Apenas había arrancado el 2017 cuando sucedió un hecho que llamó poderosamente la atención de los investigadores. Una mujer había sido encontrada por su pareja, tirada en la cocina comedor de su casa, con un fuerte traumatismo de cráneo, en medio de un charco de sangre, pero con la cabeza bien acomodada sobre una almohada y un ventilador que le daba en el rostro.

Esta mujer era Beatriz Espíndola, tenía 56 años y vivía en una casa de Montevideo y Del Valle. Ese 18 de enero por la noche, su pareja llegó a la vivienda luego de un largo día de trabajo en el Parque Industrial, con cierta preocupación porque desde las cinco de la tarde no había logrado comunicarse con ella y eso no era común.

El panorama cuando abrió la puerta fue desesperante. Inmediatamente pidió por una ambulancia y alertó a su cuñada sobre lo que había sucedido. La mujer llegó de inmediato a la vivienda y fue ella quien acompañó a la víctima hasta el Hospital Centenario, mientras el hombre se quedó en la casa para tratar de entender qué era lo que había pasado. Fue allí que se dio cuenta que faltaban dos televisores, una tablet y cerca de tres mil pesos.

Espíndola quedó alojada en la Terapia Intensiva, inconsciente. El médico constató hundimiento de cráneo y debido a la gravedad de la situación, se decidió su traslado a una clínica de mayor complejidad en Concepción del Uruguay, donde permaneció poco menos de una semana en coma farmacológico.

Afortunadamente logró recuperarse. Cuando despertó, los investigadores quisieron saber detalles de lo ocurrido. La mujer le dijo al fiscal Martín Gil que no recordaba nada. Había sido atacada por la espalda y de un fierrazo la habían desmayado. Pero lo llamativo era el almohadón en la cabeza y el ventilador a su lado. Era 18 de enero, hacía mucho calor y la consideración del delincuente despertó muchísima intriga. Todo era muy raro, pero nadie abrió la boca. Debieron pasar seis meses para que el ataque sufrido por Espíndola tuviera sentido para los investigadores.

Un femicidio planificado

El crimen perfecto no existe, pero es cierto que, si una investigación no se hace seriamente desde un inicio, cae en serios riegos de que nunca de aclare quién fue el autor. Afortunadamente esto no fue lo que pasó con Ramón De La Cruz Ortiz, que fue detenido por el femicidio de Susana Villarruel 24 horas antes de que apareciera el cuerpo. Incluso, quedó aprehendido pocas horas después de que hiciera la denuncia por la desaparición de su ex esposa.

No hubo dudas. Desde un principio quedó en el ojo de la investigación: había sido la última persona en que la había visto con vida y nadie cayó en su mala actuación de congoja y desesperación. Pero, además, hubo otros indicios que marcaron el camino de los investigadores para determinar que había tenido relación con lo que hasta ese momento era una desaparición de persona.

Esa fría mañana del 10 de julio de 2017, Ortiz se presentó apurado en la casa de Susana Villarruel en el barrio Toto Irigoyen. La mujer de 37 años todavía dormía cuando su ex esposo tocó a la puerta. Le dijo que los estaba esperando un remise en Tropas e Irazusta, para ir al centro a realizar unos trámites.

Lo extraño de todo esto era que el auto no fue hasta la puerta del domicilio, pero la mujer no desconfió y salió caminando del barrio junto a quien minutos después iba a matarla.

Entre las 7 y las 7.20 de la mañana, el hombre de 38 años mató a Susana Villarruel, a unos pocos metros del puente sobre el Arroyo El Cura. La atacó con un arma blanca y le causó múltiples heridas, que terminaron con su vida. Tras la realización de la autopsia, el médico forense Marcelo Benetti detalló que la apuñaló en el cuello, en la sien y en la mama derecha.

Por la forma en la que se cometieron las heridas, es muy factible que la haya tomado por detrás. Mientras caminaban por la desolada Irazusta al sur, esperó el momento oportuno, donde no hubiera testigos y donde a la víctima le resultara imposible una defensa, pedir ayuda o escapar. Según el alegato que meses después realizaría el fiscal Lisandro Beherán en el juicio: “La atacó deliberadamente buscando y aprovechando la situación de indefensión de la señora, a quien agredió y apuñaló hasta dejarla sin vida, para luego ocultar el cuerpo en la maleza, para que no sea fácil su localización, y salir huyendo del lugar del crimen”.

Susana trató de defenderse, pero las puñaladas fueron mortales. Casi en el acto perdió la vida. Pero sus gritos fueron escuchados por tres personas, que luego declararon que la víctima conocía a su victimario: resultaba ser una persona conocida para quien iban dirigidos esos gritos, porque tenían relación directa con los hijos. “Con mis hijos no te metas, metete conmigo”, le decía.

Nadie le dice eso a alguien a quien no conoce. Y a los investigadores le fue cerrando todo cuando se fueron interiorizando sobre la relación conflictiva que había tenido Villarruel con Ortiz, que había terminado semanas antes porque el hombre no aportaba económicamente en la casa.

Ningún familiar se pudo contactar con Susana durante todo el día y cuando por la tarde le preguntaron a Ortiz por Susana comenzó el teatro. Entre las 22 y las 23 horas del mismo 10 de julio, el asesino hizo la denuncia en la Comisaría Octava.

Fue el propio Ortiz el que se involucró en la desaparición. Era la última persona que la había visto. Dijo que la había dejado en la parada, pero los colectiveros de la empresa declararon que jamás había subido, lo cual era cierto porque Susana murió en el camino.

La tarjeta y el video

Las inconsistencias en el relato de Ortiz fueron generando cada vez más sospechas en el fiscal Martín Gil, quien ordenó su detención al día siguiente de la desaparición. El hombre de 38 años estaba alojado en la Jefatura, mientras todavía se buscaba a Susana con vida, aunque las expectativas más realistas suponían un femicidio.

Otra de las incongruencias en el relato del asesino, con quien tenían un hijo en común, es que quiso acompañarla “porque en el barrio le gritaban cosas y la molestaban”, pero supuestamente la dejó en la parada del transporte público sin ver si efectivamente se subía al colectivo, mientras que él tomó un remise rumbo al centro, donde debían encontrarse nuevamente. Nada convincente.

El cuerpo de Susana fue buscado durante todo el 11 de julio. Los rastrillajes se concentraron en el Arroyo El Cura y se practicaron durante todo el día con perros y personal de Prefectura, pero recién apareció a la mañana siguiente. Fue encontrado a un costado del curso de agua, en una zona de pastizales, con golpes y heridas cortantes que habían sido ocasionadas con un arma blanca. Solo una hora se tardó en identificarla oficialmente.

Con la confirmación de que se estaba ante un crimen y el principal sospechoso estaba encerrado, el Fiscal requirió una orden de allanamiento en la vivienda donde se hospedaba Ortiz. Susana no tenía ninguna de sus pertenencias cuando la encontraron y resultó que estaban en poder de su ex esposo.

Susana debía ir ese lunes al centro de la ciudad a entrevistarse con un abogado para poner fin al matrimonio entre ambos de manera legal y eso habría sido el detonante del femicidio. Ortiz tomó el teléfono de la víctima y desde ese aparato se envió un mensaje como coartada mientras la mujer agonizaba tapada entre los matorrales.

Pero lo que lo comprometió aún más al sospechoso fue cuando se comprobó que Ortiz había retirado por cajero automático, dinero de la tarjeta de la Asignación Familiar por Hijo, minutos después de haber cometido el crimen. Esa transacción quedó grabada en las cámaras y sirvieron como prueba fundamental en el juicio.

Gil le había solicitado al Banco Nación que le informara si estaba vigente el plástico y cuándo se había registrado el último movimiento. La respuesta de la entidad fue reveladora. La tarjeta estaba activa y había sido utilizada por última vez el 10 de julio a las 9.27 horas, es decir el día que Susana Villarruel dejó la casa y poco después de haber sido asesinada.

Ortiz trató de defenderse diciendo que Susana le había dado la tarjeta para que sacara dinero para comprarle unas piedritas de Reiki, pero esto fue poco creíble. “La separación del matrimonio fue porque Ortiz no aportaba dinero para la casa. Si esa mañana habían salido juntos para que el acusado le diera dinero a Susana, no se puede entender como lógicamente terminó siendo completamente al revés”, señaló Beherán en el juicio.

Se unifican los casos

Fue en ese juicio realizado en noviembre de 2017, cuatro meses después de ocurrido el crimen, que la opinión pública se enteró que Ramón De La Cruz Ortiz era el hijo de Beatriz Espíndola, la mujer que casi muere a causa del fuerte golpe que recibió en su cabeza a principios de ese año.

Para ese entonces los investigadores ya habían unificado los hechos y fue gracias a que Espíndola decidió hablar y contar lo que le había pasado luego de enterarse del femicidio de Susana Villarruel.

Ese 18 de enero, su hijo llegó acompañado de otro hombre a la casa de Montevideo y Del Valle, cargando unas herramientas para “arreglar algo”. Le pidió gaseosa y cuando ella se dio vuelta, le pegó con un fierro en la cabeza. Todo esto se lo dijo con detalles al fiscal Gil luego del crimen de Villarruel. Antes -y por ser su madre - no lo quiso denunciar.

Cuatro días después de ocurrido este hecho, ocurrió otro caso de mucha similitud en el barrio Toto Irigoyen, muy cerca de donde vivía Susana Villarruel. Un hombre de 63 años fue encontrado tirado en el piso de su casa. Unos vecinos vieron la puerta abierta y apenas ingresaron lo hallaron desmayado, en un charco de sangre y con un fuerte golpe en la cabeza.

El hombre fue trasladado inmediatamente al Hospital Centenario y de allí derivado a una clínica en Concepción del Uruguay debido a que presentaba un edema cerebral. Permaneció en coma inducido hasta que poco a poco recuperó su lucidez y regresó a Gualeguaychú para continuar con su recuperación.

En la casa no había signos de violencia. La puerta no estaba violentada y en el interior no había desorden, y además se halló el teléfono celular del hombre. Lo habían golpeado con el contrafilo de un hacha de mano. Por este hecho se involucró a dos jóvenes gracias al testimonio de un testigo privilegiado: Ramón De La Cruz Ortiz.

El fin de una historia trágica

Este hombre fue condenado a prisión perpetua a fines de noviembre de 2017. Había sido imputado de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y por mediar violencia de género. No hubo claroscuros en la decisión del Tribunal de Juicios encabezado por el vocal Mauricio Derudi. En ese juicio se ventilaron todos los pormenores y no hubo dudas en que el móvil del crimen se debió a la frustración que sintió cuando Susana Villarruel puso fin a la relación de pareja.

En un mensaje que envió el 24 de junio de 2017 a Ahora ElDía, que fue incorporado en la causa junto a una entrevista que se le realizó en una radio local antes de cometer el crimen, De La Cruz Ortiz escribió: “Quería contar mi caso. Hace una semana que vivo en la calle. Me echaron de mi casa con lo puesto. Mi mujer me dio 5 días para llevarme mis dos hijos de 9 y 12 años conmigo. Fui al Juzgado y por ser hombre no tengo derechos. No sé qué hacer, ni dónde ir a pedir ayuda”.  

Para los magistrados que fundaron su sentencia a prisión perpetua, les resultó indudable que Ortiz no había logrado asumir ni superar el distanciamiento de su mujer. No toleraba haber sido excluido por su esposa de la vivienda que habitaban, lo cual significaba ni más ni menos que romper con la estabilidad que había alcanzado a partir del vínculo.

Esa estabilidad fue brindada por el trabajo, por tener una vivienda propia, por dejar de vivir en la incertidumbre de no saber dónde dormir o qué comer, todo lo cual fue logrado por primera vez en su vida desde su relación con Susana al igual que la conformación de una familia con los hijos de ella, de él, y la hija que tenían en común, conforme lo explicó la licenciada Norma Hermann en el debate.

Ortiz sentía frustración no sólo por lo ocurrido, sino también por lo que se avecinaba que era la separación definitiva de Susana, con la consecuente privación del estado de bienestar que había logrado a partir de su relación, resultándole paradójico que quien le posibilitara acceder a esa dicha y confort sea la misma persona que abruptamente se lo privara. En absoluto estaba dispuesto a tolerar que su mujer sea la responsable de su infelicidad.

La historia oficial de Parera comenzó el 8 de diciembre de 1909, pero como todo pueblo pequeño de aquella época, su vida comenzó dos años antes, cuando en 1907 se colocaron las vías del ferrocarril y luego se levantó la Estación Faustino Parera, que finalmente le daría nombre a la localidad.

A partir de ese momento y con la construcción de algunas viviendas, surgieron los primeros comercios, como la carpintería de Esteban Kachinsky, la herrería de José Charadía. En 1911 se instaló la panadería de José Clímaco. El 12 de julio de 1917 abrió sus puertas la escuela “Dolores Costa de Urquiza” con 58 alumnos y llegó a 76 al finalizar el ciclo lectivo. Ese año se instaló también el primer teléfono público y al siguiente comenzó a funcionar el correo y la Comisaría.

El lugar crecía y la estación se había convertido en un importante nodo ferroviario, que conectaba Gualeguaychú con Paraná, con un movimiento intenso de pasajeros y carga. Así fue como, en 1920, llegó a la localidad un cordobés de 48 años que abriría la primera farmacia del pueblo.

Juan De La Torre fue a Parera en busca de nuevas oportunidades. Primero se instaló en el lado este de la estación y después de cinco años se trasladó al oeste, donde construyó una casita en la cual vivió y abrió la farmacia, hasta que fue asesinado a golpes en la noche del martes 5 de enero de 1932.

De La Torre era una referencia en la localidad. A lo largo de una década vivienda en ese lugar supo cosechar amistades y no había vecino que llegara a su casa en procura de medicamentos, incluso sin tener dinero como pagarlos. Era un buen vecino, en un pueblo pujante, donde todos se conocían.

A las ocho de la mañana del miércoles 6, el colono Isabelino Reyes fue hasta la farmacia con una urgencia. Uno de sus peones se había lastimado en la máquina trilladora y necesitaba de gasas y medicación. Tocó a la puerta y nada. Volvió a insistir y nadie salió a atenderlo. Esto llamó su atención, pero como nunca pasaba nada de gravedad en el pequeño pueblo, las sospechas eran más de intriga que por si hubiera sucedido algo malo.

Reyes se inquietó y se asomó a una ventana que daba al comedor de la casa y allí fue que observó el cuerpo de la víctima tirado en el suelo y envuelto con unos trapos. Inmediatamente fue hasta la Comisaría para contarle todo al comisario Mascheroni, pero había sido convocado a la Jefatura de Policía en Gualeguaychú y en su lugar había dejado al subcomisario Francisco Escalante.

Reyes le relató a Escalante lo que había visto y fueron hasta lo de De La Torre. Junto a otros vecinos lograron abrir la puerta de entrada y comprobaron que el cuerpo estaba sin vida. Tenía su cabeza totalmente ensangrentada y descubrieron que había sido golpeado con un tipo de garrote.

Escalante dio aviso a sus superiores y solicitó la presencia del médico de la Policía de Urdinarrain, Ricardo Roig, que más tarde viajó hasta Parera y confirmó que la víctima había fallecido pocas horas antes de haber sido descubierto el hecho. Su cuerpo presentaba ciertos signos que permitieron al especialista determinar que el ataque se había producido entre la noche del martes y primeras horas del miércoles.

“La vida que llevaba el infeliz De La Torre y las simpatías de que gozaba en todo el vecindario, hace presumir que el móvil del crimen ha sido el robo”, se informaba a través de las páginas de El Censor el jueves 7 de enero, cuando la opinión pública del resto del Departamento tomaba conocimiento de lo sucedido en Parera.

Las pruebas incriminatorias

De La Torre tenía 60 años cuando fue hallado muerto en su domicilio. Para la prensa de aquella época, su edad era la de un “anciano”, un calificativo que difiere mucho para lo que actualmente es considerado un adulto mayor. Sin embargo, y al igual que pasa hoy en día, que la víctima fuera una persona de la tercera edad generó indignación en la sociedad y se demandó de una rápida investigación policial para dar con el o los autores del hecho.

El domingo 10 de enero, el comisario de Órdenes Antonio Mir Neyra y el subcomisario Viegas se trasladaron desde la Jefatura Departamental de Policía hasta Parera con el fin de orientar la investigación y fue tal el “excelente” trabajo que realizó el policía que a su regreso esa misma noche ya tenía prácticamente esclarecido quiénes habían sido los autores.

En declaraciones a la prensa, Mir Neyra indicó que se tenía confirmado que ese martes 5 de enero en que se cometió el crimen, alrededor de las 17, un vecino de apellido Aguilar, oriundo de Almada y que viajaba desde la localidad de Pastor Britos hacia su casa, levantó con su auto a dos sujetos en el camino. Relató que los dejó frente a la colonia del señor Giacoppuzzi porque iban a pedir trabajo.

A los investigadores les indicaron en esa colonia que efectivamente los dos hombres habían pasado por el lugar, que se les ofreció y aceptaron comida, y que luego al retirarse lo hicieron caminando, pero se dio un detalle que para los policías fue determinante. Cortaron un gajo de un paraíso.

Mir Neyra y Viegas siguieron el camino de los sospechosos y encontraron rastros que terminaron por confirmar a los policías que estaban en la senda correcta para esclarecer el crimen. Debajo de un puente que atravesaba el arroyo El Gato encontraron una galleta de las que les habían convidado en lo Giacoppuzzi y restos de un repasador que coincidía con el tipo de trapo hallado junto al cuerpo de la víctima. Pero lo más importante en toda esta hipótesis para cerrar el caso: el garrote con el que los asaltantes mataron a golpes a De La Torre fue confeccionado con el gajo del árbol que sacaron de lo de Giacoppuzzi, ya que se trataba de la misma madera.

La martirizante confesión

Hoy en día parecería inverosímil llegar a juicio con este tipo de pruebas, pero por aquellos años no se discutía mucho el procedimiento policial. Incluso, la Policía se manejaba con cierta impunidad que se reflejaba en los medios de comunicación, como por ejemplo lo sucedido con un niño de 12 años que regaba la calle en pleno verano. Pasó un Comisario y le ordenó que desistiera de lo que estaba haciendo y antes que el menor cerrara la canilla, recibió un fustazo en la espalda que le dejó lesiones y una denuncia de su hermano García Reynoso para analizar la posible destitución del funcionario.

Otro caso, también en ese mismo mes y en Gualeguaychú, en una noche al finalizar el corso y cuando algunas personas comenzaron a mojar, la Policía que estaba en la esquina de 25 de Mayo y Churruarín realizó un acto de violencia que fue muy censurado en aquel momento. “Sin consideración a damas y niñas, los funcionarios policiales imponían el desalojo de la acera subidos con su cabalgadura a la vereda y el empuje de sus caballos exigían circulación. El buen comportamiento del público todas las noches y la corrección policial no merecían esta nota de desentonada cultura”, esgrimía el diario El Censor.

Para abril de 1932, la Policía ya había logrado la captura de todos los sospechosos, entre ellos Lucas Muñoz y Tolentino López. El juez del Crimen, Tancredo Aguilar Torres, estaba empecinado en cerrar el caso lo más rápido posible y llegó a habilitar en su juzgado algunas horas durante la tarde a fin de avanzar en la investigación y el sumario contra los sospechosos. Muchos pasaron por el Juzgado a declarar y dos fueron los principales acusados.

En una salida de ese Juzgado, Muñoz llegó a declarar a la prensa su inocencia y explicó que se había reconocido como coautor del crimen porque lo “martirizaron” en la Policía. Y que esa autoría del homicidio la había confesado también ante el magistrado porque tenía miedo que luego fuera objeto de martirios, pero que, tras hacer un careo con López para también acusarlo, se arrepintió de todo lo que lo habían obligado a confesar porque tampoco tenía nada que decir de López. Incluso aprovechó el diario para enviarle un mensaje a sus parientes en Pastor Britos para que le mandaran una manta y algo de ropa durante su detención.

Había poca carga probativa contra Muñoz y López. No existían las cámaras de seguridad, ADN o nada de lo que hoy es sustancial en una causa judicial. Lo único en lo que se basaba el caso era en declaraciones vagas de testigos que los situaban en Parera el día del hecho y en especulaciones como el tipo de madera con el que le pegaron a De La Torre y el gajo de paraíso que sacaron de lo de Giacoppuzzi.

La condena perpetua

El primero en ser detenido fue Muñoz. No hay muchas precisiones sobre cómo fue localizado. Lo único que sobresale es que en sus declaraciones complicó a Tolentino López y que, tras unos días, este joven peón de campo se presentó espontáneamente ante la Justicia, pero a medida que el tiempo transcurrió se fueron deslindando responsabilidades hasta quedar solamente detenido Muñoz. López recuperó su libertad y fue desligado del caso.

El 16 de noviembre de 1935, a casi cuatro años del crimen del farmacéutico, Lucas Muñoz fue condenado. Recibió prisión perpetua por el delito de homicidio con alevosía y como medio para consumar otro delito. Una figura penal muy similar a lo que hoy sería homicidio criminis causa.

Lo llamativo del juicio y que se aclara en la prensa, es que para llegar a esta conclusión se estudió la “personalidad moral del reo y la prueba referente a la retractación de la confesión que hiciera en sus primeras declaraciones. La retractación posterior a la confesión es prueba en contra del confesante”.

Se estableció la responsabilidad de Muñoz porque entró en contradicciones y más tarde se confesó autor al realizar la reconstrucción de su crimen, “con un descaro y naturalidad que dejó admirado a los representantes de la Justicia”.

La vida de Juan Lizasuain, conocido como Juan Moreira hasta hace una década, está marcada por el dolor: su papá fue asesinado durante la dictadura militar, un crimen por el cual siente que la Justicia actuó a medias.

Juan Domingo, el padre, vivía del turf en 1978. Su rutina consistía en cuidar caballos, vender rifas y rebuscarse la vida con lo que saliera. El esfuerzo tenía una explicación urgente: mantener a sus dos hijos. El mayor de ellos era Juan, de apenas seis años.

“Mi padre ya no vivía con nosotros, se había separado de mi madre, y nos visitaba tres veces a la semana”, contó Juan, un hombre de 54 años que en 2016 se retiró del Ejército Argentino. Según la información que pudo reunir a lo largo de todos estos años, a través de sus familiares y de lo que existe en la causa judicial, su padre Juan Domingo era un idealista que trataba de ayudar a muchas personas, con la mala suerte que tocó los intereses de policías corruptos.

“Se relacionó con algunas mujeres del barrio Munilla que ejercían la prostitución porque quería sacarlas de esa vida, les decía que no trabajaran más, su hermana lo ayudaba también con mercadería, remedios, pañales… Y con eso las fue sacando del entorno, pero lo que no sabía es que atrás de ellas había un proxeneta, que era el Jefe de Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú”, contó.

Su padre estaba obstruyendo un negocio muy redituable y los policías involucrados comenzaron a perseguirlo: José María Tubías y Luis César Elpidio Sánchez. Primero lo molestaban en la calle, lo levantaban y lo tenían dos horas demorado en la Jefatura, pero la situación cambió cuando Juan Domingo fue testigo de un crimen en la zona de la vieja estación de trenes, por donde hoy desfila el Carnaval del País, “donde estos dos agentes estaban quemando a un hombre en su rancho”.

Era un “changarín” que trabajaba en el viejo molino y nada se supo de lo ocurrido. Se informó que había muerto a causa de un incendio. “Nada podía hacer. Si la misma Justicia hacía eso, a quién iba a recurrir”, contó el entrevistado, excusando a su padre que se veía impedido de lograr justicia. Así era la situación que se vivía en esa época, cuando las fuerzas de seguridad aterrorizaban, secuestraban y desaparecían personas.

A Lizasuain siguieron acosándolo, demorándolo en la Jefatura, hasta que un día amenazó a los agentes con denunciar lo que había visto si lo seguían molestando. Ese fue el certificado de defunción de Juan Domingo. “Los agentes le dijeron a su Jefe que tenían miedo (de que hablara), y como mi viejo usaba el pelo largo hasta el hombro y barba candado, lo caratulaban como Montonero. Él tenía su ideología. Se carteaba con amigos que estaban presos y si bien él no militaba, tenía su corazón. A parte se llamaba Juan Domingo”, aclaró el hijo sobre el nombre peronista de su padre.

El relato del horror

Los dos policías lo ubicaron en la calle y con una mentira burda lo hicieron caminar hasta la casilla de un amigo que supuestamente estaba enfermo y pedía por él. Esta persona vivía en Roffo al norte, casi a la altura del Cementerio, cuando toda esa zona eran chacras.

“Tenían que pasar dos alambrados para llegar hasta el ranchito donde vivía el amigo de mi papá y cuando está por cruzar el primero, uno lo pateó en el estómago, mientras que el otro agente que le trabó los brazos. Lo golpearon en la cara provocándole una fractura de maxilar inferior. Después lo estrangularon con un alambre de púas y para rematarlo le metieron un palo en la garganta”, así relató su hijo la manera en la que lo asesinaron a Juan Domingo.

En la causa se describe la misma muerte bajo otros hechos. Cuando cruzaba el alambrado, Sánchez le pegó una trompada en la mandíbula y cuando Lizasuain cayó al piso, junto a Tubías le dieron un golpe a cada lado de la cabeza con el taco del zapato, lo que seguramente le produjo la muerte, porque el informe médico considera que el fallecimiento se produjo por probable fractura en la base del cráneo.

Pero los dos agentes siguieron golpeándolo. Luego le sacaron el cinto a la víctima y con eso lo ahorcaron, tirando uno de cada lado durante unos minutos, hasta que se dieron cuenta que ya estaba muerto. Sánchez lo arrastró un poco hasta la sombra de los árboles y, mientras Tubías envolvió el cinto, buscó un palo y se lo introdujo en la boca haciendo presión contra la garganta. Luego se fueron caminando y arrojaron ambos elementos en la calle Clavarino.

Existen dos versiones para una misma muerte horrible. La única testigo presencial —o al menos quien halló el cuerpo y dio aviso a la Policía— era una mujer muda. Lo extraño del caso es que tuvo que acudir dos veces a la comisaría para que los oficiales entendieran su denuncia. “Parece que esta señora, después de lo que vio, duró unos pocos años más. Tuvo una muerte dudosa, como si a alguien le molestara su presencia”, indicó el hijo de la víctima.

Tras el crimen, los responsables fueron apartados por el Jefe de Investigaciones y enviados al control caminero sobre la Ruta Nacional Nº 14 y el Acceso Oeste, que era la única entrada a Gualeguaychú por aquellos años. “En los medios de la ciudad se empezó a decir que había sido un ajuste de cuentas entre miembros de Montoneros”, explicó y agregó: “Mi tía vino a reconocer el cuerpo, pero ya estaba cerrado el féretro. A través de una orden judicial, pudo hacerlo. Ella habló con mi tío que estaba destinado como Sargento Primero del Ejército y le contó lo que había pasado con su hermano, que la Policía lo quería hacer pasar como que lo habían matado los Montoneros. Mi tío habló con el secretario del Ministro del Interior de la Nación de ese momento y este llamó al Jefe de la Policía de Entre Ríos y le informó que lo que estaba sucediendo en Gualeguaychú, que lo ocurrido no era como se decía y le sugirió que hiciera una investigación para que se determine cuál fue la causa de la muerte de Juan Domingo Lizasuain”.

Siguiendo con el relato que brindó el hijo de la víctima, a la ciudad llegó un Comisario Inspector de Gualeguay a fin de investigar lo ocurrido. Se hizo pasar como familiar y nunca se presentó como funcionario. Empezó a ahondar, iba a todos los lugares donde frecuentaba Juan Domingo. Incluso fue a hablar con las mujeres en el barrio Munilla. Buscaba en el entorno todo lo que podía rescatar. Se disfrazó de vendedor de leña, de cartonero; y un día se hizo llevar por los dos policías al lugar del hecho y uno de ellos se quebró. En el juicio, que se desarrolló entre septiembre y octubre de 1980, fueron tres los acusados. Además de Tubías y Sánchez, la fiscal de Concepción del Uruguay, Solange Mettler, acusó al oficial Alejandro Antonio Mario Horacio Gómez, de 27 años, de ser el instigador del hecho.

En la etapa de instrucción, Tubías y Sánchez habían declarado que tras el incidente que habían tenido con Lizasuain, donde los había amenazado, Gómez dio luz verde y le dijo a Tubías: “Liquídenlo, porque tengo familia, quiero a mi mujer y a mi hijo y no me gustaría que un degenerado como este le vaya a hacer algo”.

Luego, en el debate, señalaron que Gómez nada tenía que ver, que lo habían involucrado falsamente a fin de embarrar la investigación al complicar en el caso a un superior. Gómez fue absuelto de su participación como instigador de homicidio simple, pero Tubías y Sánchez recibieron la pena máxima de aquellos años: prisión perpetua.

Se trataba de una condena que llegaba hasta los 25 años y, a pesar de ser un número polémico en la actualidad para una pena máxima, solamente permanecieron encerrados la mitad de esos años. Fueron alojados en la Unidad Penal N° 2 de Gualeguaychú y durante su estadía en la cárcel fueron beneficiados con una conmutación de pena y la libertad condicional. Sánchez dejó la prisión en enero de 1991 y Tubías salió en febrero del año siguiente.

El próximo 28 de mayo se realizará la audiencia de elevación a juicio, donde el Juez de Garantías controla la acusación y la Investigación Penal Preparatoria (IPP), pero además determina la apertura o rechazo del juicio, la resolución sobre las pruebas y, de ser necesario, ordena correcciones o nulidades.

Pero en esta oportunidad, el juez de Garantías de Gualeguaychú, Ignacio Telenta, deberá resolver sobre una cuestión particular.

En octubre de 2025, el Senado de Entre Ríos aprobó una reforma a la Ley de Juicio por Jurados, vigente desde 2020. Esta modificación, entre otras cuestiones, limitó la intervención de un jurado a delitos con penas máximas superiores a los 20 años, excluyendo las tentativas y otros casos como los abusos agravados, que antes entraban en la competencia.

Pero como el hecho que será llevado a debate, donde casi pierde su vida Carolina Huck, ocurrió cuando aún estaba vigente la ley anterior, es decir, no se había realizado la reforma, Telenta tendrá que resolver si el imputado de tentativa de femicidio, que enfrentará un pedido de pena de 15 años de cárcel, debe ser juzgado por un jurado o tendrá un juicio técnico.

Para la acusación fiscal, el caso se encuadra dentro de una tentativa de femicidio, que se originó en un contexto de violencia de género y tiene como agravante el daño físico y psicológico en la víctima.

El fiscal Jorge Gutiérrez culminó a mediados de abril la etapa investigativa y deberá exponer en esta audiencia de remisión cuáles son las pruebas que recolectó a lo largo de todos estos meses, donde se encuentra el material obtenido de los teléfonos celulares de ambos, que sostiene en parte la situación de violencia de género.

Para la acusación, el imputado tenía un plan claro: quitarle la vida a la mujer y en ese hecho están enfocados los esfuerzos de la Fiscalía, más allá que el destino y la buena praxis médica le salvaron la vida.

Hay entrevistas, documentación médica, pericias psicológicas a ella, y psiquiátricas a Corvalán, pericias científicas del levantamiento de rastros en el lugar del hecho, la ubicación de manchas de sangre, distancia del disparo, presencia de pólvora en la ropa. Todo forma parte de la prueba documental y testimonial.

Un hecho imposible de olvidar

Sin dudas fue el caso policial más significativo del 2025. Lo sucedido el domingo 24 de agosto en la casa de calle Gutenberg y La Rioja conmocionó a toda la ciudad. El sargento Mariano Corvalán le había disparado con su arma reglamentaria a su esposa Carolina Huck. Luego llamó al Comando Radioeléctrico contando lo sucedido y requiriendo una ambulancia. Cuando el personal médico arribó al domicilio, él mismo ayudó a cargar a su esposa y antes que llegara el móvil de la Comisaría Cuarta, se disparó en la puerta de su casa.

El panorama era trágico. Los dos estaban vivos, gravemente heridos ambos y parecían tener los minutos contados. Ella tenía una lesión abdominal y Corvalán se había disparado en el mentón. El proyectil ingresó por la parte baja de la mandíbula, en dirección ascendente, con orificio de salida en la parte frontal derecha.

La ambulancia ya no estaba. Había salido con Carolina rumbo al nosocomio. Fueron los mismos policías quienes asistieron a Corvalán y lo trasladaron en el móvil policial hasta el Hospital Centenario. Fueron intervenidos quirúrgicamente y ambos permanecieron en grave estado en Terapia Intensiva.

Las expectativas de sobrevida eran poco optimistas para ambos y las siguientes 72 horas eran determinantes. El estado de salud del policía de 38 años y de su esposa de 31, era de extrema gravedad. Ella tenía una lesión toracoabdominal. Se le extrajo el bazo y tenía comprometidos los pulmones. En tanto, Corvalán tenía una lesión cerebral, e incluso tuvo pérdida de masa encefálica.

Pero transcurridas las primeras 24 horas, la situación cambió. Los dos mostraron estabilidad dentro de sus críticos pronósticos. El disparo que se ejecutó Corvalán había roto las meninges en el lóbulo frontal y gracias al trabajo que realizó el neurocirujano en la primera intervención se logró mantenerlo con vida. Estuvo sedado para su adaptación al respirador mecánico y en ese primer día de internación mostró buenos parámetros bioquímicos y signos vitales.

Una semana después del terrible hecho, y contra todos los pronósticos de recuperación, Carolina Huck y Mariano Corvalán, abandonaron la Terapia Intensiva y fueron trasladados a una sala común del Hospital Centenario para seguir con la recuperación. Corvalán perdió un ojo, pero fue Huck la que se llevó la peor parte: durante su internación se confirmó que había sufrido “una sección completa de médula con paraplejia”, que le dejó una parálisis de ambos miembros inferiores.

Desde septiembre, Carolina inició un proceso de recuperación en un centro de neurología y recuperación psicofísica en Galarza, en el cual tiene depositadas todas sus esperanzas para hacer frente a un futuro completamente diferente al que conocía. Pero antes de hacer frente a ese proceso se reunió con el fiscal Gutiérrez y le contó todo lo sucedido en ese domingo de fines de agosto.

La profesora de Educación Especial relató que ese día, Corvalán se levantó temprano para ir a trabajar, regresó pasado el mediodía para descansar porque por la noche volvía a trabajar en la Policía, mientras que ella se fue por la tarde a un cumpleaños. Cuando regresó se puso a trabajar en unas tareas de sus alumnos que debía entregar y fue en ese contexto que comenzó la discusión que terminó en tragedia.

Corvalán le recriminaba a ella que trabajaba mucho, pero esta situación se presentaba porque para ella era necesario para cubrir las necesidades económicas. Se le hacía imposible trabajar sólo por las mañanas, como el hombre pretendía. Incluso, dos compañeras de trabajo, que también declararon en la causa, ratificaron esto, que las discusiones giraban en torno a lo económico y la crianza de su hija de 5 años.

Corvalán fue el primero de ambos en dejar el Hospital Centenario. A la semana de haber sido operado de urgencia y de permanecer las primeras horas en un coma, salió de la Terapia Intensiva y siete días después dejó la sala común donde había sido alojado. Desde entonces permanece en la Comisaría del Menor y Violencia Familiar con prisión preventiva.

No hay ningún indicio que la relación entre Yolanda Pradelli y Jorge Cusinato haya estado atravesada por la violencia, sino todo lo contrario. Nadie en Larroque hubiera podido presagiar que esta mujer de 62 años iba a morir estrangulada y que su esposo de 78 años iba a quedar involucrado en esa muerte.

Más de dos décadas han pasado de aquella madrugada del lunes 4 de abril de 2005 y aún hoy persisten las dudas sobre quién fue realmente la persona que estuvo detrás de la muerte de “Yoli”. ¿Existieron los tres delincuentes que Cusinato señaló como los responsables del crimen? Y también, siguen sin respuestas las preguntas sobre el móvil del hecho: ¿Por qué la mataron a ella y al hombre no le hicieron nada? ¿Por qué se le dictó la falta de mérito? ¿Por qué nadie pagó por ese crimen?

Jorge Cusinato era dueño de una funeraria que estaba ubicada en Sargento Cabral 56, esquina Urquiza, y gozaba del reconocimiento de toda la ciudad. Por su actividad laboral no había nadie que no lo conociera a él y a su esposa. Ambos tenían una hija en común, pero él tenía dos varones de un matrimonio anterior del que había quedado viudo, que para la investigación fue un dato sumamente relevante, aunque no determinante.

Era una familia típica de una ciudad tranquila, acomodada económicamente. Nada que llamara la atención. Ese fin de semana, más precisamente el domingo, el día en que el mundo despedía al papa Juan Pablo II, un matrimonio amigo los invitó a dar una vuelta por Gualeguay, aceptaron y cuando cayó la noche volvieron a Larroque.

Entraron a la casa, prendieron el televisor, pero Yolanda no tenía ganas de quedarse encerrada y lo invitó a su marido a ir hasta una casa vecina a jugar al chinchón. Quedaba a solo una cuadra y media, sin embargo, no fueron caminando. Y así fue: jugaron a las cartas y según consta en la declaración de Cusinato, a la 1.30 (ya del lunes 4 de abril de 2005) se fueron.

El matrimonio dio la vuelta manzana y llegaron al domicilio. La construcción vista desde el aire tenía una forma de C: de un lado la funeraria y del lado opuesto la casa familiar. Estaban unidas por una galería que daba al estacionamiento. “Llegamos y mi señora dice: 'Mientras vos cerrás el auto con llave, yo voy y apago la luz' de una de las salas de velatorio que estaba prendida, pero cuando voy a abrir la puerta del auto para bajarme, un tipo me agarra del brazo y me dice: 'No grités porque te mato, dame la plata', y me sacó del auto”, relató.

Cusinato le explicó al juez Carboni que en ningún momento se resistió. Le indicó a su asaltante que la plata la tenía en el bolsillo de la camisa, pero el ladrón lo sacó del vehículo y lo llevó hacia la parte delantera de la camioneta de la previsora que estaba estacionada al lado y es en ese momento en que observa a un segundo delincuente que tenía en la mano “una pistola o un revólver”.

Para cuando le sacaron la plata que llevaba encima, Cusinato ya había sido maniatado. Ya lo habían golpeado en la cabeza cuando vio cruzar al tercer delincuente. “Como estaba en el suelo, por abajo del chasis del auto, miraba, y uno de ellos se paseaba adelante del patio, como quien va para la calle, iba y venía donde estaban los otros, pero no se juntaba con ellos. Hasta que llegó un momento en que se fueron los tres, pero no pude ver para qué lado salieron, porque miraba para adelante, que estaba iluminado, para ver si salían por ahí, pero no los vi, se ve que salieron para el patio (la parte trasera de la casa), cuando no los vi más, empecé a gritar, pero nadie venía. Intentaba desatarme pero no pude, y empecé a arrastrarme hasta un cuerpo que veía tirado en el piso, siempre gritando, cuando llegué al cuerpo vi que era mi señora que estaba tapada de sangre, como no podía tocarla con las manos, y además no me respondía cuando le hablaba, la tocaba con el cuerpo, hasta que vi una luz que venía y era la camioneta de la Policía, entonces les grité dos veces: 'Desatáme hermano', entonces me desataron las manos, y me dijeron que siguiera desatándome sólo, y se fueron para el patio. Me desaté las manos, abracé mi señora y le di un beso. Estaba desnuda de la cintura para abajo, el pantalón estaba sobre la cara, la destapé y la besé, se me aflojaron las piernas. Cuando llegó la Policía, estaba manchado con sangre porque me había tirado encima de ella, después que me desataron la abracé y la besé”, le dijo Cusinato al Juez en su polémica declaración que llenó aún más de dudas al magistrado cuando empezó a tener las voces de otras personas; principalmente de un vecino que al momento de salir de su domicilio lo vio en cuclillas al lado del cuerpo. Había dudas por todos lados.

Yolanda Pradelli fue estrangulada y transcurridas unas pocas horas del hecho, la primera hipótesis había sido que a los delincuentes “se les había ido la mano” cuando la apretaron para que les entregara lo que tenía de valor.

Una de las primeras declaraciones que puso la lupa del juez Carboni en la figura de Cusinato fue la declaración del funcionario policial Luis Norberto Aguirre, que fue el primero en llegar a la escena, a eso de las 2 de la madrugada. Este hombre se encontraba de recorrida en el móvil 512, junto al agente Héctor Wagner, cuando recibieron la alerta desde la comisaría informándoles que debían dirigirse a la funeraria. La Policía había recibido un llamado indicando que se escuchaban gritos de auxilio desde la casa de Cusinato.

Cuando el patrullero se dirigía a ese lugar, una camioneta se los cruzó y el hombre que manejaba, sin bajarse del rodado, les dijo: "En lo de Cusinato hay algo raro". Aguirre le respondió que se dirigían a ese lugar y siguieron la marcha. Al llegar, los policías iluminaron con un reflector desde arriba del móvil y observaron el cuerpo de una persona tirado en el piso. Al descender confirmó que se trataba de Yolanda Pradelli y a su lado se encontraba Jorge Cusinato, que le pedía que lo desatara. La mujer tenía su rostro ensangrentado y un trapo en la boca, una franela que el propio policía le retiró.

El cuerpo estaba frío y no tenía pulso. Fue allí que Cusinato le dijo que los habían asaltado tres personas y que “habían corrido para el fondo”. Para ese momento había llegado el oficial Juan Carlos Escalante al lugar y junto a Aguirre salieron en busca de los tres asaltantes, mientras Wagner se quedó en el lugar. Pero la búsqueda no arrojó ningún resultado. No encontraron indicios, ni pisadas de hacia dónde habían escapado, pese a que el pasto estaba mojado por el rocío de la madrugada.

Cuando fue el turno de declarar ante el juez Carboni, Aguirre sembró de dudas al magistrado con lo que había visto. Describió que la víctima estaba tirada en piso, boca arriba, con los brazos a sus costados, con un charco de sangre debajo de la nuca, y sangre en las fosas nasales y en la boca. Vestía una camisa blanca, dejando ver parte del abdomen, y en su parte inferior se encontraba totalmente desnuda. Arriba del pecho estaba un pantalón de color oscuro, “como si se lo habían tirado arriba”. En una de las manos tenía dos o tres llaves apretadas con el puño, que lo primero que hizo el testigo al llegar fue sacarle el trapo que tenía metido en la boca para ver si podía respirar.

“Las ataduras estaban flojas, cuando él me dice que lo desate extiende los brazos, agarré una punta y salió sola. Sacó la mano y se desató los pies. Más que amarrado estaba enredado por lo que no fue difícil desatarlo”, declaró. En su opinión, las ataduras que presentaba Cusinato, no le impedían liberarse y agregó: “Lo único que me dijo fue 'desatáme, desatáme, son tres que andan ahí en el fondo', no lloraba, no me pareció que estuviese nervioso, tampoco me comentó nada acerca de la señora, ni me pidió que la ayudara”.

El panadero que lo vio

Oscar Alberto Tabares también fue otro de los testigos claves en la causa. Su actividad comercial en la panadería “Tronco Hnos” lo obligaba a levantarse muy temprano para ir a trabajar. Esa madrugada había puesto el despertador a la 1.40. Se vistió y fue en busca de su auto estacionado bajo un tinglado, pero al salir escuchó unos ruidos que venían de la casa de su vecino de enfrente.

Se subió a su Peugeot 205, pero olvidó las llaves, entonces regresó, las buscó y unos segundos después estaba nuevamente arriba del auto. Fueron segundos clave: lo encendió, dio marcha atrás, giró hacia el garage de Cusinato, lo alumbró con los faros del vehículo y observó un cuerpo boca arriba tirado a unos metros del Renault 12 en forma perpendicular; Cusinato estaba parado, “medio agachado”, de espaldas, “se tocaba la cabeza con las manos en la parte de arriba”, declaró.

Tabares se asustó. Dio marcha atrás y tomó por Urquiza hasta la panadería. Al llegar le comenta a Rubén Tronco y juntos deciden ir al lugar. Cuando pasaron por el frente vieron el cuerpo tirado, pero Cusinato ya no estaba. Salieron de allí y se cruzaron con el móvil 512 en el que iban los policías Aguirre y Wagner.

Cuando Tabares declaró ante Carboni contó un dato muy relevante. Cuando alumbró con su vehículo el cuerpo tirado en el piso, observó que Pradelli vestía en su parte superior una campera o pulóver, y en su parte inferior tenía un pantalón de color bordó o marrón oscuro y que Cusinato no estaba atado.

Tronco también fue llamado a declarar y además de corroborar todo lo que había dicho Tabares, le contó a Carboni que “la puerta de ingreso a la casa de Cusinato estaba abierta y se veía una luz que salía de adentro, que iluminaba, pero no con toda claridad”. Cusinato había declarado que no habían logrado entrar a la casa y las llaves habían sido encontradas en la mano de la víctima.

El procesamiento y libertad

No hubo robo. Parte de los efectos que Cusinato mencionó que le habían sustraído los asaltantes, fueron secuestrados de su propio domicilio, dos días después del supuesto asalto. La cartera y el monedero de Pradelli fueron incautados y reconocidos posteriormente por varios testigos que habían estado con ella jugando al chinchón.

Para Carboni resultaba increíble que los asaltantes no se llevaran dos anillos de oro, un reloj, ni los autos ni que no hayan tratado de entrar al domicilio en busca de elementos de valor. Más increíble le pareció el ensañamiento que mostraron los supuestos asaltantes con la víctima, y mucho más si se tiene en cuenta que Cusinato resultó prácticamente ileso, y sin lesión alguna en sus brazos, siendo que referenció que había sido tomado con fuerza y bajado del auto. Su estado de angustia “burdamente invocado al momento del arribo de la comisión policial” fue desvirtuado en la declaración de los policías.

Cusinato quedó detenido a las 48 horas de ocurrido el crimen y quedó alojado en la Jefatura Departamental de Policía a la espera de la resolución judicial. El 13 de abril, Carboni dictó la prisión preventiva y el procesamiento por el delito de homicidio calificado por el vínculo. Incluso se había dispuesto que cumpliera con la medida preventiva en la Unidad Penal 2 una vez que quedara firme, pero esto nunca sucedió.

El abogado defensor, Víctor Rebossio, apeló el procesamiento y llevó el caso a la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay. Aseguró que, pese a todos los fundamentos que expuso Carboni en su procesamiento, no existían elementos suficientes de convicción para procesarlo ni tampoco para sobreseerlo, por lo cual era necesario que se dictara la falta de mérito.

Carboni expuso en su procesamiento todos los indicios que tenía sobre el acusado, pero tras lo dispuesto por Calveyra no aparecieron nuevos datos, indicios o prueba incriminatoria, convincente, por lo cual no se pudo revertir esa falta de mérito y por lo tanto el 2 de mayo de 2006 se firmó el sobreseimiento del sospechoso.

Cusinato quedó libre de culpa y cargo, pero siempre quedó el manto de duda entre quienes siguieron de cerca el caso. Pero para aquellos otros que conocían más de cerca a este hombre y sabían sobre su pasado, la duda era aún más grande. Cusinato quedó viudo dos veces y sus dos mujeres murieron de la misma forma, estranguladas: una por autodeterminación y la otra en un asalto del cual nunca se pudo corroborar absolutamente nada.

Muy pronto se cumplirá la primera década de los 22 y 18 años a los que fueron condenados los autores del homicidio de Juan Antonio Waller por el Tribunal de juicios y Apelaciones de Gualeguaychú. Y a pesar de todo este tiempo transcurrido, aún permanece latente el recuerdo de este brutal crimen que conmovió a la opinión pública, pero particularmente a todos los remiseros de la ciudad.

Se trata de un caso que no tiene demasiados vericuetos legales, sino todo lo contrario. Una vez conocido el crimen, y gracias a un rápido trabajo policial y judicial, en menos de 24 horas se pudo dar con los dos autores. Luego, uno abrió la boca, responsabilizó al otro, y ya para ese entonces no había mucho que esclarecer. Lo único que se debía discutir era si se trataba de un homicidio criminis causae o si se encuadraba en un homicidio en ocasión de robo, una diferencia que les podría acarrear una pena de prisión perpetua.

“Once, llegás con la reserva”

El móvil 11 de la empresa Boulevard le pertenecía a Juan Antonio Waller. Esa madrugada del 6 de marzo de 2016 había dejado estacionado su Fiat Siena en la vereda frente a la central de remises, sobre el supermercado Malambo en el boulevard Pedro Jurado, casi Urquiza.

Era una noche de sábado, madrugada de domingo, con mucho movimiento turístico. Era el fin de semana que le baja la persiana a la temporada y por eso todos los remiseros sabían que había que trabajar esa noche para hacer una diferencia. La agencia tenía varios móviles en actividad esa mañana y algunos de ellos fueron testigos de un crimen que nunca se les olvidará.

Waller se encontraba sentado junto a sus colegas Marcelo Fiori, José Verdinelli y Mario Dopazo en la agencia del Boulevard Pedro Jurado, mientras que Héctor Romero andaba por el corsódromo, con todo el movimiento del entierro del carnaval. Pablo Blanco iba camino a la costanera, cuando dos sujetos se presentaron en la agencia pidiendo un móvil. Alejandro Schol era el operador y encargado de coordinar los turnos y los viajes de los remises.

“¿Quién sigue?”, preguntó Fiori, que llevaba varias horas de trabajo y ya estaba por abandonar la jornada. “El 11, sigue Juan”, le respondió Schol, mirando con cierta intriga a los pasajeros. Waller se paró enseguida y les señaló el Siena estacionado enfrente, porque sobre la vereda de la agencia estaban los autos de Fiori y Dopazo.

Los pasajeros despertaban sospechas entre los remiseros. Uno llevaba una campera gris y el otro un buzo rojo, y ambos se sentaron en el asiento trasero. “Para mí uno se sentó adelante”, dijo Fiori en una de sus primeras declaraciones, pero eso fue corregido cuando declaró Schol, que dijo: “No, no, yo tengo una visión de frente, aunque tengo el vidrio que es espejado, pero para afuera veo bien y la persona que iba, que es el de buzo rojo, se sentó atrás del acompañante, y el de campera gris se sentó atrás de Waller”. Luego esto fue reconocido por los imputados en el juicio.

Cuando Waller y sus asesinos salen en el remis, Fiori no quedó para nada tranquilo y le dijo a Schol: “Preguntale a Juan (Waller), a dónde va”. Schol le hizo caso y le consultó por la radio. El chofer de ese móvil 11 le respondió: “A Tula Costa y boulevard De María”. El destino elegido por los delincuentes era una zona de chacras, que conocían muy bien porque sobre Tula Costa, a un kilómetro y medio hacia el oeste del boulevard De María, vivía un familiar de Jairo Fernández.

Ese destino no lo convenció a Fiori y le dijo a su operador: “Voy a tratar de localizarlo, lo voy a seguir. Voy a ir por acá (por el boulevard Daneri) y después voy a subir por Perigan hasta boulervard De María”. Esto genera también la reacción de Dopazo, que dice: “Me voy a ir para el Cementerio”. Ya eran dos los autos que estaban detrás de su compañero, preocupados.

“Once, once, ¿te llega la reserva?”, le tiró Fiori por la radio. Esto era una clave conocida entre los remiseros, que puso en alerta al resto por cualquier situación. Pero la respuesta afirmativa de Waller les trajo tranquilidad, sobre todo a Dopazo que escuchó por la radio cuando se dirigía hacia el cementerio. Pero Fiori seguía con duda y continuó su camino.

Fiori modula por segunda vez: “Once, once, ¿llegás a la reserva? ¿Te cubro?”, y Waller le responde “sí”. Los colegas, en otros puntos de la ciudad, seguían la secuencia por la radio y con cierta preocupación. Blanco, que estaba en la costanera, se comunicó con Waller, pero no le contestó y entonces le avisó al operador. Schol declaró luego que, a pedido de Blanco, le habló y ahí es donde escuchó un “sí raro” de Waller.

A todo esto, Fiori lo seguía de atrás, por el boulevard, con las luces apagadas para que no lo identificaran. “Veo las luces de Waller, veo el símbolo de la remisería prendido, reconozco que es él”. Pero en un momento lo perdió de vista, cuando el Fiat Siena dobló en Tula Costa. Fiori tomó por otro lado, donde se dividía el camino, y cuando se da cuenta que se había equivocado frenó el auto, hizo marcha atrás y sufrió un percance con el estado del camino. Cuando logró sortear ese bache, se dirigió hacia donde estaba el auto de su amigo, que tenía las luces de stop prendidas y eso lo tranquilizó. Espero uno o dos minutos y tiró la alerta de nuevo: “Once, once, ¿llegás a la reserva?”, pero ahí ya no tuvo respuesta de Waller.

El silencio de radio no era un buen presagio. Algo había ocurrido. Fiori se acercó hasta el auto, prendió las luces altas, las balizas, y a unos 100 metros antes de llegar “veo que dos manchas salen corriendo, como atrás del auto… que van para el campo; ahí me da miedo, aviso a mis compañeros: Vengan, ayúdenme, estoy con miedo, no me animo a bajar”.

Verdinelli y Romero llegan al instante, no pasaron más de dos minutos. Fiori y Verdinelli se acercaron hasta el auto y observaron que la puerta del conductor estaba abierta. Al lado estaba el cuerpo de Waller. Inerte. Bañando en sangre. Blanco llegó al lugar y conmocionado quiso salir a buscar a los asesinos, pero fueron sus propios compañeros quienes lo frenaron: “No sabemos cómo están, si están armados”, le dijeron mientras descubrían las pisadas que salían desde el auto, que quedaron marcadas en el terreno por el rocío de la madrugada, y se perdían en el monte.

Una muerte innecesaria

Juan Antonio Waller tenía 45 años cuando murió asesinado a puñaladas. Tenía más de 60 puntazos de arma blanca que le provocaron la muerte inmediata. El médico forense, Mauricio Godoy, detalló en su informe de la autopsia que la víctima presentaba 68 lesiones y que todas ellas tocaron órganos importantes: riñones, pulmones, hígado. Cuando en el juicio le exhibieron las fotos a Godoy, explicó que había distintos tipos de lesiones, con anchos de hojas diferentes, lo que “me permite afirmar que hay más de un arma homicida”; o sea, lo mataron entre los dos.

Cuando la Policía llegó a la escena del crimen, se dispuso una inspección del campo aledaño. El actual jefe de la División Operaciones de la Policía de Gualeguaychú, el comisario Osvaldo Adolf, halló una gorra de color azul a unos 400 metros de donde estaba el auto, y luego un buzo. También encontraron la billetera de Waller y una campera, manchada. Todas las prendas coincidían con las descripciones de vestimenta que habían aportado los testigos: sólo faltaba identificarlos.

“Teníamos el asesinato de una persona. Un remis. Sabíamos concretamente que eran dos los que se habían subido al vehículo. Habíamos secuestrado prendas que podían tener relación con los autores”, dijo el fiscal Sergio Rondoni Caffa en su alegato de clausura en el juicio realizado seis meses después del crimen. Para ese momento sólo faltaba conocer el nombre y apellido de los autores.

Habían pasado pocas horas cuando el propio Adolf fue el que le comunicó al Fiscal que se había recibido un llamado al mediodía en el que nombraban a tres personas como los autores del hecho; y un segundo llamado después de las 19 horas, en donde ya le brindaban a la Policía mayores precisiones, y les confirmaban anónimamente que Jairo Fernández de 24 años y Brian Flores de 21, habían sido los asesinos. En ese segundo llamado agregaron más información: a Waller le habían sustraído 800 pesos de la billetera.

Con estos datos, Rondoni le solicitó al entonces juez de Garantías, Guillermo Biré, el pedido de allanamiento y detención para los dos sospechosos del crimen, que ya tenían antecedentes por robo. Fernández se entregó cuando ya estaba cercado, mientras que su cómplice de 21 años fue aprehendido en su vivienda en el barrio Zuppichini.

A ambos ya se los tenía individualizados a través de las cámaras de seguridad que la Policía, a través del personal de Investigaciones, había logrado secuestrar de una frutería que había en las inmediaciones a la agencia de remis, de una veterinaria y de una concesionaria de autos. En esas cámaras se los veía caminar hacia el lugar donde abordaron el auto. Sólo era cuestión de tiempo poder identificarlos. El llamado anónimo aceleró el proceso. 

“Fuiste vos”

El juicio comenzó a fines de julio y se extendió durante agosto de 2016, pero ya en la primera audiencia hubo indicios de que no había mucho por discutir en cuanto a la autoría del crimen, sino que todo se centraría bajo la figura penal por la cual debían ser condenados.

Rondoni Caffa ya había adelantado que iba por el “homicidio criminis causae”, es decir, cuando se mata para tapar otro delito, en este caso un robo, que tiene una pena de prisión perpetua. A esto también se plegó el querellante Darío Carrazza. Pero la discusión era si esta figura los alcanzaba. Habían matado para tapar un robo o fue un robo que se les fue de las manos cuando Waller se resistió.

Para esa primera audiencia había mucha expectativa en la ciudad. Se habían realizado varias marchas por el centro en pedido de justicia para la víctima y nadie de la familia y de sus compañeros de trabajo quisieron estar ausentes para el inicio del debate.

Un fuerte operativo de seguridad trasladó a Flores y Fernández desde la extinta Unidad Penal 2 y los introdujeron al edificio judicial por la puerta lateral, sobre la calle Rivadavia. Era una audiencia clave porque podían declarar los imputados y fue Jairo Fernández el que sorprendió a todos cuando responsabilizó del crimen a su compañero de parranda.

Contó cuál había sido el derrotero esa madrugada hasta que subieron al Fiat Siena de Waller y sobre el crimen manifestó que habían ido hasta su casa en el barrio Zuppichini. Cuando él bajó del auto para buscar dinero, escuchó una discusión entre Flores y Waller, donde la víctima le decía: “pará, pará”. Cuando vio lo que había ocurrido, encontró al remisero tirado en el piso, muerto.

Esto quedó totalmente rebatido por las pericias forenses. Al detectar dos hojas de arma blanca diferentes en las lesiones del cuerpo de Waller, dejaba a los dos imputados como autores del hecho. Era poco probable y creíble que Flores hubiese utilizado un cuchillo en cada una de sus manos para matar al remisero.

Los jueces consideraron los puntos esgrimidos por las partes acusadoras, que se apoyaban en la acusación más gravosa, pero consideraron que en el hecho no existió ninguna prueba que acreditara que “Flores o Fernández hayan tenido tiempo de obrar bajo los específicos motivos planteados por la norma más gravosa, más bien, tenemos ciertamente probado que simplemente los hechos se vincularon objetivamente tal cual fueron recreados y objetivamente así actuaron sus ejecutores, bajo circunstancias sobrevinientes ajenas al plan y motivo inicial propuesto y puesto en marcha”. Es decir, la muerte de Waller se debió a un “accionar súbito y extraño al robo”, y que se originó en ese contexto, “condicionado por las imprevistas circunstancias presentadas”.

Los magistrados entendieron que lo sucedido con Waller se encuadraba en un robo agravado por homicidio, un delito que tiene penas menores a un criminis causae. Y se lo ejemplificó con el caso de un delincuente que ingresa un comercio armado, con fines de robo, que se traba en lucha con el comerciante que resiste el atraco, y este recibe un disparo que le produce la muerte. Esta idea fue apoyada por el resto de los camaristas de Casación de Concordia y del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

De esta forma, Brian Ezequiel Flores recibió 22 años de prisión, en tanto Jairo Daniel Fernández fue condenado a 18, atenuado por su comportamiento al momento de entregarse a la Policía y de declarar parte de su responsabilidad en el crimen. Ambos estuvieron en la Unidad Penal Nº 2 y de allí trasladados a la Colonia El Potrero. Luego, Flores fue llevado a la cárcel de Concordia, mientras que Fernández continúa alojado en el Módulo A en Gualeguaychú.

El jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni, que se encuentra envuelto en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, estuvo en un Hotel de Campo y All Inclusive en Gualeguaychú, en dos ocasiones: en 2024 y en 2025.

Una fuente confirmó que  Adorni visitó la ciudad, acompañado de su grupo familiar en la misma época en los últimos dos años.

Su visita fue en el marco de una “escapada” familiar y eligieron un Hotel de Campo y All Inclusive en Gualeguaychú para pasar desapercibido.

Ambos viajes fueron durante un fin de semana. La estadía de Adorni con su familia fue de viernes a domingo y habría abonado una suma cercana a un millón y medio de pesos, por el plan familiar de tres días y dos noches.

Hay mucho hermetismo en torno a brindar información, pero se pudo confirmar que el funcionario nacional habría requerido “reserva total” sobre su estadía en Gualeguaychú.

Aunque en nuestro país siempre hemos atravesado años turbulentos, de una u otra manera, en la primera mitad del siglo XX se vivieron tiempos de mucha violencia. En el mundo había un cambio de paradigma y eso también influyó en estas latitudes.

La Primera Guerra Mundial, que se inició en 1914, resquebrajó los cimientos de las sociedades en aquel entonces y fue un factor determinante en la Revolución Bolchevique. La escasez de alimentos y la desigualdad social que no supo responder la Rusia zarista -y el gobierno provisional que sucedió a la familia Romanov-, desembocó en el ascenso al poder del partido liderado por Vladimir Lenin. En otras palabras, en 1917 apareció el comunismo en el plano mundial. Esto tuvo su repercusión en distintos sectores del entramado social y en Argentina también. El anarquismo estaba presente en nuestro país, que había llegado principalmente con el primer oleaje inmigratorio del viejo continente. La clase obrera planteaba a los dueños de los medios de producción las ocho horas de trabajo y era el inicio de las primeras agrupaciones sindicales.

Para 1920, Gualeguaychú era una ciudad de aproximadamente 20 mil habitantes, con una economía activa impulsada por el ferrocarril, el puerto, un centro comercial en expansión y una intensa producción agropecuaria en su extensa zona rural. El ámbito laboral estaba compuesto por una variedad de oficios: ferroviarios, carreros, trabajadores portuarios y estibadores, empleados del comercio, sastres, albañiles, panaderos y otros trabajadores manuales.

El movimiento obrero contaba con un nivel de organización significativo, articulado en distintas asociaciones y sindicatos, la mayoría de los cuales se agrupaban en la Sociedad de Resistencia Obrera y en la Federación Obrera Departamental, esta última con vínculos con la Federación Obrera Regional Argentina a nivel nacional. En su interior convivían distintas corrientes ideológicas, con presencia de trabajadores identificados con el radicalismo, el socialismo y el sindicalismo.

Pero en la madrugada del 10 de diciembre de 1920, ocurrió algo que iba a impactar y atravesar a toda la sociedad y principalmente serviría de chivo expiatorio para el relato conservador de lo que sucedería el 1º de mayo de 1921.

Pedro Illesca, un hombre de 55 años, que trabajaba como repartidor en la panadería La Catalana, de los hermanos Cerdá, fue asesinado. El crimen ocurrió cerca de las 4 de la madrugada. “La víctima no es federado, por el contrario, es de los que defienden la idea de la libertad de trabajo”, graficó el diario El Censor en su edición publicada ese mismo día.

Según se detalla, “al llegar a la calle Paraná, esquina Villaguay, frente a la antigua Casa Babuglia, ha sido detenido con algún pretexto por sus victimarios, pues se tiene la seguridad que los autores del crimen han sido por lo menos dos, y allí, a traición, sin darle tiempo a su defensa, el anciano, a pesar de su edad, era un hombre todavía fuerte, uno de los criminales le ha hecho fuego a quemarropa con un revólver”.

La bala penetró por el lado izquierdo de la garganta y su muerte fue instantánea. “Los criminales, una vez consumado el cobarde atentado, han huido, encontrando muy cerca un refugio donde ocultarse”, describió el diario, que para ese entonces encontró en la muerte de Illesca la excusa perfecta para su línea editorial.

Cuando la edición salió a la calle, la Policía – que por esos momentos vivía tiempos complicados por un incendio intencional “del carro de Dennis” y otro atentado de incendio con bombas de Alquitrán en un vagón de mercaderías– ya tenía a ocho personas detenidas y se confiaba que entre ellas se encontraban los asesinos del obrero.

“Nosotros podemos reafirmar, valiéndonos de informes recogidos a inmediación al lugar del suceso, que hay la casi seguridad de que entre los detenidos se encuentran los autores del crimen, uno de los cuales fuera detenido en el preciso momento en que saltaba una pared desde un sitio baldío lindero a la Federación Obrera donde estaba escondido, tratando de encontrar refugio más seguro. El otro, seriamente comprometido, es un sujeto conocido por sus exaltadas ideas de violencia, que en una huelga anterior a propósito de un atentado de que fuera víctima un representante de la autoridad, estuvo gravemente comprometido como cómplice”, narró El Censor.

Ya para el día siguiente, todo conducía a los principales implicados. “Uno de ellos sabemos que no explica satisfactoriamente el por qué huía y se escondía en el terreno baldío lindero al local que ocupa la Federación Obrera. Y creemos que tampoco puede explicar por qué se quedó esa noche en dicho local a pernoctar, no teniendo la costumbre de hacerlo, según la formal y categórica afirmación de un miembro de la familia. Este detenido se muestra nervioso y con señales evidentes de una notable depresión, como así su ánimo flaqueara ante el cúmulo de pruebas que en su contra van acumulándose y que adquirirán importancia aplastadora”.

Este detenido era Francisco Poletti, un muchacho de poco más de 20 años, argentino, soltero y “con una anciana madre que se muestra inconsolable”. El otro sospechoso era Pedro Abreu, de unos 30 años, “desgraciadamente también es argentino”, reflejó El Censor. Sobre este último, el medio gráfico le describió a la sociedad de aquel entonces que “este hombre estuvo complicado en dos atentados anteriores, no es pues como vulgarmente se dice ‘la primera zarra que desuella’. Sabemos según nuestros informes que existe entre el elemento extremista y extraviado de los obreros una especie de subcomité secreto que es donde se fraguan y organizan los atentados, hasta ayer al parecer sin mayor importancia, pero que han epilogado en este crimen tan inútil, tan perverso, que sólo puede ser justificado o atenuado por una conciencia demasiado elástica o extraviada por malsanas influencias”.

Illesca fue velado y enterrado con todos los honores de la alta alcurnia de la ciudad, indignada por lo que había sucedido con el pobre hombre. El carruaje con el cuerpo a la vista paseó por toda la ciudad y en el Cementerio se escucharon los discursos, entre los que habló el presidente de la Liga Patriótica de Gualeguaychú, Sixto Vela. “La sociedad se siente siempre herida con el crimen, pero en éste, por su naturaleza, por su móvil, por su tendencia, es un reto a la cultura, es un desafío a la conquista de nuestra libertad y es un ultraje al sentimiento de la nacionalidad. Este crimen, obra de un degenerado, seguramente, que ha sentido esa prédica malsana que hacen los advenedizos, que han tomado este pueblo como tierra de fácil conquista, es una enseñanza que debemos aprovechar”, enunció.

Ya para el martes 14 de diciembre, cuatro días después del crimen, se había obtenido una confesión completa del menor de los detenidos. Así lo grafica El Censor: un policía aprovechó que Poletti estaba “abrumado por las pruebas, sus remordimientos y la conciencia culpable” y le dijo a su jefe inmediato sobre la conveniencia de interrogar una vez más al preso. Poletti fue llevado ante “dos modestos funcionarios” que le hicieron notar “la conveniencia de ser franco y decir la verdad”. Sépase leer entre líneas.

Cuando Poletti cuenta todo lo que sabe, inmediatamente el jefe de Policía Brollo, el secretario Gómez Suárez, el comisario de Órdenes, Rojas, y el comisario Ferrer, se dirigieron al local de Federación Obrera a modo de allanamiento y detrás de una biblioteca encontraron dos revólveres, uno calibre 44 sistema norteamericano y otro calibre 38 Eibar.

Abreu hasta esos momentos negaba toda participación en el hecho, pero “hábil y tesonero, el Comisario de Órdenes lo rodea en un círculo de hierro formado por las pruebas abrumadoras hasta que al fin abandonó toda resistencia y concluyó por confesar con lujo de detalle su actuación en el crimen”.

Según se informó en El Censor, Abreu relató que desde hace mucho tiempo tenía decidido matar a Illesca, a quien nunca habían podido quebrantar su resistente negativa a federarse. La noche del crimen salieron con Poletti, recorrieron el pueblo, llegando hasta la panadería San Antonio, donde hablaron con un muchacho. De allí se fueron a un velorio donde estuvieron un buen rato y se fueron en dirección al local de la Federación Obrera. Al llegar a las calles Paraná y Villaguay se detuvieron en la esquina y fue entonces que Abreu le dijo a Poletti: “Por aquí va a pasar dentro de un momento un ‘carnero’ al que vamos a matar”. Al poco tiempo apareció Illesca y al subir a la vereda, como a un metro de distancia y sin decir palabra, le hicieron fuego simultáneamente.

El arma de Poletti falló y eso se demostró en la pericia, tras determinar que una de las cápsulas estaba picada. Por el contrario, el tiro de Abreu le produjo una terrible herida en la garganta que le causó una muerte instantánea y originó que la víctima se desplomara y cayera boca abajo.

Abreu y Poletti huyeron y se refugiaron en la Federación Obrera, de donde no tardaron en ser detenidos. Pedro Abreu había sido portero de la Escuela Nº 2 Domingo Matheu, conscripto en la Armada y estuvo preso por sospechas de hurto de una yegua, aunque luego recuperó la libertad porque el hecho no se pudo probar. En tanto, Poletti no tenía antecedentes policiales y llevaba una vida tranquila junto a sus padres de origen italiano.

“Los dos criminales son argentinos, hombres jóvenes, solteros, y en cuya mente y sentimientos ha ido inculcándose gota a gota, lentamente, pero con resultados tan tristes como se ve, esa prédica envenenada que desgraciadamente encuentra auspicios entre ciertos intelectuales”, sentenció El Censor.

En su indagatoria, Abreu no mostró arrepentimiento y aunque trató de llevar el hecho hacia un plano personal, Poletti en su declaración se encargó de confirmarle al Juez del Crimen que a Illesca se lo asesinó “por carnero”, por negarse a afiliarse a la Federación y sumarse a la lucha de los trabajadores.

Durante 1921 se produjeron más detenciones en torno al caso. Uno de ellos fue Gregorio Unamuzaga, un uruguayo empleado de la panadería de los hermanos Cerdá. “Gozó de la confianza de los señores al punto tal que, al retirarse para plegarse a la huelga, sus patrones le hicieron ver lo que perdía, respondiéndoles Unamuzaga que prefería perderlo todo a traicionar su causa. Es pues un fanático de los que él llama su causa”, escribió El Censor.

A este hombre se lo acusó de complicidad en el crimen de Illesca, de haberle proporcionado el revólver a Abreu, pero luego fue liberado cuando el propio Abreu lo desvinculó al decir que no necesitó de nadie para matar al repartidor de la panadería. Todo quedó muy claro en el careo entre ambos protagonistas. Poletti le dijo a Abreu: “Vos le hiciste fuego y al caer me dijiste ‘¿está bien muerto o necesita otro tiro?, luego agregaste: ‘¡la pucha qué estruendo!’”. “Si, es verdad - respondió Abreu – pero vos también hiciste fuego cuando Illesca venía, yo te dije ‘aprontate, ahí viene’, y avanzamos juntos”.   

El final de la historia

Mientras toda la causa se instruía en la Justicia, el 1º de mayo se produjo la masacre en la plaza Independencia, en pleno centro de la ciudad. El caso de Illesca continuó en trámite judicial y apenas unos días después, hacia mediados de 1921, se requirió una pena de 25 años de prisión para Abreu y de 17 años y medio de cárcel para Poletti. Juana Illesca, una de las hijas de la víctima declaró en el juicio y relató que tres años antes su padre trabajaba en un saladero de Fray Bentos y que en ese lugar conoció a Abreu, que llegó “completamente pobre y sin relaciones de ninguna clase”. Contó que ambos se hicieron amigos y que Illesca lo socorrió en más de una ocasión con alimentos.

Mientras tanto, desde el Centro Comercial, junto a la Liga Patriótica y El Censor, se inició una suscripción pública que estaría destinada completamente a la familia Illesca. Incluso, también se realizó una noche de espectáculos en el Teatro Gualeguaychú y todo lo recaudado fue dirigido a la comisión que se conformó para administrar los fondos.

Se abrió una convocatoria para todos aquellos que tuvieran un inmueble a la venta que pudiera ser destinado para la familia del hombre asesinado, cumpliendo con ciertos requisitos en la cantidad de ambientes. Se recibieron 17 propuestas de venta, que variaron entre los 1.200 a 4.000 pesos de aquel momento. El constructor Luis Delfino fue el encargado de inspeccionar esas propiedades y aconsejó cuál debía adquirirse. Una vez comprada la vivienda, el resto de los fondos solidarios quedaron en una cuenta bancaria para que el Centro Comercial les pasara mensualmente un subsidio a los menores de la familia damnificada.

Pedro Illesca fue una víctima, pero el contexto en el que sucedió el crimen fue utilizado por quienes dominaban el relato de aquel entonces para endemoniar la lucha de los trabajadores, que pedían por mejores condiciones de trabajo cuando la explotación del obrero era moneda corriente.

Un joven de 27 años permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario, donde muestra signos de recuperación luego de ser intervenido quirúrgicamente tras un ataque con arma blanca ocurrido el sábado por la noche. Por el hecho, un adolescente de 17 años se encuentra bajo custodia en la Comisaría del Menor y será sometido este martes a una evaluación por parte de especialistas.

Detrás del episodio, que generó conmoción en el barrio Los Espinillos, se esconde una problemática familiar que, según trascendió, venía acumulando tensiones desde hacía tiempo y que terminó desbordando en una situación extrema.

El incidente se produjo en la vivienda de la madre del menor, cuando el adolescente se presentó para reclamar dinero. La conversación derivó en una discusión que fue subiendo de tono hasta que, en ese contexto, el joven tomó un cuchillo y atacó a la pareja de su madre, provocándole heridas de gravedad.

Tras el hecho, el agresor se retiró del lugar y permaneció dos días sin ser localizado. La denuncia fue realizada por la mujer, quien además aportó información clave a las autoridades. Finalmente, el lunes por la tarde, el menor se presentó por sus propios medios en la Jefatura Departamental acompañado por familiares, quedando inmediatamente a disposición de la Justicia.

Al reconstruir lo sucedido, surgieron datos que apuntan a un posible detonante económico. El adolescente trabajaría en la construcción y, debido a que no contaba con herramientas digitales para cobrar, su salario era transferido al hombre que luego le entregaba el dinero semanalmente. Sin embargo, el día del hecho, al exigir el pago, habría recibido como respuesta que el dinero ya había sido utilizado, lo que habría desencadenado la reacción violenta.

La investigación está en manos de la Fiscalía, que definirá los próximos pasos procesales una vez que se concrete la evaluación interdisciplinaria del menor. Entre las medidas a considerar se encuentra la posibilidad de una declaración indagatoria, mientras no se descarta que posteriormente sea reintegrado a su grupo familiar.

Micaela no fue una más. Si bien militó durante gran parte de su corta vida y con un compromiso ejemplar por los Derechos Humanos, nunca imaginó que su muerte sería el quiebre en una sociedad que indignada mostró su hartazgo frente a un nuevo femicidio. Hoy su nombre está vinculado directamente a una Ley 27.499, sancionada en 2018, un año después del crimen, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que trabajan en la función pública.

Este mes se cumplieron nueve años del femicidio que estremeció, no sólo a Entre Ríos, sino a todo el país. Casi una década ha transcurrido desde que “La negra” fue muerta de una manera indeseable para cualquier persona, y sin embargo la causa aún se mueve en los Tribunales de Gualeguay.

El principio del fin

Micaela García tenía 21 años ese 1 de abril de 2017 cuando desapareció en una calle de Gualeguay. Era de madrugada y recién había salido de una fiesta en el boliche King. Decidió caminar hasta el departamento donde vivía sin imaginar que esos pasos en la soledad de la noche, serían los últimos.

“La negra” era oriunda de Concepción del Uruguay. Su padre es Néstor García, más conocido por “Yuyo”, hombre ligado al deporte y a la educación en La Histórica. Y tal vez influenciada por su papá, Micaela vivía en Gualeguay porque estudiaba profesorado de Educación Física. La situación de esta chica era la misma que cualquier hija de cualquier persona que hoy estudie o quisiera estudiar en Gualeguay. Lo que ocurrió con Micaela le podría pasar hoy a cualquier mujer por el sólo hecho de ser mujer.

Eran las 5.23 de la madrugada cuando envió el último mensaje a su novio en Concepción del Uruguay para contarle que ya estaba regresando a su casa. Desde ese momento se perdió todo rastro con ella. No se supo qué pasó y sólo unas horas transcurrieron hasta que comenzó la búsqueda.

De “cacería”

Así se refirió Sebastián Wagner ante el por entonces fiscal del caso Ignacio Telenta, hoy juez de Garantías en Gualeguaychú, sobre lo que hizo junto a su jefe y amigo Néstor Pavón, en esa madrugada del 1 de abril de 2017. No tuvo ningún empacho en decir que habían “salido de cacería”.

Pero quién era Sebastián Wagner. Se trataba de un hombre que había sido condenado a 9 años de prisión que unos meses antes de asesinar a Micaela García, había recibido la libertad condicional por parte del ex juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi. Al cumplir las dos terceras partes de su condena, el magistrado decidió concederle el beneficio porque, además, ya gozaba de salidas transitorias familiares.

Wagner tenía 30 años. Había sido empleado como matarife en un frigorífico hasta que en 2010 Wagner abusó sexualmente de una estudiante, luego de golpearla y robarle en su casa. Cuatro meses obligó a subir a su auto a una chica y luego la llevó a la fuerza a un parque, donde también la violó. En un juicio abreviado en 2012, después de ser reconocido por las dos víctimas y varios testigos, recibió una pena de nueve años en prisión. Dos años después surgió otro caso de abuso en el que lo incriminaban, aunque no lo pudieron condenar por ese hecho porque el violador estaba encapuchado y ante la prueba del ADN, Wagner culpó a su hermano gemelo.

Rossi le concedió la libertad condicional en julio de 2016 y menos de un año después mató a Micaela García. En una entrevista de 2014, Rossi mencionó que "ninguna de las opiniones que intervienen en los informes sobre un recluso es vinculante" sino que "son estudios que me dan orientación para una mejor decisión". Por esta decisión, Rossi fue sometido a un jury de enjuiciamiento en 2018 por mal desempeño y falta de idoneidad, pero resultó absuelto en una votación 4 a 3. Tras ello retomó sus funciones al frente del Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú hasta su retiro en 2025.

La incomunicación de la familia con Micaela puso en alerta a la Policía. Comenzó la búsqueda y a medida que pasaban las horas, la solicitud de paradero empezó a ser noticia. Era una bola que comenzaba a crecer y el caso tomaba mayor participación en los medios de la provincia y poco a poco del país.

No se tardó mucho en llegar al nombre de Sebastián Wagner. En un video de esa madrugada, que muestra a Micaela García caminando en la noche saliendo del boliche, se observa que es seguida de cerca por un Renault 18, en el que iban dos personas, aunque no se alcanzaba a identificar los ocupantes. Con las horas se confirmó que pertenecía a Wagner.

Mientras se buscaba al sospechoso también se agrandaba la búsqueda de Micaela. Se la buscaba con drones y perros por la zona de Chacras de Gualeguay, hasta que en uno de los rastrillajes hallaron ropa que la joven de 21 años tenía al momento de su desaparición. Se trataba de un pantalón, una remera y una sandalia. Las esperanzas y el optimismo de encontrarla con vida para ese momento eran casi nulas. No había dudas que se trataba del mismo modus operandi de Wagner con los otros casos: “Elige mujeres jóvenes, estudiantes, las secuestra, golpea y viola y las abandona. Se desplaza en un auto con las víctimas y va tirando ropa en distintos lugares para desorientar a los investigadores", dijo una fuente del caso a Clarín en ese entonces.

Para ese momento, los investigadores estaban más cerca de localizar al principal sospechoso. Siguieron su rastro y pudieron determinar que había abandonado la provincia en un camión y que había llegado hasta Campana, donde lo fueron a buscar familiares de su madre. Finalmente, lo encontraron y detuvieron en el barrio Las Catonas, en una zona postergada de Moreno donde la mujer vivía.

También se detuvo al padrastro de Wagner, Fabián Ehcosor, y a Néstor Pavón, el dueño del lavadero de camiones donde trabajaba Wagner, a quien se lo señalaba como el coautor del hecho y el que había ayudado al principal sospechoso de escapar en un camión.

Pero todavía faltaba hallar a Micaela. Una semana después de su desaparición, en la mañana del sábado 8 de abril, fue encontrado el cuerpo de la chica. No había sido enterrada. Estaba al pie de un árbol, semidesnuda, con signos de haber sido golpeada y abusada.

Fue hallada en un descampado ubicado a ocho kilómetros de la ciudad y a unos tres kilómetros de la Ruta 12, pero un lugar medianamente cercano a donde se habían hallado las prendas el día antes. Además, la Policía había incrementado el rastrillaje por tierra y aire en esa zona luego de obtener información de una testigo que dijo haber visto el auto de Wagner la madrugada del 1 de abril. En ningún momento Wagner, que ya se encontraba detenido y había sido trasladado a Entre Ríos bajo un fuerte operativo de seguridad, ayudó con la localización del cuerpo.

La autopsia se realizó en la Morgue Judicial de Oro Verde. Allí se confirmó que la muerte había sido por estrangulamiento. Había sido asesinada el día de su desaparición. También había sido abusada.

El relato del horror

En su confesión, Sebastián Wagner aseguró que se turnó con su jefe, Néstor Pavón, para violar a Micaela. Admitió que había violado a Micaela García y Pavón la había asesinado para evitar que los denunciara. Fue en esa declaración donde dijo que habían salido de "cacería" después de haber consumido alcohol y drogas.

A Micaela la eligieron, la siguieron y, a pesar de su resistencia, lograron subirla a su Renault 18 donde, según sus propias palabras, "la violaron por turnos". Fue un abuso que se extendió durante todo el camino. Para Telenta, el caso estaba cerrado. No había dudas de la participación de Wagner y Pavón como coautores. La mataron y después, entre los dos también, ocultaron su cuerpo en el camino a Victoria.

El 17 de octubre de ese mismo año, y con todas las pruebas recolectadas y presentadas por Telenta, los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo condenaron a Wagner a prisión perpetua por "abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causae y violencia de género".

Pero fue en esta sentencia que se abrió una trama que perdura hasta hoy. Los magistrados entendieron que Pavón no debía ser condenado como coautor del crimen, sino que se lo sentenció a cinco años por el delito de "encubrimiento". Para el Fiscal había pruebas que lo incriminaban como partícipe del femicidio, sin embargo, fue desestimado en ese rol por los tres jueces en Gualeguay.

Luego, esta sentencia fue a la Cámara de Casación en Concordia y esos magistrados coincidieron con la postura de la Fiscalía, pero cuando el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos tuvo que intervenir se basó en un tecnicismo sobre la imposibilidad de la Fiscalía a recurrir la primera sentencia y se ordenó la liberación de Pavón en 2020.

Cuando el caso llegó a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo órgano ordenó dar marcha atrás y la realización de un nuevo juicio como coautor del asesinato. Para la acusación hay sobradas pruebas que lo vinculan al crimen.

Hace unos días atrás, el coordinador de la Fiscalía de Gualeguay, Gamal Taleb, indicó a Análisis que "resulta una hipótesis muy poco probable que una sola persona haya manejado el auto, subido a la víctima por el asiento del acompañante y emprendido la huida raudamente al mismo tiempo”.

También, recordó que una testigo vio el auto de Wagner al amanecer y aseguró ver con claridad a dos ocupantes en el vehículo. Se encontraron rastros de barro en el asiento del acompañante que refuerzan la idea de que la víctima no pudo ser cargada por un solo individuo. Y una vecina escuchó a Micaela gritar en plural (“suéltenme”, “déjenme”)

El juicio contra Néstor Pavón será llevado a cabo durante varias jornadas entre octubre y noviembre próximo. Las audiencias están programadas para los días 29 y 30 de octubre, continuando el 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre, y el Tribunal de juicio estará compuesto por los jueces Santiago Brugo, Maximiliano Larocca Rees y Nicolás Gazali. Pavón podría ser condenado a prisión perpetua.

La investigación por una causa de extorsión telefónica tuvo este martes nuevos avances con una serie de allanamientos y detenciones en la provincia de Buenos Aires. Personal de la DDI de Gualeguaychú, en conjunto con efectivos de la Policía bonaerense, se trasladó al partido de San Isidro, donde logró detener a un hombre y una mujer de 43 y 46 años, quienes ya fueron trasladados a la ciudad. En tanto, otras dos mujeres, de 32 y 31 años, permanecen prófugas.

Los procedimientos se realizaron en domicilios de Boulogne Sur Mer, por orden del juez de Garantías Ignacio Telenta, a pedido del fiscal Lucas Pascual. Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares que serán peritados, mientras que en las próximas horas se definirá la situación procesal de los detenidos. Además, dos hombres que ya se encontraban alojados en la Unidad Penal N°21 de Campana fueron notificados de su detención y serán indagados mediante videollamada.

Estos avances son el resultado de una investigación que se extendió durante seis meses y que permitió desarticular una red de extorsionadores. A partir del análisis de líneas telefónicas y cuentas bancarias, con intervención de la División Cibercrimen, se logró establecer que desde el penal de Campana se realizaban parte de las llamadas extorsivas. Uno de los implicados cumple una condena por homicidio agravado en grado de tentativa y operaba junto a su compañero de celda.

La causa se originó el 30 de septiembre de 2025, cuando un vecino de Gualeguaychú denunció que recibía llamados desde distintos números. En esas comunicaciones, los autores se hacían pasar por personal policial y luego por un supuesto juez, indicándole que estaba siendo investigado por un delito. Bajo amenazas —incluyendo referencias a su entorno familiar y la advertencia de una posible detención y traslado a Buenos Aires— le exigían dinero para frenar una supuesta causa judicial.

Ante el temor generado, la víctima llegó a realizar transferencias a distintas cuentas indicadas por los estafadores. La denuncia permitió activar la investigación judicial y el seguimiento de los involucrados.

Un primer avance en la causa se había producido a comienzos de octubre, cuando fueron detenidos dos hermanos, de 37 y 32 años, oriundos de San Isidro, en un parador de Ceibas. Ambos habían llegado para cobrar parte del dinero de la extorsión. Si bien luego recuperaron la libertad tras un acuerdo económico con la víctima, se determinó que cumplían un rol secundario dentro de la organización y su testimonio aportó información clave para avanzar sobre el resto de la banda.

Primero fue Lucio. Casi en forma simultánea fue lo de Kathaleyha en Paraná. Luego vino lo sucedido con Tahiel; y ahora el horror con Ángel, ese chiquito de 4 años que lloraba para no volver a su casa, que nadie lo escuchó. Terminó muerto, con más de 20 lesiones internas en su cabeza. Tenía golpes en todo el cráneo. Esos traumas provocaron derrames y una acumulación de sangre, que originó un edema cerebral y culminó con un paro cardiorrespiratorio. Igual que Tahiel.

A Lucio Dupuy lo asesinaron el 26 de noviembre del 2021, pero su destino había comenzado a escribirse mucho antes. Durante largo tiempo, este nene de 5 años fue víctima de un trajín judicial que incluyó regímenes de visitas, disputas entre familiares y un acuerdo final entre las partes que les otorgó a la mamá y a su novia la posibilidad de quedárselo definitivamente. Esa resolución de la Justicia de La Pampa se homologó a principios de noviembre de 2020. Poco más de un año después, las mujeres que debían cuidar al chico fueron acusadas de haberlo torturado, abusado y golpeado hasta la muerte. La autopsia determinó que la muerte se produjo por una “hemorragia interna”, producto de las agresiones. Además, reveló que Lucio tenía lesiones antiguas y recientes. Igual que Tahiel.

En estos días, se juzga a los padres de Kathaleyha Quetzaly Hernández, una beba de sólo dos meses que murió el 12 de octubre de 2021, tras ingresar al Hospital Militar de Paraná con gravísimas lesiones que la ciencia forense contabilizó: 18 lesiones externas y múltiples lesiones internas, incluyendo cinco costillas rotas y sangrado en la cabeza y ojos.

Una muerte que conmovió a la ciudad

Tahiel tenía casi 3 años. Faltaba un mes para su cumpleaños, cuando su madre, Macarena Ortiz, se presentó en la mañana del 2 de mayo de 2022 en la guardia del Hospital Centenario con su hijo en brazos, envuelto en una frazada, ya sin vida.

A los médicos no les fue difícil descubrir lo que había ocurrido: su cuerpito hablaba. Evidenciaba el maltrato al que había sido sometido. El médico policial primero y luego el médico forense, corroboraron en el momento que se trataba de una muerte violenta. La autopsia determinó como causal un fuerte traumatismo encefalocraneal y en todo su cuerpo se encontraron indicios del sometimiento: tenía escoriaciones de vieja data y otras con menos de 12 horas, además de hematomas en el rostro. También, y como otra causa de muerte, había sufrido una broncoaspiración y según detalló el forense que lo revisó una hora y media después de haber ingresado al Hospital, Tahiel llevaba entre 4 y 6 horas de fallecido.

Inmediatamente su madre fue interrogada, pero no tenía palabras ni argumentos que pudieran explicar lo que había ocurrido. Tanto ella como su pareja, padrastro de Tahiel, quedaron detenidos. Ya se había iniciado una investigación en contra de ambos por un delito que los llevaría indefectiblemente a una cadena perpetua.

Alfredo “Pato” Ferreyra no soportó lo que se venía. Pocas horas después de haber sido trasladado a la Jefatura de Policía y mientras aguardaba el llamado a declarar del fiscal Mauricio Guerrero, decidió quitarse la vida en la celda. Tenía 38 años.

Macarena Ortiz quedó alojada en la Comisaría del Menor y Violencia Familiar de Gualeguaychú, y en ese lugar permaneció alojada cumpliendo con la prisión preventiva que se le dispuso hasta que finalmente fue trasladada a la cárcel de mujeres de Paraná para cumplir con la pena que se le impuso en Gualeguaychú luego que un jurado la encontró culpable.

En ese juicio, que se realizó en julio de 2023, el jurado no creyó en los argumentos defensivos de responsabilizar plenamente a Ferreyra de toda la violencia y del sometimiento de Macarena Ortiz, y la jueza Alicia Vivian le impuso la pena máxima. La mujer de 26 años debía cumplir cadena perpetua por el homicidio de su hijo, agravado por el vínculo y también por el grado de "indefensión" de la víctima.

Pero tan solo dos años después, el 1 de julio de 2025, Macarena Ayelén Ortíz murió en la Unidad Penal N°6 "Concepción Arenal". La joven de 28 años falleció a causa de una enfermedad respiratoria de base que sufría. Un año antes, el Superior tribunal de Justicia de Entre Ríos había dejado firme su sentencia.

Estadísticas que abruman

En su corta vida, Tahiel sólo conoció el desamparo y la violencia. Y más allá de que en el núcleo familiar materno había personas que se preocuparon por su integridad y que expusieron el caso ante el Copnaf, la intervención estatal careció del criterio necesario para prevenir un desenlace evitable.

Qué lleva a una madre o a un padre a castigar de tal forma a una criatura. ¿No percibe que ese maltrato al que lo está sometiendo puede causarle la muerte? ¿Es instinto asesino o un instante de locura? ¿Es ignorancia o psicopatía? ¿Son casos excepcionales?

La psicóloga Sonia Almada es Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO), y el pasado jueves escribió una columna de opinión publicada en Infobae donde explicó que el maltrato infantil es un problema estructural y persistente, que en muy pocos países ha sido tomado como una política de estado.

El grooming, sextorsión, producción y circulación de material y violencia sexual por streaming. Ya no son eventos marginales, sino formas dominantes de una violencia que hoy opera a escala masiva, sostenida, transnacional y organizada. Casi 50 millones de adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años (1 de cada 6) han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de sus compañeros sentimentales en el último año en el mundo.

Cada año, la violencia se cobra la vida de un promedio de 130.000 bebés, niños, niñas y adolescentes antes de los 20 años. Los niños varones corren un mayor riesgo de morir a causa de la violencia: 3 de cada 4 niños, niñas y adolescentes muertos a causa de la violencia eran varones.

La violencia no queda circunscrita solo al vínculo de pareja: atraviesa la vida cotidiana y alcanza directamente a la infancia, no como testigos sino víctimas directas, expuestas a dinámicas de miedo, sometimiento y desprotección que impactan de manera profunda en su desarrollo subjetivo y en su salud mental.

En Argentina, entre 2017 y 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró 1.685 niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos atravesados por el femicidio de su mamá. La Corte también reveló que casi 1000 niños, niñas y adolescentes denunciaron violencia intrafamiliar durante el primer trimestre de 2025, es decir 11 por día. En el 80% de los casos los agresores denunciados fueron los propios progenitores.

Un ejemplo claro de toso esto es lo que pasó hace muy pocos días atrás en Federación, en la provincia de Entre Ríos. Luana Cabral, una adolescente de 15 años con parálisis cerebral, fue encontrada muerta dentro de su casa. Las pericias indicaron que el cuerpo llevaba semanas en ese estado. La investigación corroboró abandono extremo. Y, en ese contexto, se pudo hacer el rescate gracias a un niño de cinco años que salió a la calle a pedir ayuda.

“Los casos extremos son desenlaces de trayectorias donde hubo señales, pero las intervenciones no existieron o fueron insuficientes por la falta de capacitación para detectarlas, por la renegación de esta problemática desde el mundo adulto y por el destajo y precarización en que trabajan muchas buenas personas que intentan salvar a los niños y niñas, con sus excepciones obvias”, señaló la psicóloga.

La violencia contra bebés, niñas, niños y adolescentes no es marginal ni excepcional. Es masiva y ocurre, en su gran mayoría, en el ámbito familiar. En Argentina, en algunos casos, se encuentra imbricada en prácticas de crianza, golpes, gritos, humillaciones y amenazas.

Hay que poner algo en claro: en cada caso de violencia de género, hay menores que también son víctimas. El maltrato infantil no es un hecho aislado: la mayoría de las veces viene acompañado de un contexto familiar de mucha violencia. En las denuncias formuladas por mujeres están presentes los hijos menores, que también son alcanzados por las consecuencias de los mayores.

La violencia en casa

Un caso como el de Tahiel, el de Lucio Dupuy o incluso el de Ángel López, no son hechos aislados. Es el producto final de un sinfín de violencias domésticas que empiezan hacia las parejas y por consecuencia también son víctimas los menores.

Muchas veces se ha expuesto que, en la Justicia, la mayor cantidad de casos que se tramitan son los hechos de violencia de género. En Gualeguaychú se radican o se intervienen en al menos tres casos de violencia de género por día y en la gran mayoría de ellos hay menores en el medio que también – directa o indirectamente – son víctimas.

Hace años atrás, una niña de 7 años resultó golpeada por su padre cuando intentó defender a su madre de la agresión a la que estaba siendo sometida. Luego, su hermana de 13 años también intermedió y por esa acción resultó lesionada en la cabeza.

En 2023, en Urdinarrain, una mujer había tomado pastillas para dormir y su esposo aprovechó esa indefensión para golpearla. La hija menor de ambos, de 5 años, observó todo y le dijo a su madre: “Papá te pegó”. La mujer no quiso que su pequeña declarara en Cámara Gesell e igualmente la Fiscalía logró condenar al sujeto.

En otra oportunidad se denunció que un menor de 13 años, acudió al centro barrial Asunción de María relatando con angustia que su mamá consumía alcohol puro y que era habitual que lo desalojara de su habitación para llevar a otras personas. Como el niño se negaba a dejar su casa, la mujer lo golpeaba "a trompadas".

En otra ocasión, una niña debió intervenir en una pelea entre sus padres y tranquilizar al hombre para que desistiera de la agresión y dejara de apuntar a su madre con un arma de fuego. Eso también es violencia. Que un niño o niña deba atravesar esa situación, ser testigo de ello, es algo que deja huellas.

El año pasado, el Copnaf denunció que un hombre de 38 años golpeó a su hija de 7 años causándole lesiones. La madre lo había denunciado en tres oportunidades anteriores, por violencia de genero.

Hace pocos días atrás, un vecino denunció a una pareja de 70 y 65 años de edad, por ejercer maltrato hacia un adolescente discapacitado, de 15 años, que no recibe los cuidados necesarios para su patología.

El mes pasado, el 12 de marzo, una mujer denunció a su ex pareja por haber golpeado a su hijo de 11 años con un palo en la cabeza. El padre, al ser entrevistado por la Fiscal en Género, reconoció haber golpeado también a sus otros hijos, hermanos del niño, “cuando se portan mal”. La madre también había radicado denuncias por maltrato hacia ella.

Por último, y sólo a modo de ejemplo de los cientos de casos que se tramitan en Gualeguaychú, el martes pasado una vecina se acercó hasta la Fiscalía y denuncio que su sobrino maltrataba a su hijo de 10 años. Contó que ha escuchado como el niño le pide al padre que no le pegue más. Otra vecina aportó que escuchó discusiones en ese domicilio. Este hombre fue denunciado por la madre del niño, por violencia de género y este niño fue testigo del hecho de violencia. Incluso intervino rogándole a su padre que dejara de golpear a su madre.

Por este caso, la Fiscalía solicitó la exclusión del hogar y la medida fue otorgada por el Juez de Garantías, además de ordenar la intervención del Copnaf. También intervino el Juzgado de Familia y el Ministerio Pupilar en resguardo de los derechos del menor. El niño fue examinado por la médica forense y aún se aguardan los informes.

Cuando se rememora lo ocurrido en Gualeguaychú hace más de una década atrás, se recuerda el famoso recital del Indio Solari en el Hipódromo y lo que se generó a partir de ello. Pero también sucedió un hecho policial que enlutó lo que debía ser una fiesta. Julia Flammini fue asesinada por decirle “No” a su asesino, que hoy cumple con una prisión perpetua en la Unidad Penal Nº 9.

Julia tenía 29 años, era oriunda de Azul y trabajaba como abogada en La Plata, dentro de un organismo gubernamental. Había llegado a la ciudad dos días antes del recital y ya tenía una reserva realizada en el bungalow 23 de las Termas del Gualeguaychú, en donde se hospedaría junto a Andrés Roldán, que pocas horas después se convertiría en su asesino.

Entre ambos no había ninguna relación amorosa. Se habían conocido en un recital del Indio Solari en Mendoza y habían tejido cierta amistad junto a otros seguidores del ex Redondito de Ricota. Entre todos se organizaban para conseguir hospedaje y viajar en grupo desde Buenos Aires a cada lugar donde se presentara el convocante artista.

Para esta oportunidad, Flammini viajó junto a un amigo que se hospedó en un apart dentro del complejo termal. Roldán lo iba a hacer con su hija que por ese entonces tenía 14 años, pero finalmente la adolescente no vino y con Julia acordaron entre ambos compartir los gastos de la cabaña. Otra pareja de Florencio Varela, que viajó con Roldán, se hospedó en el bungalow 22, contiguo a donde se cometió el crimen.

Un ataque que no dio tiempo a nada

Esa misma tarde del 10 de abril, mientras Julia Flammini y Andrés Roldán estaban en la cabaña del complejo, la joven abogada comenzó a enviarle mensajes a su amigo alojado en el apart, diciéndole que Roldán “se estaba propasando”. Incluso ella le preguntó si no tenía inconveniente en poder alojarse con él porque Roldán estaba en otra sintonía.

Quienes la describieron a Julia en el juicio lo hicieron con halagos. Era una joven muy bonita, profesional, independiente y, sobre todo, muy sociable, por lo cual Roldán creyó que podía tener un acercamiento con ella, aprovechando el lugar, el contexto y la soledad, pero se equivocó.

El amigo de Julia, al recibir el mensaje donde ella le manifestó cierta preocupación y miedo por la reacción que pudiera tener Roldán, o lo que pudiera hacer, no dudó en decirle que se mudara a su alojamiento, pero tras ello ya no tuvo mas respuestas por parte de la joven.

Luego, y en forma simultánea, ocurrieron dos cosas. Alrededor de las 17 horas, un empleado de las termas se acercó hasta el bungalow 22 donde estaba la pareja de Florencio Varela que había viajado con Roldán para informarles que su amigo se había quedado empantanado en un sector dentro del complejo.

Cuando van a socorrerlo, Roldán abandonó el auto, un Renault Clío de color negro, y salió corriendo en dirección al monte, perdiéndose de vista. El vehículo fue remolcado hacia los bungalows donde se hospedaban y cuando llegaron, otro empleado observó que por debajo de la puerta de la cabaña 23 vertía agua del interior.

La puerta estaba cerrada y pensaron que la llave podía estar dentro del auto que había sido remolcado. Efectivamente la llave del bungalow estaba allí, pero cuando abrieron la puerta el panorama con el que se encontraron fue terrible. El agua salía a borbotones desde el baño y a medida que se acercaron hasta ver qué era lo que pasaba, la sangre comenzaba a teñir todo.

Uno de los empleados del lugar salió corriendo para dar aviso de lo que había pasado. Nunca había sucedido nada igual en ese espacio recreativo, por lo cual había mucha desesperación. Fue hasta el ingreso, donde funciona la administración, y alertó al resto de los empleados que debían llamar a la Policía porque había sucedido un crimen en el bungalow 23. Casualmente, en esa administración se encontraba el amigo de Julia, que había concurrido a hacer un reclamo y al escuchar el desesperado pedido del trabajador a sus compañeros, no dudó en que la víctima había sido la joven con la que había viajado desde Buenos Aires.

La Policía llegó muy rápido. Primero fue el personal de la Comisaría Quinta de Pueblo Belgrano y más tarde lo hizo el personal de Criminalística y los funcionarios de mayor rango de la cúpula policial de aquel momento, que estaban de guardia continua por el mega operativo de seguridad que se había desplegado en Gualeguaychú por las miles y miles de personas convocadas al recital.

Julia estaba vestida, tendida boca abajo y tirada en forma diagonal en el baño. Tenía zapatillas, un jean, una remera negra y presentaba varias puñaladas con un cuchillo de cocina, que incluso fue encontrado quebrado a un costado del cuerpo. Roldán había tapado el desagüe de la bañadera y dejó verter el agua de la ducha con la posible intensión de que se inundara el lugar y se borraran indicios del hecho. Había abandonado la escena sin llevarse ninguna pertenencia y, por ello, se pudo secuestrar su teléfono celular, el auto, la ropa y demás elementos que había en el bungalow.

Los policías supieron inmediatamente a quién tenían que buscar. No había dudas sobre quién había sido el autor del crimen. Lo habían visto escapar. Su auto se había quedado empantanado tratando de huir por el fondo del predio termal. El único problema era encontrarlo en esa marea humana que inundaba las calles de la ciudad.

Roldán pasó toda la noche vagando, mezclándose entre el público que ignoraba lo que ese hombre de 37 años había hecho. Fue localizado en la mañana del 11 de abril por un móvil de la División Investigaciones en la punta del Corsódromo, justo en la esquina del viejo molino. Cuando lo detuvieron no opuso resistencia y desde ese momento quedó detenido con prisión preventiva.

Una condena que sentó un precedente

El cuerpo de Julia fue llevado a la Morgue Judicial. El médico forense Marcelo Benetti realizó la autopsia al mismo momento en que se originaba la detención del autor del crimen, y según contabilizó en su informe, el cadáver presentó más de 60 heridas de arma blanca, con distintas profundidades y tipo de cortes.

No había dudas de quién había sido el autor del hecho y el móvil estaba claro: las insinuaciones de Roldán y las negativas de la abogada fueron la causa para que el hombre arremetiera contra la mujer. “Julia Flammini murió porque no accedió a los deseos sexuales de Roldán”, fue lo que dijo en su alegato final el fiscal Lisandro Beherán.

En ese juicio, que se realizó en septiembre de ese mismo año, Beherán detalló una a una las pruebas recolectadas durante la Investigación Penal Preparatoria, que reforzaron su imputación de homicidio calificado por alevosía y violencia de género. Ahí señaló que el ataque de Roldán se debió a que no fue correspondido en su deseo sexual y por ello la atacó en el baño, donde Flammini no tenía escapatoria y era difícil que escucharan sus pedidos de auxilio.

También, calificó el relato de Roldán ante los jueces como "inverosímil", donde cada uno de sus dichos fue desbaratado por la prueba, y de irracional la excusa del corte en su mano defendiéndose de un ataque de la abogada. "Las heridas de Roldán en la mano son incompatibles con las formas en la que dijo que se produjeron, sino que son compatibles con el cuchillo con el que le produjo la muerte a Julia y con los hematomas que presentaba la víctima en el rostro", argumentó.

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, presidido por Alicia Vivian y por los vocales Eduardo García Jurado y Mariano López, dieron a conocer su decisión el 22 de septiembre de 2014. Por ese entonces, no había juicio por jurados y los magistrados dictaron una sentencia de 17 años de prisión.

No se otorgó la calificación que había peticionado Beherán y, por ende, se rechazó su planteo de prisión perpetua, al que también había adherido el querellante. Según los jueces no hubo un homicidio calificado en el marco de una violencia de género, sino un homicidio simple. Dos de los jueces habían dictado 17 años, y Vivian, 12 años.

Pero esto no quedó ahí: tanto el Fiscal, como la querella, e incluso el abogado defensor Pablo Di Lollo, apoyado principalmente en el voto de Vivian que había dictado 12 años de prisión, decidieron recurrir la sentencia a la Cámara de Casación de Concordia.

Lo que vino después es lo que terminó siendo. La jueza Marcela Davite, de la Cámara concordiense, analizó el caso y sostuvo que “puede concluirse que la situación típica de ‘violencia de género’ está debidamente acreditada en la causa, por ello resultaría inútil acudir a un nuevo juicio, por lo que cabe casar la calificación jurídica otorgada por el Tribunal a la conducta de Roldán y encuadrarla en el delito de Homicidio calificado por mediar violencia de género”. Y agregó: “la imposición de la pena perpetua no lesiona el principio de proporcionalidad que debe haber entre la sanción impuesta, la magnitud del delito y la culpabilidad del autor, ya que sin lugar a dudas el hecho de dar muerte en la forma en que lo hizo, es un delito que reviste singular y extraordinaria gravedad, sin que se hayan verificado razones que muestren un déficit relevante en la culpabilidad”. Es decir, se revirtió el monto de la pena a Andrés Roldán y se encuadró el caso dentro de un femicidio, condenándolo a prisión perpetua. Hasta ese momento, no se había condenado a nadie por femicidio. Era una figura penal relativamente nueva en el país, a raíz de los innumerables casos que hasta el día de hoy ocurren diariamente.

El “No” de una mujer

Graciela Bardelli, la madre de Julia, que siguió cada una de las audiencias, debió esperar un año y cinco días para que realmente se hiciera justicia por lo ocurrido con su hija. La familia debió escuchar que el asesino fue juzgado por homicidio simple y condenado a 17 años, sin tener en cuenta la brutalidad del ataque y mucho menos las 62 heridas de arma blanca que recibió.

“Roldán debería tomar una determinación, porque respirar es gratis”, había dicho a la salida de los Tribunales de Gualeguaychú. Luego, cuando la sentencia se revirtió en Casación, Bardelli opinó que “lo ocurrido con Julia sentará un precedente para los casos de femicidio, y eso es lo que deseo de todo corazón. Quisiera que ninguna mujer deba vivir con miedo, exista o no relación con el victimario”.

En aquellos años, al ser la figura del femicidio instaurada en 2012, resultaba penalmente complicado de demostrar. Sin embargo, para Beherán “resultaba evidente que el homicidio de Julia Flammini fue en un contexto de género, sin perjuicio de que no había una relación previa entre víctima y victimario”, y explicó que esa falta de relación previa es precisamente lo que movió al legislador a tipificar dos conductas diferentes; es decir, el homicidio de la cónyuge, pareja, conviviente o no conviviente, ex pareja, etcétera; y por otro lado, el homicidio perpetrado por un hombre, cuando la víctima es mujer y se produce en un contexto de género".

En su alegato ante los camaristas de Casación, Beherán mencionó que “el Tribunal (de Gualeguaychú) no tuvo en cuenta que el hecho se produjo a consecuencia de que la víctima no accedió a las insinuaciones sexuales previas de parte del atacante, y así puso a la mujer en una situación de inferioridad, de pretendida dominación por parte del autor, que es lo que la Ley de Violencia de Género pretende resguardar”.

Era el evento destacado de ese año. Jóvenes promesas del ajedrez llegarían desde distintos puntos del país para disputar un campeonato que posicionaría al ganador a nivel nacional. Pero no era casual que se eligiera a nuestra ciudad como sede: Gualeguaychú tenía su “pollo”, que con 10 años le jugaría de igual a igual a chicos que estaban en la puerta de la mayoría de edad.

Su nombre era Fernando Martínez del Sel. Había mucha expectativa y optimismo en cómo le iba a ir a esta joven promesa local del ajedrez su primera gran presentación a nivel nacional. Había arrancado desde muy chico y tanto su padre Raúl Martínez del Sel, como su entrenador Pedro Martin, confiaban en que era el momento indicado para que “El Niño”, como se lo había apodado, tuviera sus primeros grandes roces.

Por aquel entonces, Gualeguaychú era una ciudad muy distinta a la que hoy se conoce. No existía el desfile que posteriormente evolucionó en el Carnaval del País y las actividades sociales eran muy diferentes a las actuales.

Una de las actividades que tomó mucho impulso en esos tiempos fue el ajedrez. Con la Segunda Guerra Mundial, muchos grandes ajedrecistas europeos se refugiaron en la Argentina y ello llevó a que en nuestro país creciera activamente todo lo relacionado con este juego. Incluso, tuvimos jugadores nacionalizados que nos representaron en la Olimpiadas de Ajedrez y que fueron subcampeones en tres de estas competencias, detrás de los grandes maestros que tuvo la desaparecida Unión Soviética.

Este marco histórico sirve para entender por qué había crecido tanto la actividad en la ciudad. Y un factor determinante fue la llegada de Pedro Martin, que le dio un impulso tremendo con su entrenamiento en el club Neptunia y que propició la llegada de Oscar Panno, quien es considerado el más alto exponente del ajedrez argentino, para dar unas “simultáneas”.

Pedro Martin era el referente del ajedrez en Gualeguaychú por su alto nivel ajedrecístico y esa experiencia la volcó en los más chicos. Entre sus alumnos, el más adelantado y fuerte era Fernando Martínez del Sel.

Temperamentales

“El Niño” estaba rodeado de dos personas que eran reconocidas por sus fuertes personalidades. Tanto su padre, que en 1974 rondaba los 40 años, como Pedro Martin que tenía 47, eran conocidos por sus modismos y por no tener miedo a una confrontación. Incluso, se sabía que Martínez del Sel siempre andaba armado.

El vigésimo Campeonato Argentino Juvenil de Ajedrez se desarrolló del 6 al 16 de febrero en las instalaciones de la Cooperativa de Créditos (actual Cooperativa Eléctrica) y transmitido por LT 41. Ahí estaban puestas todas las expectativas por el “crédito” local, que con sólo 10 años le iba a batallar de igual a igual a otros adolescentes de la Argentina.

Pero las cosas para Fernando Martínez del Sel no fueron las esperadas, o por lo menos para su padre Raúl, porque “El Niño” perdió sus tres primeras partidas en los tres primeros días del certamen y esto enfureció al hombre. Lejos de entender que los resultados de Fernando podían estar dentro de la lógica, al caer con chicos más grandes, sentía que a su hijo lo habían humillado y que el responsable de esto era su entrenador, Pedro Martin.

Fue así que al cierre de la tercera noche se realizó una reunión en Neptunia para hablar sobre el torneo, en la que estaba Martínez del Sel padre y Martin. No terminó de buena forma: los ánimos fueron subiendo con el mismo tenor que se elevaban las recriminaciones de Martínez del Sel hacia el entrenador de su hijo, pero como Martin estaba lejos de amedrentarse, todo explotó.

En medio de ese cruce de recriminaciones, Martin le arrojó a Martínez del Sel una botella de gaseosa de vidrio, que por fortuna no alcanzó a impactarlo, pero fue el detalle que Martínez del Sel necesitaba para sacar a relucir su arma de fuego. No estaban solos y por eso la desgracia no ocurrió esa noche del 8 de febrero.

Las personas que los acompañaban inmediatamente intervinieron y neutralizaron la situación. Incluso dos de ellas subieron a Martínez del Sel a un auto y lo tranquilizaron dando vueltas por la ciudad hasta que lo dejaron en la madrugada en su casa de Urquiza, casi Neyra. Parecía que todo iba a quedar en la “calentura” de una noche, pero no fue así.

Martínez del Sel dejó tranquilos a quienes lo llevaron, pero adentro suyo ya sabía lo que iba a hacer. Su crimen no fue un arrebato. Fue premeditado. Hacia el mediodía del 9 de febrero de 1974, se subió a su Renault 4L y llevó consigo su revólver calibre 32. Se dirigió hacia la sedería Bari, propiedad de Martin y ubicada en plena 25 de Mayo, y comenzó a girar esperando el momento oportuno.

Luego de dar varias vueltas, en una de ellos lo vio. Frenó su auto en la mitad de la calle y desde el interior le hizo señas para que se acercara. Cuando Martin se posó sobre la entrada del negocio, Martínez del Sel le descerrajó dos disparos. Uno pegó en el marco de madera de la puerta del comercio, mientras que el otro le entró por el tórax.

La víctima se desplomó en el piso, mientras que su victimario arrancó su auto y se dio a la fuga. Todo había sucedido a plena luz del mediodía, en el centro de la ciudad; testigos había de sobra, y más teniendo en cuenta el altercado que habían protagonizado la noche anterior en el club Neptunia.

Del Sel escapó con alguna aspiración a quedar impune por el crimen, pero atinó a pedir el consejo de un abogado quien, criteriosamente, le dijo que se entregara de inmediato. El asesino le hizo caso y se presentó en la Jefatura de Policía.

Las crónicas de la época

Se trataba de gente conocida, del “centro”, por lo cual se puede suponer que las presiones al periodismo eran más que lo habitual para que se conozca poco sobre un hecho de sangre que en la calle era el tema de conversación.

Las informaciones eran escasas a pesar de la dimensión del hecho en una Gualeguaychú por demás tranquila. “De un balazo fue muerto ayer un conocido vecino”, tituló El Argentino el 10 de febrero de 1974. “La víctima es el maestro de ajedrez don Pedro Martín. Su autor se encuentra detenido en la Jefatura Departamental”, se agregó en la bajada.

En la cronología de los hechos no hay ambigüedades. Había un autor, estaba identificado y se informaba que estaba preso. Había confesado el crimen. Respecto a la víctima, luego de ser baleado, fue llevado al (ex) Sanatorio Cometra, “donde los médicos encontraron que el proyectil había penetrado por el intercostal derecho, perforando la columna vertebral e ingresándole al pulmón. Antes de que pudiera ser sometido a una intervención quirúrgica, a fin de extraer la bala, una hemorragia interna provocó el deceso del señor Martin, haciendo inútiles todos los esfuerzos para contrarrestarla, dada la extrema gravedad de la herida”.

Tras esta breve noticia, no hay más informaciones sobre el caso y de toda la acción judicial que provino más tarde. En cuanto a la condena, Raúl Martínez del Sel fue imputado por homicidio simple, que lleva una pena actual de 8 a 25 años de cárcel, pero en su caso habría recibido 12 años de prisión de los cuales habría alcanzado a cumplir de forma efectiva sólo 8, pero fue beneficiado con salidas transitorias al año.

Las repercusiones

En el libro “Panno Magistral”, Enrique Arguiñariz se refirió al Campeonato Argentino Juvenil de Ajedrez que se desarrolló en Gualeguaychú en 1974 y del incidente que de alguna forma manchó lo ocurrido en ese certamen. Incluso se refirió al temperamento que tenía Pedro Martin.

“Ocurrió que, en la doceava ronda, un altercado entre el árbitro del campeonato y el temperamental ajedrecista Pedro Martin, terminó con un certero trompadón de este último que dejó tendido en el piso al primero. El hecho se complicó a raíz de opiniones encontradas de los jugadores y las autoridades de la FADA de entonces. Los primeros tomaron partido por el jugador, y exigieron que se aparte de la competencia al árbitro de la disputa, mientras que la dirigencia se negó a hacerlo. El conflicto llegó a un nivel tal, que finalmente las autoridades optaron por anular la prueba”, escribió Arguiñariz sobre otro episodio que protagonizó la víctima.

“El fuerte temperamento que caracterizaba a Pedro Martin, determinó su final en otro hecho de violencia en ajedrez, esta vez trágico. Martin se estaba desempeñando como docente, árbitro y dirigente de ajedrez en la ciudad donde vivía, Gualeguaychú. En aquel año se disputó el Campeonato Juvenil Argentino en su ciudad, y el maestro cumplió destacadas funciones en la organización del certamen. A raíz de una cuestión que perjudicaba de alguna manera a uno de sus alumnos, se generó una violenta discusión con el padre del joven. Como este señor también era un tipo de reacciones intempestivas, todo desembocó, tal lo ocurrido veinte años antes, en escenas de pugilato. Los contendientes fueron separados, y parecía que la cuestión no pasaría a mayores, cuando al otro día, 9 de febrero de 1974, en el mismo momento en que Martin salía de su domicilio, alguien le efectuó dos disparos, que terminaron con su vida. Se identificó al agresor, que no era otro que el hombre con el que se había peleado el día anterior, quien fue detenido, juzgado y condenado”, se agrega en el libro sobre la vida y ajedrez de un gran maestro.

En un camino vecinal próximo al puente Urquiza de la Isla Talavera, a metros del límite con la provincia de Buenos Aires, cuatro pescadores paraguayos descubrieron un cadáver semienterrado, en un lugar pantanoso y de difícil acceso.

El hallazgo se produjo el 8 de septiembre de 2012. Fue junto a un arroyo, cerca del puente sobre el lado entrerriano del complejo Zárate-Brazo Largo. El cuerpo pertenecía a una mujer joven, que tenía entre 25 y 35 años. Estaba completamente denudo. Había sido decapitada y le habían cortado las falanges en todos los dedos de sus manos.

El cadáver había sido tirado en una fosa y luego lo taparon con tierra y ramas: sólo podía verse parte de un omóplato. Estaba cerca de un camino que lleva a los complejos turísticos ubicados en el delta entrerriano, a un kilómetro de la Ruta Nacional 12, en una zona cubierta de vegetación.

La semana antes había llovido intensamente en la zona, durante varios días, por lo cual todo el lugar se convertía en un pantanal. Sin embargo, no había huellas de vehículos ni de otra índole, no había signos de arrastre, por lo cual era una gran incógnita cómo había sido trasladado el cuerpo hasta ese lugar. Todo lo que involucraba a este hecho generaba mucho misterio.

Los pescadores dieron aviso de inmediato a las autoridades y por jurisdicción, el caso quedó en manos de quien era entonces el juez de Instrucción N° 2 de Gualeguaychú, Arturo Dumón. Todavía no se había realizado la reforma del Código Penal y la instrumentación del actual sistema de enjuiciamiento, por lo cual la investigación quedaba a cargo de un magistrado y no de un fiscal, como ocurre actualmente.

Rápidamente empezaron las pericias. Mientras el personal policial de la División Criminalística de la Policía trabajó en el relevamiento del lugar y levantamiento de rastros, los Bomberos de Ceibas e Ibicuy aportaron en la extracción del cuerpo para su traslado a la Morgue Judicial del Cementerio Norte de la ciudad. También se sumaron buzos tácticos de la Prefectura de Zárate, que además estuvieron abocados a las tareas de rastrillaje sobre los arroyos cercanos.

Pero para la Justicia, era clave localizar la cabeza de la víctima. Esto no sólo iba a aportar a la identificación del cuerpo, sino también a determinar cómo había sido su muerte, pero no pudieron hallar nada. No había indicio sobre el lugar dónde pudiera estar. En un principio se creyó que el crimen tenía tintes mafiosos, e incluso se pensó que podría tratarse de un ajuste de cuentas vinculado a un caso de narcotráfico, pero sólo fueron especulaciones porque no había nada que pudiera orientar la investigación en esas primeras horas.

El lugar, la clave

Los investigadores tenían muy poco hasta ese momento. Lo único que se sabía era que se trataba de una mujer joven y que había una clara intención de su asesino para que el cuerpo no fuera identificado. De ello se desprendían varias hipótesis: podría ser una persona que se estuviera buscando y una vez identificada se llegaría rápidamente a sus últimos pasos. También, el solitario y desolado lugar que se eligió como esconder el cuerpo podía ser otro indicio.

El cuerpo se conservaba en buen estado, por lo cual se estimaba que había sido enterrada entre 12 y 24 horas antes de ser encontrada por los pescadores paraguayos. “La investigación puede cambiar de rumbo de momento a otro, nada se descarta, todo está librado a la investigación”, había dicho a ElDía el jefe de la Policía Departamental de Islas, Enrique Hugo Tabia en esas primeras horas y ya se sospechaba que “posiblemente no fue muerta en el territorio provincial, fue traída”.

La noticia comenzó a rodar por todo el país. Las características y los detalles que comenzaban a darse a conocer sobre lo que había sucedido eran tema en los diarios, radios y canales de televisión. Cuando el caso llegó a oídos del fiscal de San Isidro, Sebastián Fittipaldi, todo le hizo pensar que podía tratarse de la joven que se encontraba desaparecida desde hacía unos días en Benavídez.

La búsqueda en Buenos Aires

Solange Victoria Aguirre tenía 22 años y dos hijos: un varón de 5 y una nena que hacía pocos días había cumplido 2 años. El miércoles 5 de septiembre de 2012 salió de su casa a comprar cigarrillos a un supermercado cercano a su domicilio sobre la Ruta 9 y desde allí cruzó hacia la pollería de su ex pareja Alejandro Reynoso, un hombre de 41 años que era el padre de su hija. Pero a partir de ese momento no se supo nada más nada de ella.

La familia de Solange denunció el 6 de septiembre la desaparición. Ella le había dicho a su madre que iba a ir hasta la pollería a encontrarse con su ex pareja, con quien tenía una relación complicada a raíz de los reclamos que la joven le hacía por la manutención de la pequeña.

Reynoso, cuando se lo interrogó sobre la denuncia por el paradero de Aguirre, admitió que la chica había estado en su comercio, contó que le entregó dinero para la manutención de la niña, pero le dijo a la Policía que luego de ello, Solange abandonó el lugar y no volvió a tener noticias.

Para ese momento no se había descubierto el cuerpo en el sur entrerriano, por lo cual no había nada que lo involucrara en ningún delito. Hasta ese momento, sólo había una búsqueda de paradero de una persona mayor de edad. Igualmente, en Benavidez ya se realizaban marchas e incluso atacaron las pollerías de Reynoso a quien ya señalaban los familiares de Solange como el responsable de la desaparición.

El reconocimiento y la confesión

Fittipaldi y Dumón se pusieron en contacto rápidamente cuando la noticia comenzó a rodar. El fiscal bonaerense creía que el cuerpo que Dumón tenía en la morgue podía ser el de la joven que estaba buscando. Y no se equivocó.

Desde la Justicia de Gualeguaychú remitieron fotos a la familia de la joven para determinar si podían reconocer el cuerpo y con ello hacer una primera identificación. Un tatuaje con las iniciales A y L, que tenía en un hombro y con cortes profundos con la intención de que no fuera identificable, fue clave en el reconocimiento. Luego, la madre y una hermana de la víctima llegaron hasta Gualeguaychú y realizaron una segunda identificación, pero ya para ese momento se habían extraído muestras de ADN para una identificación fehaciente.

Una vez que finalmente el cuerpo fue identificado, la sospecha se volcó sobre la última persona que la había visto con vida: su ex pareja Alejandro Reynoso. Cuando fue detenido e interrogado, rápidamente se quebró y contó lo sucedido.

Confesó ante la Justicia de Buenos Aires haberla asesinado tras una discusión en la pollería de Benavídez. Dijo que le pegó un golpe en la sien con una chaira para afilar cuchillos. Al advertir que la había matado, colocó el cuerpo en unas bolsas de consorcio grandes que había en el local, lo cargó en su camioneta y concurrió a su casa de Boulogne, donde estaba su hijo Sergio de 19 años. Por la madrugada del día siguiente, fue con su hijo al lugar que conocían porque solían ir a pescar, y allí enterró el cadáver.

Pero la investigación no se quedó en esa confesión: había muchas preguntas sin respuestas que todavía faltaban esclarecer. Aún restaba encontrar la cabeza de la joven, que permitiría obtener conclusiones que servirían en la imputación que realizaría el fiscal Fittipaldi para el momento en llevar a juicio a Reynoso.

Fue el propio acusado, luego de reconocer su responsabilidad material en el hecho y desligar de cualquier responsabilidad a su hijo, quien señaló el lugar donde había ocultado la cabeza de la mujer. Fue a fines de septiembre de 2012 que se lo trasladó hasta el lugar y en presencia del fiscal Fittipaldi y con ayuda de los buzos tácticos de la Policía de San Nicolás, permitió el hallazgo.

En la autopsia realizada en Gualeguaychú, realizada por los forenses Oscar Chiapetti y Mauricio Godoy, se había podido determinar que el cuerpo había sido vejado y que la mujer había fallecido entre el mediodía y la noche previa al día en que fue encontrada. Incluso, se confirmó que el cuerpo había sido lavado y no presentaba sangre en el exterior.

Por una cuestión de jurisdicción, porque el crimen -según el confeso asesino - se había producido en la pollería, la competencia se fijó en la Justicia de San Isidro. Pero al aparecer la cabeza y realizar un segundo análisis en tierras bonaerenses, se conoció un detalle espeluznante en abril de 2013: los estudios histopatológicos realizados sobre algunos tejidos del cuello y otras heridas que presentaba el cadáver, determinaron que hubo irrigación sanguínea al momento en el que a Solange le rebanaron las yemas de los dedos y los tatuajes; y luego la decapitaron.

"Esto demuestra que Solange sangró y por lo tanto aún estaba con vida, cuando el asesino la llevó a la isla de Entre Ríos donde le mutiló y luego la decapitó de una manera salvaje", fue lo que le dijo a Télam el abogado querellante José Vera, cuando se conoció el dato.

La cabeza de la víctima -que fue hallada 20 días más tarde que el cuerpo-, presentaba una fractura con hundimiento de cráneo, por lo que los peritos consideraron que Solange pudo haber estado inconsciente por ese golpe, y en realidad murió desangrada al momento de la decapitación.

Perpetua y la duda

Tras su detención, a Reynoso se le dictó una prisión preventiva que cumplió en el penal de Campana, mientras que su hijo – también implicado en el crimen e imputado por el fiscal Fittipaldi – quedó en libertad hasta el inicio del juicio, luego que su padre se responsabilizara plenamente del crimen y lo desvinculara del hecho.

Según lo que había dicho el hombre, la noche del hecho le dijo al joven que lo acompañara a pescar al puente de Zárate-Brazo Largo y cuando llegaron a esa zona le pidió que se alejara; y fue él quien se encargó de mutilar y enterrar el cadáver sin decirle lo que había hecho. Por ese motivo, el hijo fue liberado por el juez de Garantías de San Isidro, Rafael Sal Lari, por falta de pruebas.

A principios de agosto de 2014, casi dos años después del hecho, se realizó el juicio. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Isidro condenó a prisión perpetua a Alejandro Reynoso por “homicidio calificado por ensañamiento y alevosía”, tal como lo había requerido en su alegato de clausura el fiscal, Sebastián Fitipaldi. Sergio Reynoso, que para el momento del juicio tenía 21 años, coimputado en la causa, quedó absuelto por el “beneficio de la duda”.

 Para 1989, Gualeguaychú era un lugar tranquilo, sin mayores sobresaltos más que los económicos a los cuales estamos acostumbrados. El crecimiento de la ciudad se mezclaba con la idiosincrasia de un pueblo que se resistía a abandonar, o a resignar, ciertas conductas que la caracterizaban.

Pero hasta en los lugares más recónditos del planeta, “donde nunca pasa nada”, hay días que quedan guardados en la memoria de sus habitantes, y hasta el día de hoy hay quienes se acuerdan de lo que sucedió con Jaisal Alejandro Adón.

Horrendo y espeluznanteEsos fueron los términos que se utilizaron en los diarios para titular en agosto de 1989 lo que había ocurrido con el Comisario Inspector retirado de la Policía de Entre Ríos que había sido encontrado sin vida en el interior de su domicilio en San José al 200. 

Para ese momento en que los diarios hicieron público lo que había sucedido, la noticia ya corría como reguero de pólvora por la ciudad. Los programas de radio, que no tenían que esperar tanto para dar detalles de lo ocurrido, seguían el minuto a minuto de una investigación que en un principio se mostraba cerrada y misteriosa. Nada se sabía sobre el móvil del terrible crimen.

Jaisal Alejandro Adón tenía 68 años cuando el 23 de agosto de 1989 abrió la puerta del garage de su casa y fue atacado con “un elemento romo (sin puntas) y contundente”, que le destrozó el cráneo. Su cuerpo fue hallado al lado del Citroën que se guardaba en el lugar.

Este hombre había sido Subjefe de la Jefatura Departamental de Concordia y su hijo, Héctor Alejandro Adón, que en 1989 era Inspector Mayor, estaba a cargo de la misma Jefatura en la que su padre había ejercido años antes, por lo cual, lo sucedido en Gualeguaychú golpeaba fuertemente a toda la familia policial.

En un principio el móvil del robo había sido descartado por dos cuestiones. Por un lado, la puerta no había sido violentada, por lo cual se estableció que la víctima conocía a su asesino. La hipótesis era que le había abierto la puerta, sin la sospecha de lo que ocurriría después. Lo único que en un principio se confirmó que faltaba en la casa era una videocasetera y esto llamó la atención, pero como todo lo demás estaba en su lugar y no había nada revuelto, la primera teoría del móvil no fue la de una muerte por robo.

A partir de esto, la investigación se orientó hacia otro lado, como ser una posible venganza o algo que tuviera relación con el pasado policial de la víctima, pero con el correr de las horas esa videocasetera que faltaba jugaría un rol clave en la causa y permitiría llegar al autor del hecho.

Pasto secoEl ataque ocurrió en la noche del 23 de agosto, pero se cree que Jaisal Adón agonizó alrededor de una hora. Cuando lo encontraron a la mañana del día siguiente, había logrado arrastrarse unos metros hasta la puerta de acceso de la casa sobre la calle San José. Tenía una media colocada “hasta la garganta”.

Pero con el correr de las horas se confirmó que no sólo se habían llevado una videocasetera, sino también una suma de dinero y un par de anillos de oro, que sumaban en total más de un millón de australes (la moneda argentina de aquellos tiempos). Ya comenzaba a hablarse de “los asesinos”, porque dada la modalidad del crimen se creía que más de una persona había actuado en el crimen.

Para el sábado 26 ya se tenía a tres personas detenidas, pero solo una de ellas fue la que finalmente quedó como imputada. Se trataba de un joven de 20 años, conocido como “pasto seco” en referencia a su pelo. Néstor Arturo Antonio Quintana fue detenido por tener en su poder la videocasetera de Adón. La encontraron en su domicilio de Doello Jurado 1168, casi Rocamora.

El juez de Instrucción, Celestino Toller, fue quien tuvo a su cargo la investigación y como era común en aquellos años y hasta el 2013, el mismo magistrado que dirigía la causa e imputaba al sospechoso, era quien estaba a cargo de suministrarle las garantías. Un rol algo “esquizofrénico”, como supo calificar años después otro Juez de Instrucción de Gualeguaychú.

Quintana se mantuvo siempre en silencio. Nunca abrió la boca. Pese a que había sospechas de que no había actuado solo, este joven decidió no declarar. Y así fue como llegó al juicio. Sin responsabilizarse y sin involucrar a terceros. Pero eso cambiaría años después cuando en el debate realizado en Gualeguay dio su versión de los hechos e involucró a dos ex policías.

Toller lo imputó de Homicidio agravado en concurso real con robo simple. Se le dictó prisión preventiva y por cuestiones de seguridad fue trasladado a la Unidad Penal de Gualeguay hasta el inicio del juicio que comenzó el 27 de abril de 1992.

Dos policías involucradosEntre el 27 y 28 de abril de 1992 declararon tres peritos y 14 testigos, pero los magistrados dispusieron un cuarto intermedio hasta el 8 de mayo porque entendieron que era necesaria la presencia de un joven a quien se señaló como el encargado de vender la videocasetera que había sido sustraída de la casa de Adón. Como esa persona vivía en Buenos Aires o en el sur del país, no estaba muy claro dónde residía, se necesitó de tiempo, pero una vez que se logró comunicarlo y traerlo al juicio, su palabra no agregó nada importante a lo que ya se tenía.

Hasta ese momento, una de las declaraciones más significativas había sido la de Héctor Alejandro Adón, hijo de Jaisal y jefe de Policía de Concordia. Este hombre dijo conocer a Quintana y precisó que el joven conocía los movimientos de la casa; y sabía que su padre vivía solo. Incluso reveló que la víctima le había contado pocos días antes que Quintana había concurrido a la vivienda de la calle San José junto a un familiar, con la excusa de que quería ingresar a la Policía.

Pero lo más importante vino después, cuando el juicio se reanudó el 8 de mayo. Ese fue el día en que Quintana decidió hablar por consejo de su abogado, Virgilio Cardozo. Dos años y nueves meses después del hecho aseguró que no había hablado “por temor a represalias” de parte de las personas que sindicó como los autores.

Narró que el 23 de agosto de 1989, alrededor de las 20, se encontraba junto a Jaisal Adón en la vereda de la casa y de allí pasaron a una de las salas. Estaban sentados en un sillón, mirando televisión y conversando, cuando tocaron el timbre de la casa. Adón atendió por la puerta del garage, e inmediatamente oyó que entraba gente corriendo.

En su declaración mencionó que vio a la víctima tirada en el piso del garage y a dos ex policías que conocía, a quienes identificó con nombre y apellido. Dijo que uno tenía una herramienta en la mano y el otro tenía un arma. Cuando lo vieron se acercaron hasta él, y el que tenía el arma lo tomó del cabello y le dijo: “quédate tranquilo, a vos no te va a pasar nada”.

Relató que logró escapar cuando lo llevaban hacia un apartamento interior que ocupaba a veces el hijo de Adón cuando llegaba a Gualeguaychú. Pudo zafarse del hombre que lo tenía tomado y por una puerta que estaba abierta se escapó. Luego de allí se fue al bar de Campostrini, se tomó una “naranjada” y se fue a su casa.

Pero el relato no terminó allí. Para explicar lo sucedido con la videocasetera, contó que tomó el bolso con elementos de fútbol y se fue para la casa de su novia. Se subió a un colectivo y como conocía al colectivero, el chofer le habría ofrecido el aparato para ver películas y lo tomó. “Llevala”, le habría dicho el colectivero, pero Quintana no pudo bajar en la casa de su novia porque había mucho barro y por eso regresó a su casa con la videocasetera en su poder. Un relato demasiado extraño.

Dijo que recién al día siguiente se enteró de la muerte de Adón y que no dijo nada por miedo. Fue en ese momento en que tomó conocimiento que faltaba una videocasetera de la casa de Adón y entonces se acordó del colectivero. Como lo conocía, se la llevó para regresársela, pero Quintana cayó detenido cuando el colectivero lo marcó como la persona que le había querido vender la videocasetera.

En su alegato, el fiscal Antonio Cirigliano enumeró una a una las inconsistencias en el relato de Quintana y destacó que no sólo fue el hecho de la videocasetera lo que implicó al joven acusado. No tenía coartada. Había confirmado que estuvo presente en el crimen y que luego escapó. Además, en un martillo de zapatero y en una campera “vaquero” que le secuestraron, había rastros de sangre compatible con la de Adón. Incluso, unas zapatillas Adidas y el bolso que reconoció haberse llevado de la casa, también tenían vestigio de sangre, pese a haber sido lavados.

Otra de las pruebas que lo incriminaron fueron los pelos hallados en la media que tenía Adón en su boca. Eran coincidente con otros rastros que fueron cotejados a los encontrados en la campera de Quintana. Todo lo comprometía y su relato carecía de toda credibilidad.

Probado, con grado de certezaPara la Justicia no hubo dudas respecto a la participación de Quintana en el caso. La única pregunta que restaba responder era si había actuado solo; y esto nunca llegó a esclarecerse con el grado de certeza que se necesita y por ello Quintana fue el único imputado y condenado a 13 años de prisión.

Existió una movilización pidiendo la libertad de Quintana, luego de haber sido condenado. Esa marcha se realizó frente a la Municipalidad, y fueron los funcionarios de aquel momento los que recibieron a los familiares. El concejal Ernesto Mindeguía, el secretario de Servicio Público Pablo Baffico y el secretario de Gobierno Daniel Irigoyen escucharon los reclamos y denuncias que tenían como objetivo que se investigue a los dos ex policías que habían sido nombrados por Quintana en el juicio, pero eso era menester de la Justicia.

Se la llamó la marcha del silencio, en clara resonancia con lo que ocurría en otros puntos del país, principalmente con lo sucedido con María Soledad Morales en Catamarca, que fue asesinada en septiembre de 1990. “Un hecho casi inédito, ya que en Gualeguaychú no se recuerda otra movilización de estas características”, escribían los diarios de aquella época.

La madre de Quintana denunciaba ante los grabadores de los periodistas: “Queremos que se haga justicia. Mi hijo que está detenido no fue culpable de lo ocurrido, simplemente fue testigo del hecho. Y a las personas que Néstor nombró en el juicio, queremos que se las detenga y se las investigue, porque no es justo que vivamos con esta gente”.

Lo cierto es que nada sucedió judicialmente con estos dos hombres. Lo único que la historia retrata fue la condena de Quintana. Tras permanecer un corto periodo de tiempo en la cárcel de Gualeguay, fue trasladado a la Unidad Penal 2 de Gualeguaychú a cumplir con los 13 años. Se supo que mantuvo un buen comportamiento. Luego, y con los dos tercios de la condena cumplida, comenzó con sus salidas transitorias hasta que finalmente recuperó la libertad.

El llamado caso Adón fue uno de los sucesos policiales más recordados en Gualeguaychú.

En la madrugada del sábado 22 de noviembre, Gonzalo Daniel Villagra fue el autor de un ataque a un hombre de 72 años en su vivienda situada en calle Ceibas y Urquiza, en Pueblo General Belgrano.

Dos delincuentes llegaron hasta el domicilio de la víctima con la excusa de entregarle mercadería. Confiado, el hombre le permitió el ingreso, sin embargo, la visita de confianza se convirtió en una emboscada criminal: en un momento de descuido, Villagra le propinó un violento golpe de puño en el rostro que hizo caer al anciano, causándole lesiones visibles en la cabeza y el rostro. Villagra empujó a la víctima sobre la cama y siguió golpeándolo mientras lo tomaba del cuello con sus manos, hasta que el anciano se desmayó. Luego de ello, y junto a su cómplice que aguardaba afuera de campana, se apoderaron de 222 mil pesos que estaban en frascos de vidrio dentro de una caja metálica escondida debajo de la cama.

Villagra y su cómplice escaparon, pero la víctima despertó y pudo alertar a la Policía sobre lo que le había sucedido. Fue así que, al poco tiempo y durante esa misma madrugada, en un operativo que montó la Policía, lograron detener a los sospechosos en el puente Méndez Casariego cuando caminaban en dirección a Gualeguaychú.

El hombre dueño de casa resultó con traumatismo de cráneo; fracturas dentarias; sufrió una lesión a la altura de la sien izquierda, también una herida cortante en el parietal derecho que requirió una sutura de 4 centímetros y lo último que detalló el informe médico fue las heridas cortantes en ambos labios.

Ambos detenidos fueron indagados por el fiscal Facundo Álvarez y a las 48 horas se realizó la audiencia en el Juzgado de Garantías para definir la situación procesal. Para Villagra, de 30 años, se definió que cumpliera con 30 días de prisión preventiva en la Jefatura Departamental de Policía, mientras se continuaba con la investigación del caso. Para el otro detenido, de 33 años, se decidieron 30 días, pero de arresto domiciliario que cumplió en la ciudad de Zárate, aunque luego quedó sobreseído en la causa porque no fue identificado en la rueda de reconocimiento.

Pero el más complicado era Villagra, que además ya contaba con antecedentes. Días previos a este hecho, el 11 de noviembre, había sido detenido junto a otros dos hombres de 31 y 33 años, en inmediaciones de calle Alberdi y Etchevehere, por un hecho ocurrido momentos antes. Ese procedimiento a raíz de un llamado a la Policía que alertaba sobre tres personas que se entraron a una obra en construcción ubicada en inmediaciones de Avenida Parque y Churruarín.

Cuando el móvil de la Comisaría Segunda arribó a la zona, cruzó a los tres sospechosos caminando por calle Alberdi, entre Etchevehere y José Ingenieros, que llevaban una puerta placa. Al ver a la Policía descartaron la abertura, pero igual fueron aprehendidos en su intento de fuga.

Villagra ya tenía antecedentes penales, por lo cual era el más complicado judicialmente. El fiscal Álvarez le imputó violación de domicilio y robo simple por lo sucedido en Pueblo Belgrano, y hurto simple por el caso ocurrido previamente. Se lo declaró primer reincidente y se lo condenó a un año de prisión efectiva, que ya cumple en la Unidad Penal de Gualeguaychú.

Para contar la historia de José Faué hay que ir al principio. Mucho antes del hecho que terminó con su vida y por el cual fueron condenados tres hombres y una mujer. Hay que comenzar por saber quién era este hombre que, al momento de su muerte, tenía 59 años y era propietario de uno de los comercios más populares de la ciudad.

A principios de la década del 80, todavía existían los negocios de ramos generales. Eran comercios donde había de todo y para todos los gustos. Juguetería, zapatería, indumentaria, bazar, mercería, librería, y todo tipo de artículos para el campo. El bazar respondía a las necesidades de aquellas personas que vivían en la zona rural y venían cada tanto a la ciudad para abastecerse.

Estaba ubicado en la esquina noroeste de la actual Sarmiento y Constitución, frente al Hipódromo de Gualeguaychú, cuando todavía por ese lugar pasaba el tren con destino a la estación por donde hoy desfilan las comparsas. Era un comercio próspero, lleno de mercadería, pero que llamó la atención de un delincuente en particular.

El antecedente que marcó el crimen

Dos años y medio antes de encontrarlo muerto dentro de la casa, Faué fue atacado el 5 de junio de 1982 por dos delincuentes que irrumpieron dentro del hogar mientras el hombre miraba televisión en la cocina. La casa estaba pegada al comercio y se conectaban por el interior, por lo cual el blanco era llevarse lo que encontraran de valor y, obviamente, la recaudación, pero se encontraron con la resistencia de este fornido hombre que impidió el robo.

Pero esa suerte terminó la noche del sábado 3 de noviembre de 1984. A la mañana siguiente, cuando un empleado pasó a buscarlo para ir al campo que Faué tenía en la zona de “La Lata”, en Pehuajó Sur, se encontró con un panorama terrible. La puerta del garaje sobre Sarmiento estaba abierta y en el medio del comedor yacía el cuerpo sin vida del comerciante de 59 años. Estaba boca abajo, en medio de un charco de sangre por la herida de 20 centímetros que tenía en la cabeza.

La Policía no tardó en llegar y a las pocas horas la noticia ya se conocía en toda la ciudad. Faué había sido golpeado reiteradamente en la cabeza con un fierro de alambrador. La lesión era gravísima, e incluso tuvo pérdida de masa encefálica. Agonizó en el piso de su casa hasta que finalmente murió durante la madrugada del domingo 4 de noviembre de 1984.  

La Policía realizó el peritaje criminalístico y levantó rastros en ventanas, botellas, y todo vidrio que había por los distintos lugares del inmueble. Todo fue analizado y esta labor dio sus frutos cuando dos semanas después del crimen, apareció el nombre de José Francisco “Pepe” Gaboardi.

Los crímenes no son perfectos. Siempre hay alguien que aporta algún dato que se transforma en la punta del iceberg. Una joven de 25 años que pasó circunstancialmente por el frente de la casa de Faué, aportó que había visto una camioneta blanca con dos o tres personas que salía “apresuradamente”.

Esa camioneta pertenecía a Gaboardi y ya para el 18 de enero de 1985, los investigadores tenían pistas firmes sobre el principal implicado. Ya para mediados de febrero, la Policía tenía a todos los involucrados declarando en Gualeguaychú ante el juez de Instrucción, Celestino Toller. Ya se tenía claro el móvil del crimen y, sobre todo, cómo había ocurrido, cuál fue el papel de cada uno y quién había sido el autor intelectual y material del homicidio.

El amigo del campeón

Gaboardi era un santafesino que había nacido en la misma ciudad que el ex campeón mundial de boxeo e ídolo argentino, Carlos Monzón. Tenía 41 años, casi la misma edad del pugilista en ese momento, y cada vez que podía sacaba chapa de la relación que lo unía con el hombre que cuatro años más tarde pasaría a ser conocido como el femicida de Alicia Muñiz.

Ya tenía antecedentes, e incluso alternaba su vida delictiva entre Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes. Este hombre ya había sido condenado a 17 años de prisión efectiva en 1963 cuando tenía 20 años. Y fue gracias a su pasado que rápidamente lo ubicaron en la escena del crimen por los rastros que dejó.

Había reunido a su equipo en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, de donde eran todos oriundos, con el pretexto de que tenía que hacer un “laburito” en Gualeguaychú, con un “viejo” que le debía dinero. Sus cómplices fueron Miguel Ángel Boulán, de 28 años, Oscar Antonio Torres de 26 años, y su esposa Florentina Alfonso, de 24 años, que jugaría un rol clave en la planificación del crimen.

Torres y Alfonso vivían el día a día. Era un matrimonio joven, con tres hijos, desempleados ambos, por lo cual toda promesa de trabajo era bien recibida sin importar la naturaleza. En cambio, Boulán era un transportista que conocía a Gaboardi desde hacía un tiempo, y también banquineaba entre lo bueno y lo malo.

El 20 de febrero de 1985, Torres decidió abrir la boca y contarle todo al juez Toller. Le relató que Gaboardi le había dicho que iban a “apretar” a un viejo y que era necesario contar con una mujer para que la víctima les diera entrada. Sabían que Faué había enviudado hacía diez años y Florentina Alfonso, una morocha de 24 años, se iba a transformar en el caballo de Troya para lograr el atraco.

Torres fue claro en su declaración: Gaboardi nunca dijo que iba a matar a Faué y en esto coincidieron todos los imputados cuando declararon ante el Juez Toller y la fiscal Graciela Pross Laporte. Todos hablaron de que habían sido convocados para robar la casa y que la “apretada” era solo pegarle para reducirlo, pero no matarlo.

Pero Gaboardi tenía un motivo para acabar con la vida del comerciante. O por lo menos eso creía. Este delincuente había sido uno de los dos que participaron del intento de robo dos años antes, que el propio Faué logró resistir. Sabía que si lo dejaba vivo lo iba a reconocer y lo iba a vincular con el hecho anterior, y por ello no quería dejarlo con vida.

Todo fue premeditado

El plan fue el siguiente: llegaron a Gualeguaychú por la mañana del sábado 3 de noviembre luego de haber salido de San Nicolás durante la tarde del día anterior, pero una serie de problemas mecánicos en la camioneta Dodge los obligaron a pasar la noche en la ruta hasta que los solucionaron con la salida del sol.

Llegaron hasta un prostíbulo ubicado frente al Regimiento, sobre Urquiza al oeste, porque Gaboardi conocía a la regente y allí organizó a su tropa, con los roles que tendría cada uno. Esa misma mañana partieron rumbo al centro, dieron unas vueltas por la ciudad y luego de ello se dirigieron hacia el comercio de Faué que estaba abierto hasta el mediodía de ese sábado.

Estacionaron unas cuadras antes e hizo bajar de la camioneta a Florentina Alfonso. Gaboardi le dijo que fuera al negocio, que pidiera por ropa interior y le advirtió que el dueño mismo la iba a atender. No se equivocó. Faué la atendió y concertó para que la joven fuera a su casa a las 20.15, una vez que cerrara el negocio.

A la hora pactada, los cuatro regresaron por la noche. Torres y Boulán bajaron unas cuadras antes, mientras que Gaboardi y la mujer estacionaron más adelante. Fue sólo para no levantar sospechas porque al final se reunieron los cuatro a pocos metros del comercio. Ella era la primera en la fila, y detrás la siguieron Gaboardi, Boulán y Torres.

La puerta del garaje estaba entreabierta. La orden de Gaboardi para la mujer fue que abrazara a Faué cuando la atendiera, pero Florentina Alfonso tocó a la puerta y se metió a la casa;  y cuando Faué fue a cerrar el garaje, Gaboardi apareció y lo empujó hacia adentro. Atrás se metieron los otros dos cómplices, que vieron cuando el cabecilla sacó de su pantalón el fierro tipo grifa de 12 mm de espesor y le asestó un primer golpe entre la base del cráneo y la parte alta de la espalda.

Faué quedó muy golpeado. Tropezó, pero no cayó. Se apoyó en el paragolpe del Ford Falcon estacionado en el garaje y siguió trastabillándose hacia el comedor, pero fue allí donde Gaboardi le aplicó un segundo golpe mortal en la cabeza, que fue determinante para que no volviera a levantarse. La víctima quedó tendida boca abajo, con los brazos extendidos, clamando por ayuda, pero sus ruegos se perdían en la música a todo volumen que salía del tocadiscos.

Mientras Gaboardi tenía su atención en Faué, el resto revisaba y cargaba todo lo que podía. Torres y su esposa sacaban la ropa que luego iban a vender en San Nicolás, tal como les había prometido el líder de la banda, y Boulán andaba por la planta alta buscando dinero y joyas en los cajones.

Estuvieron algo más de una hora dentro de la casa mientras la víctima agonizaba en el piso de mosaicos. Luego, Gaboardi y Boulán salieron a buscar la camioneta, en tanto Torres y su esposa esperaron en el domicilio a que pasaran a buscarlos para cargar las tres valijas repletas con mercadería.

Todos a bordo, rumbearon hacia la salida de Gualeguaychú. Juntos llegaron hasta la Ruta 14, donde el matrimonio bajó y se tomó un colectivo, mientras los otros dos los siguieron detrás, hasta la rotonda de Zárate. Allí volvieron a encontrarse y repartieron parte del botín que Boulán había encontrado y entregado a Gaboardi.

La palabra esperada

La declaración más importante que esperaba el juez Celestino Toller fue la de José Francisco Gaboardi. Esa indagatoria se produjo el 23 de febrero de 1985 y en ella negó totalmente los hechos que le fueron imputados. “Yo no he hecho nada, pero me buscan en todas partes a partir del hecho por el cual lo detienen a Monzón, por unas armas, y me echa el fardo a mí diciendo que esas armas eran mías, ya que yo vivía en el departamento de Monzón porque éramos amigos desde la infancia. Desde entonces cualquier hecho que sucede o mujer que desaparece me lo achacan a mí, por mis antecedentes”, dijo Gaboardi en su declaración.

Gaboardi fue detenido por el crimen de Faué cuando transitaba por una ruta correntina, en Curuzú Cuatiá, luego de estar evadiendo a la Policía por cada una de las ciudades que frecuentaba para sus negocios. “Yo me entregué y acepté venir porque sabía que tenía garantías con este juzgado, sino no hubiese venido”, le dijo a Toller creyendo que por esa adulación iba a ser condescendiente.   

Para Toller no fue difícil procesar a todos los involucrados,  ya que Torres, su esposa y Boulán confesaron ser parte del hecho, pero tomaron distancia del crimen. Los tres, en sus respectivas declaraciones, coincidieron en que desconocían las verdaderas intenciones de Gaboardi, e incluso uno de ellos lo confrontó en el momento en que lo golpeaba con la barra de hierro. “Hay que matarlo a este hijo de puta”, fue lo que le contó Boulán a Toller sobre la respuesta de Gaboardi en el momento del crimen.

El 13 de marzo de 1985, el magistrado resolvió el procesamiento y prisión preventiva de José Gaboardi por los delitos de homicidio calificado y robo calificado. Lo mismo se decidió para Torres y Boulán, pero fueron imputados como partícipes de robo calificado. En tanto, a Florentina Alfonso también se la procesó y se le dictó la prisión preventiva, pero se la imputó de robo simple.

La fuga y muerte de Gaboardi

Por esos años, los juicios por delitos graves se desarrollaban en la Cámara del Crimen de Gualeguay. Hasta ese lugar viajó la causa de José Faué, con los procesados cumpliendo prisión preventiva. En los primeros meses de 1986, poco antes de que Argentina saliera campeón del mundo en México, el Tribunal integrado por Carlos Pabón Ezpeleta, Eclio Dumón y Carlos Chiara Díaz, resolvió la condena para los cuatro implicados.

Gaboardi fue condenado a 24 años, mientras que los otros tres recibieron 12 años de prisión. Florentina Alfonso fue trasladada a la cárcel de mujeres de Paraná, en tanto los hombres quedaron en la Unidad Penal de Gualeguay. Pero fue durante esos primeros meses de su estadía que Gaboardi burló la seguridad penitenciaria y escapó. Los relatos sobre las formas en que sucedió difieren según quién lo cuente.

Hay una historia que afirma que salió caminando por la puerta principal del penal disfrazado de mujer, con la complicidad de algunos guardias, y existe otro relato, quizás menos cinematográfico, que certifica que se evadió saltando el tapial del contrafrente por Misiones; y que a raíz de ese hecho se colocaron los alambres de púas que permanecen hasta la actualidad.    

La fuga generó una gran conmoción, no sólo en Gualeguay, sino en toda la provincia y principalmente en Gualeguaychú, porque no había pasado mucho tiempo desde que había sucedido el crimen y el principal condenado ya se había escapado. Tiempo después trascendió que Gaboardi estaba en Salta y desde allí contrabandeaba mercadería por el norte del país, pero realizando esa actividad había tenido un enfrentamiento armado con Gendarmería Nacional y ello le había costado la vida.

Néstor Antonio Schwindt era un hombre de 44 años, que la noche del lunes 5 de octubre de 2009 se inmiscuyó dentro de la casa donde Alicia Vanini de 35 años trabajaba como empleada doméstica, y aprovechándose de que se encontraba sola, le disparó en la cabeza y luego se mató.

Este atroz crimen y posterior suicidio del femicida ocurrió en el Golf Country Club de Gualeguaychú, en una de las viviendas ubicadas a pocos metros del acceso principal al barrio privado de la zona oeste, sobre Urquiza.

Según las crónicas de aquel momento, el hecho fue descubierto por la dueña de casa donde trabajaba Alicia. Al llegar a la vivienda, la mujer percibió algunas cosas fuera de lugar. Inmediatamente dio aviso a la seguridad del barrio y junto al guardia ingresaron al inmueble. Lo que se encontraron fue un escenario tremendo: la empleada doméstica y su ex marido estaban muertos en la cocina.

Enseguida se denunció el hecho y a los pocos minutos ya se había desplegado todo el protocolo policial y judicial en torno a la casa. El jefe de Policía, Carlos Antonio Velázquez, y el subjefe departamental, Roberto Sánchez, se presentaron en la vivienda para controlar que la escena no fuera alterada por fuera de las autoridades judiciales. Pero para ese momento ya se tenía una idea de lo que había sucedido dentro de la casa.

Había una bicicleta apoyada sobre una pared a un costado de la vivienda y se confirmó que el femicida entró por una puerta trasera que se encontraba sin llave. Había llevado un arma de fuego y adentro encontró a su ex mujer, con quien estaba en plena separación.

Nadie escuchó gritos. Ni siquiera el estallido de los disparos, por lo que se presume que Schwindt extrajo el revólver calibre 22 y le disparó a sangre fría en la cabeza, provocándole la muerte en el acto. Luego, con el mismo revólver, apuntó a su sien y se descerrajó un balazo que le produjo el fallecimiento en forma instantánea.

Las tareas del personal de Criminalística de la Policía de Gualeguaychú estuvieron centradas en levantar rastros y todo el material probatorio para la causa que instruyó el ex juez Eduardo García Jurado. El magistrado, que por ese entonces tenía el cargo de Juez de Instrucción N°3 de Gualeguaychú, ordenó las autopsias a los cuerpos, no sólo para determinar las causas de muerte, sino para tener una mayor precisión sobre el horario en el que pudo haber ocurrido el trágico crimen.

Fue un caso que rápidamente se olvidó en la opinión pública. Pasó casi desapercibido para algunos porque a diferencia de otros, lo sucedido no tuvo implicancia dentro de los Tribunales. Una vez que García Jurado tuvo todos los elementos necesarios en su poder, dio por cerrada la causa. Para la Justicia estaba claro lo que había sucedido y quién había sido el causante de ese femicidio.

Números que asustan

Lo que ocurrió hace 16 años no es algo aislado. Sucede todo el tiempo. Mujeres muertas a manos de hombres con quienes tuvieron relación de pareja. Hace sólo días atrás, el lunes para ser más específicos, se encontró en Concordia el cuerpo sin vida de Priscila Macarena Alanis de 33 años, con dos heridas de arma blanca. Cerca de ella se halló ahorcado a su pareja, Alcides Alfredo Yedro de 31 años.

Vanesa López, de 39 años, fue víctima de un femicidio el 12 de febrero pasado en el barrio Matadero Viejo de Gualeguay. Su asesino, Ernesto Fabián Camaño, se encuentra en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú con una preventiva por noventa días. Fue trasladado luego de intentar quitarse la vida en la Jefatura.

Un poco más atrás, en Gualeguaychú, el domingo 24 de agosto de 2025, el sargento de Policía, Mariano Leonel Corvalán, le tiró con su arma reglamentaria a su pareja Carolina Huck y luego se disparó en la mandíbula. El hombre sobrevivió. Sólo perdió la visión de un ojo. Ella también sobrevivió, pero hoy está imposibilitada de volver a caminar. Todo sucedió delante de la hija de ambos, en el domicilio de La Rioja y Gutenberg.

Para dimensionar la gravedad de la situación: durante los dos primeros meses del año en Gualeguaychú, la Fiscalía de Género recibió 300 denuncias mensuales, de las cuales 80 fueron por delitos de género agravados por la relación de pareja, mientras que el resto se debieron a conflictos familiares. Asimismo, hubo seis condenas por casos de violencia de género; y para ejemplificar la situación: desde la Fiscalía requirieron en febrero poco más de cien medidas de protección hacia la víctima, allanamientos, exclusiones y secuestros de armas u otros elementos con los cuales se cometió la violencia.

La Oficina de la Mujer (OM) y la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) dependientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, elaboraron un informe especial para Naciones Unidas sobre la violencia de género contra las madres que se publicó el pasado 3 de marzo.

El informe fue enviado en respuesta a la solicitud formulada por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, a ser presentado en el 62° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Para ello, se procesaron y analizaron datos correspondientes al período 2023–2024 incluidos en los informes del Registro Nacional de Femicidio de la Justicia Argentina (RNFJA) y las presentaciones por violencia doméstica recibidas por la OVD en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante el mismo período.

La información presentada incluye datos relativos a 2023-2024:

-Violencia doméstica contra madres: de un total de 14.602 mujeres que realizaron presentaciones en la OVD en el ámbito de la CABA, 11.886 tenían hijas o hijos, esto es, que el 81% de las mujeres denunciantes de violencia doméstica eran madres.

-Madres víctimas de femicidio: del total de 478 mujeres víctimas directas de femicidio reportadas en el RNFJA a nivel nacional, al menos 204 eran madres (43% del total) de al menos 434 hijas/os menores de 21 años.

-Violencia contra madres y sus hijas/os: en el 31% de las presentaciones realizadas por madres ante la OVD en CABA también resultaron afectados por situaciones de violencia doméstica niñas, niños o adolescentes. Asimismo, en el RNFJA a nivel nacional se registraron 9 hechos en los que fueron asesinadas tanto las madres como sus hijas o hijos, así como 6 víctimas de femicidio vinculado en los que se mataron a las hijas o hijos para afectar a la madre, sin asesinarla.

-Vínculo con los agresores: en las presentaciones ante la OVD en CABA, el 52% de las personas denunciadas eran exparejas, el 20% parejas convivientes y el 18% eran familiares de las madres denunciantes. En los femicidios de mujeres madres a nivel nacional, el 80% de los sujetos activos eran pareja, ex pareja o mantenía o había mantenido un vínculo sexo-afectivo con la víctima.

-Grupos especialmente afectados: entre las mujeres con hijos/as que denunciaron violencia doméstica en la OVD en CABA, el 26% eran migrantes internacionales y el 15% migrantes internas. También se registraron situaciones de discapacidad y pertenencia a pueblos originarios. En el caso de las madres víctimas de femicidio a nivel nacional, en el 26% se identificaron condiciones de vulnerabilidad, principalmente migrantes tanto internas como del exterior y vulnerabilidad social.