Virginia Castillo responsable del Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF) habló con Ahora ElDía sobre las situaciones que subyacen detrás del aumento de ausentismo.

“Siempre que hay un niño faltando a la escuela, hay una situación más compleja detrás. Agotadas las instancias institucionales, las instituciones educativas tienen que dar actuación a un organismo de intervención. En nuestro caso, tenemos diferentes tipos de abordaje, citamos a las familias o vamos a domicilio. Algunas veces las situaciones se resuelven con recursos, como ropa o calzado, eso es lo más leve y lo que se puede resolver en lo inmediato, pero muchas veces nos encontramos con situaciones de maltrato infantil y abuso sexual, y damos intervención a Copnaf”, expresó Castillo.

La responsable del Área contó que “el mínimo de las intervenciones es por falta de recursos, el grueso se da por tema de maltrato (violencia física o psicológica, no llega a constituir delitos) o negligencia (la opción de ir o no ir a la escuela, la falta de herramientas por parte de las familias para poder paternar o maternar)”.

En la actualidad, están interviniendo en 1.900 situaciones, y más de la mitad tienen que ver con la interrupción de la trayectoria escolar. “Hay chicos que faltan una semana seguida o dos, y vamos nosotros y logramos que retomen la escuela. Esto ocurre sobre todo en el nivel secundario, que tiene un sistema más estructurado con el tema de las inasistencias. La educación es un derecho y nosotros estamos tratando de trabajar esto con las familias. Es una obligación de los padres enviar a sus hijos a las escuelas. También es nuestra responsabilidad enmarcar esto para que se dé”, resaltó.

La responsable de Anaf enfatizó la corresponsabilidad entre las familias y las instituciones para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “Si un chico está vulnerado en sus derechos los organismos tenemos que estar para restituirlo, y que vuelva a la escuela como derecho innegable”.

Castillo subrayó que “las escuelas son la caja de resonancia de la sociedad. Nosotros trabajamos tanto con escuelas públicas como privadas, y la problemática es trasversal a todos los estratos sociales”.

Además, la referente llamó la atención sobre una conducta que atraviesa a las familias de la actualidad: “a los chicos les dan la opción de ir o no ir. Entonces, trabajamos mucho sobre la idea de que el derecho a la educación no es una opción, y como adultos tenemos la obligación de hacerlo cumplir.

El consumo problemático también es una situación que se evidencia detrás del ausentismo, muchas veces porque los padres o madres están atravesando por una adicción, en menor medida, se ven algunos casos en estudiantes.

“Este tipo de situaciones aparecen cuando empezamos a trabajar con las familias, muchas veces no se da en la primera entrevista. Las técnicas del Área generan el vínculo para trabajar, y en estas instancias, son los propios padres quienes manifiestan esta problemática, y que lo logren reconocer es un paso muy valioso. Por eso nuestra Área jamás actúa desde el juzgamiento, trabajamos para y por los chicos, y una de las formas es fortalecer a las familias”, reconoció Castillo.

En este sentido, manifestó que están tratando de cerrar un proyecto para abordar específicamente esta problemática. “La red interinstitucional es fundamental en estos casos”.

Virginia Castillo también se refirió a la reunión convocada por la Departamental de Escuelas hace 15 días que tuvo como temática principal la salud mental.

“En sí, nosotros no trabajamos salud mental, pero sí referenciamos o acompañamos coordinando con otras instituciones. Lo que sí tratamos es el acoso entre pares. De hecho, tenemos un taller que damos en las escuelas desde lo preventivo, porque así evitamos situaciones que surjan. En estos últimos tiempos, hay un trabajo más articulado y se está trabajando mucho mejor con respecto a los canales de articulación. Si hay una situación de acoso entre pares, las escuelas tienen más incorporados los canales, tiene que ver cómo se han involucrado las supervisoras de escuelas. Destaco mucho como ha influido su trabajo”, aportó.

Una de las mayores preocupaciones del Área, recae en cómo las familias han delegado las responsabilidades de la maternidad y la paternidad: “Por eso, ponemos el foco en repensar cuáles son las responsabilidades de ser madres y padres y cuáles son las herramientas para ejercer una paternidad de forma plena”.

En la actualidad, el ANAF cuenta por primera vez con un espacio exclusivo para abordar las políticas de niñez. Al respecto, Castillo señaló que gracias a esto lograron triplicar las entrevistas diarias que realizan. “De 5 pasamos a 15 consultas por día, eso nos sirve establecer un vínculo directo con las familias. No es que se triplicaron las situaciones, sino que se complicaba hacer las entrevistas por la falta de espacio. Seguimos haciendo territorio y yendo a los domicilios, pero adjudico el aumento de las entrevistas a una mejor calidad de atención de familias y de escucha del niño, niña y del adolescente”.

La nueva dirección es en calle Gervasio Méndez 1.104 esquina Ayacucho, y el horario de atención es de 7 a 13 de lunes a viernes. “Atendemos a todas las familias que tengan una problemática, tenemos un equipo para asesorar en la materia. Hay una apuesta real a las políticas de niñez y familia”, concluyó.

Datos de Entre Ríos y el país

El ausentismo estudiantil creció 7 puntos porcentuales en los últimos dos años a nivel nacional y se registraron aumentos en las 24 jurisdicciones, según un informe de la organización Argentinos por la Educación.

De acuerdo a los autorreportes de los estudiantes, el 21% falta entre 15 y 19 días al año; el 20% entre 20 y 29; y el 10% acumula 30 inasistencias o más.

Los datos del operativo Aprender 2024 refuerzan esta tendencia: el 51% de los alumnos del último año de secundaria declaró haber tenido 15 o más faltas hasta octubre, frente al 44% registrado en 2022.

A pesar de la magnitud del problema, Argentina aún no cuenta con un sistema de información nacional que permita un seguimiento preciso y en tiempo real del ausentismo escolar. La falta de datos consolidados obliga a basarse en declaraciones de los propios estudiantes, lo que limita la exactitud del diagnóstico.

En el desglose por provincias se observan fuertes diferencias. Buenos Aires (66%), CABA (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%) presentan los niveles más altos de estudiantes con 15 o más inasistencias. En contraste, Santiago del Estero (28%), San Juan (29%) y Jujuy (30%) muestran los valores más bajos.

En Entre Ríos, la distribución de inasistencias indica que el 14% de los estudiantes tuvo menos de 5 faltas en el año; el 49% entre 5 y 14; el 24% entre 15 y 19; el 16% entre 20 y 29; y el 2% superó las 30 inasistencias.

Consecuencias del ausentismo escolar

El ausentismo escolar es una de las principales barreras para garantizar aprendizajes sostenidos y trayectorias educativas continuas. Diversos estudios internacionales coinciden en que faltar a clases impacta de manera directa en el rendimiento académico, incluso cuando se trata de ausencias esporádicas.

Las inasistencias se asocian a peores resultados, especialmente en áreas clave como matemática y lectura. Incluso entre cuatro y cinco faltas anuales pueden generar caídas medibles en el desempeño. Además, las ausencias injustificadas suelen tener un impacto mayor, ya que tienden a ser más frecuentes y desordenadas, lo que dificulta la recuperación de contenidos y refleja un menor vínculo con la escuela.

El efecto del ausentismo, además, es acumulativo: alrededor de diez faltas al año ya se relacionan con peores calificaciones, menores tasas de egreso y menos acceso a estudios superiores.

En términos estructurales, el fenómeno implica una reducción significativa del tiempo real de aprendizaje. Aunque el calendario escolar argentino prevé en promedio unos 185 días de clase anuales, distintas estimaciones indican que los estudiantes faltan alrededor de 30 días por año. Esto reduce el tiempo efectivo a unos 155 días, lo que representa una pérdida cercana al 17% del ciclo lectivo.

Si esta tendencia se mantiene a lo largo de toda la educación primaria, la pérdida acumulada equivale a aproximadamente un año completo de escolaridad.

El impacto del ausentismo no actúa de manera aislada. Se combina con otros factores que afectan el tiempo efectivo de enseñanza, como el ausentismo docente, los paros, los problemas de infraestructura o las suspensiones por cuestiones climáticas.

En este contexto, la falta de sistemas de información nominales y actualizados aparece como una limitación clave. Sin datos precisos, resulta más difícil dimensionar el problema, identificar a los estudiantes en riesgo y diseñar políticas públicas eficaces para garantizar la continuidad educativa.

Por la Guerra de Medio Oriente, la nafta y el gasoil aumentaron más de 20% en el último mes, lo que llevó al Gobierno Nacional a tomar cartas en el asunto: pausó el incremento del impuesto a los combustibles previsto para abril e YPF congeló los precios en los surtidores por 45 días.

Esta suba impactó en varios niveles de la vida cotidiana, y el transporte público, no es una excepción. De hecho, en Buenos Aires algunas líneas redujeron sus frecuencias hasta un 20%, y en grandes centros urbanos como Mar del Plata y Bahía Blanca, las empresas están reclamando fuertes subas en el boleto.

En Gualeguaychú, Ricardo Delcausse, propietario de las líneas 1 y 4, señaló que no acortaron la frecuencia de los servicios, pero que ya no circulan los domingos ni los feriados porque la cantidad de pasajeros no permite amortiguar los costos.

“En este momento, tenemos entre 3.600 y 3800 pasajeros de lunes a viernes, los sábados baja un poco, cuando hace tres años teníamos 6.500. La gente economiza en transporte, agarra la bicicleta o camina”, describió y señaló que “los principales motivos son económicos, incluso hay personas que usaban el colectivo para ir a trabajar, y se quedaron sin trabajo, entonces, ya no lo usan”.

Delcausse manifestó que hace tres meses que Nación no les paga los tributos sociales (54%) que corresponden a la bonificación que tienen los jubilados para trasladarse en transporte público.

“La situación del transporte es cada vez peor. Nosotros no tenemos subsidio. El boleto gratuito de primaria, secundaria, terciario y universitario que está por ordenanza, lo paga el Municipio, mientras que la tarifa plana, no tiene ningún tipo de subsidio para los pasajeros. Hoy en día, el boleto tiene un costo de $1.968, pero tendría que estar $3.500. Sin embargo, no podemos poner ese precio, porque nadie podría viajar”, expresó.

En todo el Departamento, sólo cuatro ciudades tienen transporte público: Paraná, Concordia, La Paz, y Gualeguaychú, ya que recientemente Concepción del Uruguay quedó sin servicio.

Delcausse augura una situación similar en Gualeguaychú por la disminución de la demanda y los costos de mantenerlo.

El sistema de aumento está establecido cada dos meses por ordenanza, la tarifa se actualizó hace 20 días. La lógica indica que en este contexto es necesario que haya una sesión especial para tratar el tema. Estuve en el Municipio queriendo hablar con quién me atienda para hacer una reunión con el Concejo Deliberante, pero todavía no me han llamado”, contó el empresario.

Ricardo aseguró que mantiene una relación fluida con el dueño de los colectivos Santa Rita (línea 2), y que su situación es la misma que atraviesa él.

“Todos los días en el interior del país se acaba alguna línea de colectivo porque no hay subsidios. En CABA y AMBA hay subsidios, y así mismo se quejan por el aumento del gasoil, y bajaron la frecuencia de los recorridos. Nosotros no tenemos ese beneficio y encima nos manejamos con los mismos sueldos que ellos, es demasiada la complejidad. Llevamos 4 años con los balances negativos, no sabemos hasta cuándo vamos a subsistir, estamos esperando alguna solución de los estados o el final. Pero la verdad es que no tienen intención de que el transporte continue”, afirmó.

Cuál es el principal reclamo de las empresas de colectivos al Gobierno

Las compañías de transporte automotor de pasajeros reclaman que se revise la estructura de precios y subsidios. A través de una carta dirigida al secretario de Transporte, Fernando Herrmann, solicitaron que se incluya el aumento de los combustibles, y una asignación adicional en concepto de anticipo correspondiente a abril.

En la misiva, las empresas advirtieron que en la última adecuación de costos dispuesta por el Gobierno se tomó como referencia el gasoil a $1744,15 por litro, mientras que ahora lo estiman en $1915 por litro, una diferencia de 9,8%.

“Estamos pagando 48% más el precio del combustible en relación a un mes atrás, muy por encima del valor que reconoce el Estado nacional”, subrayaron desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP).

Para definir la estructura que determina los subsidios que Nación entrega a las empresas, se realiza un cálculo mensual que tiene en cuenta, entre otros factores, los recorridos de cada línea y los pasajeros que llevan.

Actualmente, la secretaría de Transporte destina unos $90.000 millones mensuales en concepto de asistencia a las empresas y se calcula que el Estado cubre el 65% del costo final de los boletos, mientras que el 35% restante corresponde al valor de la tarifa. Aunque esto, no es lo que ocurre en Gualeguaychú, donde no se reciben subsidios, según señaló Delcausse. La crisis del sector se ve agravada por un cambio drástico en el esquema de asistencia estatal. Tras la eliminación del Fondo Compensador del Interior por parte de la Nación, las empresas de Gualeguaychú dejaron de recibir recursos directos para costear combustible y salarios, quedando supeditadas a una recaudación que no deja de caer. Si bien el Gobierno de Entre Ríos mantiene programas de subsidio a la demanda, como la gratuidad para estudiantes y descuentos a docentes, este modelo ya no cubre la operatividad general del sistema (subsidio a la oferta), lo que obliga a las líneas locales a subsistir casi exclusivamente con el corte de boleto y el aporte municipal para las gratuidades locales.

A este escenario se suma el impacto de la "deuda invisible" por los Atributos Sociales de la tarjeta SUBE. Las empresas denuncian que, aunque aplican los descuentos de ley a jubilados y beneficiarios de ANSES en cada viaje, el Estado Nacional demora meses en reintegrar esos fondos, obligando a los propietarios a financiar el sistema con capital propio en un contexto de inflación galopante. Sin un subsidio que amortigüe la tarifa plana para el pasajero común, la brecha entre el costo real del servicio y lo que el usuario puede pagar se vuelve insostenible, empujando al transporte de la ciudad hacia el mismo destino de precariedad que ya sufren otras localidades de la provincia.

En un contexto de fuerte demanda habitacional, acceder a un crédito hipotecario en Argentina vuelve a instalarse como una posibilidad concreta, aunque con exigencias económicas que delimitan claramente quiénes pueden calificar. En Gualeguaychú, las principales entidades bancarias que operan en la plaza ofrecen líneas para la compra, construcción o refacción de viviendas, pero comparten un punto en común: el nivel de ingresos requerido y la relación entre cuota y salario son determinantes.

Uno de los aspectos centrales que se repite en prácticamente todas las propuestas es que la cuota mensual no puede superar entre el 25% y el 30% de los ingresos del solicitante. Este criterio, utilizado como medida de capacidad de pago, establece un piso salarial elevado en relación con los ingresos promedio. En la práctica, implica que, para afrontar cuotas iniciales cercanas a los 400 mil pesos, los ingresos mensuales deben ubicarse, como mínimo, en torno al millón y medio de pesos.

En ese sentido, el Banco BBVA fija un ingreso mínimo de $1.387.200 para el titular, equivalente a aproximadamente cuatro salarios mínimos, mientras que la cuota no debe superar el 25% del ingreso. En una línea similar, el ICBC exige ingresos desde $1.400.000 y mantiene el mismo tope de afectación, permitiendo además sumar ingresos de familiares directos para mejorar la capacidad crediticia.

Por su parte, el Banco de la Nación Argentina ofrece una de las líneas más difundidas, con simulaciones concretas que permiten dimensionar el esfuerzo económico. Para un crédito de 50 millones de pesos, la entidad establece ingresos cercanos a $1.523.899 para el grupo familiar, con una cuota inicial de $380.975. En este caso, también se admite la suma de ingresos entre titulares y codeudores, aunque se exige que al menos el 50% de la cuota sea cubierta por los ingresos del titular principal.

El Banco Santander, en tanto, presenta una de las barreras de ingreso más elevadas: solicita ingresos mínimos de $2.240.000 para acceder a un crédito destinado a vivienda permanente, manteniendo la relación cuota-ingreso en un máximo del 25%. Esta condición deja afuera a una porción importante de trabajadores, especialmente aquellos con ingresos informales o inestables.

En el caso del Banco Entre Ríos, la relación cuota-ingreso puede alcanzar hasta el 30% para clientes que acrediten haberes en la entidad, lo que amplía levemente el margen de acceso. Sin embargo, se trata de una línea destinada exclusivamente a empleados en relación de dependencia con al menos un año de antigüedad, lo que también restringe el universo de potenciales beneficiarios.

Otras entidades como el Banco Patagonia, el Banco Galicia y el Banco Credicoop sostienen criterios similares, con topes del 25% sobre los ingresos y la posibilidad de sumar codeudores o convivientes para alcanzar el nivel requerido. En todos los casos, la estabilidad laboral también aparece como un requisito clave: se exige al menos un año de antigüedad para empleados en relación de dependencia y hasta dos años para trabajadores autónomos o monotributistas.

En cuanto al porcentaje de financiación, las distintas entidades se mueven en rangos bastante similares. En general, los bancos cubren entre el 70% y el 80% del valor de la propiedad, lo que implica que los solicitantes deben contar con un ahorro previo significativo para cubrir el porcentaje restante, además de los gastos asociados a la operación. Este requisito, en muchos casos, se convierte en una de las principales barreras de acceso.

Más allá de las diferencias en montos máximos, tasas o plazos, que pueden extenderse hasta 30 años en algunos casos, el verdadero filtro de acceso sigue siendo el ingreso. Incluso cuando se permite sumar salarios dentro del grupo familiar, alcanzar los valores exigidos no resulta sencillo para amplios sectores de la población.

En este escenario, los créditos hipotecarios aparecen como una herramienta disponible, pero no necesariamente accesible para todos. La reactivación de estas líneas por parte de los bancos abre una ventana de oportunidad, aunque condicionada por variables económicas que siguen siendo un desafío: ingresos formales elevados, estabilidad laboral y capacidad de ahorro para afrontar los costos iniciales.

El programa de IAPV y sus limitantes

El gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), otorga créditos para la construcción y ampliación de viviendas en terreno propio, en el marco del programa Ahora Tu Hogar.

Dos de las exigencias excluyentes de este programa provincial, que busca dar respuesta a la crisis habitacional de Entre Ríos, son: que los postulantes deben ser propietario de un terreno, y, por otro lado, constituir un grupo familiar, es decir, las personas solteras no pueden acceder a esta política pública.

Sin embargo, si se cumple con estos dos requisitos fundamentales, las exigencias económicas son menores a las de los bancos, más allá de que no se trata de un crédito para la compra sino para la construcción, ya que el grupo familiar debe contar con ingresos formales de dos a ocho salarios mínimos (desde $715.600 hasta $2.774.400).

Además, empleados en relación de dependencia deberán acreditar una antigüedad mínima de 1 año, y a los trabajadores independientes o autónomos, se les requiere la inscripción al monotributo con una antigüedad mínima de 1 año en la categoría que comprenda el monto de ingreso mínimo estipulados por el programa y los últimos tres pagos.

Como cada año, este 11 de abril fue el Día Mundial de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo que afecta el control motor. Su origen está vinculado a la pérdida de neuronas que producen dopamina, una sustancia clave para coordinar los movimientos. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que su prevalencia se duplicó en los últimos 25 años.

El neurocirujano Julio Vega conversó con Ahora ElDía sobre esta enfermedad y distinguió entre el trastorno que deviene de la genética (primario), que es el que menos prevalece, y el Parkinson secundario, relacionado al consumo de sustancias, lícitas e ilícitas, y a la calidad de vida del paciente.

“El Parkinson representa aproximadamente el 10% de las consultas, es una enfermedad de la tercera edad. Los pacientes de 65 años que comienzan con un temblor vienen, y por lo general esa situación está relacionada con otra patología. El diagnóstico es por imágenes. Antes hay que descartar ansiedad, angustia, un temblor que puede ser familiar, entre otras causas”, describió el médico.

Vega señaló que “la evolución del Parkinson primario es errática, y los costos de tratamiento médico son muy elevados, mientras que el secundario evoluciona más favorablemente”.

El profesional advirtió que en la actualidad se habla mucho más de las enfermedades neurodegenerativas porque “somos más longevos”.

El especialista apuntó que es posible llegar a la vejez sin estas patologías si a partir de los 40 años se comienza a restringir el consumo de alcohol, se deja de fumar, se tiene una alimentación adecuada, y se mantiene una vida social activa.

“Aprendimos que, para tener un buen estándar de vida, tenemos que tener hábitos saludables, porque una población que está creciendo en el tiempo y llega a edades avanzadas, tiene que tomar medidas antes”, enfatizó.

El neurocirujano contó que en el top 4 de consultas se encuentran: en el primer lugar los dolores de cabeza; en segundo lugar, los accidentes cerebrovasculares; terceros trastornos de la memoria o del equilibrio; y en cuarto lugar trastornos dopaminérgicos como el Parkinson.

El director de Turismo municipal, Adrián Romero, trazó un balance del último fin de semana largo y anticipó un escenario más alentador para este. Según explicó, el feriado del 24 de marzo estuvo marcado por la incertidumbre producto de las lluvias: a comienzos de la segunda quincena del mes, las reservas rondaban el 38%, luego cayeron producto de los pronósticos climáticos adversos y finalmente repuntaron hasta alcanzar cerca de un 55% de ocupación, durante los 4 días de descanso anteriores.

El funcionario reconoció que marzo suele ser un mes “históricamente complicado” para el turismo, atravesado por el inicio del ciclo lectivo y la cercanía entre feriados. A eso se sumó, en esta oportunidad, la particularidad del feriado puente, que no fue laboral para todos los trabajadores, lo que impactó en la movilidad. En ese contexto, evaluó que el panorama inicial “no era bueno”, aunque el resultado final terminó siendo “menos peor” de lo esperado, con un balance que consideró positivo dentro de las previsiones.

También advirtió que se registraron numerosas cancelaciones de reservas, un fenómeno que se viene repitiendo y que refleja la sensibilidad del “turismo de cercanía” frente a factores como el clima.

De cara a Semana Santa, Romero señaló que a mitad de semana ya se registraba un 55% de reservas. En ese sentido, sostuvo que las expectativas eran “buenas” y que el resultado podría ser mejor que el del último feriado.

Más allá de los números puntuales, el director de Turismo puso el foco en los cambios que atraviesa la actividad a nivel nacional. Según analizó, hoy resulta difícil tomar el pulso del turismo con parámetros tradicionales, debido a la fragmentación de la demanda y a la pérdida de poder adquisitivo de amplios sectores. En ese marco, diferenció entre el turismo de temporada alta y el de “contra temporada”, más conocido como temporada baja.

Romero explicó que, en muchos casos, la clase media que dispone de más días en verano opta por viajar al exterior, mientras que en escapadas cortas busca destinos cercanos, donde la ciudad se posiciona como una alternativa viable. En ese esquema, consideró que la agenda de eventos cumple un rol clave, ya que no sólo garantiza la llegada de visitantes, sino que además funciona como una herramienta de promoción indirecta.

El funcionario remarcó que cada evento “genera como otro fin de semana largo”, al atraer público específico a la ciudad. También mencionó la importancia de sostener la visibilidad del destino durante todo el año, con campañas de promoción tanto a nivel nacional como en Uruguay, ya que el próximo feriado coincide con la Semana del Turismo en el país vecino.

“Esto era un reclamo histórico que tenemos como privados, con respecto a la Semana de Turismo de Uruguay, por eso, aprovechamos el convenio de que tiene Provincia y fuimos a mostrar la ciudad y sus atractivos. Si bien la brecha cambiaria se acortó, al publico uruguayo le sigue saliendo barato venir a Gualeguaychú, aunque no tanto como antes”, reconoció.

La mirada desde los prestadores

En paralelo, desde el sector privado el diagnóstico es más crudo. Marcelo Friedrich, presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, describió un presente “complejo”, especialmente en el rubro gastronómico, donde el consumo se vio fuertemente resentido. Según planteó, el último fin de semana largo fue “muy bajo” y estuvo lejos de las expectativas, con resultados que calificó directamente como “del terror” para muchos establecimientos.

Al igual que Romero, Friedrich resaltó los factores que inciden en el sector: la cercanía geográfica con grandes centros emisores como Buenos Aires, que puede jugar a favor o en contra, la incidencia del clima en decisiones de último momento y la acumulación de fines de semana largos consecutivos. A esto se suma la incertidumbre general del contexto económico, que afecta tanto al turismo como al consumo interno.

En la misma línea, el empresario gastronómico Agustín Rosado señaló que la dinámica del último feriado resultó “confusa”, ya que muchas personas trabajaron el lunes pese a tratarse de un fin de semana largo, lo que desdibujó su impacto real.

Ambos coincidieron en que el sector atraviesa un período prolongado de dificultades. Rosado habló de un “tercer verano de lucha”, con temporadas que comienzan con expectativas, pero luego se ven afectadas por la baja en el consumo. De cara a 2026, sostuvo que no se avizoran cambios significativos en el corto plazo y que el escenario continuará siendo desafiante.

Uno de los puntos más críticos tiene que ver con la caída del gasto en gastronomía. Según describieron, salir a comer se ha transformado en un lujo para muchas familias, que redujeron drásticamente sus salidas. Esto genera un desajuste entre la oferta y la demanda: “Gualeguaychú cuenta hoy con una capacidad de cubiertos que supera el volumen real de público, lo que presiona sobre la rentabilidad de los negocios”, aseguró Rosado.

Frente a este panorama, los empresarios se ven obligados a ajustar sus estructuras. Friedrich explicó que muchos locales reducen horarios y turnos para evitar costos innecesarios, mientras que la gestión de insumos y precios se volvió mucho más cuidadosa. “Antes de modificar un valor en la carta se analiza varias veces”, deslizó.

Rosado, por su parte, advirtió que la rentabilidad se ha reducido al mínimo y que la falta de consumo es hoy el principal problema. En ese sentido, sostuvo que el turismo ha sido una de las actividades más golpeadas y que la situación se replica en distintos destinos del país.

Pese a este escenario, ambos destacaron el rol estratégico de los eventos como motor de la actividad. Coincidieron en que, sin esa herramienta, la situación sería aún más compleja. Además, valoraron los esfuerzos de promoción que se vienen realizando y señalaron que la marca Gualeguaychú volvió a ganar visibilidad en medios y redes sociales, algo que consideran fundamental para sostener el flujo turístico a lo largo del año.

De todos modos, el horizonte inmediato genera preocupación. Según anticiparon, una vez finalizado el movimiento de Semana Santa, muchos establecimientos podrían reducir su actividad durante la semana ante la falta de demanda. En ese contexto, remarcaron que las estructuras más pequeñas son las que tienen mayores posibilidades de resistir.

Finalmente, Friedrich planteó la incertidumbre respecto a cuándo los cambios macroeconómicos podrán traducirse en mejoras concretas a nivel micro, mientras que Rosado expresó la inquietud de muchos empresarios ante un proceso que “se está haciendo largo”, en un escenario de consumo retraído y expectativas que aún no se materializan.

La Subsecretaría de Ambiente de Gualeguaychú avanza en la implementación de políticas públicas orientadas a la erradicación de la tracción a sangre. En ese marco, la subsecretaria Ivana Zecca detalló las acciones que se están llevando adelante para solucionar la problemática, entre ellas la creación del Registro Único Municipal de Equinos.

Respecto a la aplicación de la Ordenanza Nº 12.837/2023, que establece la creación del “Programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal”, Zecca señaló que se encuentran trabajando en la evaluación de las “posibilidades concretas de implementación plena” de la ordenanza vigente, así como en la elaboración de una reglamentación que permita una aplicación “más efectiva y viable en el territorio”.

La subsecretaria subrayó que este proceso “no solo pone el foco en el bienestar animal, sino que también incorpora una mirada social indispensable para lograr un cambio real y sostenido en el tiempo”. En esa línea, consideró fundamental abordar la situación de las personas que dependen de esta actividad, generando alternativas que eviten la reincidencia.

“Se busca impulsar políticas públicas que brinden herramientas para nuevas salidas laborales, promoviendo la inclusión y el acompañamiento”, expresó, y agregó que para ello “resulta clave la intervención articulada de distintas áreas municipales, con el objetivo de garantizar una implementación integral y eficaz”.

“El acompañamiento a las personas que hoy dependen de esta actividad es clave para evitar que los animales vuelvan a ser utilizados en condiciones inadecuadas”, enfatizó.

En relación al destino de los equinos que dejen de ser utilizados para la tracción a sangre, Zecca aclaró que la política en desarrollo “no se limita únicamente a retirarlos de la actividad, sino que contempla su destino y bienestar a largo plazo”.

En ese marco, explicó que los animales serán incorporados al Registro Único Municipal de Equinos, lo que permitirá su identificación mediante chipeo y un seguimiento más riguroso. Asimismo, indicó que los propietarios continuarán siendo responsables de garantizar condiciones adecuadas de cuidado, sanidad y alojamiento.

Zecca aprovechó a brindar más detalles sobre el Registro Municipal de Equinos y detalló que su objetivo es “identificar, censar y controlar la población equina dentro del ejido urbano”. En ese sentido, destacó que el chipeo de los animales “constituye una herramienta fundamental”, ya que permite su identificación individual mediante la implantación de un microchip.

Zecca remarcó que este procedimiento “facilita la trazabilidad, el control sanitario y la determinación de la titularidad”, al tiempo que promueve una tenencia responsable. Además, sostuvo que el registro y chipeo “contribuyen a prevenir situaciones de abandono, extravío, robo o circulación indebida en la vía pública”, fortaleciendo tanto la seguridad urbana como el bienestar animal.

En cuanto a la implementación, indicó que el Municipio avanza de manera progresiva y que, en una primera etapa, el chipeo se está realizando sobre los equinos secuestrados en operativos de control. “La implementación del chipeo no solo responde a una obligación normativa, sino que también representa una política pública orientada al ordenamiento, control y protección de los equinos en el ámbito municipal”, afirmó.

Por último, volvió a referirse a la tracción a sangre, y señaló que, en los casos que corresponda, se evaluarán alternativas como la relocalización, la adopción responsable o la permanencia bajo supervisión, priorizando el bienestar animal.

Qué dice la normativa de tracción a sangre

La Ordenanza Nº 12.837 fue aprobada en 2023 de forma unánime por el Concejo Deliberante, que consideró que era una problemática que necesitaba respuesta. Sin embargo, a pesar de que el texto planteaba un plazo de 12 meses para su plena implementación, todavía no se ha logrado.

La normativa establece la creación del “Programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal” en Gualeguaychú, con el objetivo de eliminar progresivamente el uso de caballos para tirar carros en el ejido urbano y promover alternativas laborales para los trabajadores que dependen de esta actividad.

Además, dispone que el Municipio implemente mecanismos de reconversión laboral, incluyendo capacitación, acompañamiento y acceso a herramientas como motocarros o vehículos alternativos, articulando con instituciones educativas, organismos y empresas. También prevé el relevamiento de los trabajadores alcanzados por el programa y el análisis de propuestas individuales o colectivas para sustituir la actividad económica.

En paralelo, la ordenanza regula el destino de los equinos, estableciendo que podrán ser entregados voluntariamente o secuestrados en caso de incumplimiento, garantizando su protección, cuidado y eventual adopción. Asimismo, contempla un régimen sancionatorio para quienes continúen utilizando vehículos de tracción a sangre una vez vencidos los plazos establecidos.

El consumo problemático en Gualeguaychú mantiene una demanda sostenida de atención, con un promedio de 20 nuevas consultas mensuales en el dispositivo territorial comunitario (DTC), dependiente de Sedronar, que funciona como uno de los principales puntos de acceso al tratamiento en la ciudad.

Según los datos relevados, el DTC registra además entre 50 y 70 personas en tratamiento ambulatorio, mientras que el promedio de intervenciones semanales —entre atenciones presenciales y telefónicas— oscila entre 25 y 35. Este volumen de consultas da cuenta de una demanda constante que se sostiene en el tiempo.

En cuanto al perfil de quienes acuden al dispositivo, el 90% de las consultas directas corresponden a varones, mientras que el 10% restante se distribuye entre mujeres y personas del colectivo LGBT. A su vez, muchas de las consultas indirectas son realizadas por mujeres, madres, parejas o hermanas, que buscan ayuda para varones que atraviesan situaciones de consumo.

El dispositivo funciona de lunes a viernes por la mañana, de 8 a 12, con un servicio de desayuno en las primeras horas y luego talleres y espacios de atención. Por la tarde, abre martes, jueves y viernes de 14 a 18, donde se suman actividades y merienda. Las personas pueden acercarse de manera espontánea o solicitar turno previamente.

De acuerdo a cifras del Hogar de Cristo, el 70% de las personas asistidas son varones, mientras que el 30% son mujeres, una proporción que se repite en otros espacios de atención. En el ámbito privado, Proyecto Unir también registra una fuerte brecha: menos del 10% de sus pacientes son mujeres.

En cuanto a la edad, los datos muestran que la mayor demanda de asistencia se concentra en jóvenes. En el Hogar de Cristo, el rango predominante se ubica entre los 20 y 30 años, mientras que en el DTC el abanico se amplía de los 25 a los 50 años. Sin embargo, también se advierte un inicio cada vez más temprano en el consumo: en la ciudad, adolescentes comienzan a consumir a partir de los 13 y 14 años, y ya se registran consultas por menores desde los 16 años en instituciones privadas.

La magnitud de la problemática se refleja en la cantidad de personas alcanzadas por los distintos dispositivos. El Hogar de Cristo acompaña mensualmente a más de 300 adultos. Dentro de ese universo, más de 150 personas reciben asistencia alimentaria diaria, y más de 250 participan en espacios de escucha y acompañamiento. 

En paralelo, el Municipio sostiene ocho espacios de escucha, donde asisten en promedio 250 personas, aunque no todos los casos están vinculados al consumo problemático. Allí se articulan intervenciones con otras áreas e instituciones para el abordaje de distintas situaciones sociales.

En el ámbito privado, Proyecto Unir asiste a 15 personas diariamente, además de sus entornos familiares. En este espacio, el 70% de las consultas por tratamiento están vinculadas al consumo de cocaína, mientras que el resto se divide entre alcohol y ludopatía.

En términos generales, las sustancias más consumidas en Gualeguaychú son la cascarilla, la cocaína y la marihuana, según el Hogar de Cristo. 

El consumo problemático en Gualeguaychú no es nuevo, sin embargo, en 11 años, el Hogar de Cristo pasó de tener un solo dispositivo de asistencia a tener seis, lo que evidencia la profundización de esta situación.

Ubicados en diferentes zonas de la ciudad, estos espacios brindan asistencia a quienes no tienen forma de pagar un tratamiento. Es importante aclarar que el Hogar de Cristo no sólo atiende adicciones, sino que también brinda soluciones integrales a personas en situación de vulnerabilidad.

Francisco Sobral, referente del Hogar de Cristo Gualeguaychú, conversó con Ahora ElDía y contó que “el mayor ingreso económico que tenemos viene de la Sedronar. Hace tres meses vienen retrasados, se nos está complicando tener los centros abierto el próximo mes. El estado es crítico. Hay 54 personas que trabajan en el Hogar, entre talleristas y referentes, esto se sostiene porque un gran componente es voluntario, pero al no contar con estos fondos estamos pensando en dos semanas en cerrar espacios. En la ciudad va a provocar un vacío grande, porque no hay efectores que acompañen la problemática como lo hacemos nosotros”.

Sobral detalló que lo que pasa con los fondos es que los recursos de Sedronar pasaron al ámbito del Ministerio de Economía, y que no se bajaron a las instituciones. De hecho, esta semana hubo un paro de 48 horas, por la falta de giros de fondos nacionales que ponen en riesgo la continuidad de centros terapéuticos y servicios de transporte para personas con discapacidad en toda la provincia. El referente del Hogar de Cristo señaló que en esa falta de envió de fondos están incluidos.

“Fuimos soportando estos meses, comiendo ahorros, pero no se soluciona, ya el mes que viene no podemos sostenerlo, por lo cual debemos cerrar algunos espacios y dejar de acompañar a las personas porque no podemos, estamos en un estado realmente crítico”, resaltó y agregó: “Tenemos 36 personas que se alojan en nuestros dispositivos, no podemos dejarlos en la calle, trataremos de aunar esfuerzos para achicar lo menos posible. Si en dos semanas esto no se soluciona quedaremos a la mínima expresión”.

En la última década, el consumo problemático no ha hecho otra cosa que multiplicarse y el Hogar de Cristo ha tenido que incrementar su labor y presencia territorial.

“Las personas que llegan a pedir ayuda lo hacen cuando han perdido absolutamente todo: el trabajo, el contacto con sus familias, es decir cuando tocaron fondo. Muchos llegan porque tienen alguna medida de la Justicia, tienen conflictos con la ley. La mayoría por casos de hurtos relacionados con el consumo problemático”, señaló Sobral.

El rango etario que más concurre al Hogar, oscila entre los 20 y 30 años, esto se debe, según el referente, a que son quienes después de perderlo todo, acuden a pedir ayuda. También hay adolescentes, pero son los que menos reconocen el problema.

“Nosotros tenemos una manera que, si bien está enfocada en el consumo, está centrada en acompañar esa vida que llega. Nosotros no abordamos sólo la adicción, por ahí el chico o la chica llega porque tiene hambre, o está en situación de calle. Nosotros brindamos los espacios y después empezamos a trabajar. En eso fue, volvió, recayó, lo importante es que siempre de alguna manera vuelvan”.

Los dispositivos de los barrios 338 Viviendas y la Cuchilla son en los que más se evidencia el consumo, aunque es una problemática que no discrimina zonas.

Actualmente, el Hogar de Cristo acompaña de manera mensual a más de 300 adultos, además de 100 niños y niñas que dependen directa o indirectamente de este sostén. El espacio garantiza lo básico, contención emocional, vínculos de cuidado, una ducha caliente, un plato de comida, un abrigo, un lugar donde dormir, pero también promueve procesos de recuperación más profundos: reconstrucción de vínculos, acceso a la educación, espacios terapéuticos y oportunidades de trabajo digno.

Más de 150 reciben asistencia alimentaria diaria, más de 250 participan en espacios de escucha y acompañamiento, y más de 50 personas forman parte de la cooperativa de trabajo.

Frente a la situación crítica, la institución realizo un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad, y puso a disposición diferentes canales de asistencia: una única transferencia bancaria para sostener el funcionamiento en abril a través de un alias (hogardecristogchu.); sumándose como donante mensual en la Plataforma de DonarOnline; y colaborando en la búsqueda de financiamiento con empresas, organismos o redes de contacto. También difundieron números de teléfono a los que la ciudadanía se puede comunicar para brindar ayuda: 3446 635 663(Sofía), 3446 412 000 (Francisco), y 3446 365 767 (Eli).

El consumo problemático en números

A través de la Dirección de Desarrollo Humano, el Municipio, lleva adelante ocho espacios de escucha dedicados a atender demandas sociales en los cuatro puntos cardinales de la ciudad.

Se trata de lugares en donde se articula la asistencia con otras instituciones y los casos son abordados de forma personalizada. El director de Desarrollo Humano Marcos Hechóz charló con Ahora ElDía y dijo que en promedio asisten a estos espacios 250 personas, no todas por consumo.

“Por lo general, las situaciones de consumo problemático nos llegan a través de las familias, que son las que primero se acercan para buscar ayuda. Las personas que están atravesadas por el consumo llegan después”, explicó.

Más allá de su articulación con organizaciones y ONGs, a la hora de atender el consumo problemático, el Municipio cuenta con un dispositivo de referencia que es el DTC, dependiente de Sedronar.

Allí la atención se brinda de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 del mediodía, donde de 8 a 10 de la mañana, se hace un servicio de desayuno, y luego se desarrollan diversos talleres. Por la tarde, sólo funciona martes, jueves y viernes de 14 a 18 horas, y se ofrece la merienda, además de los talleres y atenciones habituales.

Las personas pueden acercarse por sí sola o con algún acompañante, e incluso pueden solicitar un turno al 3446 56-8389.

En la actualidad, el DTC tiene un promedio de 20 nuevas consultas directas mensuales. El 90 % son hombres el 10% restante se reparten entre personas del colectivo LGBT y mujeres. Entre las consultas indirectas la mayoría son de mujeres (madres, hermanas, parejas) que consultan por un hombre que está atravesando una situación de consumo. Entre las atenciones, hay un promedio de 50 a 70 usuarios que sostienen un tratamiento ambulatorio. El rango etario va desde los 25 a los 50 años. El promedio de atenciones semanales fluctúa entre 25 y 35, entre presenciales y telefónicas.

Las principales derivaciones y articulaciones se dan entre: el Área de Salud Mental del Hospital, la Justicia, los CAPS, la Defensoría (penal), el Hogar de Cristo y Desarrollo Social.

“Una vez que se llega, inmediatamente hay una entrevista, y se empieza a trabajar. Puede que la persona vaya todos los días, y pase las cuatro horas y participe de todas las actividades. Eso depende de lo que establezcan los profesionales”, apuntó Henchoz.

De acuerdo a datos proporcionados por el Hogar de Cristo, el 70% de las personas asistidas son varones, mientras que el 30% son mujeres. Las sustancias que más se consume en Gualeguaychú son la cascarilla, la cocaína y la marihuana. Los adolescentes están comenzando a consumir en la ciudad a partir de los 13 y 14 años.

Por último, desde Proyecto Unir, institución privada que aborda el consumo problemático, contaron que asisten a 15 personas todos los días y sus familiares. En la actualidad menos del 10% de sus pacientes son mujeres. El 70% de las consultas por tratamiento son por consumo de cocaína, el resto se divide entre consumo de alcohol y ludopatía. Han recibido consultas por menores de edad desde 16 años.

Se trata de una causa que inició en 2006 caratulada “UPM (ex Botnia) y otro s/ Infracción Ley 24.051 (Art. 55)”, y no es la primera vez que Uruguay se niega a colaborar con la Justicia Federal de Gualeguaychú.

La postura se escuda en la Resolución Nº 2052 que emitió en 2008, el gobierno del entonces presidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, por la cual se niegan por razones de “seguridad” la comparecencia de directivos de la pastera UPM (Botnia en ese entonces) ante la Justicia Federal por el cargo de “tentativa de contaminación”, que impulsó el ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti.

Nuevamente, este año la solicitud de “cooperación jurídica internacional” de parte del Juzgado de Primera Instancia de Gualeguaychú, para el “sometimiento ante tribunales argentinos de representantes y titulares de la empresa Botnia SA, Botnia Fray Bentos SA y UPM SA” en relación a “procesos que se vinculan con aspectos medioambientales”, fue rechazada.

La nota con fecha el 11 de febrero de 2026 y firmada por el presidente Yamandú Orsi, a la que tuvo acceso Ahora ElDía, vuelve a basar su posición en el argumento de que los requerimientos “afectan directamente a los intereses esenciales del Estado uruguayo, en tanto refieren a emprendimiento industriales instalados en territorio nacional”.

Al respecto, el juez federal Hernán Viri contó que en “la nota de oficio, firmada por el Presidente de Uruguay, me hizo saber que no iban a contestar todos mis requerimientos porque UPM es una cuestión de interés nacional, por lo que no iban a dar ningún tipo de respuesta. Y, en paralelo a esta cuestión, de manera concomitante, la CARU que es la encargada de llevar el control de la afectación del río Uruguay, nos envió un informe de 2021 y 2022. Esos informes muestran que se superan los parámetros permitidos de contaminación, puntualmente en lo que es materia fecal, fósforo y temperatura del río. Esos son datos científicos”.

De los informes de 2023, 2024 y 2025, Viri señaló que no se tiene ningún dato, a pesar de que la CARU es un órgano binacional de contralor: “Antes de estos datos que nos enviaron, los últimos que teníamos eran de 2019. Se trata de un incumplimiento de parte de la CARU. Después de muchos requerimientos que le fui cursando desde que soy Juez federal acá, hace poco subieron los informes hasta el año 2022”.

La CARU es un órgano binacional y tiene rango diplomático, por lo que el Juez Federal no tiene potestad de allanarlo, ni exigir nada desde el punto de vista penal: “En estas situaciones, encuentro un límite muy firme en la falta de colaboración, normalmente esto se destraba a través de la cancillería, que en nombre nuestro presidente debería hablar con la cancillería uruguaya para pedir esa colaboración. Estoy evaluando sentarme con el canciller Pablo Quirno para plantear esto, porque es la única vía por la que se puede llegar a destrabar. Mi potestad como juez, llega a la mitad del río Uruguay, luego es jurisdicción uruguaya por lo cual no puedo ir a tomar muestras”.

Viri reconoció que la actual postura nacional en torno al Medio Ambiente “conspira a la hora de obtener resultados importantes cuando se llevan a cabo investigaciones para despejar cuestiones ambientales. Hay un límite que me lo fija la autonomía de otro país, y eso podría destrabarse a través de la política, la Cancillería o del propio Presidente. Uno advierte que para este Gobierno hay otras prioridades, no juzgo si está bien o mal, solo digo que es eso lo que ocurre”.

Contaminación con sello local

Hernán Viri tiene a su cargo el caso de contaminación de la Planta de Efluentes Cloacales del Parque Industrial Gualeguaychú y esta semana recibió el plan de acción para resolver la situación: “Recientemente desde la Codegu presentaron un plan en el que nos dijeron que estaban haciendo y cuál es la idea de seguir adelante. Lo quiero analizar bien. El Fiscal Federal también lo hará. Y después, antes de decidir, muy probablemente haga una audiencia pública, no sólo con las partes, sino también con la ciudadanía para luego tomar una decisión respecto al Parque Industrial”. Y agregó: “La pericia que llevó adelante la Policía Federal Argentina arrojó que había una afectación ambiental, los sedimentos encontrados están contemplados en el Anexo 2 de la Ley 24.051”.

El Juez Federal reconoció ser consciente de que una posible “clausura del Parque Industrial puede afectar a muchos trabajadores”. Sin embargo, destacó que “en esta tensión constante que hay entre un bien jurídico y el otro, tiene que tratar de adoptar un temperamento armonioso, porque una vez que se afecta el medio ambiente, es muy difícil la reconstrucción, algunas veces es imposible, y al mismo tiempo, es importante el avance industrial y las fuentes laborales. Por eso, no dispuse directamente la clausura, sino que estoy tratando de arribar a una solución, que las partes comprendan la importancia que tiene esto. Si se llega a un acuerdo, la idea no es como una primera decisión intempestiva clausurar el Parque Industrial, pero sí lo estoy evaluando”.

El problema con la Planta de Tratamientos de Efluentes del PIG es que no da a vasto con todo lo que tiene que procesar, por lo cual la solución estaría dada con la modificación de la misma. Viri barajó que otra alternativa podría ser clausurarla y que cada empresa haga su tratamiento de los desechos, aunque reconoció que sería inviable desde el punto de vista económico.

“Me parece que es más sencillo que se pongan de acuerdo las empresas, la Codegu y la Municipalidad para tratar de readecuar la planta y dar una solución al Medio Ambiente y al barrio que está pegado, porque el olor es insoportable. Hay que abordarlo y dar una solución. Desde la Justicia tenemos que dar respuestas definitivas a este tipo de cuestiones”, concluyó.

El desarrollo del Polo Educativo en nuestra ciudad, no sólo ha sido beneficioso para los estudiantes locales, sino también para aquellos que viven dentro del Departamento o en otras localidades vecinas.

Este fenómeno ha llevado a que en Gualeguaychú se produzca un nuevo tipo de demanda habitacional: la de los universitarios.

José Dorati, decano de la Facultad de Bromatología, habló con Ahora ElDía y contó que “el 10% de los estudiantes tiene residencia fuera de la Provincia y el 40% proviene de ciudades del Departamento”.

“Los chicos nos reportan la dificultad que implica para ellos alquilar, y que los costos de alquileres son más elevados que en otras plazas de la provincia, y eso forma parte de la toma de decisiones a la hora de venir a estudiar a nuestra Facultad”, resaltó.

A diferencia del año pasado, cuando desde la Casa de Estudios llevaron a cabo una campaña alentando el alquiler estudiantil, en esta ocasión no se volvió a retomar. No obstante, Dorati aseguró que cuentan con una base de datos para que se inscriban aquellos que estén interesados en satisfacer esta demanda.

 Cuando se construyó el Polo Educativo estaba contemplado el desarrollo de una residencia estudiantil para los alumnos, sin embargo, todavía no es una realidad.

“Hoy la Facultad se encuentra enfocada en culminar las obras de infraestructura de la carrera de Veterinaria, donde va a funcionar el Hospital Escuela. Tenemos proyectos de construcción de residencia y gimnasio, pero eso está sujeto a cómo vengan los recursos para terminar las obras existentes y para fortalecer el equipamiento, ya que eso se haría con recursos propios de la universidad. Vamos a ver si podemos concretarlo en un tiempo cercano”, apuntó.

El rector advirtió que la construcción de una residencia sería sólo un paliativo, “pero no va a ser la solución completa. Los estudiantes nos piden contar con este tipo de alojamientos, pero eso tiene que tener un equilibrio entre lo que sale compartir con dos o tres personas una casa, y lo que saldría una pieza”.

Alquileres, pero no en la zona de interés

Es habitual que cuando un joven se muda a una ciudad nueva para estudiar, elija para vivir una zona cercana a su facultad. Sin embargo, en Gualeguaychú la oferta disponible en las inmediaciones de Bromatología es muy escasa.

Joan Fleitas, corredor inmobiliario, manifestó que “me parece que la disponibilidad debería ser mayor cerca del Polo Educativo. Todavía faltan casas en esa zona. Si vas para la zona de Pueblo Nuevo, se están construyendo edificios, y dúplex, ya que la gente está buscando por esa zona alquiler para los estudiantes”.

La mayoría comienza a consultar por alojamiento desde octubre y la demanda se acrecienta mucho más a principios de año. Fleitas mencionó que la mayoría de los estudiantes provienen de Larroque, Urdinarrain y Concepción del Uruguay.

Según el corredor inmobiliario, las familias buscan estabilidad para sus hijos, y prefieren los alquileres permanentes a los temporarios.

“Normalmente la gente que trae a sus hijos, busca alquileres permanentes, por la cuestión de la mudanza, y si consiguen una localización que cuadra, alquilan. Además, sucede que el turismo temporario ha bajado, y hay muchos que alquilaban bajo esa modalidad y ahora se pasaron al alquiler permanente. Se ha incorporado este nuevo público que buscan alquileres y que compite con los ciudadanos de Gualeguaychú, ya que buscan ubicación céntrica, o cerca del Polo Educativo”, detalló.

Debido a las malas temporadas turísticas de los últimos años, Fletias destacó que muchos propietarios han optado por la seguridad que supone alquilar a estudiantes o a una persona de forma permanente, en vez de hacerlo de manera temporaria.

Un departamento de dos ambientes tiene un costo promedio de $400.000, sin contar expensas ni servicios. El requisito que se pide para ingresar a los estudiantes es contar con una garantía propietaria dentro del Departamento.

Fleitas augura que la ciudad experimentará un viraje en cuanto a la cantidad de alojamientos disponibles cerca del Polo Educativo. “La facultad no se van a ir, y todo hace que se incline para ese tipo de negocios en la zona. La gente me pregunta alquileres cerca del Polo Educativo, y no tengo. La demanda va a crecer para ese lado. Hay disponibilidad de casas antiguas que se pueden convertir en departamentos o residencias por la zona, pero esto es muy reciente”.

“Hoy en día, como los alquileres se empezaron a trabajar diferente, y hay estabilidad con la inflación, hay disponibilidad. Hay casas en alquiler y también departamentos que se han construido con el fin de alojar estudiantes. Hay personas que vieron el crecimiento de este nicho y modificaron una casona e hicieron un monoambiente. Venimos de años de que la renta era un mal negocio, y ahora no lo es”, destacó.

Por su parte, la corredora inmboliaria Liliana Schultis señaló que, en el último tiempo, la demanda estudiantil ha mutado y nota que “muchos chicos han optado por juntarse con conocidos y alquilar casas más amplias, y con eso dividir gastos”.

A su criterio, a los propietarios les conviene alquilar departamentos o casas amuebladas de marzo a diciembre y los meses de verano dedicarlos al turismo.

Esta modalidad bastante reciente, permite a los gualeguaychuenses asegurarse ingresos durante la temporada baja y al mismo tiempo, aprovechar la demanda turística de enero y febrero. Este tipo de contratos suele darse con dueños directos que a través de un “contrato de palabra” guardan el lugar a los estudiantes durante el verano y luego lo tienen disponible durante la cursada.

Lo cierto es que los estudiantes universitarios llegaron para quedarse, y eso implica una modificación en el mapa inmobiliario de la ciudad, no sólo porque compiten por alquileres con los locales, sino porque representan demandas particulares: como espacios más chicos tipo monoambientes, que son unidades habitacionales poco disponibles en la actualidad, así como lugares ubicados más cerca de la facultad, e incluso, edificios pensados específicamente para quienes vienen a estudiar, como las residencias.

Sea como sea que se desarrolle este nicho, no sólo impactará en la oferta habitacional disponible, sino que pondrá a prueba a Gualeguaychú en su potencial para convertirse en una ciudad universitaria.  

El 8 de marzo de 1976 no fue un día más para Nina Fuentes, sino un punto de inflexión que marcaría su vida para siempre. Era lunes y tenía apenas 17 años cuando abrió por primera vez la puerta de un pequeño salón en calle Gualeguay, entre Urquiza y 25 de Mayo. “Ese día di mi primera clase”, recordó en conversación con Ahora ElDía.

El instituto funcionaba en un espacio mínimo, con una vidriera a la calle y una barra que su padre le había construido. Dos sillas con escritorio completaban el mobiliario.

A nivel nacional, el país atravesaba uno de los períodos más oscuros de su historia. De hecho, Nina quería irse a estudiar Educación Física, pero sus padres no la dejaron. “Era plena dictadura y querían cuidarme”, relató. En ese contexto, se preguntó qué hacer.

Desde los ocho años, había estudiado danza. En principio para que perdiera la timidez y corrigiera su postura, sin embargo, en la joven adultez se convertiría en algo más importante. Nina reconoció que nunca pensó en la danza como su sueño, y que la idea de enseñar la disciplina era sólo por el término de un año.

La respuesta fue inmediata. “Todo el barrio vino a tomar clases”, señaló. El primer año cerró con 48 alumnos; el segundo ya eran 100.

Estuvo poco más de un año en aquel primer salón, hasta que con la ayuda nuevamente de su su padre y, quien entonces era su marido, compró una casona en calle Urquiza y Lavalle, con piso de madera de pinotea. “Los alumnos salían con los pedazos del piso en sus calzados, porque era un piso viejo”, ilustró.

Más tarde llegaría el espacio actual, construido desde cero por su papá. “Él siempre me ayudó en lo que era la infraestructura”, afirmó. Sin embargo, la mudanza no fue sencilla en lo emocional. Su padre falleció cuando el nuevo salón ya estaba listo. “Cuando lo tuve, él no estaba. Me costó mucho psicológicamente”, confesó con la voz quebrada.

En esos primeros años, cuando aún era soltera, sus padres fueron su sostén absoluto. “Fueron el pilar número uno en mi carrera. Mi mamá me llevaba la merienda al instituto, si no, seguía de largo”, confesó. Más adelante, ya consolidada, se manejó económicamente sola, pero nunca olvidó ese acompañamiento inicial.

En 1983 comenzó a viajar a Buenos Aires para perfeccionarse y durante 15 años asistió a seminarios de verano en el Teatro Colón, una experiencia que marcó su formación. “Fue donde más aprendí”, aseguró.

Ese aprendizaje no quedó solo para ella, aunque lo considera un gran logro personal, ya que le permitió trae a la ciudad a figuras de primer nivel en la danza como Maximiliano Guerra, Eleonora Casano y Rocky Pashkus, entre otros. Para Nina, fue una forma de devolverle a la comunidad todo lo que ella había recibido. “Fue muy gratificante e importante para Gualeguaychú y las ciudades de alrededor”, reconoció.

Además, en 1998 y 1999 representó a la Argentina en París como parte del equipo nacional de competición. “Eso fue lo más lejos que llegué”, afirmó. También fue jurado en Italia, España, Marruecos, Uruguay, Brasil y Paraguay.

A pesar de que se había planteado tener el instituto sólo por un año, se convirtió en una vida entera. “Empecé y me enamoré de lo que hago”, sostuvo. La danza fue su sostén en los momentos felices y también en los más duros. “He vivido, criado a mis hijos, les he podido dar estudios. Y cuando atravesé grandes tristezas, la danza fue mi refugio”, aseguró.

En cinco décadas vio cambiar generaciones. Observa que hoy muchos buscan resultados inmediatos. “Y lo que yo hago es imposible a corto plazo”, destacó. Su método requiere tiempo, constancia y disciplina. Tiene alumnos desde los tres hasta los 18 años que crecen a su lado. Más allá de los pasos y las coreografías, insistió en la formación integral: “Nos enseñaste la prolijidad, la presentación, el horario”, le repiten antiguos alumnos que hoy agradecen esas herramientas en su vida cotidiana.

Muchas de las docentes que actualmente dictan clases en Gualeguaychú se formaron en su instituto. Entre sus alumnas destaca a Elizabeth Antúnez, primera bailarina del Teatro Argentino de la Plata: “Es la que más lejos ha llegado”, resaltó con orgullo. Pero lo que más la emociona es otra cosa: “Aquellos que empezaron conmigo todavía están. Si hago un espectáculo o una clase, están al pie del cañón”.

En los últimos años también aceptó nuevos desafíos. Acompañó a su hijo Rogelio en la puesta en escena de este año de la comparsa O ‘Bahía.

“Lo único que pedí fue trabajar con mis bailarinas, que fueron 14. Lo que más me ha sorprendido es que las fotos y videos de las chicas aparecian en todos lados, es decir que gustó. La interpretación fue la más complicada, porque eran las almas muertas de las esposas del sultán, por eso no podían sonreír”, describió sobre la experiencia carnavalera.

A pesar que disfrutó su participación como coreógrafa, aseguró que no volvería a hacerlo. “Es muy cansador por las horas previas. El desfile se pasa en un suspiro, me gustó, pero no lo repetiría, quería saber si podía y pude”, afirmó fiel a su espíritu de superación.

Los 50 años de trayectoria no la encuentran detenida, sino celebrando. Este domingo realizará una misa en la Capilla de Luján a las 19.30 horas en agradecimiento, y el 11 de julio organizará en Festroom una gran fiesta del reencuentro. Allí entregará reconocimientos y premios, habrá sorpresas y, por supuesto, baile. “Vamos a divertirnos y tratar de disfrutar. Hay gente que no he visto hace muchos años, y todos me contestan con mucha felicidad”, dijo. La celebración, sin embargo, tendrá un matiz de tristeza por la reciente partida de Teresita Pighetti, quien fue su alumna desde pequeña. “Fue muy dura la noticia de su fallecimiento”, manifestó.

Nina admitió que trabaja mucho en terapia porque “no sé qué es vivir sin trabajar. Más allá de ser mi vida, la danza es mi trabajo”, reflexionó. No imagina cerrar el instituto, no sólo porque su hijo desarrolla allí su labor teatral, sino porque sostiene que es un lugar histórico. “El tiempo dispondrá de mi vida”, apuntó.

Como reconocimiento a sus cinco décadas en la danza, sus hijos le regalaron recientemente un viaje a Turquía y Dubái, y Paulo, la pareja de su hijo, entradas para ver “El Lago de los Cisnes” en el Teatro Colón.

Cada 8 de marzo es una invitación para reflexionar sobre cuáles continúan siendo los “talones de Aquiles” para erradicar de una vez por todas la violencia contra la mujer. En ese contexto, AhoraElDía dialogó en exclusiva con las fiscales de género Carolina Costa, Alejandra Montiel y Eliana Ghiglione.

Uno de los principales obstáculos que mencionaron las fiscales es la escasez de recursos humanos para abordar la magnitud de las denuncias. La fiscal Alejandra Montiel señaló que “la falta de recursos es la traba más importante que tenemos para poder cumplir la función que tenemos y para los proyectos que podamos tener para el abordaje de la problemática”.

Según explicó, actualmente son tres fiscales las que intervienen en causas de violencia de género, con equipos reducidos. “La falta de recursos humanos es fundamental. Si bien somos tres fiscales que nos desempeñamos en violencia de género, tenemos pocos empleados para desempeñar la función”, indicó.

La escasez de personal también atraviesa a otras instituciones que participan en el abordaje de estos casos. “En el Juzgado de Familia, en el Hospital y en la Policía también falta mucho personal. Más allá de la voluntad de los empleados, el recurso humano es insuficiente”, agregó Montiel.

Para la fiscal Eliana Ghiglione, el ingreso de un caso al sistema judicial suele ser el resultado de un problema mucho más amplio. “Cuando un conflicto llega a la Justicia es porque fallaron un montón de otros mecanismos”, sostuvo.

La funcionaria explicó que la violencia de género es una problemática compleja que no puede resolverse exclusivamente desde el ámbito penal. “Es una problemática multifactorial. El problema y la solución vienen de la mano de todas las instituciones que intentamos articular”, afirmó.

Desde el punto de vista judicial, la intervención se centra en investigar delitos y aplicar sanciones cuando corresponde. Sin embargo, Ghiglione reconoció que eso no siempre alcanza para modificar conductas violentas.

“Muchas veces se espera una respuesta de la Justicia que intentamos dar en el marco de nuestra competencia, pero es difícil erradicar en la persona denunciada patrones de violencia sencillamente con una condena”, explicó.

Incluso, advirtió que la reiteración de situaciones violentas es frecuente. “Una vez que obtenemos una condena, después vemos que esa misma persona está con otra causa con otra chica”, señaló.

Cuando se logra una condena, las fiscales piden que se incluyan consultas con un profesional psicológico, y la realización de cursos con perspectiva de género para el imputado.

“El taller que hace la Casa Alas ‘Voces de Cambio’ ha sido un quiebre muy bueno en estos últimos años, porque implica entender que no sólo la victima tiene que ser abordada, sino también el victimario”, resaltó Ghiglione.

“A nosotras lo que más nos importa no es la condena, sino los resultados. Si logramos abordar una persona que ha sido violenta y superar esta situación lograríamos mejores resultados en nuestras víctimas, sería lo ideal. Y ahí volvemos a caer en la falta de recursos, muchas veces acordamos reglas de conducta referentes a un turno en el Hospital, que es donde por lo general van las personas con menos recursos, y los turnos son muy lejanos porque están muy desbordados. Nosotras tenemos que actuar por una condena, pero estaría bueno que lográramos este abordaje con las personas que ejercen este tipo de violencia, para tratar de cambiar la situación a futuro”, agregó Montiel.

Las fiscales también observaron que muchas víctimas vuelven a involucrarse en relaciones violentas. Montiel explicó que estos casos son habituales y están relacionados con historias personales marcadas por la violencia.

Según describió, en muchos casos las personas crecieron en entornos donde la violencia era parte de la dinámica familiar. “En la mayoría de los casos vienen con un patrón de violencia desde la familia y lo van desarrollando a lo largo de sus vidas”, afirmó.

A esa situación se suman otros factores que profundizan la vulnerabilidad. “Muchas veces las relaciones están atravesadas por consumo problemático, falta de trabajo, dependencia emocional y económica absolutas”, explicó la fiscal.

La dependencia económica es uno de los elementos que más condiciona las decisiones de las víctimas. Ghiglione lo resumió en una frase que suele repetir en audiencias: “Cuando no podés darle de comer a tus hijos, no podés pensar en tu propia seguridad”

Ese contexto explicó por qué algunas mujeres piden levantar medidas de protección o se retractan de las denuncias. Montiel señaló que “el sostenimiento de la familia hace que pidan que se levanten las medidas y muchas veces justifican la violencia que reciben”.

Estas situaciones también dificultan las investigaciones judiciales. Sin embargo, el sistema penal permite continuar con el proceso aun cuando la víctima decida no avanzar, siempre que existan pruebas suficientes.

“Hemos ido a juicio incluso cuando la víctima no quería continuar, y hemos logrado condenas”, explicó Ghiglione. Y agregó: “Esto es posible porque la violencia de género es un problema público, entonces cuando se pone en marcha el mecanismo es decisión del Estado seguir adelante si hay elementos”.

Al respecto, Costa reflexionó: “El mundo sigue siendo machista, y sería bueno que no sólo hubiera una fiscalía de género, sino también un tribunal de género, y jueces que juzguen con perspectiva de género. Y en eso la inversión pública es muy importante, invertir en herramientas para erradicar la violencia de género, en espacios de acompañamiento psicólogos, dotar al área de Salud Mental, no solo con un consultorio, sino con un seguimiento en lo que podría ser un hospital o centro de día, entre otras herramientas que se pueden plantear”.

Otro de los desafíos es la recolección de pruebas. Montiel explicó que muchos hechos ocurren en ámbitos privados. “Son los llamados delitos de alcoba, que ocurren en la intimidad de la casa”, detalló.

En esos casos, las fiscalías recurren a otras herramientas de investigación. “Hacemos pericias e intentamos buscar testimonios de amigas, familiares o vecinos que hayan escuchado algo”, indicó.

También recordó que la mayoría de las denuncias se realizan después de años de violencia.

Las fiscales aclararon que no todas las situaciones de violencia constituyen delitos penales. Ghiglione explicó que para que intervenga la Justicia debe existir una conducta prevista en el Código Penal. “Para que haya un juicio tiene que haber un delito”, afirmó.

Entre los más frecuentes aparecen amenazas, lesiones, daños materiales, violación de domicilio, hurtos o abusos. También es habitual el delito de desobediencia judicial.

“Cuando pedimos una medida como una perimetral o una exclusión y el agresor la viola, ahí tenemos el delito de desobediencia judicial”, explicó.

Para la fiscal Carolina Costa, este tipo de conductas son especialmente graves. “El victimario demuestra que nada lo frena, ni siquiera la medida de un juez”, señaló.

En la mayoría de los casos, el detonador de la violencia suelen ser los celos. Además, el consumo de alcohol y drogas aparece como un factor recurrente en las denuncias. Costa remarcó que “el componente de la droga y el alcohol es tremendo”, mientras que Ghiglione agregó que “es muy común que una víctima diga que su pareja empezó a tomar y ese fue el disparador de la situación más álgida”.

Montiel también señaló que el consumo no sólo atraviesa a los agresores. “Las víctimas también están atravesadas por el consumo y eso potencia cualquier peligro”, advirtió.

La responsable del Área de Género municipal y del dispositivo de protección Alas Desatadas, Claudia Fiorotto, coincidió en que el consumo problemático se volvió cada vez más frecuente en las situaciones de violencia.

“Que una persona consuma no necesariamente quiere decir que sea violenta, pero una persona que es violenta y está en consumo lo potencia”, destacó.

Según detalló, en los últimos años el fenómeno se profundizó. “Cuando empecé a trabajar con esta problemática, hace unos diez años, uno o dos de cada diez casos involucraban al consumo. Hoy son once de diez porque hasta los hijos están en consumo”, afirmó.

En muchos casos, las mujeres que denuncian no pueden volver a su casa. Para esas situaciones funciona el dispositivo municipal Alas Desatadas.

La fiscal Carolina Costa destacó su importancia, ya que no existe en todas las localidades. “Hoy sabemos que algunas mujeres no pueden volver a su domicilio, y hasta que no llegan al dispositivo no nos quedamos tranquilas”, señaló.

El espacio ofrece alojamiento temporal, acompañamiento psicológico y talleres con salida laboral. Según Fiorotto, el objetivo es promover la independencia económica de las mujeres.

“Nuestro lema es que volver con el violento no es una opción, y para que eso ocurra tenemos que mostrar otro camino: el de la autosustentabilidad”, explicó.

Desde 2024 hasta la actualidad, el área registró 342 atenciones, y en lo que va del año recibió 28 oficios judiciales, dos derivaciones del Hospital Centenario y realizó nueve entrevistas en estos dos meses.

Para Fiorotto, uno de los mayores desafíos sigue siendo cultural. Muchas situaciones de violencia comienzan con conductas que la sociedad tiende a minimizar.

“Estamos tan acostumbrados a normalizar las microviolencias que cuando llegamos a la macroviolencia todos nos asustamos”, sostuvo.

La referente también destacó que la violencia atraviesa todas las clases sociales. “En las clases altas los muros son gruesos y los gritos no se escuchan; en las clases bajas los muros son finos y se escucha todo”, graficó.

Es por esto que el lunes 9 de marzo realizarán una jornada de reflexión y concientización en el Centro Cultural “Luis María Lujan” a las 17.30 horas.

Las fiscales coincidieron en que la respuesta judicial es sólo una parte del problema. Para Ghiglione, el trabajo preventivo es clave.

“Tiene que haber políticas públicas que empiecen desde las infancias. Por eso es tan importante la educación sexual integral”, señaló.

También destacaron el rol de la comunidad. Hoy la ley permite que vecinos o terceros denuncien situaciones de violencia. “Tenemos muchos vecinos que denuncian lo que pasa al lado de su casa”, explicó Ghiglione.

Mientras tanto, las denuncias continúan creciendo. “En sólo dos semanas de febrero hicimos 30 aperturas de legajos”, contó la fiscal.

Para Montiel, ese número refleja la dimensión del problema. “El nivel de violencia que hay es mucho. Aun con todos los avances, sigue siendo enorme el trabajo que tenemos por delante”, concluyó.

Por su parte, Ghiglione remarcó que “la Educación Sexual Integral es fundamental para erradicar los patrones de violencia porque involucra trabajar las infancias. Es importante entender que sin un Estado presente que aborde la temática en toda su amplitud y que empieza siempre desde las infancias, es imposible terminar con este problema”.

A su vez, Costa hizo hincapié en la necesidad de que haya un espacio de asistencia a la víctima, porque cuando el denunciado es excluido a la mujer le quedan otros temas pendientes, como la cuota alimentaria, el régimen de visita si tiene hijos, entre otros aspectos.

“Nosotros la podemos asesorar, pero es tanta la información que recibe cuando vienen a hacer una denuncia, que estaría bueno que exista un espacio donde se le ayude a transitar esas otras situaciones que tiene, a dónde ir, cómo hacerlo, debería estar mucho más aceitado ese mecanismo”, resaltó.

La circulación de imágenes que mostrarían una situación de crueldad hacia animales derivó en un procedimiento judicial que volvió a poner bajo la lupa una problemática que, según referentes del sector, no es aislada. Más allá del caso puntual, organizaciones y autoridades coinciden en que la falta de denuncias formales, la sobrepoblación y las limitaciones en la implementación de políticas públicas configuran un escenario que exige respuestas sostenidas y articuladas.

El fiscal Lucas Pascual explicó que la actuación se inició de oficio tras la circulación de un video en redes sociales y luego se amplió con una denuncia por presunta infracción a la Ley 14.346, que sanciona el maltrato y los actos de crueldad contra los animales. “Se inicia de oficio con un informe por la circulación de un video y luego se amplió con la formulación de una denuncia”, detalló.

Con el material fílmico como prueba inicial, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento y el secuestro de tres perros. El procedimiento se realizó con intervención policial y acompañamiento de la Veterinaria Municipal para constatar el estado sanitario de los animales. “La medida se solicita para sacar los animales del lugar donde son maltratados”, indicó el funcionario, quien confirmó que el presunto responsable será formalmente imputado.

Pascual subrayó que en toda denuncia es indispensable contar con un informe veterinario que acredite el maltrato. En este caso, destacó que no es habitual disponer de un video tan directo, lo que permitió avanzar con mayor rapidez. En lo que va del año se registraron tres denuncias formales por maltrato animal en la ciudad. “Hoy las redes son las que reflejan en mayor medida la problemática. Las personas por temor, o por alguna otra razón, no se animan a denunciar”, señaló.

Tras el secuestro, los perros fueron entregados en guarda provisoria a personas que se ofrecieron voluntariamente, ya que el Poder Judicial no cuenta con instalaciones propias para su alojamiento. Vecinos y proteccionistas impulsan colectas para afrontar los gastos de atención y manutención.

Además, durante este fin de semana, se realizó un nuevo allanamiento en el lugar de los hechos que concluyó con el secuestro de ovejas, un chancho y equinos. Los animales fueron entregados provisoriamente a una persona que ofreció hacerse cargo de ellos, confirmó el fiscal de la causa.

Desde la ONG Provoin expresaron que la sucesión de hechos recientes evidencia una situación que consideran “profunda y urgente”. A través de un comunicado difundido en redes sociales, señalaron: “Es incomprensible que, frente a los testimonios incorporados en la denuncia, el individuo señalado no haya sido trasladado a una comisaría ni puesto formalmente a disposición de la Ley 14.346. No se trata solo de retirar animales: el maltrato animal es un delito penal y cuando no se actúa con la contundencia que la ley prevé, el mensaje social que se transmite es de impunidad”.

La organización también informó que, en el transcurso de 24 horas, se registró otro hecho de extrema crueldad: el abandono de 15 cachorros recién nacidos dentro de una caja. Indicaron que el abandono también constituye una forma de maltrato, especialmente cuando se trata de “animales sin posibilidad de sobrevivir por sus propios medios”.

Para Provoin, estos episodios no pueden analizarse de manera aislada. Consideran que la sobrepoblación de perros y gatos es una causa estructural que alimenta la negligencia, el abandono y distintas formas de violencia. En el comunicado expresaron el desgaste que implica sostener rescates, acompañar expedientes y denunciar situaciones que, a su entender, muchas veces no obtienen resultados satisfactorios.

“El Programa de Equilibrio Poblacional lo que permite es que desaparezcan los casos de maltrato, porque va de la mano de la educación. Si hay animales naciendo, en un marco de sobrepoblación, cualquiera agarra un animal que está en la calle. Sin embargo, al haber control poblacional cambia. En el municipio de Funes había lista de espera para adopción, entonces, al no haber cachorros, la gente empieza a adoptar animales más grandes, más viejos. Además, el proteccionismo que se dedica a este tipo de cuestiones, si aparece un caso se puede volcar a solucionarlo, puede elegir a quién darle el animal y a quién no. Es la solución a todos los males que tenemos que involucran a los animales. En los lugares donde se implementó, luego salió la ordenanza de tracción a sangre y de jineteadas, porque la sociedad va pidiendo otras cosas. En Gualeguaychú no están haciendo el programa de Equilibrio Poblacional, están haciendo un programa de castraciones”, mencionaron a Ahora ElDía.

En este sentido, las proteccionistas pidieron “el cumplimiento efectivo de la ordenanza, la implementación sostenida del programa, la aplicación rigurosa de la Ley 14.346 y el seguimiento estatal de los animales que aún permanecerían en el domicilio denunciado”. También afirmaron que la violencia hacia los animales no debe naturalizarse ni relativizarse y que actuar con firmeza constituye, a su criterio, una obligación ética y legal.

Por su parte, la subsecretaria de Ambiente, Ivana Zecca, área de la que depende la Veterinaria Municipal, afirmó que el maltrato animal es un delito tipificado por la ley nacional y que la competencia primaria es judicial. Señaló que el Municipio no posee facultades penales para intervenir directamente, aunque sí acompaña y articula con la Policía y la Fiscalía cuando se realizan denuncias: “Desde el Municipio promovemos el bienestar animal, pero también pedimos responsabilidad ciudadana. Denunciar por los canales correspondientes es la única forma de que la Justicia pueda actuar. Sin denuncias, no existe el maltrato. Y muchas veces las personas creen que con publicar en redes sociales basta, pero realmente se precisa de una denuncia formal”. Y agregó: “Cuando la Fiscalía solicita nuestra colaboración, intervenimos de manera inmediata en todo lo que esté a nuestro alcance técnico y sanitario. Acompañamos los procedimientos, brindamos asistencia veterinaria, evaluamos el estado del animal y, si corresponde, nos hacemos cargo de su resguardo y cuidado”.

El marco legal que protege a los animales

La Ley 14.346 establece penas de prisión para quienes inflijan malos tratos o actos de crueldad a los animales, incluyendo castigos físicos, abandono en condiciones que pongan en riesgo su vida y otras conductas tipificadas.

En Entre Rios, el Ministerio Público Fiscal cuenta con un protocolo de actuación que se alinea con la normativa nacional y fija pautas para la recepción de denuncias, la recolección de pruebas, entre ellas los informes veterinarios, y la adopción de medidas urgentes como allanamientos y secuestro de animales cuando existan elementos que acrediten la posible comisión del delito.

En el marco de una investigación iniciada de oficio, la Fiscalía de Gualeguaychú intervino ante la presunta situación de maltrato animal que se conoció públicamente a través de la circulación de un video en redes sociales.

El fiscal Lucas Pascual explicó que la actuación judicial comenzó a partir de un informe que daba cuenta de las imágenes difundidas y que luego se amplió con la formulación de una denuncia formal por una posible infracción a la Ley 14.346, normativa que sanciona el maltrato y los actos de crueldad contra los animales.

“Se inicia de oficio con un informe por la circulación de un video y luego se amplía con la formulación de una denuncia que daba cuenta de una infracción a la ley 14.346”, detalló el funcionario judicial.

A partir de estos elementos, y con el material fílmico como prueba inicial, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento y el secuestro de tres canes que serían víctimas de maltrato. El procedimiento se llevó adelante con intervención de personal policial y de la Veterinaria Municipal, a fin de garantizar el resguardo sanitario de los animales y constatar su estado de salud.

El encuadre legal de la causa es la presunta infracción a la Ley 14.346. Según indicó Pascual, la prioridad fue retirar a los animales del lugar donde se encontraban, ante la sospecha de que allí eran maltratados. “La medida se solicita igual, es decir sacar los animales del lugar donde son maltratados”, remarcó.

En paralelo, el fiscal confirmó que el presunto responsable será formalmente imputado. “Se lo hace designar abogado defensor, que seguramente sea público, y se lo va a imputar por el delito de maltrato animal”, indicó, en referencia a la infracción prevista en la Ley 14.346.

Pascual también consideró importante aclarar cómo se avanza habitualmente en este tipo de casos. “Lo importante para dejar en claro es que en toda denuncia luego tenemos que contar con un informe de veterinario que acredite el maltrato del animal”, explicó. En este sentido, señaló que no es frecuente contar con evidencia audiovisual tan directa: “No es común que haya un video como en este caso, donde se pudo avanzar antes por contar con esa evidencia”.

Una vez concretado el secuestro, surgió la necesidad de encontrar un espacio adecuado para el cuidado de los perros. El fiscal aclaró que la Justicia no dispone de instalaciones propias para alojar animales rescatados, por lo que se coordinó su entrega en tránsito a personas que voluntariamente se ofrecieron a recibirlos.

“Hubo personas que se ofrecieron a recibirlos y así se coordinó. Nosotros los entregamos a quien se presentó a la Policía ofreciendo la guarda”, señaló. Además, destacó que vecinos y proteccionistas están realizando colectas para colaborar con los gastos que demande la atención y manutención de los canes, ya que el sostenimiento no corre por cuenta del Poder Judicial.

A semanas del inicio del ciclo lectivo, las vidrieras comienzan a poblarse de guardapolvos, chombas y conjuntos deportivos. El regreso a clases no solo marca el fin de las vacaciones: también implica un desembolso significativo para las familias, especialmente en lo que respecta a los uniformes escolares. Este año, según comerciantes del rubro, los precios registran un incremento interanual que ronda entre el 30 y el 35 por ciento.

Así lo aseguró Silvia Moussou la dueña de un tradicional local de indumentaria escolar, con más de cuatro décadas de trayectoria del centro de la ciudad. “Más o menos, el costo anual que tenemos es del 30 y hasta 35 por ciento”, señaló. La suba impacta en todos los niveles, aunque el monto final varía según el tipo de institución y la cantidad de prendas exigidas.

Vestir a un alumno desde cero puede costar, en promedio, entre 75.000 y 150.000 pesos, sin incluir el calzado. En los colegios con uniformes más sencillos, remera institucional, short, conjunto deportivo y media,  el gasto para un talle medio, se ubica entre los 75.000 y 80.000 pesos. En cambio, en establecimientos que exigen camisa, chomba, corbata, pantalón o pollera de vestir y prendas de abrigo específicas, el monto puede ascender a unos 150.000 pesos para completar el equipo básico.

En esta línea, desde una casa de indumentaria escolar de la zona norte, manifestaron que “los uniformes completos de verano rondan los 70.000 mil pesos y los de invierno superan los 100.000 mil pesos. En tanto, los guardapolvos promedian los 30.000 mil o 25.000 mil pesos, si son talles chicos”.

Sin embargo, no todas las familias realizan el gasto de una sola vez. “No todo empieza en marzo”, señaló Moussou, quien indicó que hay padres que comienzan a comprar a partir de diciembre.

Además, destacó que muchas instituciones entregan una lista completa de la indumentaria, pero permiten que ciertas prendas, como suéteres o pantalones largos, se incorporen más adelante, cuando bajan las temperaturas. “El chico arranca con lo de verano y después los papás siguen comprando en marzo o incluso en abril”, detalló.

Compras escalonadas y el impacto del Carnaval

El comportamiento de los consumidores se mantiene estable respecto de años anteriores, aunque el movimiento todavía es moderado. “Viene un poco más tranquilo que otros años, pero la venta más grande es la última semana”, afirmó Moussou. La experiencia le indica que el pico se concentra en los días previos al inicio de clases, cuando las familias prueban la ropa, confirman talles y completan lo que falta.

Hay quienes comienzan a organizarse desde diciembre, sobre todo familias con varios hijos. Otras optan por una estrategia más gradual: compran una prenda por semana o reponen únicamente lo indispensable. “Hay gente que viene y compra una sola prenda, porque le hace falta esa prenda y nada más. Y hay otros que, si pueden, compran todo junto. Siempre fue igual”, aseguró.

En este sentido, la comerciante aportó un dato de color y por eso no menos relevante: los lunes a la mañana suelen llegar a comprar las personas que trabajan en el Carnaval.

“Me refiero a los que venden las vinchas, las espumas, los que hacen de mozos, no quienes hacen fortuna, sino los laburantes. Ni bien tienen esa plata, se acercan y compran de forma semanal una chomba, después unas medias, a la próxima semana un pantalón. Me dicen: ‘Vengo a comprar ahora, así no gasto la plata en otra cosa’”, relató y destacó el impacto económico que tiene el turismo en la ciudad.

“Es muy importante que como gualeguaychuenses cuidemos esta fiesta, porque nos beneficia a todos. Gracias a que estas personas hacen una diferencia en el Carnaval, pueden venir a comprarles de a poco el uniforme a sus hijos. Esto mismo, también me lo comentó la dueña de una librería, que los lunes a la mañana recibe la compra de muchos trabajadores del Carnaval. Ojalá nunca se termine, porque es muy importante para todos, incluso para mí rubro que a primera vista no tendría ninguna relación directa con el espectáculo”, reforzó.

La moda también entra al aula

Por otra parte, la posibilidad de estirar el uso también entra en juego, aunque no siempre depende de los padres. Si bien tradicionalmente los adultos buscaban talles más grandes para que la ropa durara más tiempo, hoy los chicos —especialmente en el nivel secundario— tienen mayor influencia en la elección. “No te olvides que ahora mandan mucho los chicos. Se tienen que sentir cómodos”, comentó la comerciante.

Las tendencias atraviesan el uniforme: los buzos pueden usarse más holgados, pero las chombas y camisas suelen preferirse más ajustadas. “En secundaria la llevan justa, aunque les quede corta, porque es moda”, explicó. En los niveles inicial y primario, en cambio, los padres conservan mayor decisión sobre los talles y priorizan la durabilidad.

En la ciudad no todos los colegios modifican sus uniformes con frecuencia. Según la vendedora, los cambios suelen darse en instituciones vinculadas a clubes, aunque no es una regla general. Algunos establecimientos gestionan directamente la venta de su indumentaria, mientras que otros trabajan con distintos comercios sin exclusividad.

“Yo no tengo exclusividad con ningún colegio”, aclaró. Su compromiso pasa por garantizar stock cuando acuerda trabajar con determinada institución, pero las familias son libres de elegir dónde comprar.

Producción nacional y ofertas

En medio del debate por la apertura de importaciones y el impacto en la industria textil, la venta de uniformes no se vería involucrada. Las prendas institucionales, con logos, recortes o colores específicos, difícilmente puedan reemplazarse por productos genéricos del exterior. “Una chomba con detalle o un buzo con logo es imposible comprarlo hecho afuera”, sostiene. Solo en el caso de las camisas blancas podría existir mayor competencia, aunque los tiempos de entrega y la necesidad de reposición rápida juegan a favor de la producción argentina.

Para aliviar el bolsillo, los comercios apelan a promociones y ofertas limitadas. “Dentro de la buena calidad que trabajo, trato de tener ofertas y publicarlas”, explica. La disponibilidad depende de lo que envían los proveedores, por lo que suelen ser partidas acotadas, pero aseguró que “eso ayuda mucho a la gente”.

A pesar de que la máxima deportista de la ciudad es Antonella Ruiz Díaz, doble medallista paralímpica, el deporte adaptado en Gualeguaychú todavía es incipiente y presenta sus desafíos para seguir siendo semillero.

En 2017, Gustavo Taboada fue convocado por Centro de Educación Física Nº 6 (CEF), dependiente del Consejo General de Educación, para iniciar el Deporte Adaptado en la ciudad.

A partir de ese año, comenzó a desarrollar el atletismo y el fútbol adaptado. Y en 2019, Gustavo, Cintia y otros colaboradores formaron la ONG Ateneo Inclusión, a partir de la cual brindan natación en dos categorías: recreativa y competitiva. En esta última es en la que se desarrollan Amparo Pérez Núñez y Estefanía Chávez Ocampo, quienes, en 2025, consiguieron seis medallas para la delegación de Entre Ríos en los Juegos Evita de Mar del Plata.

“Tenemos un semillero grande en Natación Adaptada. Hace poco más de una semana, estuvimos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) y seguimos aprendiendo para traer herramientas a la ciudad”, expresó Gustavo Taboada en diálogo con AhoraElDía.

Tanto Amparo como Estefanía entrenan desde los seis años, lo que les ha dado continuidad para desarrollar su potencial en la disciplina y encaminarse en el deporte competitivo. Estefanía cuenta con una beca de la ONG, mientras que la familia de Amparo decidió ceder la de su hija para que otro nadador tenga la oportunidad de practicar el deporte.

Su entrenadora Cintia Almaraz contó cómo es la preparación de las atletas: “Tratamos de llegar a los mismos objetivos que los deportistas convencionales, las técnicas son las mismas, las pruebas prácticamente las mismas y trabajamos mucho sobre las fortalezas de cada atleta. En el caso de Estefanía, que tiene discapacidad visual, trabajamos mucho desde la propia propiocepción, es decir con el conocimiento del cuerpo, entonces es un trabajo mucho más fino, ya que tenemos que estar al lado de ella para explicarle. Mucho trabajo se realiza afuera de la pileta y luego, todo lo que aprendimos se traslada al agua. La base para ambas o para todo atleta es el conocimiento del cuerpo y lo que tiene de fortaleza. Ambas tienen esto súper claro”.

“La idea con ambas es que podamos participar de las concentraciones que se hacen durante el año desde el Comité Paralímpico. Y, en base a eso, que las diferentes Federaciones puedan captar a las atletas para hacer un trabajo específicamente la federación que corresponda a su discapacidad”, describió.

Hasta el momento, “Amparo es la que ya ha tenido experiencia en campus y en Open, que son los encuentros que realizan para las personas con discapacidad, en donde también se toman marcas oficiales, incluso los juegos Evita suelen utilizarse esas marcas para dar el inicio que un atleta pueda ser parte de la Selección Argentina”.

Los desafíos del deporte adaptado en clave local

Amparo y Estefanía son sólo dos jóvenes que practican deporte adaptado en la ciudad, pero no son las únicas. Taboada señaló que son 95 los chicos y chicas con discapacidad practican deportes en la ONG, el CEF Nº6 y Juventud Unida, pero podrían ser muchos más. El principal desafío en la actualidad, es el transporte. 

“La única barrera que tenemos es la accesibilidad, no la rampa, sino el traslado de chicos que no pueden acercarse a los lugares de práctica, y son el futuro de las próximas medallas. Para masificar el Deporte Adaptado en la ciudad es necesario que solucionemos esta pata. A los chicos algunas veces lo vamos a buscar con nuestro vehículo para los entrenamientos, pero no podemos hacer eso con todos, todo el tiempo”, reconoció el profesor.

La mayoría de las familias no tienen un vehículo para llevar a sus hijos a los entrenamientos, varios viven en barrios muy alejados y un gran número no tiene dinero suficiente para pagar un remise para hacer deporte, rara vez es una opción.

“A nuestra población le pasan otras cosas, se les rompen los bastones, las sillas de ruedas, no comen las cuatro comidas. Hay un buen programa de becas, pero no siempre son destinadas a traslado, porque tienen otras necesidades que cubrir”, señaló Taboada.

En este sentido, manifestó que es importante que se lleven a cabo políticas públicas que permitan potenciar y sostener el semillero de deportista con discapacidad de la ciudad.

“El desarrollo del deporte adaptado, sin un programa firme, depende mucho de la voluntad de los docentes. Es un trabajo incansable y gratificante. Lo que más nos falta en este momento, es ayuda con el traslado”, enfatizó.

Más que deporte

Más allá de la importancia de practicar un deporte en sí, el Deporte Adaptado es una oportunidad para que los jóvenes ganen autonomía.

En el trabajo de investigación que Taboada realizó en el marco  del Magíster en Políticas y Gestión de la Discapacidad e Inclusión Social, dio cuenta del impacto social que tiene en adolescentes con Asperger.

En sus conclusiones, el docente resaltó que el acceso al deporte, permite a estos chicos el desarrollo de la autoestima, comunicación, habilidades motrices y algunos aspectos sociales. La posibilidad de participar en competencias, no sólo le permite a los adolescentes con esta u otra discapacidad, practicar un deporte, sino responsabilizarse de sus pertenencias, cumplir un horario, viajar sin la familia. Lo cual fortalece la autonomía y la capacidad de desarrollar una vida más independiente.

“Su forma de vincularse se ve engrandecida, para los chicos esto es muy importante”, destacó el profesional.

Por otro lado, Eduardo Barreto, responsable de Deporte Adaptado Municipal, adelantó que este año se van a crear diferentes espacios para personas con discapacidad motora e intelectual en el Polideportivo Norte.

En el Taller de Deporte Motor, se van a poder practicar disciplinas como el futbol, vóley, ping pong en silla de ruedas, boccia y básquet. Además, de acuerdo a los intereses de quienes acudan, se desarrollarán otras disciplinas.

“También estamos en tratativas si podemos generar un espacio de natación, para que los chicos con discapacidad puedan asistir, aprender y hacer rehabilitación. La idea es brindar el espacio para que todo niño pueda asistir”, remarcó.

A semanas del inicio del ciclo lectivo, las vidrieras comienzan a poblarse de guardapolvos, chombas y conjuntos deportivos. El regreso a clases no solo marca el fin de las vacaciones: también implica un desembolso significativo para las familias, especialmente en lo que respecta a los uniformes escolares. Este año, según comerciantes del rubro, los precios registran un incremento interanual que ronda entre el 30 y el 35 por ciento.

Así lo aseguró Silvia Moussou la dueña de un tradicional local de indumentaria escolar, con más de cuatro décadas de trayectoria del centro de la ciudad. “Más o menos, el costo anual que tenemos es del 30 y hasta 35 por ciento”, señaló. La suba impacta en todos los niveles, aunque el monto final varía según el tipo de institución y la cantidad de prendas exigidas.

Vestir a un alumno desde cero puede costar, en promedio, entre 75.000 y 150.000 pesos, sin incluir el calzado. En los colegios con uniformes más sencillos, remera institucional, short, conjunto deportivo y media,  el gasto para un talle medio, se ubica entre los 75.000 y 80.000 pesos. En cambio, en establecimientos que exigen camisa, chomba, corbata, pantalón o pollera de vestir y prendas de abrigo específicas, el monto puede ascender a unos 150.000 pesos para completar el equipo básico.

En esta línea, desde una casa de indumentaria escolar de la zona norte, manifestaron que “los uniformes completos de verano rondan los 70.000 mil pesos y los de invierno superan los 100.000 mil pesos. En tanto, los guardapolvos promedian los 30.000 mil o 25.000 mil pesos, si son talles chicos”.

Sin embargo, no todas las familias realizan el gasto de una sola vez. “No todo empieza en marzo”, señaló Moussou, quien indicó que hay padres que comienzan a comprar a partir de diciembre.

Además, destacó que muchas instituciones entregan una lista completa de la indumentaria, pero permiten que ciertas prendas, como suéteres o pantalones largos, se incorporen más adelante, cuando bajan las temperaturas. “El chico arranca con lo de verano y después los papás siguen comprando en marzo o incluso en abril”, detalló.

Compras escalonadas y el impacto del Carnaval

El comportamiento de los consumidores se mantiene estable respecto de años anteriores, aunque el movimiento todavía es moderado. “Viene un poco más tranquilo que otros años, pero la venta más grande es la última semana”, afirmó Moussou. La experiencia le indica que el pico se concentra en los días previos al inicio de clases, cuando las familias prueban la ropa, confirman talles y completan lo que falta.

Hay quienes comienzan a organizarse desde diciembre, sobre todo familias con varios hijos. Otras optan por una estrategia más gradual: compran una prenda por semana o reponen únicamente lo indispensable. “Hay gente que viene y compra una sola prenda, porque le hace falta esa prenda y nada más. Y hay otros que, si pueden, compran todo junto. Siempre fue igual”, aseguró.

En este sentido, la comerciante aportó un dato de color y por eso no menos relevante: los lunes a la mañana suelen llegar a comprar las personas que trabajan en el Carnaval.

“Me refiero a los que venden las vinchas, las espumas, los que hacen de mozos, no quienes hacen fortuna, sino los laburantes. Ni bien tienen esa plata, se acercan y compran de forma semanal una chomba, después unas medias, a la próxima semana un pantalón. Me dicen: ‘Vengo a comprar ahora, así no gasto la plata en otra cosa’”, relató y destacó el impacto económico que tiene el turismo en la ciudad.

“Es muy importante que como gualeguaychuenses cuidemos esta fiesta, porque nos beneficia a todos. Gracias a que estas personas hacen una diferencia en el Carnaval, pueden venir a comprarles de a poco el uniforme a sus hijos. Esto mismo, también me lo comentó la dueña de una librería, que los lunes a la mañana recibe la compra de muchos trabajadores del Carnaval. Ojalá nunca se termine, porque es muy importante para todos, incluso para mí rubro que a primera vista no tendría ninguna relación directa con el espectáculo”, reforzó.

La moda también entra al aula

Por otra parte, la posibilidad de estirar el uso también entra en juego, aunque no siempre depende de los padres. Si bien tradicionalmente los adultos buscaban talles más grandes para que la ropa durara más tiempo, hoy los chicos —especialmente en el nivel secundario— tienen mayor influencia en la elección. “No te olvides que ahora mandan mucho los chicos. Se tienen que sentir cómodos”, comentó la comerciante.

Las tendencias atraviesan el uniforme: los buzos pueden usarse más holgados, pero las chombas y camisas suelen preferirse más ajustadas. “En secundaria la llevan justa, aunque les quede corta, porque es moda”, explicó. En los niveles inicial y primario, en cambio, los padres conservan mayor decisión sobre los talles y priorizan la durabilidad.

En la ciudad no todos los colegios modifican sus uniformes con frecuencia. Según la vendedora, los cambios suelen darse en instituciones vinculadas a clubes, aunque no es una regla general. Algunos establecimientos gestionan directamente la venta de su indumentaria, mientras que otros trabajan con distintos comercios sin exclusividad.

“Yo no tengo exclusividad con ningún colegio”, aclaró. Su compromiso pasa por garantizar stock cuando acuerda trabajar con determinada institución, pero las familias son libres de elegir dónde comprar.

Producción nacional y ofertas

En medio del debate por la apertura de importaciones y el impacto en la industria textil, la venta de uniformes no se vería involucrada. Las prendas institucionales, con logos, recortes o colores específicos, difícilmente puedan reemplazarse por productos genéricos del exterior. “Una chomba con detalle o un buzo con logo es imposible comprarlo hecho afuera”, sostiene. Solo en el caso de las camisas blancas podría existir mayor competencia, aunque los tiempos de entrega y la necesidad de reposición rápida juegan a favor de la producción argentina.

Para aliviar el bolsillo, los comercios apelan a promociones y ofertas limitadas. “Dentro de la buena calidad que trabajo, trato de tener ofertas y publicarlas”, explica. La disponibilidad depende de lo que envían los proveedores, por lo que suelen ser partidas acotadas, pero aseguró que “eso ayuda mucho a la gente".

A pesar de que los tiempos cambiaron, sigue siendo difícil identificar a las mujeres que contribuyeron con sus aportes al desarrollo de la ciencia. En un primer intento, el nombre natural que aparece es el de Madame Curie, pionera en el campo de la radiactividad. Pero si lo pensamos en términos locales, la tarea se vuelve un tanto difícil.

Sin embargo, con la ayuda de historiadores locales y algunos libros, es posible conocer a grandes mujeres en el campo de la ciencia, y que de alguna forma u otra guardan relación con nuestra ciudad.

Una de ellas es Helena Larroque de Roffo, nacida en Concepción del Uruguay, cuyo nombre asigna a una de las calles que pasa cerca del Hospital Centenario. Gualeguaychú, es una de las pocas ciudades que rinde honor a la célebre científica reconocida principalmente por haber fundado la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer. En 1904 fue admitida en la Facultad de Medicina, aunque no tuvo la oportunidad de graduarse debido a una enfermedad.

En 1919, junto con su esposo, decidió trasladarse a Europa para continuar con su formación. Allí tuvieron la oportunidad de trabajar con la renombrada científica Marie Curie, cuyo nombre designa a la calle contigua a la de Roffo en nuestra ciudad.

De acuerdo a investigaciones de María de las Mercedes Chaparro de Sameghini, la primera gualeguaychuense que se recibió de médica en Gualeguaychú fue María Teresa Quaranta, quien ingresó a la Universidad en 1920 y Dora Avigliani, fue la primera cirujana dentista.

Por otro lado, un nombre que resuena, aunque a primera vista sólo aparece ligado a la creación del Instituto Superior de Formación Docente, es el de María Inés Elizalde.

En el libro “Mujeres de Gualeguaychú”, Silvia Goyburu relata que María Inés Elizalde realizó el Perfeccionamiento en Taxidermia en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, donde luego envió muestras de fauna ictícuola (conjunto de especies de la región) como parte de un trabajo que realizó. Además, equipó con recursos propios “una magnífica sala de Ciencias Naturales en la Escuela Normal”.

Como si fuera poco, en 1972, gestionó la creación del Profesorado de Física y Química, y al cabo de un año logró su creación, siendo el primero en su especialidad en el país. Con todas estas acciones, “Inesita”, cómo la llamaban cariñosamente, sembró una semilla muy importante para promover el interés científico de su alumnado y el de generaciones futuras.

La autora describió que tras “una vida intensamente dedicada a la profesión, la ciencia y la educación”, cerró sus ojos el 30 de octubre de 1988, y con ello “dejó un enorme vacío en las ciencias de nuestra ciudad”.

El mismo año que Elizalde logró la creación del Profesorado de Física y Química, desembarcó en la ciudad la primera bioquímica que tuvo Gualeguaychú: Silvia Blanco.

En diálogo con Ahora ElDía Blanco contó que nació en Lucas González, Nogoyá, y que en 1968 comenzó a estudiar Bioquímica en Córdoba. Tras finalizar sus estudios, se casó con su esposo, también bioquímico, y se mudaron a Gualeguaychú en 1973, de donde era oriunda su mamá.

“En ese momento había pocos bioquímicos en la ciudad”, relató Silvia Blanco, quien montó un laboratorio privado junto con su marido.

Casi inmediatamente se incorporó a trabajar en la recién creada Facultad de Bromatología. “Trabajé en la universidad 40 años, daba clases tanto en la carrera de Bromatología como en la de Nutrición. Hicimos varios proyectos de investigación en laboratorio, pero sobre todo me dediqué mucho más a lo social. Con un grupo de colegas realizamos investigamos sobre el cosmopolitismo alimentario argentino, es decir la herencia alimentaria que tenemos como país”, precisó.

Además, también cursó una maestría en Biología Molecular en la Universidad Nacional de San Martín y en INTA de Castelar.

La Facultad de Bromatología fue un gran escenario para que las mujeres de la ciudad, y de alrededores, pudieran adentrarse en el mundo de la Ciencia. Es así que, según los antecedentes disponibles en su base de datos, los primeros registros de mujeres realizando investigación científica dentro de la institución datan de 1992.

Entre ellas se destacan: Sekaf, Liliana Mabel con su glosario inglés-castellano de términos de interés bromatológico; Baldi Coronel, Berta Mabel con estudio de productos regionales como la miel; Lound, Liliana Haydée con sus investigaciones en el Área de Microbiología; y Taus Rosalba con análisis de procesos biológicos, entre ellos la parasitología en la salud humana y animal.

“Estos aportes marcaron un punto de partida fundamental para la participación activa de las mujeres en la ciencia dentro de la institución”, valoraron desde la Facultad.

Las científicas gualeguaychuenses en la actualidad

Hoy en día, la Facultad de Bromatología cuenta con más de 80 mujeres liderando y participando en proyectos de investigación, muchas de ellas como directoras de laboratorios y grupos de trabajo consolidados.

Entre las principales líneas de investigación a cargo de mujeres se encuentran: la investigación sobre yatay y carne de pollo, dirigida por Natalia Sosa; Estudios sobre nuez pecán y embutidos a cargo de Virginia Larrosa;  Investigaciones sobre yerba mate y enfermedad de Parkinson con Irene Taravini al frente del equipo; investigación y desarrollo en Microbiología dirigido por Mercedes Piaggio;  Investigación en frutos autóctonos y miel por Verónica Busch; Diseño y formulación de panificados e ingredientes funcionales orientados a grupos poblacionales con necesidades nutricionales específicas, a cargo de Carolina Genevoise; e Innovación Alimentaria a cargo de Beatriz Gómez.

Además, la Facultad cuenta con un instituto de doble dependencia, el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos (Ictaer), que funciona bajo la órbita conjunta de la Uner y el Conicet. El Instituto se destaca no solo por su producción científica y su impacto regional, sino también por estar liderado por mujeres, consolidando el rol protagónico femenino en la conducción de la ciencia, la generación de conocimiento y la formación de recursos humanos en el área de los alimentos.

Frente a la casa de Adrián “Jeta” Ghiglia pasaban los trenes y, cuando la máquina dejaba restos de arcilla, él los juntaba para modelar. Aquel juego temprano ya insinuaba lo que años después se transformaría en su oficio. También cuenta que su vocación por el arte, la marcó un vecino que, cada Día del Niño, llevaba papeles desde su trabajo en Telecom para que los chicos del barrio dibujaran y expusieran sus producciones. “Tenía mucha imaginación”, reconoció en retrospectiva.

El arte era un lenguaje que compartía con sus hermanos, y de hecho, con uno de ellos trabaja en la actualidad en los galpones de Marí Marí.

Sin embargo, mucho tiempo antes, “Jeta” encontró en el Desfile de Carrozas Estudiantiles, el espacio que necesitaba para comenzar a incursionar en el tallado en telgopor.

“Recorría los Galpones del Puerto en la época del año que se hacían las carrozas de los estudiantes, y ayudaba”, relató en conversación con Ahora Cero Radio.

Su entrada formal al Carnaval fue con Ará Yeví, de la mano de su hermano. “Me dijo que había laburo… estaba chocho”, recuerda. Empezó con pequeños tallados por los que recibió su primer pago. Poco después, mientras trabajaba en los Galpones del Puerto, apareció una oportunidad mayor. Iván Ferrari lo vio tallando piezas chicas y le preguntó si se animaba a más. Aquel desafío lo llevó a su primera gran tarea: tallar los signos del zodíaco que iban a ir montados en una carroza. Ahí aprendió el oficio en escala real, junto a otros referentes como Leo Rosbiar.

Para Ghiglia, los galpones estudiantiles siguen siendo semilleros creativos. Cree que el telgopor debería estar siempre al alcance de los jóvenes y que los talleres de tallado necesitan continuidad. “Hay que darle la oportunidad de que los chicos aprendan”, insistió.

Su talento lo llevó más allá de Gualeguaychú: trabajó en Fray Bentos, Montevideo, Corrientes, Chaco y otros carnavales. Incluso participó en Misiones del montaje de un reality estadounidense.

No obstante, este año, el desafío creativo llegó de la mano de la comparsa Marí Marí. Sobre el proceso de creación de las carrozas, “Jeta” contó que el director Gregorio Farina llegó con la idea inicial y luego el equipo trasladó el concepto a una maqueta.

La elaboración de la maqueta de la imponente carroza del Elefante, que es la segunda que tiene en el desplazamiento la comparsa, demandó un mes entero. La construcción íntegra de esa carroza llevó ocho meses de trabajo intenso.

La carroza de apertura, contó, fue especialmente compleja: tuvo tres diseños hasta llegar a la versión final. Eso fue apenas dos meses y medio antes del espectáculo. “Ya no sabíamos qué cambiarle… salió lo que salió, pero salió buena, es una carroza limpia”.

 “Estar tantos años en el Carnaval te permite saber cómo va a quedar más o menos”, explicó.

La carroza que no pide permiso

Si hay una carroza que marca esta temporada es la del elefante de Marí Marí, y Ghiglia reconoce que es la que más conversación genera en el público.

La pieza implicó un enorme trabajo: “El movimiento de la trompa del elefante no sabe nadie cómo lo hicimos, solamente nosotros. Además, el desafío era que no se viera como un robot”.

“Jeta” reconoció que las carrozas, junto al vestuario, son los elementos más costosos que tiene una comparsa. Sin embargo, en su opinión, son las carrozas las que marcar el diferencial que tiene Gualeguaychú con respecto a otros carnavales.

Adermás, develó cómo fue el proceso de iluminación de la carroza y por qué lleva reflectores que apuntan a la soberana Mery Ann Morrison: “Las luces que van iluminando a la reina fueron un acierto. Eso se puso para reforzar la estructura en donde van las personas arriba de la carroza. Entonces, se nos ocurrió ponerle luces barridas a esa estructura, y quedó espectacular. Hace que el traje de la reina se luzca mucho más y que destaque”.

También admitió que el destaque de la apertura de la comparsa lo confeccionó en una noche para que nadie viera el proceso. Y luego fue Lucas García, encargado de la puesta en escena, quien lo transformó con la decoración.

Trabajar para Marí Marí

Ghiglia aseguró que trabajar en Marí Marí es sinónimo de lujo y que hay una expectativa latente de los fanáticos por querer ganar: “Este año es muy grande el nivel de trabajo que hay. Es una comparsa compacta, con lujo, con buena música, vestuario y buen desplazamiento. Ojalá que gane, y si no, quiero ganar en Carrozas”.

Fuera de temporada, la realidad cambia. Si el equipo no comienza a trabajar temprano, debe viajar a pintar murales publicitarios: “La vida del artista es un misterio y es complicado no tener permanencia. Ahora quieren reunirse para mantener el equipo y dar continuidad, eso me da cierto alivio. Este año, muy posiblemente pueda dedicarme sólo al Carnaval”.

Por último, si bien admitió que entre todos los carroceros mantienen una linda relación de compañerismo, también existe la competencia entre ellos: “Si no tengo eso, no tiene sentido. Es lo que te lleva a superarte cada año”.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú a cargo del juez Hernán Viri realizó una audiencia el viernes por la mañana para intentar resolver el conflicto ambiental por el mal funcionamiento de la Planta de Efluentes Cloacales del Parque Industrial. La convocatoria se hizo luego de que llegaran las pericias realizadas por presunta contaminación ambiental.

“Fue una audiencia que cité más allá de la responsabilidad penal de cada uno, ya que cuando hay causas ambientales, la Corte nos insta a los jueces a realizar esfuerzos para solucionar la cuestión ambiental. En este sentido, nos pide que realicemos audiencias con las partes para tratar de llegar a una resolución del conflicto y en la medida de lo posible sanear la afectación ambiental”, describió Viri sobre el procedimiento.

Quienes participaron en la audiencia fueron representantes de Codegu, como su presidente Tomy Fogg, la subsecretaria de Ambiente Municipal Ivana Zecca, el Ministerio Público Fiscal con la representación de Pedro Rebollo, y representantes de empresas.

Durante el encuentro, Codegu dio cuenta de las acciones que está llevando a cabo para remediar la situación y lograr que la Planta de Efluentes Cloacales funcione dentro de los parámetros normales.

“Me contaron que están comprando aireadores para darle más oxígeno a la Planta de Efluentes y están reemplazando otras máquinas. Me dijeron que va a tardar un tiempo, porque hay muchos repuestos que vienen del exterior. Además, colocarán detectores de contaminación a la salida de las empresas, porque detectamos que lo que contamina llega a la planta de efluentes, pero no sabe de cuáles empresas proviene. Es para tener más certezas. Lo que noté es que hay compromiso para dar una solución al problema”, resaltó Viri.

Sobre el allanamiento previo y las pericias realizadas, el juez Federal detalló que “la situación del lugar es preocupante. En su momento mandé a hacer una pericia, y se le tomó declaraciones a un perito especialista de la Policía Federal del Departamento Ambiental. Respecto de los metales detectados están dentro de los límites, no hay contaminación, pero sí se detectó Escherichia coli, que eso sí afecta la salud, el ambiente y está contemplado en el Anexo 2 de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. Por eso estaríamos frente a un delito. En su declaración el perito, aconsejó la clausura temporal hasta que se solucione la cuestión ambiental. Como sé que clausurar el Parque Industrial tiene muchos efectos, lo que quise es llegar a un acuerdo, para no tener que dictar esa medida”.

Consultado sobre los plazos y la necesidad de solucionar la situación, ya que la contaminación sigue ocurriendo día a día, Viri fue muy tajante: “El objetivo era ver si las partes podían dar una solución concreta y avanzar.  Es por esto que voy a liderar un grupo técnico para que se dé una solución, y no quede sólo en un plan de acción. En esta tensión entre el medio ambiente y el desarrollo industrial, los jueces tenemos que encontrar alternativas o soluciones que contemplen ambas partes, y creo que lo entendieron, porque si se clausura al Parque afecta a las propias empresas. Entiendo que no es de un día para el otro, pero lo que les dije que es plantearan un tiempo lógico. Tengo claro que la clausura trae consecuencias, pero seguir permitiendo la contaminación también. En los próximos días voy a esperar que presenten el plan, si no lo hacen, lo voy a intimar. Voy a dar un plazo de entre 7 y 8 días hábiles. Después se evaluará que sea lógico lo que planteen”.

Por otro lado, aclaró que “esto no tiene que ver con la cuestión penal de fondo, porque hubo una afectación ambiental. Pero en lo inmediato mi mayor preocupación es que se solucione. Después la causa penal por contaminación buscará a los responsables que van a tener que responder”.

En torno a los próximos pasos a seguir, el juez federal manifestó que una vez que tenga el plan de acción, se llamará a una audiencia pública para que participen los vecinos del Barrio Don Pedro y tomen conocimiento de lo que se hará.

El rol del Municipio

En representación de la Gestión, la encargada de asistir a la audiencia fue la subsecretaria de Ambiente Ivana Zecca, quien contó a Ahora ElDía cuál fue su rol.

“Nosotros lo que hicimos fue contar la función de contralor que tiene el Municipio en el Parque Industrial. Los monitoreos y los controles que se han mantenido de forma ininterrumpida desde que asumimos. Además, hemos mantenido una comunicación fluida con los vecinos del Barrio Don Pedro, con la Codegu y el Parque Industrial. También hemos tenido una participación activa en cuanto a brindar sugerencias y soluciones para que el sistema funcione en condiciones”, apuntó.

En este sentido, Zecca resaltó que “nosotros tenemos un rol de contralor, está todo registrado, cuando se toman muestras se generan actas y está todo a disposición para quien lo requiera. Realizamos muestreos de forma quincenal a la Planta de Efluentes, y cuando hay denuncias intervenimos. Cuando se labra un acta de infracción, se pone en conocimiento al juez de faltas, quien instrumenta las medidas necesarias”.

Además de monitorear la Planta de Efluentes, la Subsecretaría de Ambiente también controla el río en el punto del caño difusor.

Zecca señaló que “participamos en la ampliación del plan de acción de Codegu cuando se presentó a los vecinos, que se había estipulado en 30 días. Los últimos resultados que tenemos se nota una mejoría en el proceso, lo que responde a las mejorar que se han hecho, pero falta implementar algunas más”.

Por último, adelantó que “todos los sensores que tenemos están disponibles para la Justicia. La semana del 23 de febrero vamos a colocar un nuevo medidor de gases en el Barrio Don Pedro y pensamos tener el informe preliminar en marzo”.

La postura de Codegu

Desde la Corporación del Desarrollo Gualeguaychú difundieron un comunicado luego de la audiencia, en el que expresaron que “desde la institución se valora especialmente el ámbito de diálogo generado, entendiendo que el intercambio entre los distintos actores involucrados constituye el camino adecuado para alcanzar soluciones sostenibles y consensuadas. En ese sentido, se reafirma su plena voluntad de cooperación y destaca que participó de la instancia con la vocación intacta de continuar trabajando de manera articulada junto al Estado, el sector empresarial y la comunidad”.

Y concluyó: “Finalmente, se ratifica el compromiso histórico con la promoción de un desarrollo industrial que resulte compatible con el cuidado del ambiente y la calidad de vida de los vecinos, pilares fundamentales para el crecimiento equilibrado y sustentable de la ciudad”.