mayor Nelson Jorge Block. Como parte de la tripulación estaba el piloto y comandante Félix Franco Arpires, el copiloto y primer alférez Adrián Adelqui Bernoca y el mecánico de vuelo, suboficial principal Ricardo Celino Sánchez.

En ese momento, había cierto halo de misterio respecto de dónde provenían, qué les había ocurrido, pero nunca nada fundado: solo conjeturas o sospechas sin sentido. Sin embargo, Gendarmería Nacional informó rápidamente que se trataba de una “comisión de servicio” que retornaba a Buenos Aires, desde la ciudad correntina de Paso de los Libres.

¿Qué fue lo que sucedió?

Según los registros de esa época, esa mañana de viernes amaneció bajo “un denso manto de niebla” que dificultaba la visibilidad y transcurridas las primeras horas de la tragedia, se creía que esa podría haber sido la causa del accidente. Pero con el correr de las horas fue tomando fuerza otra de las teorías: se habían quedado sin combustible y la aeronave se precipitó a tierra.

Lo que reforzaba esa hipótesis fue que el avión no explotó al caer. “La máquina fue perdiendo altura, hasta que alrededor de las 11.15, el piloto Arpires no pudo evitar atropellar la antena de radio de Rutalnor, y al perder totalmente el dominio de la máquina, ésta enfiló hacia la parte trasera del Instituto José León Torres para estrellarse contra un enorme ejemplar de eucalipto, que partió al medio. Es allí donde el avión quedó literalmente desintegrado”, dice la información de EL ARGENTINO del sábado 5 de julio.

Si bien han transcurrido 40 años y la ciudad ha modificado su fisonomía, este sector oeste donde ocurrió la tragedia no ha cambiado tanto. El lugar exacto donde cayó el avión es sobre San Martín, en la parte trasera de la actual escuela María América Barbosa, donde antiguamente funcionó el edificio del Hogar José León Torres, que posteriormente se mudó a la esquina de Urquiza y Hermanas Mercedarias. Sobre San Martín, en ese momento no había más que una larga hilera de eucaliptos, y el predio de Tenis del Sol que funciona hasta la actualidad. La actividad comercial estaba centrada sobre Urquiza y en sus alrededores se levantaban los barrios CASVAC y General Ramírez. 

El panorama que había dejado el accidente era desolador. Uno de los motores estaba debajo de un eucaliptus, la otra parte de la máquina incrustada sobre otro, a unos cuatro o cinco metros de altura; el resto de la cabina estaba sobre la calle que conduce al Barrio 348; y otras partes de la máquina diseminadas por todos lados.

Lo que se decía en aquel entonces era que el avión había intentado aterrizar en el Aeroclub de Gualeguaychú cuando se confirmó que el combustible no era el suficiente para llegar hasta Buenos Aires, pero como las condiciones climáticas eran adversas, la aeronave quedó sobrevolando la zona hasta que se precipitó a tierra. En su intento por un aterrizaje de emergencia, el piloto perdió el rumbo a causa de la niebla y al perder altura, chocó contra la antena de radio que funcionaba en la famosa concesionaria de autos ubicada en Urquiza y Nágera, que finalmente fue lo que le hizo perder el control total al piloto.

El impacto había sido tremendo, por lo que eran pocas las esperanzas de encontrar con vida a sus ocupantes. Lopetegui, Casajus, Block y Cuadra murieron en el acto. Casualmente, los miembros de la tripulación: Arpires, Bernoca y Sánchez habían quedado con vida, aunque muy mal heridos, y fueron trasladados al Hospital Centenario.

Ese mismo viernes 4 de julio, pero por la tarde, un avión de la Fuerza Aérea llevó los cuerpos de los gendarmes fallecidos a Buenos Aires. Con la presencia del presidente Raúl Alfonsín y parte de su gabinete, fueron velados en el edificio Centinela e inhumados en el Cementerio de Chacarita. Mientras tanto, los sobrevivientes permanecieron en Gualeguaychú ante la imposibilidad de traslado, debido a la gravedad que presentaban.

Un médico de Gendarmería Nacional viajó hasta Gualeguaychú y siguió de cerca la evolución para decidir si era necesario llevarlos a Buenos Aires. Para el sábado por la tarde, la situación para Ricardo Celino Sánchez y Adrián Adelqui Bernoca parecía mejorar. Habían mostrado una buena evolución, mientras que el piloto Arpires todavía no había recuperado el conocimiento. Finalmente, ese mismo día por la noche y de forma aérea, se los derivó al Hospital Militar Central “Cosme Argerich”.

Casi en forma simultánea, también arribó a la ciudad la comisión de Investigación de la Fuerza Aérea, a cargo de un vicecomodoro de apellido Walter y un capitán González, que junto a otros expertos comenzaron con las tareas de investigación para tratar de determinar las causas.

Finalmente, el 14 de julio de 1986 se confirmó la muerte del suboficial principal Ricardo Celino Sánchez, durante su estadía en el Hospital Militar en Buenos Aires, y de esta forma fueron cinco las víctimas fatales por las cuales en el año 2002 se instituyó a nivel nacional el 4 de julio de cada año, como el “Día del Gendarme Fallecido en Acto de Servicio”.

En el lugar donde cayó el avión ya no hay nada. Luego de ocurrido el accidente se construyó un monolito en memoria de los gendarmes fallecidos. Había sido levantado meses después por los familiares y la propia Gendarmería Nacional, con mármol y placas de bronce, pero con el paso del tiempo esas placas fueron desapareciendo y el lugar destruido, hasta su extinción total en 2015. Hoy, cada 4 de julio, el personal del Escuadrón 56 los recuerda con una ceremonia en el Panteón de Gendarmería Nacional, en el Cementerio Norte de Gualeguaychú.

El primero que ayudó

Hace un par de años atrás, para para el aniversario 26 de la tragedia aérea, Diario El Día recordó a Jorge Raúl Samacoits, un vecino muy conocido que vivía a dos cuadras del lugar. Fue el primero en llegar al lugar a ayudar a las víctimas. Junto a otros vecinos prestó colaboración en un momento donde todo era desolación y muerte. Horas después de ayudar a las víctimas, murió.

Uno de sus hijos, Jorge, titular de la empresa "Auxilio Jorge", no olvidó jamás de ese día. “Vivíamos a dos y media del lugar. Y uno de los primeros que llegó -así se dijo- fue papá. Yo estaba en la peluquería cortándome el pelo y cuando regresaba por Urquiza observo la presencia de autos, bomberos, ambulancias y gente que corría por todos lados. Era un desastre, cosas tiradas por todos lados. Mi papá fue a socorrer como muchos vecinos”, recordó en una entrevista realizada en 2012.

"Ese día no me la voy a olvidar nunca en la vida. Es una fecha muy dura para mí, porque papá luego de unas horas del accidente, se acostó a dormir la siesta y no se despertó más, tenía 49 años", mencionó.

Una mujer de 44 años, que trabaja como secretaria de una integrante del cuerpo legislativo de Gualeguaychú, radicó una denuncia el viernes por la tarde en la Comisaría Primera, contra el concejal Marcelo Rodríguez de La Libertad Avanza por acoso sexual y abuso sexual simple.

La víctima relató que viene soportando el hostigamiento de Rodríguez desde hace tiempo en forma verbal, con ofrecimientos del concejal para tener una relación, pero hace dos semanas esas insinuaciones pasaron a otro plano. 

La denunciante contó que Rodríguez ingresó a la oficina donde ella se encontraba con la excusa de que buscaba a la concejal Mirta Sulzyk, también integrante de La Libertad Avanza, cerró la puerta y las persianas, se acercó a donde ella estaba dentro de la habitación y comenzó a manosearla en sus partes íntimas.

La mujer comenzó a gritar, se defendió como pudo y salió de la oficina, mientras el concejal le decía: “Dale que estoy caliente”. Los acosos fueron continuos, pero se intensificaron en las últimas semanas, donde el hombre le tocaba el pelo, el hombro y otras partes de su cuerpo.

Según consta en su denuncia, la mujer siempre se defendió y en todo momento le hizo saber su negativa a esas insinuaciones sexuales que Rodríguez le proponía. Incluso, desde hace unas semanas, le ponía traba a la puerta de su oficina para no ser sorprendida por el ahora denunciado.

El hecho ya está en órbita de la Justicia de Gualeguaychú. Desde la Fiscalía, trabajan en la investigación y en otorgar las medidas restrictivas que ha solicitado la mujer para impedir el acercamiento del concejal.

Pasaron casi cuatro años desde que se cometió el hecho hasta la lectura de la condena. En el medio pasó de todo, incluso un juicio trunco porque Martínez se había fugado del centro de rehabilitación en Concepción del Uruguay, cinco días antes a que iniciara el debate oral y público en Gualeguaychú, donde estaba imputado por “homicidio en ocasión de robo con abuso sexual con acceso carnal”.

Todo se inició en 2014. Estela Alberto llegó a su casa en el del sector 1 del barrio Eva Perón (348 viviendas) alrededor de las tres de la madrugada, luego de pasar la Nochebuena en la casa de su hermana. Cuando sus familiares regresaron a buscarla horas más tarde, ya nadie contestó a la puerta. Solicitaron la presencia de la Policía para ingresar al departamento. Entraron por una ventana y la encontraron tendida sobre la cama con manchas de sangre sobre las sábanas.

Fue llevada al Hospital Centenario, donde murió en las primeras horas de la mañana del 26 de diciembre. Tras la autopsia, se determinó que la causa de la muerte se debió a un fuerte golpe en la sien. Pero lo más aberrante fue el descubrimiento (aunque ya se había constatado en su ingreso al hospital) que había sido salvajemente abusada y que incluso se había utilizado un elemento contundente.

La autopsia que le realizó horas más tarde el médico forense Marcelo Benetti arrojó que tenía hematomas en ambos ojos, en el cuero cabelludo y en la nuca; en la región facial izquierda presentaba una probable compresión de suela de calzado, además de lesiones cortantes en el arco superciliar izquierdo, con desprendimiento parcial de piezas dentales. Tenía otras lesiones en el cuello, el hombro, la clavícula derecha, el brazo derecho, la mano izquierda y el meñique derecho.

Para el Ministerio Público Fiscal no había dudas de que se había tratado de un robo y que, en esa acción, aprovechándose de la delicada situación en la que quedó la víctima tras la agresión física, sucedió el abuso.

No se tardó mucho en escuchar el nombre de Leandro “Coño” Martínez como sospechoso, o por lo menos en tener algún tipo de vinculación. Tal es así que fue detenido el 29 de diciembre, en una vivienda del sector oeste del barrio Eva Perón, pero fue liberado 24 horas después por el entonces fiscal Guillermo Biré por falta de pruebas suficientes para imputarlo por el hecho. Al otro día, el 31, fue nuevamente detenido, pero esta vez con claras certezas de que había sido el responsable. Había pruebas genéticas que lo involucraban directamente con el hecho.

Un pasado de drogas

A Martínez se le dictó una prisión preventiva que se fue prorrogando, hasta que su abogado defensor consiguió que continuara con esta modalidad en el Centro de Adicciones El Edén, que funciona en Concepción del Uruguay, por el consumo problemático de estupefacientes que tenía el joven de 22 años al momento del hecho.

Durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP) no sucedió demasiado. Estaba clara la autoría de Martínez y sólo restaban conocerse resultados de informes periciales y detalles judiciales que permitieron avanzar la causa hasta que el Juzgado de Garantías elevó el legajo a juicio. La primera audiencia se fijó para el 3 de agosto.

Habían pasado ocho meses de cometido el hecho y el fiscal coordinador del Ministerio Público de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, tenía claro que iba a ir por la pena máxima: la reclusión perpetua. El tipo de crimen cometido podía llevar al acusado a una cadena perpetua. ¿Difícil? Sí, pero no imposible. Lo que no fue imposible para Martínez fue escapar del Centro de Adicciones donde estaba alojado cumpliendo su prisión preventiva. Sabía que enfrentaba una dura condena y no tenía nada para perder. Aprovechó el momento adecuado y se fue caminando por la puerta de entrada el jueves 30 de julio. Cinco días antes de que se iniciara el juicio.

“Chupate esta mandarina”

Desde entonces no se supo más nada de él. El juicio debió suspenderse porque el imputado debe estar presente y todo parecía indicar que el caso iba a quedar en el olvido. Pero en este punto hay que destacar el trabajo de los investigadores, tanto del Ministerio Público Fiscal y la División Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú, que nunca dejaron atrás cualquier rastro de Martínez.

Pero “Coño” cometió un error terrible para cualquier criminal que se jacta de serlo. Se confió. Llegó a la zona de la Triple Frontera y creyó que nunca más lo iban a encontrar. Dejó abierta una de sus tres cuentas de Facebook. Allí subía declaraciones de amor a su nueva novia, con fotos y paisajes característicos de Brasil. El 7 de diciembre de 2015 ya les había adelantado a sus perseguidores adonde había llegado, escribiendo en su muro: “Chupate esta mandarina. ¡En Brasil, vieja!”.

Después de eso fue mucho más fácil rastrearlo. Incluso, a principios de 2016, viajó una comisión policial de Investigaciones para aprehenderlo, pero en esa ocasión no pudieron dar con su paradero. Martínez se movía por Bolivia, Paraguay y Brasil, haciendo malabares en los semáforos, lo que también dejó documentado en Facebook. Dejó escrito momentos de reflexión como “La vida sin drogas es mucho mejor. Veo mis cambios y mi felicidad día a día gracias a las personas que me enseñaron que una vida sin drogas es más linda. Fuerza chicos que se puede, yo pude y es tan lindo”, y otros en donde denotaba cierto cambio de vida.

Finalmente, fue atrapado cuando intentaba cruzar desde Ciudad del Este a Foz do Iguazú. Nueve meses duró su periplo por la triple frontera y en la Comisaría 2º de Foz do Iguazú esperó por su extradición, que llevó varios meses. Mientras, en Gualeguaychú, trabajaban en los trámites burocráticos para repatriarlo y a fines de mayo de 2016 culminaron con todo lo que debían preparar.

Recién a mediados de 2018 arribó al país custodiado por Interpol y quedó alojado en la Alcaidía de Sección Extradiciones, Departamento Interpol, ubicada en Buenos Aires. Luego se designó una comisión policial conformada por el Grupo Especial de Gualeguaychú, que efectivizó su traslado.

Una vez en nuestra ciudad y mientras se fijaba la fecha para el esperado juicio, Martínez fue alojado en la Colonia Penal N° 9 con prisión preventiva, pero a los pocos días debió ser reubicado en la (ya desalojada) Unidad Penal Nº 2 porque habría protagonizado un intento de fuga y ante cualquier otra situación se decidió su traslado a un lugar de mayor seguridad (todavía no habían sido construidos los pabellones de máxima seguridad).

El juicio

En septiembre comenzó el juicio y sólo dos audiencias bastaron para juzgarlo. No hubo mayores sobresaltos para determinar la autoría del hecho. Ninguno de los argumentos expuestos por la defensa encontró el reparo jurídico probatorio.

La jueza Alicia Vivian fue quien presidió el Tribunal, y junto a Arturo Dumón y Mariano Martínez (que reemplazó a Mauricio Derudi que en el inicio de la investigación actuó como Fiscal coordinador), impusieron de forma unánime la pena de 27 años de prisión por los delitos de "homicidio en ocasión de robo y abuso sexual con acceso carnal calificado por haber resultado la muerte de la ofendida".

Martínez había declarado en una de las audiencias: “Yo no la mate, no la abusé y no le robe nada a Estelita” y argumentó que no había tenido nada que ver con lo sucedido. Para explicar sus rastros genéticos que fueron hallados en la escena del hecho y extraídos del cuerpo de la mujer, se defendió argumentando una supuesta relación sexual con la víctima a cambio de dinero.

Para los magistrados, la versión de Martínez tenía serias disonancias con pruebas sustanciales rendidas en el juicio. Esa versión que la víctima mantenía tanto con él, como con otros jóvenes, relaciones sexuales por dinero, fue desvirtuada por las pruebas y porque ninguno de los testigos que fueron convocados por la defensa del imputado pudo dar fe de lo argumentado. Todos ellos dijeron que "había comentarios en el barrio" y no pudieron establecer, ante preguntas concretas, el origen de esos comentarios. Negaron haber conocido o sabido que el acusado mantenía ese tipo de relación con la víctima.

Asimismo, la declaración de Martínez tampoco coincidía con la personalidad que tenía Estela Alberto y la forma que ella tenía de relacionarse con los jóvenes y sus vecinos. Esos mismos testigos, que eran compañeros de salida de "Coño" Martínez, a la hora de responder sobre la relación que mantenían con la víctima, fueron coincidentes en decir que no tenían contacto con ella, que era un trato normal, que era muy reservada y que si se les caía una pelota no se las quería devolver.

Derribando “comentarios”

De estos comentarios se desprende que Estela Alberto no era una persona afable ni de socializar con jóvenes. “No era sociable, o dada con sus vecinos del barrio, por el contrario, la preocupación, y el temor que sentía, hacen presumir su falta de confiabilidad social o vecinal”, explicaron los jueces de forma unánime en su sentencia.

Pero, además, en cuanto al tipo de relación sexual consensuada, fue científicamente desvirtuado gracias a los dichos y la labor desplegada por el médico forense Marcelo Benetti, que al revisar a la víctima encontró lesiones en zona genital y anal, y descartó la posibilidad de un trato sexual voluntario. Para el Ministerio Público Fiscal no había dudas de que se trató de un robo y que, en esa acción, aprovechándose de la delicada situación en la que quedó la víctima tras la agresión física, sucedió el abuso.

El abogado defensor, Pablo Ronconi, pretendió desacreditar el robo, basándose en que tras el hecho se hallaron 28 mil pesos debajo del colchón de Estela Alberto. Poner en crisis el móvil del robo era crucial para la defensa porque de esta manera la pena no sería tan dura. Pero los jueces no coincidieron con esto y argumentaron: “Si el autor del hecho no se llevó ese dinero no es porque no tuviera intención de sustraerlo, sino porque sencillamente no se percató de su existencia”.

Los jueces no tuvieron dudas. Martínez estaba motivado por su necesidad de obtener dinero para continuar consumiendo drogas y bebidas alcohólicas, y por ese estado sucedió el hecho. “La muerte de la víctima no fue consecuencia del acto abusivo sino de la violencia ejercida en primera instancia para perpetrar el desapoderamiento”. Es por esto que el Tribunal valoró los hechos y los subsumió a las figuras de homicidio en ocasión de robo y abuso sexual con acceso carnal.

El único tema de conversación en la calle, por aquellos días, era el descenso de categoría de River Plate. Nadie salía del asombro sobre lo que ese domingo 26 de junio de 2011 había sucedido. Pero esa semana todo cambió en Gualeguaychú y el interés social giró hacia lo que se había descubierto en la mañana del viernes 1 de julio: un joven había sido hallado muerto en un complejo de cabañas en la Calle 2, a metros del Camino de la Costa.

En aquel tiempo, la zona era muy distinta a la actualidad. Poca iluminación, calles de tierra, pocos habitantes en las inmediaciones, desolación y un montón de adjetivos más que se podrían agregar para describir un lugar muy diferente a la belleza que representa hoy.

Esa mañana había sido una de las más frías registradas ese año. Todavía no se había levantado la escarcha que blanqueaban los pastos cuando la Policía tomó conocimiento del crimen que había ocurrido dentro de un complejo de bungalows, situado muy cerca de la guardería de lanchas que todavía funciona sobre el Camino de la Costa.

Leonardo Herrera había sido hallado muerto, atado de pies y manos a una silla y cubierto con una manta. Tenía un corte de 10 centímetros sobre el lateral derecho del cuello, en la zona de la arteria aorta y siete puñaladas en el tórax. Tenía 24 años y trabajaba como sereno del lugar.

Desde ese día se tomó la posible hipótesis de que habían actuado entre tres y cuatro personas, incluso se habló de la filmación de una cámara de seguridad de un complejo aledaño a la escena del crimen, pero nunca se pudo ver fielmente lo que mostraban esas imágenes y mucho menos identificar a alguien.

Inmediatamente tomó fuerza la línea investigativa de que la víctima conocía a sus homicidas, porque en la escena del crimen no había nada que mostrara indicios de un ingreso violento. “Estaba todo limpio”, contó una fuente del caso en aquel momento. Incluso, dentro de esa hipótesis inicial, se estableció que los sospechosos habían permanecido con Herrera toda la noche, pero que en un momento determinado ocurrió algo que desencadenó la tragedia.

En principio se habló que el móvil sería el robo de un televisor LCD de 52 pulgadas, otra TV de 20 pulgadas, una computadora y un DVD, aunque la investigación policial no descartó otras teorías como un ajuste de cuentas o algo relativo a un tema pasional. Fue lo primero que se tejió para tratar de explicar el móvil que pudiera orientar la investigación.

En los albores de la investigación se nombró la posibilidad de que fueran cuatro las personas que habían estado con Leonardo Herrera esa noche del crimen, pero nunca quedó muy claro qué fue lo que pasó con ellos y si pudieron ser identificados.

Se estimó que estas cuatro personas abandonaron el lugar en un vehículo y una de las pruebas más importantes con las que se contaba en un principio era la filmación de una cámara de seguridad de la guardería de lanchas, ubicada justamente en esa intersección del Camino de la Costa y Calle 2, en las que se observaba el tránsito de un auto en la hora señalada en la que ocurrió el crimen.

Pero con esto hubo un grave inconveniente: nunca se pudo distinguir nada de esa imagen por la baja calidad de la filmación. La definición era muy mala, era de noche y la zona era muy oscura, con poco tránsito, principalmente a esa hora de la madrugada.

El video se remitió para ser analizado, pero nunca se pudo mejorar. Los píxeles no eran lo suficientes como para estirar la imagen sin que perdiera claridad, y además se dificultó realizarlo con otro tipo de tecnología debido a la deficiencia en tecnología del sistema informático que existía en ese momento en Entre Ríos.

El abogado que representó a la familia Herrera solicitó que esas imágenes fueran remitidas a la Policía Federal o a Gendarmería Nacional, pero desde la Justicia se negó ese pedido y se requirió que se le preguntara a la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre Ríos para saber si había incorporado tecnología para ello. "La causa no avanza porque no hay tecnología suficiente como para profundizar la investigación como se debería", explicó años atrás el querellante.

Lo cierto es que la causa entró en un sinfín de idas y vueltas, que hasta el día de hoy no ha encontrado descanso. Quien inició la investigación fue el ex juez de Instrucción N° 3, Sergio Carboni. Por aquellos años, esta figura era quien comandaba las actuaciones de todas las investigaciones y relegaba el protagonismo de los fiscales a un segundo plano.

Así funcionaba el sistema investigativo por aquel entonces. Los fiscales eran meros colaboradores del Juez de Instrucción. Pero tras la jubilación de Carboni, el caso pasó al Juzgado de Instrucción N° 1 de Eduardo García Jurado, que lo suplantó interinamente.

Posteriormente, el 5 de febrero de 2013, llegó la tan esperada Reforma Procesal Penal en Entre Ríos, que eliminaba la figura del Juez de Instrucción y aparecían los Juzgados de Garantías y de Transición, que tenían como finalidad resguardar las garantías del proceso penal y de las investigaciones que ahora quedaban exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal.

Entonces, la investigación por el crimen de Leonardo Herrera pasó a la órbita del Juzgado de Garantías y Transición de María Angélica Pivas, que tomó ese lugar por aquellos tiempos, pero fue durante un corto periodo, porque tras su nombramiento como vocal de la Cámara de Gualeguay, el caso quedó en manos de su reemplazante, otro interino, el juez Mario Figueroa.

Luego de un tiempo subrogando el cargo de Juez de Garantías en Gualeguaychú, Figueroa también se alejó de la jurisdicción y su puesto fue tomado por el actual juez Ignacio Telenta.

Hay una máxima en el ámbito judicial forense que dice que las primeras 72 horas son claves para el esclarecimiento de un crimen; y que pasado ese tiempo las pruebas se van perdiendo, haciendo cuesta arriba llegar al culpable. Durante estos últimos 15 años esos folios o fojas han pasado de mano en mano sin que existan mayores novedades respecto al caso.

El hecho ya estaría proscripto penalmente. Dentro de esa investigación lo único que aparece como relevante es un registro palmar levantado en el lugar del hecho, que ha sido cotejado, pero “no ha dado resultados positivos”. La última directiva había sido volver a cotejar esas huellas con las bases de datos nacionales y provinciales, pero tampoco arrojó los resultados esperados que pudieran redireccionar la investigación. Incluso, hubo cierto optimismo en que esos cotejos de huellas con los registros con la base de datos de la Policía Federal Argentina en CABA y Provincia de Buenos Aires pudieran encauzar la investigación, pero los resultados también fueron insatisfactorios.

Quince años después del asesinato de Leonardo Herrera, una de las principales incógnitas ya no pasa únicamente por identificar a los responsables, sino por determinar si el paso del tiempo terminó clausurando cualquier posibilidad de persecución penal.

La cuestión no es menor. En derecho penal, la prescripción depende de la calificación legal del hecho, y justamente ese es uno de los problemas que arrastra este expediente desde sus inicios: nunca pudo establecerse con certeza bajo qué figura encuadra el crimen.

A lo largo de todos estos años no fue posible reconstruir de manera concluyente qué ocurrió aquella madrugada ni cuál fue el móvil del ataque. Esa falta de certezas impidió definir si se trató de un homicidio simple, de un homicidio cometido en ocasión de robo o de un homicidio criminis causae, figura que contempla los casos en los que el autor mata para procurar su impunidad y que prevé la pena más grave del Código Penal.

La diferencia no es solamente jurídica. De ella depende también el plazo de prescripción de la acción penal. Según lo establecido por el Código Penal Argentino, los delitos reprimidos con prisión o reclusión perpetua prescriben a los 15 años, mientras que para otras figuras de homicidio el plazo es de 12 años.

Desde el 1 de julio de 2011, fecha del crimen, ya transcurrieron quince años. En consecuencia, si el hecho fuera considerado un homicidio simple o un homicidio en ocasión de robo, la acción penal se encuentra extinguida desde hace tiempo. Incluso bajo la hipótesis más gravosa, la del homicidio criminis causae, el expediente alcanzó durante este año el límite temporal previsto por la ley para la persecución penal.

De esta manera, la falta de una definición clara sobre las circunstancias del asesinato, sumada al paso de una década y media sin una resolución judicial definitiva, coloca al caso en un escenario donde la prescripción es el desenlace jurídico más probable para una causa que nunca logró esclarecer quién mató a Leonardo Herrera ni por qué lo hizo.

Este caso es, sin dudas, uno de los más tremendos e impactantes en la historia policial de la provincia y, a pesar de que ocurrió en Concepción del Uruguay, el hecho conmocionó y enlutó a todo Entre Ríos. Gran parte del país se hizo eco a través de los medios nacionales, los cuales reflejaron los crímenes por unos días hacia fines de 2016.

Para el Tribunal que lo juzgó en 2018 no hubo dudas que todo sucedió en un contexto de “Violencia de género”, en una negativa por parte del joven de 24 años de reconocer a quien era su esposa como una persona libre. Pero no sólo eso, también se determinó que actuó de forma coordinada y premeditada porque cuando salió de su casa en Basavilbaso, donde vivía con sus padres, sabía lo que iba a hacer.

Pero para contar esta historia hay que remontarse a mucho tiempo atrás del día que se desencadenó la tragedia, cuando Juan Pablo Ledesma y Yohanna Carranza de 23 años eran pareja. Para principios de 2016 aún vivían juntos y tenían dos pequeñas hijas de 7 y 5 años, aunque la convivencia en la casa que compartían en el barrio 134 viviendas de Concepción del Uruguay, estaba atravesada por la violencia.

Carranza estaba cansada de las agresiones y logró sacarlo del domicilio a través de una denuncia, que posibilitó que la Justicia dictara la prohibición de acercamiento, tres meses antes que sucedieran los asesinatos. Aunque la víctima había logrado su cometido, Ledesma siempre se las ingeniaba para seguir molestando a la mujer y las alertas se disparaban cada vez que el joven no devolvía a tiempo a sus hijas luego de las visitas parentales convenidas.

Por aquellos años, los números de femicidios ocurridos en el país ya eran tan alarmantes a los actuales. Incluso este cuádruple crimen se produjo 24 horas después del femicidio de dos mujeres en Paraná, donde un prefecto asesinó con su pistola reglamentaria a su ex esposa, a su ex novia e hirió a un vecino. Fue un año donde ocurrieron muchos hechos trágicos en Entre Ríos.

El Registro de la Corte Suprema de Justicia había contabilizado 235 femicidios en 2015, e incluso se había establecido que, en el 20% de ellos, había existido una denuncia previa por violencia de género. Otro dato que no disiente de lo que ocurre en el presente es que al 70% de esas mujeres las mató una pareja, un ex, un novio, un marido, un conviviente o un familiar.

Yohanna Carranza tenía miedo. Y no sólo por ella, sino también por sus hijas. Porque es muy común que incluso los hijos sean involucrados en la disputa conyugal. Son tomados como un valor con el cual extorsionan y amenazan. Hubo un caso en Concordia en abril del 2015 donde un hombre subió al auto a sus dos hijos mellizos de 7 años y condujo a alta velocidad y de contramano por la Ruta Nacional 14 hasta chocar contra un camión. Antes le había enviado un mensaje a su ex que decía: “No vas a ver más a tus hijos”.

El principio del final

Ledesma había pasado el fin de semana junto a sus hijas en Basavilbaso y pasada la medianoche ya lunes 7 de noviembre de 2016 pidió un remis para que lo llevara hasta Concepción del Uruguay. En el camino se comunicó con Carranza y le adelantó que quería hablar con ella.

En la casa estaba Carlos Vicente Peralta, un muchacho de 27 años que había iniciado hacía poco tiempo una relación con Yohana, e incluso aprovechando que durante ese fin de semana las niñas iban a estar con su padre, había sido la primera vez que se había quedado a dormir en la casa del barrio 134 Viviendas, donde se desató la tragedia.

Las crónicas policiales de aquel momento describían el hecho como un “ataque de celos”, de “incidente pasional”, “estaba con otro”, que “no habría tolerado la nueva relación”. Nada de eso sirve como justificativo. Ledesma no reconocía en Carranza otra cosa que no fuera de su propiedad. Como sentenció el Tribunal, no la consideraba una persona libre y por eso la mató.

Peralta fue la primera víctima. Y eso demuestra también la planificación que tenía. Debía dejar fuera de pelea al otro hombre que podía imposibilitar que llevara adelante la masacre y para esto el factor sorpresa fue clave. Con el cuchillo que había llevado desde Basavilbaso le dio tres puñaladas en la cocina de la casa provocándole lesiones en el tórax que afectaron el corazón y le causaron la muerte casi inmediata por un shock hipovolémico.

Carranza y las niñas fueron testigos directos del crimen. Todas salieron corriendo de la casa y Ledesma salió detrás de ellas. Yohana ensangrentada pedía auxilio, pero Ledesma tomó a las niñas y las llevó nuevamente para dentro de la casa, lo que obligó a la mujer a ingresar también por el temor a que les hiciera algo a las pequeñas.

Ledesma cerró la casa por dentro, trabó puertas y ventanas; y luego atacó a su ex con al menos cinco puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Carranza tuvo heridas en mejillas, piernas, cuello, en una oreja, hombros, tórax, zona mamaria y murió por una hemorragia masiva. También la mató en la cocina, delante de las niñas.

La tragedia terminó con la muerte de las pequeñas en la habitación que ambas compartían. A su hija Luisana, le produjo dos cortes en el cuello que le seccionaron la carótida y a la menor la hirió en cuatro oportunidades, seccionando ambas carótidas.

Para ese momento la Policía ya estaba en camino, aunque la masacre había terminado. Ledesma procuró que nadie pudiera ingresar a la casa. Trabó todas las aberturas y con el mismo cuchillo con el que asesinó a su familia, se originó lesiones en el cuerpo para simular un ataque de Peralta, dejando el arma en la mano del joven que yacía muerto en el piso.

Cuando los efectivos llegaron se encontraron con la casa totalmente cerrada y debieron forzar la entrada. Adentro el panorama era desolador. Las niñas degolladas en sus respectivas camas, Carranza y Peralta asesinados en la cocina, y Ledesma herido de arma blanca en otra de las habitaciones.

Nadie le creyó

La Investigación Penal Preparatoria que llevó adelante la fiscal Melisa Ríos no tuvo sorpresas ni giros. Desde el principio se descartó cualquier hipótesis que no tuviera a Ledesma como el responsable de esta masacre. Esa misma madrugada del 7 de noviembre, fue asistido y trasladado al Hospital Justo José de Urquiza, en donde permaneció unos días hasta que le dieron el alta. Tras ello fue imputado y se dispuso su traslado a la Unidad Penal N° 4, para finalmente quedar alojado en la Unidad Penal N° 7.

Ríos solicitó numerosas medidas probatorias y testimoniales, de vecinos, familiares de las víctimas, así como del acusado y del remisero que trasladó a Ledesma esa noche. También se ordenaron numerosas pericias en el domicilio y el levantamiento de sangre, muestras que fueron remitidas a Paraná para pruebas de ADN. Se sumaron las pericias psicológicas al imputado, que en ningún momento demostró arrepentimiento por sus actos.

La causa fue elevada a juicio el 2 de septiembre de 2017 y se había fijado fecha de inicio para el 23 de octubre, pero por problemas de salud de su abogado defensor, Mario Arcusín, el mismo que defendió al ex intendente de Gilbert, Ángel Fabián Constantino, obligó a que se postergara el debate.

Finalmente, tras el receso de la feria judicial de verano del 2018 comenzó el juicio y como principal argumento defensivo, Arcusín recurrió como atenuante a la “emoción violenta”. Por su parte, el fiscal Fernando Lombardi, calificó el hecho como “una tragedia sin precedentes” en la ciudad y definió al asesino como un hombre “violento, controlador, egocéntrico y obsesionado” con Johana, “a quien ya había golpeado meses antes”.

Ledesma fue imputado de homicidio agravado por el vínculo de sus pequeñas hijas Luisana y Candela; homicidio agravado por el vínculo de su esposa Johanna Carranza y por violencia de género y homicidio agravado por venganza transversal en el caso de Carlos Peralta, a quien asesinó para causar dolor en Johanna Carranza.

Dos semanas después, el Tribunal, integrado por Rubén Chaia, Mariano Martínez y Fabián López Moras, llegó a una decisión. De forma unánime, los jueces consideraron que los hechos se dieron en un contexto de “violencia de género” y que Ledesma actuó en forma coordinada y premeditada al salir de su casa en Basavilbaso con el arma homicida. Chaia dijo que “la pena de prisión perpetua es aplicable”. El asesino “tenía dominio pleno del hecho, tanto en forma previa como posterior”, y que también “manipuló la escena del crimen”.

En 2019, la Cámara de Casación Penal de Concordia ratificó la sentencia de primera instancia y Ledesma aún continúa preso. Podría recibir la libertad casi a sus 60 años.

La pandemia por el Covid 19 trastocó la vida de todas las personas. Las medidas dispuestas desde el Gobierno Nacional de Alberto Fernández obligaron a los distintos gobiernos, provinciales y municipales, a tomar decisiones para salvaguardar y garantizar la vida de los ciudadanos.

Fue en este contexto que, en julio de 2020, el Juzgado Federal de Gualeguaychú inició una investigación para establecer si dos funcionarios municipales de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad bajo la gestión del intendente Esteban Martín Piaggio, habían incurrido en un delito con fondos públicos.

Lo que se buscaba establecer fue si el subdirector de Desarrollo Social, Javier Villarreal, y el director de Suministros del municipio, Ariel D'agostino, habían obligado abusivamente a la Municipalidad de Gualeguaychú a la compra directa de 50 bidones de cinco litros de alcohol en gel cada uno, a un precio unitario de $ 3.509, con un importe total de $ 175.450, obviando procesos licitatorios, de concurso de precios o de comparación de oferta, bajo el pretexto de emergencia sanitaria Covid 19.

Hay que recordar que, en los primeros meses de la pandemia, el temor generalizado y las medidas de higiene que se adoptaron, hicieron que el alcohol en gel desapareciera casi por completo del mercado. La demanda era mayor a la oferta y lo poco que se conseguía era a precios muy superiores a los que habitualmente se comercializaba hasta ese momento.

Las actuaciones relacionadas con la cuestionada compra comenzaron a tomar forma en el ámbito federal, donde se puso la lupa sobre diversas presuntas irregularidades detectadas en la operación. Entre los aspectos observados figuraban la contratación de un proveedor que no desarrollaba actividades vinculadas al producto adquirido, la ausencia de autorización por parte de la Anmat y el pago de un importe que excedía los valores máximos establecidos por la normativa nacional vigente para ese insumo.

Mientras esa pesquisa avanzaba, el entonces exfuncionario municipal Javier Villarreal decidió presentarse por iniciativa propia ante los tribunales de Gualeguaychú. A partir de allí se abrió una discusión sobre qué jurisdicción debía intervenir en el caso. En ese contexto, el fiscal provincial que recibió la presentación entendió que no correspondía impulsar una investigación desde el ámbito local.

La disputa por la competencia parecía encaminar el expediente nuevamente hacia la Justicia Federal, pero el juez de Garantías Ignacio Telenta sostuvo una postura diferente. Consideró que los hechos debían ser analizados por la Justicia entrerriana y promovió las actuaciones necesarias para que así ocurriera.

Con ese objetivo, en septiembre de 2020 impulsó un planteo formal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que definiera cuál era el fuero competente. Tras más de tres años de controversia judicial, el máximo tribunal del país se pronunció y respaldó la posición del magistrado de Gualeguaychú, determinando que la causa continuara su trámite en la órbita provincial.

Pero tras ello, los meses pasaron y hace poco tiempo atrás se tomó una decisión respecto a esta causa. El fiscal Jorge Gutiérrez no encontró delito porque consideró que, en ocasiones, las acciones atípicas están justificadas y no son ilícitas. Si bien hay una modalidad establecida para la compra, como existe una Ordenanza (11738/2012) que lo especifica, en este caso había una situación excepcional que lo justificaba.

Por el contrario, lo que se puso bajo la lupa no fue el accionar de los funcionarios municipales, sino el del vendedor, que no contaba con autorización para el fraccionamiento y/o venta de alcohol medicinal. Según la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial el alcohol en gel de 1000 ml tenía un precio $ 480 a $ 500.

En el archivo de la causa, Gutiérrez entendió que la adquisición del producto, fuera de los canales tradicionales, se enmarcó en una situación de escasez de oferta ante la demanda y la urgencia de cubrir la necesidad. “La grave situación le imponía al funcionariado municipal un deber de resguardar la salud de la población de esta ciudad y la adquisición del alcohol en gel era una de las herramientas para tal misión, evitar o al menos mitigar la propagación del virus”, consideró el Fiscal.

En consecuencia, la actuación de Villarreal y D'agostino “se halla amparada por la Ley”, al igual que la figura del entonces intendente Esteban Martín Piaggio. En cuanto al vendedor, “es cierto que de su parte hay un aprovechamiento al cotizar por encima del precio promedio”, pero se entendió que “no existió una desproporción tal que pueda hablarse de un abultado enriquecimiento con la venta”.

Apenas había arrancado el 2017 cuando sucedió un hecho que llamó poderosamente la atención de los investigadores. Una mujer había sido encontrada por su pareja, tirada en la cocina comedor de su casa, con un fuerte traumatismo de cráneo, en medio de un charco de sangre, pero con la cabeza bien acomodada sobre una almohada y un ventilador que le daba en el rostro.

Esta mujer era Beatriz Espíndola, tenía 56 años y vivía en una casa de Montevideo y Del Valle. Ese 18 de enero por la noche, su pareja llegó a la vivienda luego de un largo día de trabajo en el Parque Industrial, con cierta preocupación porque desde las cinco de la tarde no había logrado comunicarse con ella y eso no era común.

El panorama cuando abrió la puerta fue desesperante. Inmediatamente pidió por una ambulancia y alertó a su cuñada sobre lo que había sucedido. La mujer llegó de inmediato a la vivienda y fue ella quien acompañó a la víctima hasta el Hospital Centenario, mientras el hombre se quedó en la casa para tratar de entender qué era lo que había pasado. Fue allí que se dio cuenta que faltaban dos televisores, una tablet y cerca de tres mil pesos.

Espíndola quedó alojada en la Terapia Intensiva, inconsciente. El médico constató hundimiento de cráneo y debido a la gravedad de la situación, se decidió su traslado a una clínica de mayor complejidad en Concepción del Uruguay, donde permaneció poco menos de una semana en coma farmacológico.

Afortunadamente logró recuperarse. Cuando despertó, los investigadores quisieron saber detalles de lo ocurrido. La mujer le dijo al fiscal Martín Gil que no recordaba nada. Había sido atacada por la espalda y de un fierrazo la habían desmayado. Pero lo llamativo era el almohadón en la cabeza y el ventilador a su lado. Era 18 de enero, hacía mucho calor y la consideración del delincuente despertó muchísima intriga. Todo era muy raro, pero nadie abrió la boca. Debieron pasar seis meses para que el ataque sufrido por Espíndola tuviera sentido para los investigadores.

Un femicidio planificado

El crimen perfecto no existe, pero es cierto que, si una investigación no se hace seriamente desde un inicio, cae en serios riegos de que nunca de aclare quién fue el autor. Afortunadamente esto no fue lo que pasó con Ramón De La Cruz Ortiz, que fue detenido por el femicidio de Susana Villarruel 24 horas antes de que apareciera el cuerpo. Incluso, quedó aprehendido pocas horas después de que hiciera la denuncia por la desaparición de su ex esposa.

No hubo dudas. Desde un principio quedó en el ojo de la investigación: había sido la última persona en que la había visto con vida y nadie cayó en su mala actuación de congoja y desesperación. Pero, además, hubo otros indicios que marcaron el camino de los investigadores para determinar que había tenido relación con lo que hasta ese momento era una desaparición de persona.

Esa fría mañana del 10 de julio de 2017, Ortiz se presentó apurado en la casa de Susana Villarruel en el barrio Toto Irigoyen. La mujer de 37 años todavía dormía cuando su ex esposo tocó a la puerta. Le dijo que los estaba esperando un remise en Tropas e Irazusta, para ir al centro a realizar unos trámites.

Lo extraño de todo esto era que el auto no fue hasta la puerta del domicilio, pero la mujer no desconfió y salió caminando del barrio junto a quien minutos después iba a matarla.

Entre las 7 y las 7.20 de la mañana, el hombre de 38 años mató a Susana Villarruel, a unos pocos metros del puente sobre el Arroyo El Cura. La atacó con un arma blanca y le causó múltiples heridas, que terminaron con su vida. Tras la realización de la autopsia, el médico forense Marcelo Benetti detalló que la apuñaló en el cuello, en la sien y en la mama derecha.

Por la forma en la que se cometieron las heridas, es muy factible que la haya tomado por detrás. Mientras caminaban por la desolada Irazusta al sur, esperó el momento oportuno, donde no hubiera testigos y donde a la víctima le resultara imposible una defensa, pedir ayuda o escapar. Según el alegato que meses después realizaría el fiscal Lisandro Beherán en el juicio: “La atacó deliberadamente buscando y aprovechando la situación de indefensión de la señora, a quien agredió y apuñaló hasta dejarla sin vida, para luego ocultar el cuerpo en la maleza, para que no sea fácil su localización, y salir huyendo del lugar del crimen”.

Susana trató de defenderse, pero las puñaladas fueron mortales. Casi en el acto perdió la vida. Pero sus gritos fueron escuchados por tres personas, que luego declararon que la víctima conocía a su victimario: resultaba ser una persona conocida para quien iban dirigidos esos gritos, porque tenían relación directa con los hijos. “Con mis hijos no te metas, metete conmigo”, le decía.

Nadie le dice eso a alguien a quien no conoce. Y a los investigadores le fue cerrando todo cuando se fueron interiorizando sobre la relación conflictiva que había tenido Villarruel con Ortiz, que había terminado semanas antes porque el hombre no aportaba económicamente en la casa.

Ningún familiar se pudo contactar con Susana durante todo el día y cuando por la tarde le preguntaron a Ortiz por Susana comenzó el teatro. Entre las 22 y las 23 horas del mismo 10 de julio, el asesino hizo la denuncia en la Comisaría Octava.

Fue el propio Ortiz el que se involucró en la desaparición. Era la última persona que la había visto. Dijo que la había dejado en la parada, pero los colectiveros de la empresa declararon que jamás había subido, lo cual era cierto porque Susana murió en el camino.

La tarjeta y el video

Las inconsistencias en el relato de Ortiz fueron generando cada vez más sospechas en el fiscal Martín Gil, quien ordenó su detención al día siguiente de la desaparición. El hombre de 38 años estaba alojado en la Jefatura, mientras todavía se buscaba a Susana con vida, aunque las expectativas más realistas suponían un femicidio.

Otra de las incongruencias en el relato del asesino, con quien tenían un hijo en común, es que quiso acompañarla “porque en el barrio le gritaban cosas y la molestaban”, pero supuestamente la dejó en la parada del transporte público sin ver si efectivamente se subía al colectivo, mientras que él tomó un remise rumbo al centro, donde debían encontrarse nuevamente. Nada convincente.

El cuerpo de Susana fue buscado durante todo el 11 de julio. Los rastrillajes se concentraron en el Arroyo El Cura y se practicaron durante todo el día con perros y personal de Prefectura, pero recién apareció a la mañana siguiente. Fue encontrado a un costado del curso de agua, en una zona de pastizales, con golpes y heridas cortantes que habían sido ocasionadas con un arma blanca. Solo una hora se tardó en identificarla oficialmente.

Con la confirmación de que se estaba ante un crimen y el principal sospechoso estaba encerrado, el Fiscal requirió una orden de allanamiento en la vivienda donde se hospedaba Ortiz. Susana no tenía ninguna de sus pertenencias cuando la encontraron y resultó que estaban en poder de su ex esposo.

Susana debía ir ese lunes al centro de la ciudad a entrevistarse con un abogado para poner fin al matrimonio entre ambos de manera legal y eso habría sido el detonante del femicidio. Ortiz tomó el teléfono de la víctima y desde ese aparato se envió un mensaje como coartada mientras la mujer agonizaba tapada entre los matorrales.

Pero lo que lo comprometió aún más al sospechoso fue cuando se comprobó que Ortiz había retirado por cajero automático, dinero de la tarjeta de la Asignación Familiar por Hijo, minutos después de haber cometido el crimen. Esa transacción quedó grabada en las cámaras y sirvieron como prueba fundamental en el juicio.

Gil le había solicitado al Banco Nación que le informara si estaba vigente el plástico y cuándo se había registrado el último movimiento. La respuesta de la entidad fue reveladora. La tarjeta estaba activa y había sido utilizada por última vez el 10 de julio a las 9.27 horas, es decir el día que Susana Villarruel dejó la casa y poco después de haber sido asesinada.

Ortiz trató de defenderse diciendo que Susana le había dado la tarjeta para que sacara dinero para comprarle unas piedritas de Reiki, pero esto fue poco creíble. “La separación del matrimonio fue porque Ortiz no aportaba dinero para la casa. Si esa mañana habían salido juntos para que el acusado le diera dinero a Susana, no se puede entender como lógicamente terminó siendo completamente al revés”, señaló Beherán en el juicio.

Se unifican los casos

Fue en ese juicio realizado en noviembre de 2017, cuatro meses después de ocurrido el crimen, que la opinión pública se enteró que Ramón De La Cruz Ortiz era el hijo de Beatriz Espíndola, la mujer que casi muere a causa del fuerte golpe que recibió en su cabeza a principios de ese año.

Para ese entonces los investigadores ya habían unificado los hechos y fue gracias a que Espíndola decidió hablar y contar lo que le había pasado luego de enterarse del femicidio de Susana Villarruel.

Ese 18 de enero, su hijo llegó acompañado de otro hombre a la casa de Montevideo y Del Valle, cargando unas herramientas para “arreglar algo”. Le pidió gaseosa y cuando ella se dio vuelta, le pegó con un fierro en la cabeza. Todo esto se lo dijo con detalles al fiscal Gil luego del crimen de Villarruel. Antes -y por ser su madre - no lo quiso denunciar.

Cuatro días después de ocurrido este hecho, ocurrió otro caso de mucha similitud en el barrio Toto Irigoyen, muy cerca de donde vivía Susana Villarruel. Un hombre de 63 años fue encontrado tirado en el piso de su casa. Unos vecinos vieron la puerta abierta y apenas ingresaron lo hallaron desmayado, en un charco de sangre y con un fuerte golpe en la cabeza.

El hombre fue trasladado inmediatamente al Hospital Centenario y de allí derivado a una clínica en Concepción del Uruguay debido a que presentaba un edema cerebral. Permaneció en coma inducido hasta que poco a poco recuperó su lucidez y regresó a Gualeguaychú para continuar con su recuperación.

En la casa no había signos de violencia. La puerta no estaba violentada y en el interior no había desorden, y además se halló el teléfono celular del hombre. Lo habían golpeado con el contrafilo de un hacha de mano. Por este hecho se involucró a dos jóvenes gracias al testimonio de un testigo privilegiado: Ramón De La Cruz Ortiz.

El fin de una historia trágica

Este hombre fue condenado a prisión perpetua a fines de noviembre de 2017. Había sido imputado de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y por mediar violencia de género. No hubo claroscuros en la decisión del Tribunal de Juicios encabezado por el vocal Mauricio Derudi. En ese juicio se ventilaron todos los pormenores y no hubo dudas en que el móvil del crimen se debió a la frustración que sintió cuando Susana Villarruel puso fin a la relación de pareja.

En un mensaje que envió el 24 de junio de 2017 a Ahora ElDía, que fue incorporado en la causa junto a una entrevista que se le realizó en una radio local antes de cometer el crimen, De La Cruz Ortiz escribió: “Quería contar mi caso. Hace una semana que vivo en la calle. Me echaron de mi casa con lo puesto. Mi mujer me dio 5 días para llevarme mis dos hijos de 9 y 12 años conmigo. Fui al Juzgado y por ser hombre no tengo derechos. No sé qué hacer, ni dónde ir a pedir ayuda”.  

Para los magistrados que fundaron su sentencia a prisión perpetua, les resultó indudable que Ortiz no había logrado asumir ni superar el distanciamiento de su mujer. No toleraba haber sido excluido por su esposa de la vivienda que habitaban, lo cual significaba ni más ni menos que romper con la estabilidad que había alcanzado a partir del vínculo.

Esa estabilidad fue brindada por el trabajo, por tener una vivienda propia, por dejar de vivir en la incertidumbre de no saber dónde dormir o qué comer, todo lo cual fue logrado por primera vez en su vida desde su relación con Susana al igual que la conformación de una familia con los hijos de ella, de él, y la hija que tenían en común, conforme lo explicó la licenciada Norma Hermann en el debate.

Ortiz sentía frustración no sólo por lo ocurrido, sino también por lo que se avecinaba que era la separación definitiva de Susana, con la consecuente privación del estado de bienestar que había logrado a partir de su relación, resultándole paradójico que quien le posibilitara acceder a esa dicha y confort sea la misma persona que abruptamente se lo privara. En absoluto estaba dispuesto a tolerar que su mujer sea la responsable de su infelicidad.

La historia oficial de Parera comenzó el 8 de diciembre de 1909, pero como todo pueblo pequeño de aquella época, su vida comenzó dos años antes, cuando en 1907 se colocaron las vías del ferrocarril y luego se levantó la Estación Faustino Parera, que finalmente le daría nombre a la localidad.

A partir de ese momento y con la construcción de algunas viviendas, surgieron los primeros comercios, como la carpintería de Esteban Kachinsky, la herrería de José Charadía. En 1911 se instaló la panadería de José Clímaco. El 12 de julio de 1917 abrió sus puertas la escuela “Dolores Costa de Urquiza” con 58 alumnos y llegó a 76 al finalizar el ciclo lectivo. Ese año se instaló también el primer teléfono público y al siguiente comenzó a funcionar el correo y la Comisaría.

El lugar crecía y la estación se había convertido en un importante nodo ferroviario, que conectaba Gualeguaychú con Paraná, con un movimiento intenso de pasajeros y carga. Así fue como, en 1920, llegó a la localidad un cordobés de 48 años que abriría la primera farmacia del pueblo.

Juan De La Torre fue a Parera en busca de nuevas oportunidades. Primero se instaló en el lado este de la estación y después de cinco años se trasladó al oeste, donde construyó una casita en la cual vivió y abrió la farmacia, hasta que fue asesinado a golpes en la noche del martes 5 de enero de 1932.

De La Torre era una referencia en la localidad. A lo largo de una década vivienda en ese lugar supo cosechar amistades y no había vecino que llegara a su casa en procura de medicamentos, incluso sin tener dinero como pagarlos. Era un buen vecino, en un pueblo pujante, donde todos se conocían.

A las ocho de la mañana del miércoles 6, el colono Isabelino Reyes fue hasta la farmacia con una urgencia. Uno de sus peones se había lastimado en la máquina trilladora y necesitaba de gasas y medicación. Tocó a la puerta y nada. Volvió a insistir y nadie salió a atenderlo. Esto llamó su atención, pero como nunca pasaba nada de gravedad en el pequeño pueblo, las sospechas eran más de intriga que por si hubiera sucedido algo malo.

Reyes se inquietó y se asomó a una ventana que daba al comedor de la casa y allí fue que observó el cuerpo de la víctima tirado en el suelo y envuelto con unos trapos. Inmediatamente fue hasta la Comisaría para contarle todo al comisario Mascheroni, pero había sido convocado a la Jefatura de Policía en Gualeguaychú y en su lugar había dejado al subcomisario Francisco Escalante.

Reyes le relató a Escalante lo que había visto y fueron hasta lo de De La Torre. Junto a otros vecinos lograron abrir la puerta de entrada y comprobaron que el cuerpo estaba sin vida. Tenía su cabeza totalmente ensangrentada y descubrieron que había sido golpeado con un tipo de garrote.

Escalante dio aviso a sus superiores y solicitó la presencia del médico de la Policía de Urdinarrain, Ricardo Roig, que más tarde viajó hasta Parera y confirmó que la víctima había fallecido pocas horas antes de haber sido descubierto el hecho. Su cuerpo presentaba ciertos signos que permitieron al especialista determinar que el ataque se había producido entre la noche del martes y primeras horas del miércoles.

“La vida que llevaba el infeliz De La Torre y las simpatías de que gozaba en todo el vecindario, hace presumir que el móvil del crimen ha sido el robo”, se informaba a través de las páginas de El Censor el jueves 7 de enero, cuando la opinión pública del resto del Departamento tomaba conocimiento de lo sucedido en Parera.

Las pruebas incriminatorias

De La Torre tenía 60 años cuando fue hallado muerto en su domicilio. Para la prensa de aquella época, su edad era la de un “anciano”, un calificativo que difiere mucho para lo que actualmente es considerado un adulto mayor. Sin embargo, y al igual que pasa hoy en día, que la víctima fuera una persona de la tercera edad generó indignación en la sociedad y se demandó de una rápida investigación policial para dar con el o los autores del hecho.

El domingo 10 de enero, el comisario de Órdenes Antonio Mir Neyra y el subcomisario Viegas se trasladaron desde la Jefatura Departamental de Policía hasta Parera con el fin de orientar la investigación y fue tal el “excelente” trabajo que realizó el policía que a su regreso esa misma noche ya tenía prácticamente esclarecido quiénes habían sido los autores.

En declaraciones a la prensa, Mir Neyra indicó que se tenía confirmado que ese martes 5 de enero en que se cometió el crimen, alrededor de las 17, un vecino de apellido Aguilar, oriundo de Almada y que viajaba desde la localidad de Pastor Britos hacia su casa, levantó con su auto a dos sujetos en el camino. Relató que los dejó frente a la colonia del señor Giacoppuzzi porque iban a pedir trabajo.

A los investigadores les indicaron en esa colonia que efectivamente los dos hombres habían pasado por el lugar, que se les ofreció y aceptaron comida, y que luego al retirarse lo hicieron caminando, pero se dio un detalle que para los policías fue determinante. Cortaron un gajo de un paraíso.

Mir Neyra y Viegas siguieron el camino de los sospechosos y encontraron rastros que terminaron por confirmar a los policías que estaban en la senda correcta para esclarecer el crimen. Debajo de un puente que atravesaba el arroyo El Gato encontraron una galleta de las que les habían convidado en lo Giacoppuzzi y restos de un repasador que coincidía con el tipo de trapo hallado junto al cuerpo de la víctima. Pero lo más importante en toda esta hipótesis para cerrar el caso: el garrote con el que los asaltantes mataron a golpes a De La Torre fue confeccionado con el gajo del árbol que sacaron de lo de Giacoppuzzi, ya que se trataba de la misma madera.

La martirizante confesión

Hoy en día parecería inverosímil llegar a juicio con este tipo de pruebas, pero por aquellos años no se discutía mucho el procedimiento policial. Incluso, la Policía se manejaba con cierta impunidad que se reflejaba en los medios de comunicación, como por ejemplo lo sucedido con un niño de 12 años que regaba la calle en pleno verano. Pasó un Comisario y le ordenó que desistiera de lo que estaba haciendo y antes que el menor cerrara la canilla, recibió un fustazo en la espalda que le dejó lesiones y una denuncia de su hermano García Reynoso para analizar la posible destitución del funcionario.

Otro caso, también en ese mismo mes y en Gualeguaychú, en una noche al finalizar el corso y cuando algunas personas comenzaron a mojar, la Policía que estaba en la esquina de 25 de Mayo y Churruarín realizó un acto de violencia que fue muy censurado en aquel momento. “Sin consideración a damas y niñas, los funcionarios policiales imponían el desalojo de la acera subidos con su cabalgadura a la vereda y el empuje de sus caballos exigían circulación. El buen comportamiento del público todas las noches y la corrección policial no merecían esta nota de desentonada cultura”, esgrimía el diario El Censor.

Para abril de 1932, la Policía ya había logrado la captura de todos los sospechosos, entre ellos Lucas Muñoz y Tolentino López. El juez del Crimen, Tancredo Aguilar Torres, estaba empecinado en cerrar el caso lo más rápido posible y llegó a habilitar en su juzgado algunas horas durante la tarde a fin de avanzar en la investigación y el sumario contra los sospechosos. Muchos pasaron por el Juzgado a declarar y dos fueron los principales acusados.

En una salida de ese Juzgado, Muñoz llegó a declarar a la prensa su inocencia y explicó que se había reconocido como coautor del crimen porque lo “martirizaron” en la Policía. Y que esa autoría del homicidio la había confesado también ante el magistrado porque tenía miedo que luego fuera objeto de martirios, pero que, tras hacer un careo con López para también acusarlo, se arrepintió de todo lo que lo habían obligado a confesar porque tampoco tenía nada que decir de López. Incluso aprovechó el diario para enviarle un mensaje a sus parientes en Pastor Britos para que le mandaran una manta y algo de ropa durante su detención.

Había poca carga probativa contra Muñoz y López. No existían las cámaras de seguridad, ADN o nada de lo que hoy es sustancial en una causa judicial. Lo único en lo que se basaba el caso era en declaraciones vagas de testigos que los situaban en Parera el día del hecho y en especulaciones como el tipo de madera con el que le pegaron a De La Torre y el gajo de paraíso que sacaron de lo de Giacoppuzzi.

La condena perpetua

El primero en ser detenido fue Muñoz. No hay muchas precisiones sobre cómo fue localizado. Lo único que sobresale es que en sus declaraciones complicó a Tolentino López y que, tras unos días, este joven peón de campo se presentó espontáneamente ante la Justicia, pero a medida que el tiempo transcurrió se fueron deslindando responsabilidades hasta quedar solamente detenido Muñoz. López recuperó su libertad y fue desligado del caso.

El 16 de noviembre de 1935, a casi cuatro años del crimen del farmacéutico, Lucas Muñoz fue condenado. Recibió prisión perpetua por el delito de homicidio con alevosía y como medio para consumar otro delito. Una figura penal muy similar a lo que hoy sería homicidio criminis causa.

Lo llamativo del juicio y que se aclara en la prensa, es que para llegar a esta conclusión se estudió la “personalidad moral del reo y la prueba referente a la retractación de la confesión que hiciera en sus primeras declaraciones. La retractación posterior a la confesión es prueba en contra del confesante”.

Se estableció la responsabilidad de Muñoz porque entró en contradicciones y más tarde se confesó autor al realizar la reconstrucción de su crimen, “con un descaro y naturalidad que dejó admirado a los representantes de la Justicia”.

La vida de Juan Lizasuain, conocido como Juan Moreira hasta hace una década, está marcada por el dolor: su papá fue asesinado durante la dictadura militar, un crimen por el cual siente que la Justicia actuó a medias.

Juan Domingo, el padre, vivía del turf en 1978. Su rutina consistía en cuidar caballos, vender rifas y rebuscarse la vida con lo que saliera. El esfuerzo tenía una explicación urgente: mantener a sus dos hijos. El mayor de ellos era Juan, de apenas seis años.

“Mi padre ya no vivía con nosotros, se había separado de mi madre, y nos visitaba tres veces a la semana”, contó Juan, un hombre de 54 años que en 2016 se retiró del Ejército Argentino. Según la información que pudo reunir a lo largo de todos estos años, a través de sus familiares y de lo que existe en la causa judicial, su padre Juan Domingo era un idealista que trataba de ayudar a muchas personas, con la mala suerte que tocó los intereses de policías corruptos.

“Se relacionó con algunas mujeres del barrio Munilla que ejercían la prostitución porque quería sacarlas de esa vida, les decía que no trabajaran más, su hermana lo ayudaba también con mercadería, remedios, pañales… Y con eso las fue sacando del entorno, pero lo que no sabía es que atrás de ellas había un proxeneta, que era el Jefe de Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú”, contó.

Su padre estaba obstruyendo un negocio muy redituable y los policías involucrados comenzaron a perseguirlo: José María Tubías y Luis César Elpidio Sánchez. Primero lo molestaban en la calle, lo levantaban y lo tenían dos horas demorado en la Jefatura, pero la situación cambió cuando Juan Domingo fue testigo de un crimen en la zona de la vieja estación de trenes, por donde hoy desfila el Carnaval del País, “donde estos dos agentes estaban quemando a un hombre en su rancho”.

Era un “changarín” que trabajaba en el viejo molino y nada se supo de lo ocurrido. Se informó que había muerto a causa de un incendio. “Nada podía hacer. Si la misma Justicia hacía eso, a quién iba a recurrir”, contó el entrevistado, excusando a su padre que se veía impedido de lograr justicia. Así era la situación que se vivía en esa época, cuando las fuerzas de seguridad aterrorizaban, secuestraban y desaparecían personas.

A Lizasuain siguieron acosándolo, demorándolo en la Jefatura, hasta que un día amenazó a los agentes con denunciar lo que había visto si lo seguían molestando. Ese fue el certificado de defunción de Juan Domingo. “Los agentes le dijeron a su Jefe que tenían miedo (de que hablara), y como mi viejo usaba el pelo largo hasta el hombro y barba candado, lo caratulaban como Montonero. Él tenía su ideología. Se carteaba con amigos que estaban presos y si bien él no militaba, tenía su corazón. A parte se llamaba Juan Domingo”, aclaró el hijo sobre el nombre peronista de su padre.

El relato del horror

Los dos policías lo ubicaron en la calle y con una mentira burda lo hicieron caminar hasta la casilla de un amigo que supuestamente estaba enfermo y pedía por él. Esta persona vivía en Roffo al norte, casi a la altura del Cementerio, cuando toda esa zona eran chacras.

“Tenían que pasar dos alambrados para llegar hasta el ranchito donde vivía el amigo de mi papá y cuando está por cruzar el primero, uno lo pateó en el estómago, mientras que el otro agente que le trabó los brazos. Lo golpearon en la cara provocándole una fractura de maxilar inferior. Después lo estrangularon con un alambre de púas y para rematarlo le metieron un palo en la garganta”, así relató su hijo la manera en la que lo asesinaron a Juan Domingo.

En la causa se describe la misma muerte bajo otros hechos. Cuando cruzaba el alambrado, Sánchez le pegó una trompada en la mandíbula y cuando Lizasuain cayó al piso, junto a Tubías le dieron un golpe a cada lado de la cabeza con el taco del zapato, lo que seguramente le produjo la muerte, porque el informe médico considera que el fallecimiento se produjo por probable fractura en la base del cráneo.

Pero los dos agentes siguieron golpeándolo. Luego le sacaron el cinto a la víctima y con eso lo ahorcaron, tirando uno de cada lado durante unos minutos, hasta que se dieron cuenta que ya estaba muerto. Sánchez lo arrastró un poco hasta la sombra de los árboles y, mientras Tubías envolvió el cinto, buscó un palo y se lo introdujo en la boca haciendo presión contra la garganta. Luego se fueron caminando y arrojaron ambos elementos en la calle Clavarino.

Existen dos versiones para una misma muerte horrible. La única testigo presencial —o al menos quien halló el cuerpo y dio aviso a la Policía— era una mujer muda. Lo extraño del caso es que tuvo que acudir dos veces a la comisaría para que los oficiales entendieran su denuncia. “Parece que esta señora, después de lo que vio, duró unos pocos años más. Tuvo una muerte dudosa, como si a alguien le molestara su presencia”, indicó el hijo de la víctima.

Tras el crimen, los responsables fueron apartados por el Jefe de Investigaciones y enviados al control caminero sobre la Ruta Nacional Nº 14 y el Acceso Oeste, que era la única entrada a Gualeguaychú por aquellos años. “En los medios de la ciudad se empezó a decir que había sido un ajuste de cuentas entre miembros de Montoneros”, explicó y agregó: “Mi tía vino a reconocer el cuerpo, pero ya estaba cerrado el féretro. A través de una orden judicial, pudo hacerlo. Ella habló con mi tío que estaba destinado como Sargento Primero del Ejército y le contó lo que había pasado con su hermano, que la Policía lo quería hacer pasar como que lo habían matado los Montoneros. Mi tío habló con el secretario del Ministro del Interior de la Nación de ese momento y este llamó al Jefe de la Policía de Entre Ríos y le informó que lo que estaba sucediendo en Gualeguaychú, que lo ocurrido no era como se decía y le sugirió que hiciera una investigación para que se determine cuál fue la causa de la muerte de Juan Domingo Lizasuain”.

Siguiendo con el relato que brindó el hijo de la víctima, a la ciudad llegó un Comisario Inspector de Gualeguay a fin de investigar lo ocurrido. Se hizo pasar como familiar y nunca se presentó como funcionario. Empezó a ahondar, iba a todos los lugares donde frecuentaba Juan Domingo. Incluso fue a hablar con las mujeres en el barrio Munilla. Buscaba en el entorno todo lo que podía rescatar. Se disfrazó de vendedor de leña, de cartonero; y un día se hizo llevar por los dos policías al lugar del hecho y uno de ellos se quebró. En el juicio, que se desarrolló entre septiembre y octubre de 1980, fueron tres los acusados. Además de Tubías y Sánchez, la fiscal de Concepción del Uruguay, Solange Mettler, acusó al oficial Alejandro Antonio Mario Horacio Gómez, de 27 años, de ser el instigador del hecho.

En la etapa de instrucción, Tubías y Sánchez habían declarado que tras el incidente que habían tenido con Lizasuain, donde los había amenazado, Gómez dio luz verde y le dijo a Tubías: “Liquídenlo, porque tengo familia, quiero a mi mujer y a mi hijo y no me gustaría que un degenerado como este le vaya a hacer algo”.

Luego, en el debate, señalaron que Gómez nada tenía que ver, que lo habían involucrado falsamente a fin de embarrar la investigación al complicar en el caso a un superior. Gómez fue absuelto de su participación como instigador de homicidio simple, pero Tubías y Sánchez recibieron la pena máxima de aquellos años: prisión perpetua.

Se trataba de una condena que llegaba hasta los 25 años y, a pesar de ser un número polémico en la actualidad para una pena máxima, solamente permanecieron encerrados la mitad de esos años. Fueron alojados en la Unidad Penal N° 2 de Gualeguaychú y durante su estadía en la cárcel fueron beneficiados con una conmutación de pena y la libertad condicional. Sánchez dejó la prisión en enero de 1991 y Tubías salió en febrero del año siguiente.

El próximo 28 de mayo se realizará la audiencia de elevación a juicio, donde el Juez de Garantías controla la acusación y la Investigación Penal Preparatoria (IPP), pero además determina la apertura o rechazo del juicio, la resolución sobre las pruebas y, de ser necesario, ordena correcciones o nulidades.

Pero en esta oportunidad, el juez de Garantías de Gualeguaychú, Ignacio Telenta, deberá resolver sobre una cuestión particular.

En octubre de 2025, el Senado de Entre Ríos aprobó una reforma a la Ley de Juicio por Jurados, vigente desde 2020. Esta modificación, entre otras cuestiones, limitó la intervención de un jurado a delitos con penas máximas superiores a los 20 años, excluyendo las tentativas y otros casos como los abusos agravados, que antes entraban en la competencia.

Pero como el hecho que será llevado a debate, donde casi pierde su vida Carolina Huck, ocurrió cuando aún estaba vigente la ley anterior, es decir, no se había realizado la reforma, Telenta tendrá que resolver si el imputado de tentativa de femicidio, que enfrentará un pedido de pena de 15 años de cárcel, debe ser juzgado por un jurado o tendrá un juicio técnico.

Para la acusación fiscal, el caso se encuadra dentro de una tentativa de femicidio, que se originó en un contexto de violencia de género y tiene como agravante el daño físico y psicológico en la víctima.

El fiscal Jorge Gutiérrez culminó a mediados de abril la etapa investigativa y deberá exponer en esta audiencia de remisión cuáles son las pruebas que recolectó a lo largo de todos estos meses, donde se encuentra el material obtenido de los teléfonos celulares de ambos, que sostiene en parte la situación de violencia de género.

Para la acusación, el imputado tenía un plan claro: quitarle la vida a la mujer y en ese hecho están enfocados los esfuerzos de la Fiscalía, más allá que el destino y la buena praxis médica le salvaron la vida.

Hay entrevistas, documentación médica, pericias psicológicas a ella, y psiquiátricas a Corvalán, pericias científicas del levantamiento de rastros en el lugar del hecho, la ubicación de manchas de sangre, distancia del disparo, presencia de pólvora en la ropa. Todo forma parte de la prueba documental y testimonial.

Un hecho imposible de olvidar

Sin dudas fue el caso policial más significativo del 2025. Lo sucedido el domingo 24 de agosto en la casa de calle Gutenberg y La Rioja conmocionó a toda la ciudad. El sargento Mariano Corvalán le había disparado con su arma reglamentaria a su esposa Carolina Huck. Luego llamó al Comando Radioeléctrico contando lo sucedido y requiriendo una ambulancia. Cuando el personal médico arribó al domicilio, él mismo ayudó a cargar a su esposa y antes que llegara el móvil de la Comisaría Cuarta, se disparó en la puerta de su casa.

El panorama era trágico. Los dos estaban vivos, gravemente heridos ambos y parecían tener los minutos contados. Ella tenía una lesión abdominal y Corvalán se había disparado en el mentón. El proyectil ingresó por la parte baja de la mandíbula, en dirección ascendente, con orificio de salida en la parte frontal derecha.

La ambulancia ya no estaba. Había salido con Carolina rumbo al nosocomio. Fueron los mismos policías quienes asistieron a Corvalán y lo trasladaron en el móvil policial hasta el Hospital Centenario. Fueron intervenidos quirúrgicamente y ambos permanecieron en grave estado en Terapia Intensiva.

Las expectativas de sobrevida eran poco optimistas para ambos y las siguientes 72 horas eran determinantes. El estado de salud del policía de 38 años y de su esposa de 31, era de extrema gravedad. Ella tenía una lesión toracoabdominal. Se le extrajo el bazo y tenía comprometidos los pulmones. En tanto, Corvalán tenía una lesión cerebral, e incluso tuvo pérdida de masa encefálica.

Pero transcurridas las primeras 24 horas, la situación cambió. Los dos mostraron estabilidad dentro de sus críticos pronósticos. El disparo que se ejecutó Corvalán había roto las meninges en el lóbulo frontal y gracias al trabajo que realizó el neurocirujano en la primera intervención se logró mantenerlo con vida. Estuvo sedado para su adaptación al respirador mecánico y en ese primer día de internación mostró buenos parámetros bioquímicos y signos vitales.

Una semana después del terrible hecho, y contra todos los pronósticos de recuperación, Carolina Huck y Mariano Corvalán, abandonaron la Terapia Intensiva y fueron trasladados a una sala común del Hospital Centenario para seguir con la recuperación. Corvalán perdió un ojo, pero fue Huck la que se llevó la peor parte: durante su internación se confirmó que había sufrido “una sección completa de médula con paraplejia”, que le dejó una parálisis de ambos miembros inferiores.

Desde septiembre, Carolina inició un proceso de recuperación en un centro de neurología y recuperación psicofísica en Galarza, en el cual tiene depositadas todas sus esperanzas para hacer frente a un futuro completamente diferente al que conocía. Pero antes de hacer frente a ese proceso se reunió con el fiscal Gutiérrez y le contó todo lo sucedido en ese domingo de fines de agosto.

La profesora de Educación Especial relató que ese día, Corvalán se levantó temprano para ir a trabajar, regresó pasado el mediodía para descansar porque por la noche volvía a trabajar en la Policía, mientras que ella se fue por la tarde a un cumpleaños. Cuando regresó se puso a trabajar en unas tareas de sus alumnos que debía entregar y fue en ese contexto que comenzó la discusión que terminó en tragedia.

Corvalán le recriminaba a ella que trabajaba mucho, pero esta situación se presentaba porque para ella era necesario para cubrir las necesidades económicas. Se le hacía imposible trabajar sólo por las mañanas, como el hombre pretendía. Incluso, dos compañeras de trabajo, que también declararon en la causa, ratificaron esto, que las discusiones giraban en torno a lo económico y la crianza de su hija de 5 años.

Corvalán fue el primero de ambos en dejar el Hospital Centenario. A la semana de haber sido operado de urgencia y de permanecer las primeras horas en un coma, salió de la Terapia Intensiva y siete días después dejó la sala común donde había sido alojado. Desde entonces permanece en la Comisaría del Menor y Violencia Familiar con prisión preventiva.

No hay ningún indicio que la relación entre Yolanda Pradelli y Jorge Cusinato haya estado atravesada por la violencia, sino todo lo contrario. Nadie en Larroque hubiera podido presagiar que esta mujer de 62 años iba a morir estrangulada y que su esposo de 78 años iba a quedar involucrado en esa muerte.

Más de dos décadas han pasado de aquella madrugada del lunes 4 de abril de 2005 y aún hoy persisten las dudas sobre quién fue realmente la persona que estuvo detrás de la muerte de “Yoli”. ¿Existieron los tres delincuentes que Cusinato señaló como los responsables del crimen? Y también, siguen sin respuestas las preguntas sobre el móvil del hecho: ¿Por qué la mataron a ella y al hombre no le hicieron nada? ¿Por qué se le dictó la falta de mérito? ¿Por qué nadie pagó por ese crimen?

Jorge Cusinato era dueño de una funeraria que estaba ubicada en Sargento Cabral 56, esquina Urquiza, y gozaba del reconocimiento de toda la ciudad. Por su actividad laboral no había nadie que no lo conociera a él y a su esposa. Ambos tenían una hija en común, pero él tenía dos varones de un matrimonio anterior del que había quedado viudo, que para la investigación fue un dato sumamente relevante, aunque no determinante.

Era una familia típica de una ciudad tranquila, acomodada económicamente. Nada que llamara la atención. Ese fin de semana, más precisamente el domingo, el día en que el mundo despedía al papa Juan Pablo II, un matrimonio amigo los invitó a dar una vuelta por Gualeguay, aceptaron y cuando cayó la noche volvieron a Larroque.

Entraron a la casa, prendieron el televisor, pero Yolanda no tenía ganas de quedarse encerrada y lo invitó a su marido a ir hasta una casa vecina a jugar al chinchón. Quedaba a solo una cuadra y media, sin embargo, no fueron caminando. Y así fue: jugaron a las cartas y según consta en la declaración de Cusinato, a la 1.30 (ya del lunes 4 de abril de 2005) se fueron.

El matrimonio dio la vuelta manzana y llegaron al domicilio. La construcción vista desde el aire tenía una forma de C: de un lado la funeraria y del lado opuesto la casa familiar. Estaban unidas por una galería que daba al estacionamiento. “Llegamos y mi señora dice: 'Mientras vos cerrás el auto con llave, yo voy y apago la luz' de una de las salas de velatorio que estaba prendida, pero cuando voy a abrir la puerta del auto para bajarme, un tipo me agarra del brazo y me dice: 'No grités porque te mato, dame la plata', y me sacó del auto”, relató.

Cusinato le explicó al juez Carboni que en ningún momento se resistió. Le indicó a su asaltante que la plata la tenía en el bolsillo de la camisa, pero el ladrón lo sacó del vehículo y lo llevó hacia la parte delantera de la camioneta de la previsora que estaba estacionada al lado y es en ese momento en que observa a un segundo delincuente que tenía en la mano “una pistola o un revólver”.

Para cuando le sacaron la plata que llevaba encima, Cusinato ya había sido maniatado. Ya lo habían golpeado en la cabeza cuando vio cruzar al tercer delincuente. “Como estaba en el suelo, por abajo del chasis del auto, miraba, y uno de ellos se paseaba adelante del patio, como quien va para la calle, iba y venía donde estaban los otros, pero no se juntaba con ellos. Hasta que llegó un momento en que se fueron los tres, pero no pude ver para qué lado salieron, porque miraba para adelante, que estaba iluminado, para ver si salían por ahí, pero no los vi, se ve que salieron para el patio (la parte trasera de la casa), cuando no los vi más, empecé a gritar, pero nadie venía. Intentaba desatarme pero no pude, y empecé a arrastrarme hasta un cuerpo que veía tirado en el piso, siempre gritando, cuando llegué al cuerpo vi que era mi señora que estaba tapada de sangre, como no podía tocarla con las manos, y además no me respondía cuando le hablaba, la tocaba con el cuerpo, hasta que vi una luz que venía y era la camioneta de la Policía, entonces les grité dos veces: 'Desatáme hermano', entonces me desataron las manos, y me dijeron que siguiera desatándome sólo, y se fueron para el patio. Me desaté las manos, abracé mi señora y le di un beso. Estaba desnuda de la cintura para abajo, el pantalón estaba sobre la cara, la destapé y la besé, se me aflojaron las piernas. Cuando llegó la Policía, estaba manchado con sangre porque me había tirado encima de ella, después que me desataron la abracé y la besé”, le dijo Cusinato al Juez en su polémica declaración que llenó aún más de dudas al magistrado cuando empezó a tener las voces de otras personas; principalmente de un vecino que al momento de salir de su domicilio lo vio en cuclillas al lado del cuerpo. Había dudas por todos lados.

Yolanda Pradelli fue estrangulada y transcurridas unas pocas horas del hecho, la primera hipótesis había sido que a los delincuentes “se les había ido la mano” cuando la apretaron para que les entregara lo que tenía de valor.

Una de las primeras declaraciones que puso la lupa del juez Carboni en la figura de Cusinato fue la declaración del funcionario policial Luis Norberto Aguirre, que fue el primero en llegar a la escena, a eso de las 2 de la madrugada. Este hombre se encontraba de recorrida en el móvil 512, junto al agente Héctor Wagner, cuando recibieron la alerta desde la comisaría informándoles que debían dirigirse a la funeraria. La Policía había recibido un llamado indicando que se escuchaban gritos de auxilio desde la casa de Cusinato.

Cuando el patrullero se dirigía a ese lugar, una camioneta se los cruzó y el hombre que manejaba, sin bajarse del rodado, les dijo: "En lo de Cusinato hay algo raro". Aguirre le respondió que se dirigían a ese lugar y siguieron la marcha. Al llegar, los policías iluminaron con un reflector desde arriba del móvil y observaron el cuerpo de una persona tirado en el piso. Al descender confirmó que se trataba de Yolanda Pradelli y a su lado se encontraba Jorge Cusinato, que le pedía que lo desatara. La mujer tenía su rostro ensangrentado y un trapo en la boca, una franela que el propio policía le retiró.

El cuerpo estaba frío y no tenía pulso. Fue allí que Cusinato le dijo que los habían asaltado tres personas y que “habían corrido para el fondo”. Para ese momento había llegado el oficial Juan Carlos Escalante al lugar y junto a Aguirre salieron en busca de los tres asaltantes, mientras Wagner se quedó en el lugar. Pero la búsqueda no arrojó ningún resultado. No encontraron indicios, ni pisadas de hacia dónde habían escapado, pese a que el pasto estaba mojado por el rocío de la madrugada.

Cuando fue el turno de declarar ante el juez Carboni, Aguirre sembró de dudas al magistrado con lo que había visto. Describió que la víctima estaba tirada en piso, boca arriba, con los brazos a sus costados, con un charco de sangre debajo de la nuca, y sangre en las fosas nasales y en la boca. Vestía una camisa blanca, dejando ver parte del abdomen, y en su parte inferior se encontraba totalmente desnuda. Arriba del pecho estaba un pantalón de color oscuro, “como si se lo habían tirado arriba”. En una de las manos tenía dos o tres llaves apretadas con el puño, que lo primero que hizo el testigo al llegar fue sacarle el trapo que tenía metido en la boca para ver si podía respirar.

“Las ataduras estaban flojas, cuando él me dice que lo desate extiende los brazos, agarré una punta y salió sola. Sacó la mano y se desató los pies. Más que amarrado estaba enredado por lo que no fue difícil desatarlo”, declaró. En su opinión, las ataduras que presentaba Cusinato, no le impedían liberarse y agregó: “Lo único que me dijo fue 'desatáme, desatáme, son tres que andan ahí en el fondo', no lloraba, no me pareció que estuviese nervioso, tampoco me comentó nada acerca de la señora, ni me pidió que la ayudara”.

El panadero que lo vio

Oscar Alberto Tabares también fue otro de los testigos claves en la causa. Su actividad comercial en la panadería “Tronco Hnos” lo obligaba a levantarse muy temprano para ir a trabajar. Esa madrugada había puesto el despertador a la 1.40. Se vistió y fue en busca de su auto estacionado bajo un tinglado, pero al salir escuchó unos ruidos que venían de la casa de su vecino de enfrente.

Se subió a su Peugeot 205, pero olvidó las llaves, entonces regresó, las buscó y unos segundos después estaba nuevamente arriba del auto. Fueron segundos clave: lo encendió, dio marcha atrás, giró hacia el garage de Cusinato, lo alumbró con los faros del vehículo y observó un cuerpo boca arriba tirado a unos metros del Renault 12 en forma perpendicular; Cusinato estaba parado, “medio agachado”, de espaldas, “se tocaba la cabeza con las manos en la parte de arriba”, declaró.

Tabares se asustó. Dio marcha atrás y tomó por Urquiza hasta la panadería. Al llegar le comenta a Rubén Tronco y juntos deciden ir al lugar. Cuando pasaron por el frente vieron el cuerpo tirado, pero Cusinato ya no estaba. Salieron de allí y se cruzaron con el móvil 512 en el que iban los policías Aguirre y Wagner.

Cuando Tabares declaró ante Carboni contó un dato muy relevante. Cuando alumbró con su vehículo el cuerpo tirado en el piso, observó que Pradelli vestía en su parte superior una campera o pulóver, y en su parte inferior tenía un pantalón de color bordó o marrón oscuro y que Cusinato no estaba atado.

Tronco también fue llamado a declarar y además de corroborar todo lo que había dicho Tabares, le contó a Carboni que “la puerta de ingreso a la casa de Cusinato estaba abierta y se veía una luz que salía de adentro, que iluminaba, pero no con toda claridad”. Cusinato había declarado que no habían logrado entrar a la casa y las llaves habían sido encontradas en la mano de la víctima.

El procesamiento y libertad

No hubo robo. Parte de los efectos que Cusinato mencionó que le habían sustraído los asaltantes, fueron secuestrados de su propio domicilio, dos días después del supuesto asalto. La cartera y el monedero de Pradelli fueron incautados y reconocidos posteriormente por varios testigos que habían estado con ella jugando al chinchón.

Para Carboni resultaba increíble que los asaltantes no se llevaran dos anillos de oro, un reloj, ni los autos ni que no hayan tratado de entrar al domicilio en busca de elementos de valor. Más increíble le pareció el ensañamiento que mostraron los supuestos asaltantes con la víctima, y mucho más si se tiene en cuenta que Cusinato resultó prácticamente ileso, y sin lesión alguna en sus brazos, siendo que referenció que había sido tomado con fuerza y bajado del auto. Su estado de angustia “burdamente invocado al momento del arribo de la comisión policial” fue desvirtuado en la declaración de los policías.

Cusinato quedó detenido a las 48 horas de ocurrido el crimen y quedó alojado en la Jefatura Departamental de Policía a la espera de la resolución judicial. El 13 de abril, Carboni dictó la prisión preventiva y el procesamiento por el delito de homicidio calificado por el vínculo. Incluso se había dispuesto que cumpliera con la medida preventiva en la Unidad Penal 2 una vez que quedara firme, pero esto nunca sucedió.

El abogado defensor, Víctor Rebossio, apeló el procesamiento y llevó el caso a la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay. Aseguró que, pese a todos los fundamentos que expuso Carboni en su procesamiento, no existían elementos suficientes de convicción para procesarlo ni tampoco para sobreseerlo, por lo cual era necesario que se dictara la falta de mérito.

Carboni expuso en su procesamiento todos los indicios que tenía sobre el acusado, pero tras lo dispuesto por Calveyra no aparecieron nuevos datos, indicios o prueba incriminatoria, convincente, por lo cual no se pudo revertir esa falta de mérito y por lo tanto el 2 de mayo de 2006 se firmó el sobreseimiento del sospechoso.

Cusinato quedó libre de culpa y cargo, pero siempre quedó el manto de duda entre quienes siguieron de cerca el caso. Pero para aquellos otros que conocían más de cerca a este hombre y sabían sobre su pasado, la duda era aún más grande. Cusinato quedó viudo dos veces y sus dos mujeres murieron de la misma forma, estranguladas: una por autodeterminación y la otra en un asalto del cual nunca se pudo corroborar absolutamente nada.

Muy pronto se cumplirá la primera década de los 22 y 18 años a los que fueron condenados los autores del homicidio de Juan Antonio Waller por el Tribunal de juicios y Apelaciones de Gualeguaychú. Y a pesar de todo este tiempo transcurrido, aún permanece latente el recuerdo de este brutal crimen que conmovió a la opinión pública, pero particularmente a todos los remiseros de la ciudad.

Se trata de un caso que no tiene demasiados vericuetos legales, sino todo lo contrario. Una vez conocido el crimen, y gracias a un rápido trabajo policial y judicial, en menos de 24 horas se pudo dar con los dos autores. Luego, uno abrió la boca, responsabilizó al otro, y ya para ese entonces no había mucho que esclarecer. Lo único que se debía discutir era si se trataba de un homicidio criminis causae o si se encuadraba en un homicidio en ocasión de robo, una diferencia que les podría acarrear una pena de prisión perpetua.

“Once, llegás con la reserva”

El móvil 11 de la empresa Boulevard le pertenecía a Juan Antonio Waller. Esa madrugada del 6 de marzo de 2016 había dejado estacionado su Fiat Siena en la vereda frente a la central de remises, sobre el supermercado Malambo en el boulevard Pedro Jurado, casi Urquiza.

Era una noche de sábado, madrugada de domingo, con mucho movimiento turístico. Era el fin de semana que le baja la persiana a la temporada y por eso todos los remiseros sabían que había que trabajar esa noche para hacer una diferencia. La agencia tenía varios móviles en actividad esa mañana y algunos de ellos fueron testigos de un crimen que nunca se les olvidará.

Waller se encontraba sentado junto a sus colegas Marcelo Fiori, José Verdinelli y Mario Dopazo en la agencia del Boulevard Pedro Jurado, mientras que Héctor Romero andaba por el corsódromo, con todo el movimiento del entierro del carnaval. Pablo Blanco iba camino a la costanera, cuando dos sujetos se presentaron en la agencia pidiendo un móvil. Alejandro Schol era el operador y encargado de coordinar los turnos y los viajes de los remises.

“¿Quién sigue?”, preguntó Fiori, que llevaba varias horas de trabajo y ya estaba por abandonar la jornada. “El 11, sigue Juan”, le respondió Schol, mirando con cierta intriga a los pasajeros. Waller se paró enseguida y les señaló el Siena estacionado enfrente, porque sobre la vereda de la agencia estaban los autos de Fiori y Dopazo.

Los pasajeros despertaban sospechas entre los remiseros. Uno llevaba una campera gris y el otro un buzo rojo, y ambos se sentaron en el asiento trasero. “Para mí uno se sentó adelante”, dijo Fiori en una de sus primeras declaraciones, pero eso fue corregido cuando declaró Schol, que dijo: “No, no, yo tengo una visión de frente, aunque tengo el vidrio que es espejado, pero para afuera veo bien y la persona que iba, que es el de buzo rojo, se sentó atrás del acompañante, y el de campera gris se sentó atrás de Waller”. Luego esto fue reconocido por los imputados en el juicio.

Cuando Waller y sus asesinos salen en el remis, Fiori no quedó para nada tranquilo y le dijo a Schol: “Preguntale a Juan (Waller), a dónde va”. Schol le hizo caso y le consultó por la radio. El chofer de ese móvil 11 le respondió: “A Tula Costa y boulevard De María”. El destino elegido por los delincuentes era una zona de chacras, que conocían muy bien porque sobre Tula Costa, a un kilómetro y medio hacia el oeste del boulevard De María, vivía un familiar de Jairo Fernández.

Ese destino no lo convenció a Fiori y le dijo a su operador: “Voy a tratar de localizarlo, lo voy a seguir. Voy a ir por acá (por el boulevard Daneri) y después voy a subir por Perigan hasta boulervard De María”. Esto genera también la reacción de Dopazo, que dice: “Me voy a ir para el Cementerio”. Ya eran dos los autos que estaban detrás de su compañero, preocupados.

“Once, once, ¿te llega la reserva?”, le tiró Fiori por la radio. Esto era una clave conocida entre los remiseros, que puso en alerta al resto por cualquier situación. Pero la respuesta afirmativa de Waller les trajo tranquilidad, sobre todo a Dopazo que escuchó por la radio cuando se dirigía hacia el cementerio. Pero Fiori seguía con duda y continuó su camino.

Fiori modula por segunda vez: “Once, once, ¿llegás a la reserva? ¿Te cubro?”, y Waller le responde “sí”. Los colegas, en otros puntos de la ciudad, seguían la secuencia por la radio y con cierta preocupación. Blanco, que estaba en la costanera, se comunicó con Waller, pero no le contestó y entonces le avisó al operador. Schol declaró luego que, a pedido de Blanco, le habló y ahí es donde escuchó un “sí raro” de Waller.

A todo esto, Fiori lo seguía de atrás, por el boulevard, con las luces apagadas para que no lo identificaran. “Veo las luces de Waller, veo el símbolo de la remisería prendido, reconozco que es él”. Pero en un momento lo perdió de vista, cuando el Fiat Siena dobló en Tula Costa. Fiori tomó por otro lado, donde se dividía el camino, y cuando se da cuenta que se había equivocado frenó el auto, hizo marcha atrás y sufrió un percance con el estado del camino. Cuando logró sortear ese bache, se dirigió hacia donde estaba el auto de su amigo, que tenía las luces de stop prendidas y eso lo tranquilizó. Espero uno o dos minutos y tiró la alerta de nuevo: “Once, once, ¿llegás a la reserva?”, pero ahí ya no tuvo respuesta de Waller.

El silencio de radio no era un buen presagio. Algo había ocurrido. Fiori se acercó hasta el auto, prendió las luces altas, las balizas, y a unos 100 metros antes de llegar “veo que dos manchas salen corriendo, como atrás del auto… que van para el campo; ahí me da miedo, aviso a mis compañeros: Vengan, ayúdenme, estoy con miedo, no me animo a bajar”.

Verdinelli y Romero llegan al instante, no pasaron más de dos minutos. Fiori y Verdinelli se acercaron hasta el auto y observaron que la puerta del conductor estaba abierta. Al lado estaba el cuerpo de Waller. Inerte. Bañando en sangre. Blanco llegó al lugar y conmocionado quiso salir a buscar a los asesinos, pero fueron sus propios compañeros quienes lo frenaron: “No sabemos cómo están, si están armados”, le dijeron mientras descubrían las pisadas que salían desde el auto, que quedaron marcadas en el terreno por el rocío de la madrugada, y se perdían en el monte.

Una muerte innecesaria

Juan Antonio Waller tenía 45 años cuando murió asesinado a puñaladas. Tenía más de 60 puntazos de arma blanca que le provocaron la muerte inmediata. El médico forense, Mauricio Godoy, detalló en su informe de la autopsia que la víctima presentaba 68 lesiones y que todas ellas tocaron órganos importantes: riñones, pulmones, hígado. Cuando en el juicio le exhibieron las fotos a Godoy, explicó que había distintos tipos de lesiones, con anchos de hojas diferentes, lo que “me permite afirmar que hay más de un arma homicida”; o sea, lo mataron entre los dos.

Cuando la Policía llegó a la escena del crimen, se dispuso una inspección del campo aledaño. El actual jefe de la División Operaciones de la Policía de Gualeguaychú, el comisario Osvaldo Adolf, halló una gorra de color azul a unos 400 metros de donde estaba el auto, y luego un buzo. También encontraron la billetera de Waller y una campera, manchada. Todas las prendas coincidían con las descripciones de vestimenta que habían aportado los testigos: sólo faltaba identificarlos.

“Teníamos el asesinato de una persona. Un remis. Sabíamos concretamente que eran dos los que se habían subido al vehículo. Habíamos secuestrado prendas que podían tener relación con los autores”, dijo el fiscal Sergio Rondoni Caffa en su alegato de clausura en el juicio realizado seis meses después del crimen. Para ese momento sólo faltaba conocer el nombre y apellido de los autores.

Habían pasado pocas horas cuando el propio Adolf fue el que le comunicó al Fiscal que se había recibido un llamado al mediodía en el que nombraban a tres personas como los autores del hecho; y un segundo llamado después de las 19 horas, en donde ya le brindaban a la Policía mayores precisiones, y les confirmaban anónimamente que Jairo Fernández de 24 años y Brian Flores de 21, habían sido los asesinos. En ese segundo llamado agregaron más información: a Waller le habían sustraído 800 pesos de la billetera.

Con estos datos, Rondoni le solicitó al entonces juez de Garantías, Guillermo Biré, el pedido de allanamiento y detención para los dos sospechosos del crimen, que ya tenían antecedentes por robo. Fernández se entregó cuando ya estaba cercado, mientras que su cómplice de 21 años fue aprehendido en su vivienda en el barrio Zuppichini.

A ambos ya se los tenía individualizados a través de las cámaras de seguridad que la Policía, a través del personal de Investigaciones, había logrado secuestrar de una frutería que había en las inmediaciones a la agencia de remis, de una veterinaria y de una concesionaria de autos. En esas cámaras se los veía caminar hacia el lugar donde abordaron el auto. Sólo era cuestión de tiempo poder identificarlos. El llamado anónimo aceleró el proceso. 

“Fuiste vos”

El juicio comenzó a fines de julio y se extendió durante agosto de 2016, pero ya en la primera audiencia hubo indicios de que no había mucho por discutir en cuanto a la autoría del crimen, sino que todo se centraría bajo la figura penal por la cual debían ser condenados.

Rondoni Caffa ya había adelantado que iba por el “homicidio criminis causae”, es decir, cuando se mata para tapar otro delito, en este caso un robo, que tiene una pena de prisión perpetua. A esto también se plegó el querellante Darío Carrazza. Pero la discusión era si esta figura los alcanzaba. Habían matado para tapar un robo o fue un robo que se les fue de las manos cuando Waller se resistió.

Para esa primera audiencia había mucha expectativa en la ciudad. Se habían realizado varias marchas por el centro en pedido de justicia para la víctima y nadie de la familia y de sus compañeros de trabajo quisieron estar ausentes para el inicio del debate.

Un fuerte operativo de seguridad trasladó a Flores y Fernández desde la extinta Unidad Penal 2 y los introdujeron al edificio judicial por la puerta lateral, sobre la calle Rivadavia. Era una audiencia clave porque podían declarar los imputados y fue Jairo Fernández el que sorprendió a todos cuando responsabilizó del crimen a su compañero de parranda.

Contó cuál había sido el derrotero esa madrugada hasta que subieron al Fiat Siena de Waller y sobre el crimen manifestó que habían ido hasta su casa en el barrio Zuppichini. Cuando él bajó del auto para buscar dinero, escuchó una discusión entre Flores y Waller, donde la víctima le decía: “pará, pará”. Cuando vio lo que había ocurrido, encontró al remisero tirado en el piso, muerto.

Esto quedó totalmente rebatido por las pericias forenses. Al detectar dos hojas de arma blanca diferentes en las lesiones del cuerpo de Waller, dejaba a los dos imputados como autores del hecho. Era poco probable y creíble que Flores hubiese utilizado un cuchillo en cada una de sus manos para matar al remisero.

Los jueces consideraron los puntos esgrimidos por las partes acusadoras, que se apoyaban en la acusación más gravosa, pero consideraron que en el hecho no existió ninguna prueba que acreditara que “Flores o Fernández hayan tenido tiempo de obrar bajo los específicos motivos planteados por la norma más gravosa, más bien, tenemos ciertamente probado que simplemente los hechos se vincularon objetivamente tal cual fueron recreados y objetivamente así actuaron sus ejecutores, bajo circunstancias sobrevinientes ajenas al plan y motivo inicial propuesto y puesto en marcha”. Es decir, la muerte de Waller se debió a un “accionar súbito y extraño al robo”, y que se originó en ese contexto, “condicionado por las imprevistas circunstancias presentadas”.

Los magistrados entendieron que lo sucedido con Waller se encuadraba en un robo agravado por homicidio, un delito que tiene penas menores a un criminis causae. Y se lo ejemplificó con el caso de un delincuente que ingresa un comercio armado, con fines de robo, que se traba en lucha con el comerciante que resiste el atraco, y este recibe un disparo que le produce la muerte. Esta idea fue apoyada por el resto de los camaristas de Casación de Concordia y del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

De esta forma, Brian Ezequiel Flores recibió 22 años de prisión, en tanto Jairo Daniel Fernández fue condenado a 18, atenuado por su comportamiento al momento de entregarse a la Policía y de declarar parte de su responsabilidad en el crimen. Ambos estuvieron en la Unidad Penal Nº 2 y de allí trasladados a la Colonia El Potrero. Luego, Flores fue llevado a la cárcel de Concordia, mientras que Fernández continúa alojado en el Módulo A en Gualeguaychú.

El jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni, que se encuentra envuelto en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, estuvo en un Hotel de Campo y All Inclusive en Gualeguaychú, en dos ocasiones: en 2024 y en 2025.

Una fuente confirmó que  Adorni visitó la ciudad, acompañado de su grupo familiar en la misma época en los últimos dos años.

Su visita fue en el marco de una “escapada” familiar y eligieron un Hotel de Campo y All Inclusive en Gualeguaychú para pasar desapercibido.

Ambos viajes fueron durante un fin de semana. La estadía de Adorni con su familia fue de viernes a domingo y habría abonado una suma cercana a un millón y medio de pesos, por el plan familiar de tres días y dos noches.

Hay mucho hermetismo en torno a brindar información, pero se pudo confirmar que el funcionario nacional habría requerido “reserva total” sobre su estadía en Gualeguaychú.

Aunque en nuestro país siempre hemos atravesado años turbulentos, de una u otra manera, en la primera mitad del siglo XX se vivieron tiempos de mucha violencia. En el mundo había un cambio de paradigma y eso también influyó en estas latitudes.

La Primera Guerra Mundial, que se inició en 1914, resquebrajó los cimientos de las sociedades en aquel entonces y fue un factor determinante en la Revolución Bolchevique. La escasez de alimentos y la desigualdad social que no supo responder la Rusia zarista -y el gobierno provisional que sucedió a la familia Romanov-, desembocó en el ascenso al poder del partido liderado por Vladimir Lenin. En otras palabras, en 1917 apareció el comunismo en el plano mundial. Esto tuvo su repercusión en distintos sectores del entramado social y en Argentina también. El anarquismo estaba presente en nuestro país, que había llegado principalmente con el primer oleaje inmigratorio del viejo continente. La clase obrera planteaba a los dueños de los medios de producción las ocho horas de trabajo y era el inicio de las primeras agrupaciones sindicales.

Para 1920, Gualeguaychú era una ciudad de aproximadamente 20 mil habitantes, con una economía activa impulsada por el ferrocarril, el puerto, un centro comercial en expansión y una intensa producción agropecuaria en su extensa zona rural. El ámbito laboral estaba compuesto por una variedad de oficios: ferroviarios, carreros, trabajadores portuarios y estibadores, empleados del comercio, sastres, albañiles, panaderos y otros trabajadores manuales.

El movimiento obrero contaba con un nivel de organización significativo, articulado en distintas asociaciones y sindicatos, la mayoría de los cuales se agrupaban en la Sociedad de Resistencia Obrera y en la Federación Obrera Departamental, esta última con vínculos con la Federación Obrera Regional Argentina a nivel nacional. En su interior convivían distintas corrientes ideológicas, con presencia de trabajadores identificados con el radicalismo, el socialismo y el sindicalismo.

Pero en la madrugada del 10 de diciembre de 1920, ocurrió algo que iba a impactar y atravesar a toda la sociedad y principalmente serviría de chivo expiatorio para el relato conservador de lo que sucedería el 1º de mayo de 1921.

Pedro Illesca, un hombre de 55 años, que trabajaba como repartidor en la panadería La Catalana, de los hermanos Cerdá, fue asesinado. El crimen ocurrió cerca de las 4 de la madrugada. “La víctima no es federado, por el contrario, es de los que defienden la idea de la libertad de trabajo”, graficó el diario El Censor en su edición publicada ese mismo día.

Según se detalla, “al llegar a la calle Paraná, esquina Villaguay, frente a la antigua Casa Babuglia, ha sido detenido con algún pretexto por sus victimarios, pues se tiene la seguridad que los autores del crimen han sido por lo menos dos, y allí, a traición, sin darle tiempo a su defensa, el anciano, a pesar de su edad, era un hombre todavía fuerte, uno de los criminales le ha hecho fuego a quemarropa con un revólver”.

La bala penetró por el lado izquierdo de la garganta y su muerte fue instantánea. “Los criminales, una vez consumado el cobarde atentado, han huido, encontrando muy cerca un refugio donde ocultarse”, describió el diario, que para ese entonces encontró en la muerte de Illesca la excusa perfecta para su línea editorial.

Cuando la edición salió a la calle, la Policía – que por esos momentos vivía tiempos complicados por un incendio intencional “del carro de Dennis” y otro atentado de incendio con bombas de Alquitrán en un vagón de mercaderías– ya tenía a ocho personas detenidas y se confiaba que entre ellas se encontraban los asesinos del obrero.

“Nosotros podemos reafirmar, valiéndonos de informes recogidos a inmediación al lugar del suceso, que hay la casi seguridad de que entre los detenidos se encuentran los autores del crimen, uno de los cuales fuera detenido en el preciso momento en que saltaba una pared desde un sitio baldío lindero a la Federación Obrera donde estaba escondido, tratando de encontrar refugio más seguro. El otro, seriamente comprometido, es un sujeto conocido por sus exaltadas ideas de violencia, que en una huelga anterior a propósito de un atentado de que fuera víctima un representante de la autoridad, estuvo gravemente comprometido como cómplice”, narró El Censor.

Ya para el día siguiente, todo conducía a los principales implicados. “Uno de ellos sabemos que no explica satisfactoriamente el por qué huía y se escondía en el terreno baldío lindero al local que ocupa la Federación Obrera. Y creemos que tampoco puede explicar por qué se quedó esa noche en dicho local a pernoctar, no teniendo la costumbre de hacerlo, según la formal y categórica afirmación de un miembro de la familia. Este detenido se muestra nervioso y con señales evidentes de una notable depresión, como así su ánimo flaqueara ante el cúmulo de pruebas que en su contra van acumulándose y que adquirirán importancia aplastadora”.

Este detenido era Francisco Poletti, un muchacho de poco más de 20 años, argentino, soltero y “con una anciana madre que se muestra inconsolable”. El otro sospechoso era Pedro Abreu, de unos 30 años, “desgraciadamente también es argentino”, reflejó El Censor. Sobre este último, el medio gráfico le describió a la sociedad de aquel entonces que “este hombre estuvo complicado en dos atentados anteriores, no es pues como vulgarmente se dice ‘la primera zarra que desuella’. Sabemos según nuestros informes que existe entre el elemento extremista y extraviado de los obreros una especie de subcomité secreto que es donde se fraguan y organizan los atentados, hasta ayer al parecer sin mayor importancia, pero que han epilogado en este crimen tan inútil, tan perverso, que sólo puede ser justificado o atenuado por una conciencia demasiado elástica o extraviada por malsanas influencias”.

Illesca fue velado y enterrado con todos los honores de la alta alcurnia de la ciudad, indignada por lo que había sucedido con el pobre hombre. El carruaje con el cuerpo a la vista paseó por toda la ciudad y en el Cementerio se escucharon los discursos, entre los que habló el presidente de la Liga Patriótica de Gualeguaychú, Sixto Vela. “La sociedad se siente siempre herida con el crimen, pero en éste, por su naturaleza, por su móvil, por su tendencia, es un reto a la cultura, es un desafío a la conquista de nuestra libertad y es un ultraje al sentimiento de la nacionalidad. Este crimen, obra de un degenerado, seguramente, que ha sentido esa prédica malsana que hacen los advenedizos, que han tomado este pueblo como tierra de fácil conquista, es una enseñanza que debemos aprovechar”, enunció.

Ya para el martes 14 de diciembre, cuatro días después del crimen, se había obtenido una confesión completa del menor de los detenidos. Así lo grafica El Censor: un policía aprovechó que Poletti estaba “abrumado por las pruebas, sus remordimientos y la conciencia culpable” y le dijo a su jefe inmediato sobre la conveniencia de interrogar una vez más al preso. Poletti fue llevado ante “dos modestos funcionarios” que le hicieron notar “la conveniencia de ser franco y decir la verdad”. Sépase leer entre líneas.

Cuando Poletti cuenta todo lo que sabe, inmediatamente el jefe de Policía Brollo, el secretario Gómez Suárez, el comisario de Órdenes, Rojas, y el comisario Ferrer, se dirigieron al local de Federación Obrera a modo de allanamiento y detrás de una biblioteca encontraron dos revólveres, uno calibre 44 sistema norteamericano y otro calibre 38 Eibar.

Abreu hasta esos momentos negaba toda participación en el hecho, pero “hábil y tesonero, el Comisario de Órdenes lo rodea en un círculo de hierro formado por las pruebas abrumadoras hasta que al fin abandonó toda resistencia y concluyó por confesar con lujo de detalle su actuación en el crimen”.

Según se informó en El Censor, Abreu relató que desde hace mucho tiempo tenía decidido matar a Illesca, a quien nunca habían podido quebrantar su resistente negativa a federarse. La noche del crimen salieron con Poletti, recorrieron el pueblo, llegando hasta la panadería San Antonio, donde hablaron con un muchacho. De allí se fueron a un velorio donde estuvieron un buen rato y se fueron en dirección al local de la Federación Obrera. Al llegar a las calles Paraná y Villaguay se detuvieron en la esquina y fue entonces que Abreu le dijo a Poletti: “Por aquí va a pasar dentro de un momento un ‘carnero’ al que vamos a matar”. Al poco tiempo apareció Illesca y al subir a la vereda, como a un metro de distancia y sin decir palabra, le hicieron fuego simultáneamente.

El arma de Poletti falló y eso se demostró en la pericia, tras determinar que una de las cápsulas estaba picada. Por el contrario, el tiro de Abreu le produjo una terrible herida en la garganta que le causó una muerte instantánea y originó que la víctima se desplomara y cayera boca abajo.

Abreu y Poletti huyeron y se refugiaron en la Federación Obrera, de donde no tardaron en ser detenidos. Pedro Abreu había sido portero de la Escuela Nº 2 Domingo Matheu, conscripto en la Armada y estuvo preso por sospechas de hurto de una yegua, aunque luego recuperó la libertad porque el hecho no se pudo probar. En tanto, Poletti no tenía antecedentes policiales y llevaba una vida tranquila junto a sus padres de origen italiano.

“Los dos criminales son argentinos, hombres jóvenes, solteros, y en cuya mente y sentimientos ha ido inculcándose gota a gota, lentamente, pero con resultados tan tristes como se ve, esa prédica envenenada que desgraciadamente encuentra auspicios entre ciertos intelectuales”, sentenció El Censor.

En su indagatoria, Abreu no mostró arrepentimiento y aunque trató de llevar el hecho hacia un plano personal, Poletti en su declaración se encargó de confirmarle al Juez del Crimen que a Illesca se lo asesinó “por carnero”, por negarse a afiliarse a la Federación y sumarse a la lucha de los trabajadores.

Durante 1921 se produjeron más detenciones en torno al caso. Uno de ellos fue Gregorio Unamuzaga, un uruguayo empleado de la panadería de los hermanos Cerdá. “Gozó de la confianza de los señores al punto tal que, al retirarse para plegarse a la huelga, sus patrones le hicieron ver lo que perdía, respondiéndoles Unamuzaga que prefería perderlo todo a traicionar su causa. Es pues un fanático de los que él llama su causa”, escribió El Censor.

A este hombre se lo acusó de complicidad en el crimen de Illesca, de haberle proporcionado el revólver a Abreu, pero luego fue liberado cuando el propio Abreu lo desvinculó al decir que no necesitó de nadie para matar al repartidor de la panadería. Todo quedó muy claro en el careo entre ambos protagonistas. Poletti le dijo a Abreu: “Vos le hiciste fuego y al caer me dijiste ‘¿está bien muerto o necesita otro tiro?, luego agregaste: ‘¡la pucha qué estruendo!’”. “Si, es verdad - respondió Abreu – pero vos también hiciste fuego cuando Illesca venía, yo te dije ‘aprontate, ahí viene’, y avanzamos juntos”.   

El final de la historia

Mientras toda la causa se instruía en la Justicia, el 1º de mayo se produjo la masacre en la plaza Independencia, en pleno centro de la ciudad. El caso de Illesca continuó en trámite judicial y apenas unos días después, hacia mediados de 1921, se requirió una pena de 25 años de prisión para Abreu y de 17 años y medio de cárcel para Poletti. Juana Illesca, una de las hijas de la víctima declaró en el juicio y relató que tres años antes su padre trabajaba en un saladero de Fray Bentos y que en ese lugar conoció a Abreu, que llegó “completamente pobre y sin relaciones de ninguna clase”. Contó que ambos se hicieron amigos y que Illesca lo socorrió en más de una ocasión con alimentos.

Mientras tanto, desde el Centro Comercial, junto a la Liga Patriótica y El Censor, se inició una suscripción pública que estaría destinada completamente a la familia Illesca. Incluso, también se realizó una noche de espectáculos en el Teatro Gualeguaychú y todo lo recaudado fue dirigido a la comisión que se conformó para administrar los fondos.

Se abrió una convocatoria para todos aquellos que tuvieran un inmueble a la venta que pudiera ser destinado para la familia del hombre asesinado, cumpliendo con ciertos requisitos en la cantidad de ambientes. Se recibieron 17 propuestas de venta, que variaron entre los 1.200 a 4.000 pesos de aquel momento. El constructor Luis Delfino fue el encargado de inspeccionar esas propiedades y aconsejó cuál debía adquirirse. Una vez comprada la vivienda, el resto de los fondos solidarios quedaron en una cuenta bancaria para que el Centro Comercial les pasara mensualmente un subsidio a los menores de la familia damnificada.

Pedro Illesca fue una víctima, pero el contexto en el que sucedió el crimen fue utilizado por quienes dominaban el relato de aquel entonces para endemoniar la lucha de los trabajadores, que pedían por mejores condiciones de trabajo cuando la explotación del obrero era moneda corriente.

Un joven de 27 años permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario, donde muestra signos de recuperación luego de ser intervenido quirúrgicamente tras un ataque con arma blanca ocurrido el sábado por la noche. Por el hecho, un adolescente de 17 años se encuentra bajo custodia en la Comisaría del Menor y será sometido este martes a una evaluación por parte de especialistas.

Detrás del episodio, que generó conmoción en el barrio Los Espinillos, se esconde una problemática familiar que, según trascendió, venía acumulando tensiones desde hacía tiempo y que terminó desbordando en una situación extrema.

El incidente se produjo en la vivienda de la madre del menor, cuando el adolescente se presentó para reclamar dinero. La conversación derivó en una discusión que fue subiendo de tono hasta que, en ese contexto, el joven tomó un cuchillo y atacó a la pareja de su madre, provocándole heridas de gravedad.

Tras el hecho, el agresor se retiró del lugar y permaneció dos días sin ser localizado. La denuncia fue realizada por la mujer, quien además aportó información clave a las autoridades. Finalmente, el lunes por la tarde, el menor se presentó por sus propios medios en la Jefatura Departamental acompañado por familiares, quedando inmediatamente a disposición de la Justicia.

Al reconstruir lo sucedido, surgieron datos que apuntan a un posible detonante económico. El adolescente trabajaría en la construcción y, debido a que no contaba con herramientas digitales para cobrar, su salario era transferido al hombre que luego le entregaba el dinero semanalmente. Sin embargo, el día del hecho, al exigir el pago, habría recibido como respuesta que el dinero ya había sido utilizado, lo que habría desencadenado la reacción violenta.

La investigación está en manos de la Fiscalía, que definirá los próximos pasos procesales una vez que se concrete la evaluación interdisciplinaria del menor. Entre las medidas a considerar se encuentra la posibilidad de una declaración indagatoria, mientras no se descarta que posteriormente sea reintegrado a su grupo familiar.

Micaela no fue una más. Si bien militó durante gran parte de su corta vida y con un compromiso ejemplar por los Derechos Humanos, nunca imaginó que su muerte sería el quiebre en una sociedad que indignada mostró su hartazgo frente a un nuevo femicidio. Hoy su nombre está vinculado directamente a una Ley 27.499, sancionada en 2018, un año después del crimen, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que trabajan en la función pública.

Este mes se cumplieron nueve años del femicidio que estremeció, no sólo a Entre Ríos, sino a todo el país. Casi una década ha transcurrido desde que “La negra” fue muerta de una manera indeseable para cualquier persona, y sin embargo la causa aún se mueve en los Tribunales de Gualeguay.

El principio del fin

Micaela García tenía 21 años ese 1 de abril de 2017 cuando desapareció en una calle de Gualeguay. Era de madrugada y recién había salido de una fiesta en el boliche King. Decidió caminar hasta el departamento donde vivía sin imaginar que esos pasos en la soledad de la noche, serían los últimos.

“La negra” era oriunda de Concepción del Uruguay. Su padre es Néstor García, más conocido por “Yuyo”, hombre ligado al deporte y a la educación en La Histórica. Y tal vez influenciada por su papá, Micaela vivía en Gualeguay porque estudiaba profesorado de Educación Física. La situación de esta chica era la misma que cualquier hija de cualquier persona que hoy estudie o quisiera estudiar en Gualeguay. Lo que ocurrió con Micaela le podría pasar hoy a cualquier mujer por el sólo hecho de ser mujer.

Eran las 5.23 de la madrugada cuando envió el último mensaje a su novio en Concepción del Uruguay para contarle que ya estaba regresando a su casa. Desde ese momento se perdió todo rastro con ella. No se supo qué pasó y sólo unas horas transcurrieron hasta que comenzó la búsqueda.

De “cacería”

Así se refirió Sebastián Wagner ante el por entonces fiscal del caso Ignacio Telenta, hoy juez de Garantías en Gualeguaychú, sobre lo que hizo junto a su jefe y amigo Néstor Pavón, en esa madrugada del 1 de abril de 2017. No tuvo ningún empacho en decir que habían “salido de cacería”.

Pero quién era Sebastián Wagner. Se trataba de un hombre que había sido condenado a 9 años de prisión que unos meses antes de asesinar a Micaela García, había recibido la libertad condicional por parte del ex juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi. Al cumplir las dos terceras partes de su condena, el magistrado decidió concederle el beneficio porque, además, ya gozaba de salidas transitorias familiares.

Wagner tenía 30 años. Había sido empleado como matarife en un frigorífico hasta que en 2010 Wagner abusó sexualmente de una estudiante, luego de golpearla y robarle en su casa. Cuatro meses obligó a subir a su auto a una chica y luego la llevó a la fuerza a un parque, donde también la violó. En un juicio abreviado en 2012, después de ser reconocido por las dos víctimas y varios testigos, recibió una pena de nueve años en prisión. Dos años después surgió otro caso de abuso en el que lo incriminaban, aunque no lo pudieron condenar por ese hecho porque el violador estaba encapuchado y ante la prueba del ADN, Wagner culpó a su hermano gemelo.

Rossi le concedió la libertad condicional en julio de 2016 y menos de un año después mató a Micaela García. En una entrevista de 2014, Rossi mencionó que "ninguna de las opiniones que intervienen en los informes sobre un recluso es vinculante" sino que "son estudios que me dan orientación para una mejor decisión". Por esta decisión, Rossi fue sometido a un jury de enjuiciamiento en 2018 por mal desempeño y falta de idoneidad, pero resultó absuelto en una votación 4 a 3. Tras ello retomó sus funciones al frente del Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú hasta su retiro en 2025.

La incomunicación de la familia con Micaela puso en alerta a la Policía. Comenzó la búsqueda y a medida que pasaban las horas, la solicitud de paradero empezó a ser noticia. Era una bola que comenzaba a crecer y el caso tomaba mayor participación en los medios de la provincia y poco a poco del país.

No se tardó mucho en llegar al nombre de Sebastián Wagner. En un video de esa madrugada, que muestra a Micaela García caminando en la noche saliendo del boliche, se observa que es seguida de cerca por un Renault 18, en el que iban dos personas, aunque no se alcanzaba a identificar los ocupantes. Con las horas se confirmó que pertenecía a Wagner.

Mientras se buscaba al sospechoso también se agrandaba la búsqueda de Micaela. Se la buscaba con drones y perros por la zona de Chacras de Gualeguay, hasta que en uno de los rastrillajes hallaron ropa que la joven de 21 años tenía al momento de su desaparición. Se trataba de un pantalón, una remera y una sandalia. Las esperanzas y el optimismo de encontrarla con vida para ese momento eran casi nulas. No había dudas que se trataba del mismo modus operandi de Wagner con los otros casos: “Elige mujeres jóvenes, estudiantes, las secuestra, golpea y viola y las abandona. Se desplaza en un auto con las víctimas y va tirando ropa en distintos lugares para desorientar a los investigadores", dijo una fuente del caso a Clarín en ese entonces.

Para ese momento, los investigadores estaban más cerca de localizar al principal sospechoso. Siguieron su rastro y pudieron determinar que había abandonado la provincia en un camión y que había llegado hasta Campana, donde lo fueron a buscar familiares de su madre. Finalmente, lo encontraron y detuvieron en el barrio Las Catonas, en una zona postergada de Moreno donde la mujer vivía.

También se detuvo al padrastro de Wagner, Fabián Ehcosor, y a Néstor Pavón, el dueño del lavadero de camiones donde trabajaba Wagner, a quien se lo señalaba como el coautor del hecho y el que había ayudado al principal sospechoso de escapar en un camión.

Pero todavía faltaba hallar a Micaela. Una semana después de su desaparición, en la mañana del sábado 8 de abril, fue encontrado el cuerpo de la chica. No había sido enterrada. Estaba al pie de un árbol, semidesnuda, con signos de haber sido golpeada y abusada.

Fue hallada en un descampado ubicado a ocho kilómetros de la ciudad y a unos tres kilómetros de la Ruta 12, pero un lugar medianamente cercano a donde se habían hallado las prendas el día antes. Además, la Policía había incrementado el rastrillaje por tierra y aire en esa zona luego de obtener información de una testigo que dijo haber visto el auto de Wagner la madrugada del 1 de abril. En ningún momento Wagner, que ya se encontraba detenido y había sido trasladado a Entre Ríos bajo un fuerte operativo de seguridad, ayudó con la localización del cuerpo.

La autopsia se realizó en la Morgue Judicial de Oro Verde. Allí se confirmó que la muerte había sido por estrangulamiento. Había sido asesinada el día de su desaparición. También había sido abusada.

El relato del horror

En su confesión, Sebastián Wagner aseguró que se turnó con su jefe, Néstor Pavón, para violar a Micaela. Admitió que había violado a Micaela García y Pavón la había asesinado para evitar que los denunciara. Fue en esa declaración donde dijo que habían salido de "cacería" después de haber consumido alcohol y drogas.

A Micaela la eligieron, la siguieron y, a pesar de su resistencia, lograron subirla a su Renault 18 donde, según sus propias palabras, "la violaron por turnos". Fue un abuso que se extendió durante todo el camino. Para Telenta, el caso estaba cerrado. No había dudas de la participación de Wagner y Pavón como coautores. La mataron y después, entre los dos también, ocultaron su cuerpo en el camino a Victoria.

El 17 de octubre de ese mismo año, y con todas las pruebas recolectadas y presentadas por Telenta, los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo condenaron a Wagner a prisión perpetua por "abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causae y violencia de género".

Pero fue en esta sentencia que se abrió una trama que perdura hasta hoy. Los magistrados entendieron que Pavón no debía ser condenado como coautor del crimen, sino que se lo sentenció a cinco años por el delito de "encubrimiento". Para el Fiscal había pruebas que lo incriminaban como partícipe del femicidio, sin embargo, fue desestimado en ese rol por los tres jueces en Gualeguay.

Luego, esta sentencia fue a la Cámara de Casación en Concordia y esos magistrados coincidieron con la postura de la Fiscalía, pero cuando el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos tuvo que intervenir se basó en un tecnicismo sobre la imposibilidad de la Fiscalía a recurrir la primera sentencia y se ordenó la liberación de Pavón en 2020.

Cuando el caso llegó a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo órgano ordenó dar marcha atrás y la realización de un nuevo juicio como coautor del asesinato. Para la acusación hay sobradas pruebas que lo vinculan al crimen.

Hace unos días atrás, el coordinador de la Fiscalía de Gualeguay, Gamal Taleb, indicó a Análisis que "resulta una hipótesis muy poco probable que una sola persona haya manejado el auto, subido a la víctima por el asiento del acompañante y emprendido la huida raudamente al mismo tiempo”.

También, recordó que una testigo vio el auto de Wagner al amanecer y aseguró ver con claridad a dos ocupantes en el vehículo. Se encontraron rastros de barro en el asiento del acompañante que refuerzan la idea de que la víctima no pudo ser cargada por un solo individuo. Y una vecina escuchó a Micaela gritar en plural (“suéltenme”, “déjenme”)

El juicio contra Néstor Pavón será llevado a cabo durante varias jornadas entre octubre y noviembre próximo. Las audiencias están programadas para los días 29 y 30 de octubre, continuando el 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre, y el Tribunal de juicio estará compuesto por los jueces Santiago Brugo, Maximiliano Larocca Rees y Nicolás Gazali. Pavón podría ser condenado a prisión perpetua.

La investigación por una causa de extorsión telefónica tuvo este martes nuevos avances con una serie de allanamientos y detenciones en la provincia de Buenos Aires. Personal de la DDI de Gualeguaychú, en conjunto con efectivos de la Policía bonaerense, se trasladó al partido de San Isidro, donde logró detener a un hombre y una mujer de 43 y 46 años, quienes ya fueron trasladados a la ciudad. En tanto, otras dos mujeres, de 32 y 31 años, permanecen prófugas.

Los procedimientos se realizaron en domicilios de Boulogne Sur Mer, por orden del juez de Garantías Ignacio Telenta, a pedido del fiscal Lucas Pascual. Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares que serán peritados, mientras que en las próximas horas se definirá la situación procesal de los detenidos. Además, dos hombres que ya se encontraban alojados en la Unidad Penal N°21 de Campana fueron notificados de su detención y serán indagados mediante videollamada.

Estos avances son el resultado de una investigación que se extendió durante seis meses y que permitió desarticular una red de extorsionadores. A partir del análisis de líneas telefónicas y cuentas bancarias, con intervención de la División Cibercrimen, se logró establecer que desde el penal de Campana se realizaban parte de las llamadas extorsivas. Uno de los implicados cumple una condena por homicidio agravado en grado de tentativa y operaba junto a su compañero de celda.

La causa se originó el 30 de septiembre de 2025, cuando un vecino de Gualeguaychú denunció que recibía llamados desde distintos números. En esas comunicaciones, los autores se hacían pasar por personal policial y luego por un supuesto juez, indicándole que estaba siendo investigado por un delito. Bajo amenazas —incluyendo referencias a su entorno familiar y la advertencia de una posible detención y traslado a Buenos Aires— le exigían dinero para frenar una supuesta causa judicial.

Ante el temor generado, la víctima llegó a realizar transferencias a distintas cuentas indicadas por los estafadores. La denuncia permitió activar la investigación judicial y el seguimiento de los involucrados.

Un primer avance en la causa se había producido a comienzos de octubre, cuando fueron detenidos dos hermanos, de 37 y 32 años, oriundos de San Isidro, en un parador de Ceibas. Ambos habían llegado para cobrar parte del dinero de la extorsión. Si bien luego recuperaron la libertad tras un acuerdo económico con la víctima, se determinó que cumplían un rol secundario dentro de la organización y su testimonio aportó información clave para avanzar sobre el resto de la banda.

Primero fue Lucio. Casi en forma simultánea fue lo de Kathaleyha en Paraná. Luego vino lo sucedido con Tahiel; y ahora el horror con Ángel, ese chiquito de 4 años que lloraba para no volver a su casa, que nadie lo escuchó. Terminó muerto, con más de 20 lesiones internas en su cabeza. Tenía golpes en todo el cráneo. Esos traumas provocaron derrames y una acumulación de sangre, que originó un edema cerebral y culminó con un paro cardiorrespiratorio. Igual que Tahiel.

A Lucio Dupuy lo asesinaron el 26 de noviembre del 2021, pero su destino había comenzado a escribirse mucho antes. Durante largo tiempo, este nene de 5 años fue víctima de un trajín judicial que incluyó regímenes de visitas, disputas entre familiares y un acuerdo final entre las partes que les otorgó a la mamá y a su novia la posibilidad de quedárselo definitivamente. Esa resolución de la Justicia de La Pampa se homologó a principios de noviembre de 2020. Poco más de un año después, las mujeres que debían cuidar al chico fueron acusadas de haberlo torturado, abusado y golpeado hasta la muerte. La autopsia determinó que la muerte se produjo por una “hemorragia interna”, producto de las agresiones. Además, reveló que Lucio tenía lesiones antiguas y recientes. Igual que Tahiel.

En estos días, se juzga a los padres de Kathaleyha Quetzaly Hernández, una beba de sólo dos meses que murió el 12 de octubre de 2021, tras ingresar al Hospital Militar de Paraná con gravísimas lesiones que la ciencia forense contabilizó: 18 lesiones externas y múltiples lesiones internas, incluyendo cinco costillas rotas y sangrado en la cabeza y ojos.

Una muerte que conmovió a la ciudad

Tahiel tenía casi 3 años. Faltaba un mes para su cumpleaños, cuando su madre, Macarena Ortiz, se presentó en la mañana del 2 de mayo de 2022 en la guardia del Hospital Centenario con su hijo en brazos, envuelto en una frazada, ya sin vida.

A los médicos no les fue difícil descubrir lo que había ocurrido: su cuerpito hablaba. Evidenciaba el maltrato al que había sido sometido. El médico policial primero y luego el médico forense, corroboraron en el momento que se trataba de una muerte violenta. La autopsia determinó como causal un fuerte traumatismo encefalocraneal y en todo su cuerpo se encontraron indicios del sometimiento: tenía escoriaciones de vieja data y otras con menos de 12 horas, además de hematomas en el rostro. También, y como otra causa de muerte, había sufrido una broncoaspiración y según detalló el forense que lo revisó una hora y media después de haber ingresado al Hospital, Tahiel llevaba entre 4 y 6 horas de fallecido.

Inmediatamente su madre fue interrogada, pero no tenía palabras ni argumentos que pudieran explicar lo que había ocurrido. Tanto ella como su pareja, padrastro de Tahiel, quedaron detenidos. Ya se había iniciado una investigación en contra de ambos por un delito que los llevaría indefectiblemente a una cadena perpetua.

Alfredo “Pato” Ferreyra no soportó lo que se venía. Pocas horas después de haber sido trasladado a la Jefatura de Policía y mientras aguardaba el llamado a declarar del fiscal Mauricio Guerrero, decidió quitarse la vida en la celda. Tenía 38 años.

Macarena Ortiz quedó alojada en la Comisaría del Menor y Violencia Familiar de Gualeguaychú, y en ese lugar permaneció alojada cumpliendo con la prisión preventiva que se le dispuso hasta que finalmente fue trasladada a la cárcel de mujeres de Paraná para cumplir con la pena que se le impuso en Gualeguaychú luego que un jurado la encontró culpable.

En ese juicio, que se realizó en julio de 2023, el jurado no creyó en los argumentos defensivos de responsabilizar plenamente a Ferreyra de toda la violencia y del sometimiento de Macarena Ortiz, y la jueza Alicia Vivian le impuso la pena máxima. La mujer de 26 años debía cumplir cadena perpetua por el homicidio de su hijo, agravado por el vínculo y también por el grado de "indefensión" de la víctima.

Pero tan solo dos años después, el 1 de julio de 2025, Macarena Ayelén Ortíz murió en la Unidad Penal N°6 "Concepción Arenal". La joven de 28 años falleció a causa de una enfermedad respiratoria de base que sufría. Un año antes, el Superior tribunal de Justicia de Entre Ríos había dejado firme su sentencia.

Estadísticas que abruman

En su corta vida, Tahiel sólo conoció el desamparo y la violencia. Y más allá de que en el núcleo familiar materno había personas que se preocuparon por su integridad y que expusieron el caso ante el Copnaf, la intervención estatal careció del criterio necesario para prevenir un desenlace evitable.

Qué lleva a una madre o a un padre a castigar de tal forma a una criatura. ¿No percibe que ese maltrato al que lo está sometiendo puede causarle la muerte? ¿Es instinto asesino o un instante de locura? ¿Es ignorancia o psicopatía? ¿Son casos excepcionales?

La psicóloga Sonia Almada es Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO), y el pasado jueves escribió una columna de opinión publicada en Infobae donde explicó que el maltrato infantil es un problema estructural y persistente, que en muy pocos países ha sido tomado como una política de estado.

El grooming, sextorsión, producción y circulación de material y violencia sexual por streaming. Ya no son eventos marginales, sino formas dominantes de una violencia que hoy opera a escala masiva, sostenida, transnacional y organizada. Casi 50 millones de adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años (1 de cada 6) han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de sus compañeros sentimentales en el último año en el mundo.

Cada año, la violencia se cobra la vida de un promedio de 130.000 bebés, niños, niñas y adolescentes antes de los 20 años. Los niños varones corren un mayor riesgo de morir a causa de la violencia: 3 de cada 4 niños, niñas y adolescentes muertos a causa de la violencia eran varones.

La violencia no queda circunscrita solo al vínculo de pareja: atraviesa la vida cotidiana y alcanza directamente a la infancia, no como testigos sino víctimas directas, expuestas a dinámicas de miedo, sometimiento y desprotección que impactan de manera profunda en su desarrollo subjetivo y en su salud mental.

En Argentina, entre 2017 y 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró 1.685 niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos atravesados por el femicidio de su mamá. La Corte también reveló que casi 1000 niños, niñas y adolescentes denunciaron violencia intrafamiliar durante el primer trimestre de 2025, es decir 11 por día. En el 80% de los casos los agresores denunciados fueron los propios progenitores.

Un ejemplo claro de toso esto es lo que pasó hace muy pocos días atrás en Federación, en la provincia de Entre Ríos. Luana Cabral, una adolescente de 15 años con parálisis cerebral, fue encontrada muerta dentro de su casa. Las pericias indicaron que el cuerpo llevaba semanas en ese estado. La investigación corroboró abandono extremo. Y, en ese contexto, se pudo hacer el rescate gracias a un niño de cinco años que salió a la calle a pedir ayuda.

“Los casos extremos son desenlaces de trayectorias donde hubo señales, pero las intervenciones no existieron o fueron insuficientes por la falta de capacitación para detectarlas, por la renegación de esta problemática desde el mundo adulto y por el destajo y precarización en que trabajan muchas buenas personas que intentan salvar a los niños y niñas, con sus excepciones obvias”, señaló la psicóloga.

La violencia contra bebés, niñas, niños y adolescentes no es marginal ni excepcional. Es masiva y ocurre, en su gran mayoría, en el ámbito familiar. En Argentina, en algunos casos, se encuentra imbricada en prácticas de crianza, golpes, gritos, humillaciones y amenazas.

Hay que poner algo en claro: en cada caso de violencia de género, hay menores que también son víctimas. El maltrato infantil no es un hecho aislado: la mayoría de las veces viene acompañado de un contexto familiar de mucha violencia. En las denuncias formuladas por mujeres están presentes los hijos menores, que también son alcanzados por las consecuencias de los mayores.

La violencia en casa

Un caso como el de Tahiel, el de Lucio Dupuy o incluso el de Ángel López, no son hechos aislados. Es el producto final de un sinfín de violencias domésticas que empiezan hacia las parejas y por consecuencia también son víctimas los menores.

Muchas veces se ha expuesto que, en la Justicia, la mayor cantidad de casos que se tramitan son los hechos de violencia de género. En Gualeguaychú se radican o se intervienen en al menos tres casos de violencia de género por día y en la gran mayoría de ellos hay menores en el medio que también – directa o indirectamente – son víctimas.

Hace años atrás, una niña de 7 años resultó golpeada por su padre cuando intentó defender a su madre de la agresión a la que estaba siendo sometida. Luego, su hermana de 13 años también intermedió y por esa acción resultó lesionada en la cabeza.

En 2023, en Urdinarrain, una mujer había tomado pastillas para dormir y su esposo aprovechó esa indefensión para golpearla. La hija menor de ambos, de 5 años, observó todo y le dijo a su madre: “Papá te pegó”. La mujer no quiso que su pequeña declarara en Cámara Gesell e igualmente la Fiscalía logró condenar al sujeto.

En otra oportunidad se denunció que un menor de 13 años, acudió al centro barrial Asunción de María relatando con angustia que su mamá consumía alcohol puro y que era habitual que lo desalojara de su habitación para llevar a otras personas. Como el niño se negaba a dejar su casa, la mujer lo golpeaba "a trompadas".

En otra ocasión, una niña debió intervenir en una pelea entre sus padres y tranquilizar al hombre para que desistiera de la agresión y dejara de apuntar a su madre con un arma de fuego. Eso también es violencia. Que un niño o niña deba atravesar esa situación, ser testigo de ello, es algo que deja huellas.

El año pasado, el Copnaf denunció que un hombre de 38 años golpeó a su hija de 7 años causándole lesiones. La madre lo había denunciado en tres oportunidades anteriores, por violencia de genero.

Hace pocos días atrás, un vecino denunció a una pareja de 70 y 65 años de edad, por ejercer maltrato hacia un adolescente discapacitado, de 15 años, que no recibe los cuidados necesarios para su patología.

El mes pasado, el 12 de marzo, una mujer denunció a su ex pareja por haber golpeado a su hijo de 11 años con un palo en la cabeza. El padre, al ser entrevistado por la Fiscal en Género, reconoció haber golpeado también a sus otros hijos, hermanos del niño, “cuando se portan mal”. La madre también había radicado denuncias por maltrato hacia ella.

Por último, y sólo a modo de ejemplo de los cientos de casos que se tramitan en Gualeguaychú, el martes pasado una vecina se acercó hasta la Fiscalía y denuncio que su sobrino maltrataba a su hijo de 10 años. Contó que ha escuchado como el niño le pide al padre que no le pegue más. Otra vecina aportó que escuchó discusiones en ese domicilio. Este hombre fue denunciado por la madre del niño, por violencia de género y este niño fue testigo del hecho de violencia. Incluso intervino rogándole a su padre que dejara de golpear a su madre.

Por este caso, la Fiscalía solicitó la exclusión del hogar y la medida fue otorgada por el Juez de Garantías, además de ordenar la intervención del Copnaf. También intervino el Juzgado de Familia y el Ministerio Pupilar en resguardo de los derechos del menor. El niño fue examinado por la médica forense y aún se aguardan los informes.