El mercado laboral en Argentina muestra una marcada brecha entre la población general y los jóvenes. Mientras la tasa de desocupación se ubica en 7,5%, entre las personas de 14 a 29 años alcanza el 16%, de acuerdo a datos de 2025. Seis de cada diez jóvenes que se incorporan al mercado lo hacen a través de empleos informales, con escasa estabilidad y sin acceso a derechos laborales según la Organización Internacional del Trabajo. Esta combinación de mayor dificultad de acceso y peores condiciones de inserción ubica a los jóvenes como uno de los grupos más afectados por las tensiones del mercado laboral.

La situación no es muy distinta en Gualeguaychú. Carolina Martínez, técnica en Recursos Humanos, habló con Ahora ElDía y analizó el panorama local: “Hay oportunidades laborales para jóvenes en la ciudad, aunque no siempre en la cantidad o calidad que los jóvenes esperan. Se observa poco movimiento, pero principalmente en comercio, gastronomía, turismo, atención al cliente, ventas y algunos puestos operativos en industrias. El desafío muchas veces no es sólo encontrar trabajo, sino acceder a empleos formales que permitan desarrollar una carrera laboral a largo plazo”.

Asimismo, señaló: “La informalidad sigue siendo una realidad que afecta especialmente a quienes buscan sus primeras experiencias laborales. Muchos jóvenes aceptan trabajos sin registrar para adquirir experiencia o generar ingresos. Es importante seguir promoviendo el empleo formal porque garantiza derechos, estabilidad y mejores oportunidades de desarrollo”.

Esta situación también afecta a jóvenes profesionales que buscan insertarse en el mercado laboral y, que, si bien cuentan con formación específica, “suelen enfrentar el desafío de encontrar oportunidades relacionadas con su profesión dentro de la ciudad. Muchas veces deben ampliar su búsqueda a otras localidades o considerar modalidades remotas”.

En cuanto a las exigencias laborales, manifestó que muchas empresas buscan experiencia previa, que los jóvenes pocas veces tienen, por lo que se genera una paradoja: necesitan una oportunidad para adquirirla: “Suelen mostrar disposición para aprender, asumir desafíos y comenzar desde puestos iniciales. Sin embargo, cada vez valoran más los ambientes de trabajo saludables, el respeto, las oportunidades de crecimiento y el equilibrio entre la vida personal y laboral. Hay una mayor conciencia sobre la importancia de trabajar en espacios donde se respeten sus derechos y se reconozca su aporte. Por eso, muchas veces renuncian cuando esto no se da”.

Matías Romero, becario doctoral (INES-Conicet-UNER), lleva adelante un estudio sobre juventudes y mercado laboral en grandes aglomerados urbanos como Paraná y Concordia, a partir de los datos que brinda la Encuesta Permanente de Hogares. En estas mediciones, Gualeguaychú no está contemplada. Sin embargo, las conclusiones generales de la investigación permiten comprender cómo es la situación del mercado laboral joven en Entre Ríos: “El panorama laboral de las juventudes en Entre Ríos tiene particularidades que son diferentes a lo que sucede en el en marco nacional. Primero, hay menores niveles de empleo que en el total nacional, pero también esto va de la mano con niveles de actividad: menos jóvenes que buscan trabajo. Sabemos que los jóvenes de sectores más medios o altos pueden salir de la provincia a estudiar y mantenerse un tiempo sin trabajar, y eso en algunos sectores más vulnerables no sucede”.

Desde su mirada como economista, resaltó: “La participación laboral juvenil tiene una tendencia, que es más procíclica, es decir, que sigue el ciclo económico. Cuando la economía está bien, más jóvenes se insertan, pero cuando empieza a estar mal, hay una salida de jóvenes del mercado laboral, esto se da así desde inicios del siglo XXI”.

Luego de la pandemia, indicó que hubo un cambió en el mundo laboral, donde se difuminaron las diferencias de sociales: “Las juventudes tienen ganas de un empleo protegido, pero lo que sucede es que les cuesta encontrarlo. Ese es un cambio de postpandemia, por las condiciones económicas del país, con una inflación muy alta y problemas para llegar a fin de mes. Esto requería tener más empleos, más horas, y se fue afianzando con el gobierno de Javier Milei. No quiero decir que no se daba antes, sino que lo que vemos desde el análisis del mercado laboral, es que estas situaciones eran más bien excepcionales o de sectores de la población más vulnerables, y ha empezado a alcanzar a la generalidad de las juventudes. Es decir, todas las personas jóvenes tienen naturalizado acceder a un puesto más informal, que tiene peores condiciones laborales que la norma, y a partir de eso acceder a otras cosas. Lo comparo con estudios de especialistas, que ya veían estas malas condiciones de inserción laboral, pero, lo que sucedía era que había una clara diferenciación de las personas de origen vulnerable, y las personas medias y altas, que a través de su capital simbólico podían acceder a mejores puestos vía mejor educación o lazos sociales, y esto se ha desdibujado en la actualidad. La precariedad alcanza a la mayoría de las juventudes”.

Romero indicó que los jóvenes suelen interpretar las mejoras en las condiciones laborales en relación a experiencias pasadas: “Vienen que empleos muy informales y esa es la vara de expectativa: que no les griten, que no los despidan sin justificación, a eso es a lo que se enfrentan las juventudes”.

A través de entrevistas, el investigador pudo verificar que “la noción de independencia económica está muy lejos con puestos precarios como tienen los jóvenes, incluso aquellos que son profesionales”. A esto se le suma, la necesidad de tener más de un empleo para poder sostener el nivel de vida.

La informalidad en el campo

María Emilia Schmuck, investigadora del Conicet en el Instituto de Estudios Sociales de la UNER, describió cuál es la situación que viven los jóvenes del campo a la hora de insertarse laboralmente, y advirtió que, si bien es difícil hablar en términos generales, hay algunas conclusiones a las que se puede arribar: “La provincia está atravesando desde fines de los noventa, un proceso de envejecimiento de la población rural, sobre todo de la gente que vive efectivamente en el campo. Muchas veces, los jóvenes tienen que migrar de sus lugares de origen a otros lados, porque hay una disminución de la oferta de trabajo en zonas rurales, sobre todo, en los lugares donde han avanzado las grandes concentraciones de la producción, en detrimento de las producciones familiares, las chacras, los galpones de pollos, o los tambos, que son producciones que dan más trabajo a los jóvenes. En los lugares donde ahora prima la estancia o la producción extensiva, en los que avanza la mecanización, o que requiere trabajos mecanizados muy específicos, se vuelve más difícil, por eso, van a buscar trabajo a las ciudades, en los sectores de servicios o en otros puestos”.

En el campo también se verifica mucha informalidad, que viene de la mano de mayor movilidad, no solo por las producciones estacionales, sino de estancia a estancia: “Los jóvenes van cambiando mucho de trabajo, algunas veces con sus familias, otras autónomamente, por el pago y la falta de estabilidad. En muchas zonas rurales, los jóvenes también participan de una multiplicidad de tareas y actividades productivas, no hacen únicamente una labor, y como pasa en las ciudades, van changueando o dedicándose a diferentes cuestiones. A veces, cuando tienen un pedazo de tierra, van sumando otra actividad para lograr algunos excedentes que permitan la mejora en la vida cotidiana”.

En términos generales, Schmuck resumió: “En los últimos años, los jóvenes están en una situación particularmente desfavorable en el acceso al mercado laboral, como suele suceder en contextos de crisis. En estas circunstancias son los jóvenes y las mujeres, sobre todo las jóvenes, las que sienten la retracción en el mercado de trabajo y del Estado”.

Entre Ríos cuenta con una ley que buscan promover el trabajo de los jóvenes: la normativa 10.394, que crea el Régimen de Promoción para el Emprendedurismo Joven Entrerriano, el cual contempla un Fondo Especial, orientado, sobre todo, al sector agropecuario.

Trabajo remoto, una opción

Ante la escasez de empleo, el trabajo remoto surge como una alternativa clave para ampliar los horizontes de la búsqueda laboral. “Hoy un joven de Gualeguaychú puede postularse a oportunidades en otras ciudades e incluso otros países. Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades es importante desarrollar competencias digitales, manejo de herramientas tecnológicas y, en algunos casos, conocimientos de idiomas”, advirtió Carolina Martínez, técnica en Recursos Humanos.

Por su parte, el economista e investigador Matías Romero llamó la atención sobre este tema, ya que “hay una idea de que las juventudes son las que más trabajo a distancia tienen, y es una pregunta que está abierta. En un contexto de desigualdades, y tantas imposibilidades económicas, acceder a una computadora es difícil, y esa idea general que hay en torno al trabajo remoto, tiene que ser problematizada”.

Un informe elaborado por la Fundación Tejido Urbano mostró que en los principales centros urbanos del país cayó el porcentaje de propietarios y creció la cantidad de inquilinos durante los últimos años.

La investigación analizó datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec entre 2016 y 2025 y confirmó una tendencia que ya se observa desde hace décadas: cada vez más personas alquilan y menos logran acceder a una vivienda propia.

El fenómeno se profundiza especialmente en las grandes ciudades, aunque las de menor escala no están exentas de esta problemática.

Pablo Echandi, director del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda Regional Sur, destacó que “la mayoría de las personas que se acercan a averiguar por los créditos hipotecarios que tiene IAPV están alquilando o viven con sus padres”.

Pese a que no hay datos certeros sobre el nivel de demanda en la ciudad, ya que se está depurando el padrón del Instituto, Echandi aventuró que se trataría de aproximadamente cinco mil familias que buscan acceder a la casa propia: “Se nota es que hay mucha demanda por la cantidad de visita que tenemos en la oficina. A las personas les está costando pagar el alquiler. También sabemos que mucha gente que soluciona su problema habitacional viviendo con sus padres, o contrayendo en la parte de atrás de la casa de los padres”.

Asimismo, señaló que tienen el registro fehaciente de que la práctica de construir dentro de la propiedad familiar es muy común en los barrios más vulnerables, pero que saben que es una solución a la cual también recurre la clase media: “Creo que la problemática es más económica que social, y vemos que los costos de los terrenos, que rondan los 15 mil dólares promedios, y los costos de la construcción son el gran cuello de botella”.

Aunque IAPV tiene líneas de crédito para la construcción, sólo es posible acceder a ellos si se tiene un terreno propio. Consultado sobre si el Instituto está analizando la posibilidad de ofrecer créditos para la compra de terrenos, Echandi dijo que “hoy no está ese programa, pero la dinámica de pensamiento del instituto es amplia y los directores estamos siempre buscando soluciones nuevas. Así que no descarto en el futuro que se pueda financiar la compra de terrenos”.

Respecto a los créditos hipotecarios, contó que “hay muchas personas que quieren acceder, pero que la mayoría no cumple con el requisito de tener la escritura del terreno”. Es por eso que desde el IAPV optaron por cambiar la modalidad en la que se otorgan: ya no hay más sorteos, sino que se analizan si los inscriptos cumplen con las condiciones necesarias y se avanza con esos casos: “Tenemos más fondos a gastar para fin de año, que cantidad de gente que califica para los créditos. De los 13 mil millones con los que contamos, llevamos sólo 4 mil millones entregados para construcción. La falta de escritura es nuestro gran cuello de botella”. Y agregó que “quienes cumplan con estos requisitos, muy posiblemente se haga beneficiario de esta política pública, porque hay presupuesto”.

Además, el director de la Regional Sur habló sobre las viviendas que están prontas a ser entregadas en Gualeguaychú y que responden a los planes tradicionales de acceso a la vivienda: “Certificamos un avance de obras del 78% de 42 viviendas en sector del barrio Curita Gaucho. Esas casas no tienen dueño todavía y, como novedad, se estableció que cerca del 60% de esas viviendas se van a poder licitar con una entrega del 20% de su valor, que serían cerca de 12 millones de pesos; mientras que las otras 40% se van a sortear. Esto nos va a permitir hacer el recupero más rápido y poder comenzar a construir rápidamente otras”.

El mismo método se aplicará a las 37 viviendas que construye IAPV y que se encuentran en un 64% de avance. Tanto las 42 como las 37 viviendas estarán finalizadas para fin de año, con poco tiempo de diferencia entre unas y otras.

El rol del mercado inmobiliario

El acceso a la casa propia no sólo es un desafío del Estado, sino que el sector privado también tiene barreras que sortear para que cada vez más personas puedan comprar su terreno o vivienda: “Uno de los principales desafíos es generar alternativas que faciliten el acceso a la vivienda en un contexto donde los costos de construcción y financiamiento continúan siendo elevados para gran parte de la población. Como sector, debemos seguir trabajando para acercar oportunidades reales a las familias y promover desarrollos que acompañen el crecimiento de Gualeguaychú”, manifestó el corredor inmobiliario Joan Fleitas.

En este contexto, reconoció: “Actualmente existe una importante demanda de alquileres, especialmente por parte de jóvenes, familias que recién comienzan y personas que buscan independencia habitacional. Aunque sigue habiendo una gran cantidad de propietarios en la ciudad, el acceso a la vivienda propia se ha vuelto más desafiante debido al aumento de los costos de construcción y al contexto económico general. Sigue siendo una meta posible, pero requiere planificación, financiamiento y, en muchos casos, comenzar con la compra de un terreno antes que por la adquisición directa de una casa terminada”.

La situación económica y la disminución progresiva del poder adquisitivo obligan al mercado inmobiliario a diseñar estrategias que faciliten este primer paso y es ahí donde cobran relevancia los planes de financiación: “Los desarrollos urbanísticos y loteos con financiación propia han permitido que muchas familias vuelvan a considerar la posibilidad de acceder a un terreno, algo que años atrás resultaba mucho más difícil”.

Fleitas señaló que, de acuerdo a su experiencia, el camino más frecuente que transitan las personas para acceder al techo propio suele ser “la compra de un terreno mediante financiación y luego la construcción por etapas. Muchas familias adquieren primero el lote y, a medida que sus posibilidades, avanzan con la edificación”.

Al igual que Echandi, el corredor inmobiliario reconoció: “Muchas personas aprovechan terrenos familiares o realizan subdivisiones para construir una vivienda propia dentro de una propiedad ya existente. Es una opción que reduce significativamente el costo inicial y permite destinar más recursos a la construcción. Hoy los valores de una vivienda terminada varían considerablemente según la ubicación, el estado de conservación y las características del inmueble. Una casa de tres ambientes para una familia o pareja puede encontrarse desde 70.000 a 120.000 dólares, aunque existen opciones tanto por debajo como por encima de esos valores dependiendo de cada caso”.

Cada 3 de junio es una invitación para reflexionar sobre cuáles continúan siendo los “talones de Aquiles” para erradicar de una vez por todas la violencia contra la mujer. En ese contexto, AhoraElDía dialogó en exclusiva con las fiscales de género Carolina Costa, Alejandra Montiel y Eliana Ghiglione.

Uno de los principales obstáculos que mencionaron las fiscales es la escasez de recursos humanos para abordar la magnitud de las denuncias. La fiscal Alejandra Montiel señaló que “la falta de recursos es la traba más importante que tenemos para poder cumplir la función que tenemos y para los proyectos que podamos tener para el abordaje de la problemática”.

Según explicó, actualmente son tres fiscales las que intervienen en causas de violencia de género, con equipos reducidos. “La falta de recursos humanos es fundamental. Si bien somos tres fiscales que nos desempeñamos en violencia de género, tenemos pocos empleados para desempeñar la función”, indicó.

La escasez de personal también atraviesa a otras instituciones que participan en el abordaje de estos casos. “En el Juzgado de Familia, en el Hospital y en la Policía también falta mucho personal. Más allá de la voluntad de los empleados, el recurso humano es insuficiente”, agregó Montiel.

Para la fiscal Eliana Ghiglione, el ingreso de un caso al sistema judicial suele ser el resultado de un problema mucho más amplio. “Cuando un conflicto llega a la Justicia es porque fallaron un montón de otros mecanismos”, sostuvo.

La funcionaria explicó que la violencia de género es una problemática compleja que no puede resolverse exclusivamente desde el ámbito penal. “Es una problemática multifactorial. El problema y la solución vienen de la mano de todas las instituciones que intentamos articular”, afirmó.

Desde el punto de vista judicial, la intervención se centra en investigar delitos y aplicar sanciones cuando corresponde. Sin embargo, Ghiglione reconoció que eso no siempre alcanza para modificar conductas violentas.

“Muchas veces se espera una respuesta de la Justicia que intentamos dar en el marco de nuestra competencia, pero es difícil erradicar en la persona denunciada patrones de violencia sencillamente con una condena”, explicó.

Incluso, advirtió que la reiteración de situaciones violentas es frecuente. “Una vez que obtenemos una condena, después vemos que esa misma persona está con otra causa con otra chica”, señaló.

Cuando se logra una condena, las fiscales piden que se incluyan consultas con un profesional psicológico, y la realización de cursos con perspectiva de género para el imputado.

“El taller que hace la Casa Alas ‘Voces de Cambio’ ha sido un quiebre muy bueno en estos últimos años, porque implica entender que no sólo la victima tiene que ser abordada, sino también el victimario”, resaltó Ghiglione.

“A nosotras lo que más nos importa no es la condena, sino los resultados. Si logramos abordar una persona que ha sido violenta y superar esta situación lograríamos mejores resultados en nuestras víctimas, sería lo ideal. Y ahí volvemos a caer en la falta de recursos, muchas veces acordamos reglas de conducta referentes a un turno en el Hospital, que es donde por lo general van las personas con menos recursos, y los turnos son muy lejanos porque están muy desbordados. Nosotras tenemos que actuar por una condena, pero estaría bueno que lográramos este abordaje con las personas que ejercen este tipo de violencia, para tratar de cambiar la situación a futuro”, agregó Montiel.

Las fiscales también observaron que muchas víctimas vuelven a involucrarse en relaciones violentas. Montiel explicó que estos casos son habituales y están relacionados con historias personales marcadas por la violencia.

Según describió, en muchos casos las personas crecieron en entornos donde la violencia era parte de la dinámica familiar. “En la mayoría de los casos vienen con un patrón de violencia desde la familia y lo van desarrollando a lo largo de sus vidas”, afirmó.

A esa situación se suman otros factores que profundizan la vulnerabilidad. “Muchas veces las relaciones están atravesadas por consumo problemático, falta de trabajo, dependencia emocional y económica absolutas”, explicó la fiscal.

La dependencia económica es uno de los elementos que más condiciona las decisiones de las víctimas. Ghiglione lo resumió en una frase que suele repetir en audiencias: “Cuando no podés darle de comer a tus hijos, no podés pensar en tu propia seguridad”

Ese contexto explicó por qué algunas mujeres piden levantar medidas de protección o se retractan de las denuncias. Montiel señaló que “el sostenimiento de la familia hace que pidan que se levanten las medidas y muchas veces justifican la violencia que reciben”.

Estas situaciones también dificultan las investigaciones judiciales. Sin embargo, el sistema penal permite continuar con el proceso aun cuando la víctima decida no avanzar, siempre que existan pruebas suficientes.

“Hemos ido a juicio incluso cuando la víctima no quería continuar, y hemos logrado condenas”, explicó Ghiglione. Y agregó: “Esto es posible porque la violencia de género es un problema público, entonces cuando se pone en marcha el mecanismo es decisión del Estado seguir adelante si hay elementos”.

Al respecto, Costa reflexionó: “El mundo sigue siendo machista, y sería bueno que no sólo hubiera una fiscalía de género, sino también un tribunal de género, y jueces que juzguen con perspectiva de género. Y en eso la inversión pública es muy importante, invertir en herramientas para erradicar la violencia de género, en espacios de acompañamiento psicólogos, dotar al área de Salud Mental, no solo con un consultorio, sino con un seguimiento en lo que podría ser un hospital o centro de día, entre otras herramientas que se pueden plantear”.

Otro de los desafíos es la recolección de pruebas. Montiel explicó que muchos hechos ocurren en ámbitos privados. “Son los llamados delitos de alcoba, que ocurren en la intimidad de la casa”, detalló.

En esos casos, las fiscalías recurren a otras herramientas de investigación. “Hacemos pericias e intentamos buscar testimonios de amigas, familiares o vecinos que hayan escuchado algo”, indicó.

También recordó que la mayoría de las denuncias se realizan después de años de violencia.

Las fiscales aclararon que no todas las situaciones de violencia constituyen delitos penales. Ghiglione explicó que para que intervenga la Justicia debe existir una conducta prevista en el Código Penal. “Para que haya un juicio tiene que haber un delito”, afirmó.

Entre los más frecuentes aparecen amenazas, lesiones, daños materiales, violación de domicilio, hurtos o abusos. También es habitual el delito de desobediencia judicial.

“Cuando pedimos una medida como una perimetral o una exclusión y el agresor la viola, ahí tenemos el delito de desobediencia judicial”, explicó.

Para la fiscal Carolina Costa, este tipo de conductas son especialmente graves. “El victimario demuestra que nada lo frena, ni siquiera la medida de un juez”, señaló.

En la mayoría de los casos, el detonador de la violencia suelen ser los celos. Además, el consumo de alcohol y drogas aparece como un factor recurrente en las denuncias. Costa remarcó que “el componente de la droga y el alcohol es tremendo”, mientras que Ghiglione agregó que “es muy común que una víctima diga que su pareja empezó a tomar y ese fue el disparador de la situación más álgida”.

Montiel también señaló que el consumo no sólo atraviesa a los agresores. “Las víctimas también están atravesadas por el consumo y eso potencia cualquier peligro”, advirtió.

La responsable del Área de Género municipal y del dispositivo de protección Alas Desatadas, Claudia Fiorotto, coincidió en que el consumo problemático se volvió cada vez más frecuente en las situaciones de violencia.

“Que una persona consuma no necesariamente quiere decir que sea violenta, pero una persona que es violenta y está en consumo lo potencia”, destacó.

Según detalló, en los últimos años el fenómeno se profundizó. “Cuando empecé a trabajar con esta problemática, hace unos diez años, uno o dos de cada diez casos involucraban al consumo. Hoy son once de diez porque hasta los hijos están en consumo”, afirmó.

En muchos casos, las mujeres que denuncian no pueden volver a su casa. Para esas situaciones funciona el dispositivo municipal Alas Desatadas.

La fiscal Carolina Costa destacó su importancia, ya que no existe en todas las localidades. “Hoy sabemos que algunas mujeres no pueden volver a su domicilio, y hasta que no llegan al dispositivo no nos quedamos tranquilas”, señaló.

El espacio ofrece alojamiento temporal, acompañamiento psicológico y talleres con salida laboral. Según Fiorotto, el objetivo es promover la independencia económica de las mujeres.

“Nuestro lema es que volver con el violento no es una opción, y para que eso ocurra tenemos que mostrar otro camino: el de la autosustentabilidad”, explicó.

Para Fiorotto, uno de los mayores desafíos sigue siendo cultural. Muchas situaciones de violencia comienzan con conductas que la sociedad tiende a minimizar.

“Estamos tan acostumbrados a normalizar las microviolencias que cuando llegamos a la macroviolencia todos nos asustamos”, sostuvo.

La referente también destacó que la violencia atraviesa todas las clases sociales. “En las clases altas los muros son gruesos y los gritos no se escuchan; en las clases bajas los muros son finos y se escucha todo”, graficó.

Es por esto que el lunes 9 de marzo realizarán una jornada de reflexión y concientización en el Centro Cultural “Luis María Lujan” a las 17.30 horas.

Las fiscales coincidieron en que la respuesta judicial es sólo una parte del problema. Para Ghiglione, el trabajo preventivo es clave.

“Tiene que haber políticas públicas que empiecen desde las infancias. Por eso es tan importante la educación sexual integral”, señaló.

También destacaron el rol de la comunidad. Hoy la ley permite que vecinos o terceros denuncien situaciones de violencia. “Tenemos muchos vecinos que denuncian lo que pasa al lado de su casa”, explicó Ghiglione.

Mientras tanto, las denuncias continúan creciendo. “En sólo dos semanas de febrero hicimos 30 aperturas de legajos”, contó la fiscal.

Para Montiel, ese número refleja la dimensión del problema. “El nivel de violencia que hay es mucho. Aun con todos los avances, sigue siendo enorme el trabajo que tenemos por delante”, concluyó.

Por su parte, Ghiglione remarcó que “la Educación Sexual Integral es fundamental para erradicar los patrones de violencia porque involucra trabajar las infancias. Es importante entender que sin un Estado presente que aborde la temática en toda su amplitud y que empieza siempre desde las infancias, es imposible terminar con este problema”.

A su vez, Costa hizo hincapié en la necesidad de que haya un espacio de asistencia a la víctima, porque cuando el denunciado es excluido a la mujer le quedan otros temas pendientes, como la cuota alimentaria, el régimen de visita si tiene hijos, entre otros aspectos.

“Nosotros la podemos asesorar, pero es tanta la información que recibe cuando vienen a hacer una denuncia, que estaría bueno que exista un espacio donde se le ayude a transitar esas otras situaciones que tiene, a dónde ir, cómo hacerlo, debería estar mucho más aceitado ese mecanismo”, resaltó.

A través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, se realizó la apertura de sobres para la ejecución de obras de reparación en la Enova. La obra comprende trabajos sobre una superficie aproximada de 600 metros cuadrados. Las tareas previstas incluyen la reparación e impermeabilización de cubiertas y canaletas, con el objetivo de solucionar filtraciones de agua de lluvia que afectan distintos sectores de la institución.

“Estas obras tienen un impacto directo en la calidad de los espacios donde estudiantes y docentes desarrollan diariamente sus actividades. En este caso se trata de un establecimiento donde asisten más de mil chicos de los barrios cercanos”, destacó el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob. Además, sostuvo que “cada inversión en infraestructura escolar significa hacer realidad espacios más seguros y adecuados para toda la comunidad educativa a fin de mejorar las condiciones donde los chicos aprenden”.

La intervención comprende un presupuesto oficial de 36.848.791 pesos, financiado con recursos provinciales, y un plazo de ejecución de 75 días corridos. En este marco se presentaron dos firmas oferentes: Daniel Guillermo Arostegui y Gustavo Leonardo Sittner.

Los detalles de la obra especifican que se realizará la reparación de canaletas internas correspondientes a las cubiertas ubicadas sobre la fachada de Gervasio Méndez y sus intersecciones, mediante nueva zinguería de chapa galvanizada. Además, se retirará la membrana asfáltica deteriorada en sectores ubicados en la esquina de Andrade y Pellegrini, donde se realizará una nueva impermeabilización con membrana líquida y refuerzo de manta geotextil. También, se llevará a cabo el hidrolavado de cubiertas, reparación de muros afectados por filtraciones, ejecución de desagües por desborde y reposición de cielo rasos deteriorado.

Al respecto, Martín De la Torre, rector de la institución habló sobre la situación actual en la que se encuentra el edificio: “En 2010 se hizo una remodelación importante e integral de la escuela, donde se actualizaron los espacios y se acomodaron pisos, techos, aberturas, entre otras áreas e instalaciones, pero en la actualidad, la principal problemática se presenta en un sector de los techos, que arruinan la parte eléctrica y la mampostería. Lo que ocurrió es que producto del tiempo, del desgaste, del tipo de material o del mismo viento, se levantaron las cumbreras, dando lugar al ingreso del agua los días de lluvia, llegando hasta el cielorraso. Por eso, se entiende que esta obra viene a reemplazar ese material que ya no cumple su función por uno nuevo. También, van a impermeabilizar el techo y a arreglar las canaletas internas. Eso es lo más urgente porque nos está rompiendo paredes, pisos, y afectando la instalación eléctrica. Las filtraciones han afectado mucho las paredes y produjeron, además de daño en la mampostería y la pintura, que algunas aulas luzcan deterioradas. Además, alumnos y profesores deben estar atentos al tiempo, porque si llueve, es muy posible que deban mover los bancos de lugar para evitar las goteras”.

Por otra parte, gracias al trabajo de la cooperadora de la escuela, la institución no tiene problemas de electricidad, aunque de no impermeabilizarse los techos, la situación podría cambiar: “Desde 2020 hicimos un replanteo de la cuestión eléctrica, todos los años hacemos un chequeo preventivo, y por el momento, no tenemos problemas de esta índole. Pero no deja de ser una preocupación que el agua empiece a hacer daño”, reconoció De la Torre.

A pesar de las necesidades edilicias, la Enova no necesitó interrumpir el dictado de clases, pero su rector reconoce que “las aulas tienen que estar en condiciones para aprender”.

Para poder realizar esta obra, la institución inició en 2025 el proceso ante la Departamental de Escuelas y a fines de ese año les confirmaron que se iba a llamar a licitación: “Siempre que hay una mejora en el edifico, por añadidura hay mejoras en la enseñanza. Ya no vamos a tener que correr los bancos para ubicar en otra parte del aula a los chicos si llueve, y va a permitir que la cooperadora siga trabajando en el mejoramiento de los salones que fueron afectados. A esto se le suma que las aulas no están calefaccionadas, y en contextos de frío, la humedad también afecta a la salud de los chicos, por eso es tan importante que se realice esta obra”, resaltó.

El rol fundamental de la cooperadora

De La Torre reconoció que en muchas escuelas no hay trabajo preventivo para sostener la infraestructura y que además de contar con una pequeña partida para arreglos menores, que la mayoría de las veces es insuficiente, deben recurrir a la cooperadora: “Desde que asumí en 2019, empezamos a hacer obras de mantenimiento, incluso durante la pandemia, mientras la escuela estaba cerrada. Con la cooperadora tenemos tres ejes: un proyecto macro que se puede ver en la construcción del playón, otro preventivo, para que no se dañe la electricidad y hacer el mantenimiento de los servicios; y una arista pedagógica a través de la compra de libros, o bien sostener alguna propuesta escolar, como por ejemplo viajes, inscripciones a certámenes, entre otras cuestiones, según se requiera. Cuando viene la partida para arreglos menores tratamos de aprovecharlo lo más que podemos. Con la última línea que recibimos este año, estuvimos arreglando baños, y reemplazamos 300 tubos de luz LED en las aulas en conjunto con la cooperadora”.

Con la impermeabilización de los techos, la cooperadora podrá avanzar en el pintado de las aulas. A través de ella, todos los años se verifica el buen funcionamiento del sistema eléctrico y de forma mensual se limpian las canaletas.

Los resultados que arroja la cooperadora de la Enova responden al mecanismo que aplica la misma institución desde hace unos años: “Lo primero que hicimos fue bancarizarla, eso da garantía de que se está pagando un servicio a contra factura. Tratamos de erradicar el dinero efectivo, y lo que hay se deposita en la cuenta oficial. Seguimos todas las instrucciones de ARCA. Los ingresos provienen principalmente de tres fuentes: la cuota social, que no es obligatoria, el ingreso mensual por la licitación del canon del quiosco que funciona en la escuela, y el servicio de cartelería que hay en el predio deportivo. También, tenemos un bingo, un bono contribución, el viaje a la Feria del Libro y una hamburgueseada de fin de año para los chicos que terminan sexto grado. Con todo esto, recaudamos el dinero para mantenimiento en el período principalmente de verano, para la continuidad del proyecto del playón y para temas pedagógicos. Se trata de un trabajo articulado y constante que lleva adelante toda la comunidad educativa. Tenemos familias, exestudiantes, exdocentes y exdirectivos que nos ayudan a sostener este engranaje. Y quizás hay algunas familias que no pueden aportar económicamente, pero nos ayudan de otra manera. Por ejemplo, hace poco un grupo de padres nos dio una mano para trasladar el mástil hasta la canchita, y el 20 de junio trataremos de inaugurarlo en su nuevo lugar en el marco del Día de la Bandera. La ayuda es constante y estamos todo el tiempo generando vínculos para que esto no decaiga. Los padres ven que hay obras en la escuela y eso hace que se involucren más”, expresó De la Torre.

Otra de las mejoras que esperan poder concretar es la reparación de las ventanas de madera que dan a la calle Andrade, a la que todos los días se les cae una tablita. Al ser un edificio histórico, explicó su rector, todas las instalaciones deben ser autorizadas y se tiene que contemplar el tipo de material que se va a utilizar: “Desde el año pasado estamos hablando con la Escuela Técnica Nº 3 para ver si pueden colaborar con la reparación integral de las ventanas y así poder seguir mejorando el mantenimiento de las aulas”.

Aunque la cooperadora da respuestas a muchas de las necesidades que tiene la comunidad educativa, De la Torre reconoció que todo sería mejor si “hubiera más aportes en menos tiempo, así las escuelas podrían mejorar en todos los aspectos”.

Plazo de ejecución y etapas de la obra 

La obra cuenta con un plazo de 75 días, estos pueden variar de acuerdo a las condiciones climatológicas. En cuanto a las etapas de obra, serán coordinadas de manera conjunta entre la empresa contratista, la inspección técnica y el equipo directivo del establecimiento educativo, priorizando en todo momento el normal funcionamiento de las actividades escolares y las condiciones de seguridad durante la ejecución de los trabajos.

No obstante, se prevé iniciar en una primera etapa con las intervenciones sobre la fachada de Gervasio Méndez, sector que presenta mayores inconvenientes para la ejecución debido a la altura del edificio y a la inclinación de la cubierta de chapa. Posteriormente, se avanzará con las restantes intervenciones previstas, incluyendo el mantenimiento general de cubiertas, las reparaciones de cielorrasos afectados por filtraciones y los trabajos de impermeabilización sobre las cubiertas de losas ubicadas en la fachada de Andrade y sus intersecciones.

La vulnerabilidad socioeconómica y las alarmantes deudas en salud y nutrición infantil marcan la urgencia de las políticas de primera infancia en el país. En Gualeguaychú, la red de Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI) asiste actualmente a 280 niños de sectores vulnerables, intentando mitigar el impacto de la inestabilidad laboral y la falta de estímulo temprano en los hogares. El trabajo de estos centros, articulados con efectores de salud locales y bajo el programa MUNA de Unicef, refleja la complejidad de intervenir en una etapa clave del desarrollo humano, donde los desafíos estructurales van en aumento.

“Los EMPI son instituciones destinadas al acompañamiento integral de niños y niñas en sus primeros años de vida. Actualmente, funcionan 7 espacios ubicados en barrios vulnerables de la ciudad y 1 en el centro de Gualeguaychú, destinado a los hijos de los empleados municipales. Allí se brinda contención, cuidado, estimulación y acompañamiento a las familias. Asisten niños y niñas de entre 45 días y 3 años, principalmente provenientes de sectores con contexto de alta complejidad social y económica. En los EMPI se cubren necesidades básicas de cuidado, alimentación, estimulación temprana, socialización y acompañamiento interdisciplinario, contando además con atención fonoaudiológica, nutricional y psicomotriz”, detalló Berta Baldi, responsable de Educación Municipal, sobre el rol que cumplen estos lugares. Y agregó: “La mayoría de las familias pertenecen a contextos de fragilidad socioeconómica, muchas veces atravesados por situaciones de precarización laboral, desempleo o dificultades económicas que impactan directamente en las posibilidades de acceso a espacios de cuidado y estimulación temprana”.

De allí que las dificultades más frecuentes que se observan en los niños sean en “el acceso a derechos básicos, situaciones de vulnerabilidad social, carencias alimentarias, escasa estimulación temprana, problemáticas vinculares, retrasos en el desarrollo del lenguaje y dificultades emocionales o conductuales asociadas a contextos complejos”.

La gran mayoría de los niños que asisten a los EMPI vienen de hogares que atraviesan inestabilidad laboral, dificultades habitacionales, ausencia de redes de apoyo y realidades sociales diversas: “En este contexto, se convierten en espacios fundamentales donde los niños encuentran contención afectiva, alimentación, rutinas, acompañamiento profesional, juego, estimulación y vínculos seguros que favorecen su desarrollo integral. Estas carencias se satisfacen a través de talleres destinados a las familias sobre crianza respetuosa, higiene, alimentación saludable y estimulación del lenguaje, fortaleciendo herramientas de cuidado y acompañamiento en el hogar”.

Para esto, existe un equipo interdisciplinario compuesto por 56 personas entre docentes, auxiliares, ordenanzas y cocineras, que garantizan el cuidado de las infancias. También hay fonoaudiólogos, una psicomotoricista, una nutricionista y un profesor de educación física: “El trabajo de estos profesionales implica acompañar el desarrollo integral de cada niño y niña desde una mirada interdisciplinaria favorecido por, el juego y la socialización. También se realizan propuestas pedagógicas y de estimulación, observaciones del desarrollo, acompañamiento a las familias y articulaciones permanentes con distintas instituciones de la comunidad. Se trabaja de manera conjunta con los CAPS, ANAF, Conin y el Hospital Bicentenario, entre otras instituciones, generando redes de cuidado, seguimiento y protección de derechos para brindar respuestas completas a las necesidades de las infancias y sus familias”, resaltó Baldi.

En la actualidad, a los EMPI asisten alrededor de 280 niños y niñas de entre 45 días y 3 años de edad, distribuidos en diferentes salas según su desarrollo y etapa evolutiva: “Uno de los mayores desafíos es acompañar situaciones cada vez más complejas, garantizando igualdad de oportunidades desde la primera infancia. También resulta fundamental fortalecer las redes familiares y comunitarias, sostener espacios de escucha y continuar promoviendo el acceso temprano a tratamientos y acompañamientos específicos cuando son necesarios. Estos espacios cumplen un rol fundamental en la ciudad porque garantizan el acceso a cuidados, estimulación y acompañamiento integral durante la primera infancia, etapa clave para el desarrollo. Además de acompañar a los niños y niñas, fortalecen a las familias y promueven la inclusión, la igualdad de oportunidades y la protección de derechos desde edades tempranas”.

Unicef y la importancia del MUNA

Unicef presentó su nuevo Programa de Trabajo 2026-2030 en el que expuso que la falta de acceso a controles médicos, la caída de la vacunación y la malnutrición figuran entre los retos de salud más agudos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en el país.

Según el informe, en los sectores más pobres, el 14,7% de menores de cinco años presenta baja talla, y la cobertura de vacunación cayó cerca de 20 puntos entre 2009 y 2020, incrementando el riesgo de enfermedades prevenibles.

Además, el 65% de las mujeres embarazadas no completa los controles prenatales recomendados, lo que agrava la vulnerabilidad desde el inicio de la vida. En una nota realizada por este medio, la responsable de Neonatología del Hospital Centenario María Inés Roldan, confirmó este dato y señaló la importancia de mantener los chequeos durante la gestación para abordar con tiempo cualquier complicación que pudiera llegar a tener el bebé.

En este sentido, Unicef subraya la urgencia de impulsar estrategias intersectoriales para prevenir y abordar la malnutrición, promover la salud mental y consolidar entornos que respalden el desarrollo temprano, especialmente durante los primeros años de vida.

Gualeguaychú forma parte del programa MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia) de Unicef y desde el año pasado es considerada “Ciudad Educadora” por la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE).

También es pionera en la creación de la Mesa Local de Primera Infancia, desde 2019 y fortalecida por MUNA, a partir de la cual se realizaron encuentros claves entre personal de Salud, Educación, ANAF (Área de Niñez, Adolescencia y Familia), Desarrollo Humano y organizaciones sociales para definir planes de acción alineados con Unicef.

De hecho, un informe del año pasado, resaltó que el 97% de niños de los EMPI mostró un peso normal, un logro que refleja viandas saludables y cuidados integrales.

Unicef proyecta que, dentro de seis años, 1,5 millones de niños salgan de la pobreza y se achiquen las desigualdades territoriales y económicas. La estrategia apunta a fortalecer el financiamiento público en infancia, la planificación y monitoreo de políticas intersectoriales y el robustecimiento de sistemas de protección social y cuidados.

A principios de esta semana, en Gualeguaychú y en distintas ciudades del país, se realizaron movilizaciones para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese contexto, se difundieron datos falsos, sobre todo, a través de las redes sociales. Sin embargo, es importante tomar las discusiones que esa información, aunque falsa, suscitaron, y bajarlas a nuestro territorio: ¿Cuánto “cuesta” un estudiante universitario? ¿Cómo está conformado el sistema universitario nacional en Entre Ríos? ¿A qué se destina?

Para entender el presupuesto, es necesario aclarar que no sólo involucra el pago de salarios docentes y no docentes, sino también investigación, extensión, infraestructura, becas, equipamiento y costos de funcionamiento integral de las unidades académicas.

José Dorati, decano de la Facultad de Bromatología, contó que la Universidad Nacional de Entre Ríos cuenta con un presupuesto de $62.631.551.714 para este año. Si se toma como referencia el calendario académico universitario, con nueve meses de cursada, un mes de exámenes finales y enero como período de receso, la inversión mensual por estudiante rondaría los 215 mil pesos. En términos diarios, el Estado destinaría alrededor de 10.760 pesos por cada jornada de actividad académica por alumno.

“No es solamente la docencia, sino toda la infraestructura, carreras como las nuestras que necesitan materiales específicos, laboratorios, investigación, electricidad, mantenimiento, reparación. El cálculo del estudiante tiene todos esos componentes que permiten garantizar la educación”, advirtió Doratti.

De acuerdo a los datos del portal de Transparencia de la UNER, actualmente, cuenta con nueve unidades académicas y una oferta de 50 carreras de grado y ciclos de complementación curricular. En el último período registró 7.534 nuevos inscriptos y una población total de 29.103 estudiantes universitarios, mientras que 1.615 alumnos lograron egresar. La estructura de funcionamiento incluye 3.332 cargos docentes, 607 cargos no docentes y 78 cargos superiores distribuidos en las distintas facultades y dependencias de la institución.

En materia de producción científica y desarrollo académico, la universidad sostiene tres institutos de doble dependencia Conicet-Uner, además de 85 grupos de investigación y 227 proyectos científicos financiados. A su vez, trabajan en la universidad 61 investigadores y 101 becarios vinculados a esas líneas de trabajo. En paralelo, la casa de estudios impulsa 47 proyectos de extensión financiados, orientados a fortalecer el desarrollo científico regional.

Juan Manuel Arbelo, nuevo rector de la UNER, afirmó: “Nos tocan tiempos muy difíciles, aunque en realidad son para toda la sociedad, nosotros no estamos ajenos. Por ahí, tenemos alguna otra complejidad que tiene que ver con el tiempo y la perdida que tenemos en docentes. La situación que tenemos, no es sólo salarial, el que no está dentro de la universidad, puede pensar que hay muchos sectores con problema salarial, pero el problema salarial en la educación es un problema de toda la sociedad, porque cada vez que perdés un docente universitario, que necesita 15 años para prepararse para estar frente a un aula, lo que estás perdiendo es tiempo, y eso puede ser generaciones en medio que queden vacías, y ese es uno de los peores males cuando un Estado deja de invertir en educación. De hecho, la inversión en educación es algo que se ve recién en 15 o 20 años. Entonces, por ahí, a los políticos muchas veces cuando piensan en votos cada cuatro años, ese dinero que lo ponen hoy, muy posiblemente lo vea una gestión que esté dentro de 15 años. Entonces, si no hay seriedad y una política de estado que se sostenga, es muy difícil, sobre todo, en países como los nuestros”.

Según una nota publicada el mes pasado en Ahora ElDía, sólo en la Facultad de Bromatología de Gualeguaychú, renunció más de una veintena de profesores en los primeros meses del 2026. Este indicador, demuestra que la situación se viene agravando cada vez más: a fines de 2025, se habían reportaron 20 renuncias, pero en un término de 18 meses.

Durante la Marcha Federal Universitaria en Gualeguaychú, representantes locales de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), indicaron a través de un comunicado conjunto que “entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30 %, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30 %. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado. Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. La progresiva pérdida salarial causa además la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios”. Y resaltaron: “El poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión de Gobierno, el 64% del que tenía en enero de 2023. Actualmente esa tendencia se intensificó y se ha perdido, durante la gestión del actual gobierno, el equivalente a casi 9 meses de transferencias”.

Según los datos oficiales, en el primer cuatrimestre del año sólo se ejecutó el 9,3% del presupuesto de $114 mil millones para el área. Esto implica una subejecución presupuestaria de más de 20 puntos porcentuales, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido; es decir, el 33,3% del período. Esto se debe a que, como reconoció el Gobierno, casi el 70% del presupuesto del área ($ 79.763 millones) aún no fue asignado en particular a ninguna universidad.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) informó que “en términos per cápita, el financiamiento por estudiante se redujo a $2,4 millones, el valor más bajo al menos desde 2004”. Además, sólo se ejecutó el 9,3% del presupuesto destinado a hospitales universitarios.

En agosto de 2025, el Senado convirtió en ley un proyecto de Financiamiento Universitario que establecía una actualización del presupuesto para el área y de los salarios docentes según la inflación acumulada desde fines del 2023. En este escenario, el Gobierno nacional vetó la Ley de Financiamiento en septiembre de 2025, pero el Congreso rechazó esta medida y ratificó la vigencia de la iniciativa.

El 7 de mayo de 2026, en tanto, la Justicia suspendió la aplicación de la ley por pedido del Poder Ejecutivo y habilitó al Gobierno a recurrir a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.

Tanto la yerba mate, como el desarrollo científico, tienen arraigo e historia en la Argentina. Un claro ejemplo es el Laboratorio de Neurobiologia Experimental (LNE) del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos (Ictaer), de doble dependencia Conicet-UNER, que funciona en la Facultad de Ciencias de la Alimentación (Concordia) y en la Facultad de Bromatología de Gualeguaychú, que es donde se investigan las propiedades de la yerba mate frente a enfermedades neurodegenerativas.

Hace 10 años, en la ciudad se comenzó a estudiar esta relación sobre un modelo animal para verificar si la yerba mate tenía efectos neuroprotectores frente a la enfermedad de Parkinson.

La licenciada en nutrición, docente, investigadora, tesista doctoral en Ictaer y miembro del LNE, Florencia Echeverría contó qué descubrieron hasta el momento: “La investigación surgió a raíz de un estudio de caso-control en humanos, donde se encontró una relación inversa entre el consumo de mate y la enfermedad de Parkinson. Esta investigación disparó la incógnita de si la yerba mate tiene un efecto protector de las neuronas. Es así que desarrollamos un modelo animal de la enfermedad y comenzamos a tratarlos con yerba mate durante un periodo crónico, y se demostró que había una menor afectación a nivel neuronal en ellos, con respecto a los que tomaban solamente agua. Aplicando este modelo experimental logramos demostrar que la yerba mate tiene cualidades de neuroprotección. Esto también fue corroborado por otro grupo de investigación argentino en cultivos celulares, a los que se le administró yerba mate y se encontró que las células sobrevivían más tiempo. Por lo tanto, existen varios estudios que han demostrado que tiene un efecto neuroprotector”.

La yerba con la que trabajan las científicas es la que se consigue normalmente en el supermercado. La colocan en un “mate”, realizan la cebada con agua caliente y luego hacen la extracción mediante un sistema de vacío, simulando la forma que tenemos de tomar mate. Luego, el mate extraído se suministra a los ratones que son parte del modelo animal utilizado para la investigación.

Echeverría aclaró que no es lo mismo tomar mate cocido, debido a “principalmente la cantidad de yerba que tiene un saquito, en contraposición al mate, además de que se le agrega una menor cantidad de agua. En el caso del mate, al haber más cantidad de yerba y la toma ser más prolongada, hay más compuestos bioactivos disponibles”. Estos efectos se han logrado comprobar en el consumo de más de un litro de mate por día.

La línea de investigación se focaliza en los efectos antioxidantes y antinflamatorios del mate. “La yerba tiene muchos beneficios y nosotros nos dedicamos a descubrirlos”, resaltó.

De acuerdo a la científica, la yerba cuenta con más de 200 compuestos que tienen un efecto para la salud. El gran plus es que se trata de algo natural con muchos beneficios. Esto es especialmente relevante desde el punto de vista de los fármacos, ya que demuestra que un alimento natural puede prevenir o mejorar la salud en general sin recurrir a remedios.

Dentro de la investigación del Parkinson, el equipo del LNE está evaluando el efecto de la yerba mate para prevenir los movimientos incapacitantes que desarrollan como efectos secundarios las personas con esta enfermedad que son tratadas con levodopa.

“Tenemos células que nos defienden, y estas células producen inflamación, esto es natural y normal a cierto nivel, en personas con enfermedad de Parkinson esta respuesta está exacerbada. La muerte neuronal se puede dar por esta respuesta. Y como la yerba mate tiene probados efectos antinflamatorios, podría con este efecto preventivo disminuir los efectos de inflamación”, explicó.

Además, el mate tiene efectos antioxidantes. “Normalmente en nuestro cuerpo se forman compuestos radicales que tienen efectos negativos en la salud y al mismo tiempo, tenemos antioxidantes para reducir o controlar esto, pero cuando nuestro cuerpo falla, estos compuestos se generan en mucha cantidad. Nosotros siempre hablamos de los compuestos antioxidantes de las verduras, pero el mate también los tiene. Entonces, previene la oxidación, ayuda a reducir estos compuestos nocivos y ayudamos al cuerpo”, expresó y agregó: “El Parkinson es multifactorial, por eso hablamos de atacar desde distintos frentes. Inflamación y oxidación van de la mano, entonces el mate ayudaría a neutralizar estos efectos”.

Además, el Laboratorio de Neurobiología Experimental trabaja con otras líneas de investigación abocadas al estudio de fármacos antipsicóticos, como el que se usa en el tratamiento de la esquizofrenia.

Uno de ellos es el haloperidol que, como efecto secundario, genera movimientos involuntarios: “Tenemos una línea de Cannabis que investiga estos efectos, con el objetivo de poder prevenirlos y evitarlos”.

Ciencia y comunidad

En paralelo a todas las investigaciones, en el marco de un proyecto de investigación, desde LNE realizaron una encuesta para conocer los hábitos de consumo en la población entrerriana, y si bien la totalidad del relevamiento se va a dar a conocer el 20 de mayo en la jornada "El mate nos une" en la Facultad de Bromatología, adelantaron algunos datos: “Logramos llegar a toda la provincia, al menos una persona de cada localidad nos respondió. Entre Ríos es una de las provincias que más yerba mate consume, según datos de Instituto Nacional de la Yerba Mate. Y es interesante que estos datos se corresponden con nuestra encuesta, se toma mucho mate en la provincia. También estuvimos estudiando qué representa el mate para las personas, y muchos respondieron que es tradición, compañía y que genera placer su consumo. Además, pudimos verificar que la yerba con palo es la más elegida”, contó Echeverría.

Sobre la jornada, la profesional manifestó que la idea es “mostrar a la comunidad y difundir lo que sabemos. Va a haber un segmento de intercambio y degustaciones. Eso es lo que estamos trabajando. Es importante que la gente sepa que hay científicos en la ciudad, y que pueden acceder a nosotros e intercambiar dudas. La información empodera y que la comunidad esté informada sobre qué consume es fundamental”.

Echeverría resaltó el rol de la ciencia en su intersección con la comunidad: “Es fundamental dar a conocer que en nuestra ciudad se hace ciencia, y que hay un montón de departamentos que desarrollan otras investigaciones. Tener un instituto de investigación en Gualeguaychú nos costó mucho. Conocer lo que ocurre ahí abre la mente para poder juzgar si es importante mantener la ciencia que se aboca a nuevos descubrimientos para mejorar la salud”.

El mate bajo la lupa de la ciencia y la historia

El próximo miércoles 20 de mayo se realizará la jornada abierta y gratuita “El mate nos une: ciencia, historia y salud en la Semana de Mayo”. La cita es de 16 a 19 horas en 25 de Mayo 709.

La propuesta se enmarca en el Proyecto de Investigación y Desarrollo “Representaciones sociales sobre el consumo de yerba mate y sus beneficios para la salud en la población de Entre Ríos, Argentina”, y tiene como finalidad compartir con la comunidad los principales resultados de la investigación, promoviendo el acceso a información científica en un lenguaje claro, cercano y accesible.

La jornada cuenta con el acompañamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y se desarrollará bajo la modalidad de feria abierta, con stands temáticos, experiencias participativas y actividades interactivas vinculadas a la historia de la yerba mate, su producción, sus beneficios para la salud y las formas de consumo presentes en la población entrerriana. También habrá propuestas lúdicas, espacios de intercambio con el público y dinámicas colectivas.

Entre las propuestas se destacan “La yerba mate a través del tiempo”, un recorrido visual sobre la historia y el valor cultural de esta infusión; “Del cultivo al mate”, espacio dedicado al proceso productivo de la yerba mate; “Yerba mate y salud: lo que dice la ciencia”, con información basada en evidencia científica sobre sus propiedades y beneficios; “¿Cómo toman mate los entrerrianos?”, donde se compartirán resultados e infografías del proyecto de investigación; y “El mate nos une”, un espacio participativo con juegos, mural colectivo y actividades recreativas.

La actividad es organizada por la Secretaría de Extensión y Desarrollo Territorial y la Secretaría de Investigación de la unidad académica, junto a docentes investigadoras e integrantes del Laboratorio de Neurobiología Experimental (LNE), perteneciente al Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos – Ictaer (Conicet-UNER); sede Facultad de Bromatología.

Debatir el rol de la salud pública es un tema profundo y complejo, al igual que la situación que atraviesa. Los hospitales cada vez más deben cubrir la demanda de miles de personas con cobertura médica privada, en parte, por convenios caídos con las obras sociales o prepagas, que de igual manera deberían garantizarles el derecho a sus usuarios, y por la imposibilidad de seguir pagando el servicio. A esto se le suma, los recortes presupuestarios de Nación, que se traducen muchas veces en la falta de campañas de prevención, que permiten como su nombre lo indica “prevenir” en vez de curar, y por lo tanto, tener una población más sana.

A nivel local, el Hospital Centenario atiende entre 35% y 40% de pacientes con obra social, según informaron a Ahora ElDía desde la institución. En promedio, se realizan 17 mil consultas con turno en consultorios mensualmente. En marzo esta cifra se disparó: atendieron 21.767. La Dirección está analizando los motivos por los cuales se dio este salto, ya que los meses anteriores y los posteriores, el nivel de la demanda se mantuvo dentro de los parámetros habituales, pero adelantaron que las situaciones suelen ser multicausales: “Hay pacientes con pérdidas de coberturas, caídas de convenio, que no pueden seguir pagando una obra social o prepaga, complejidades que solo se pueden abordar en el sistema público, e incluso, hay hábitos de atención arraigados, personas que nunca le dieron de alta a su obra social, y que están pagando sin recibir servicio, por falta de conocimiento. Muchas veces, nos encontramos con este gris”, bosquejó la directora del nosocomio Andrea Martins.

Esto mismo, se verifica en el primer nivel de atención que ofrecen los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) distribuidos en diferentes puntos de la ciudad. Al respecto, el subsecretario de Salud Municipal Pablo Alfaro detalló que “sostenemos un proceso de inversión elevado para lograr cubrir una demanda altísima”.

En cuanto a números, entre 2023 y 2025 aumentaron un 35% las consultas en los CAPS por parte de personas que tienen obra social, mientras que, entre 2025 y 2026, acumula un incremento cercano al 10%. Para este año, estiman que esa cifra rondará entre un 3 y 5%. Esto último no se debe a que haya bajado la demanda, sino que alcanzó el límite.

Hasta el momento, el Municipio no puede cobrarles a las obras sociales por los servicios prestados que, de hecho, es uno de los objetivos que tiene la Subsecretaria de Salud: “Seguimos trabajando en eso, lo que sucede es que detrás de las obras sociales hay empresarios y no quieren hacerse corresponsables, buscan muchas variables para intentar no abonar esas prestaciones, con cuestiones de índole administrativa. Hacen que el sistema sea muy engorroso. Hubo una aproximación con OSER, y en eso estamos trabajando muy duro, para que nos abonen las consultas y las prácticas”, manifestó Alfaro.

El Subsecretario relató la realidad que atraviesa el sistema público frente a un Estado Nacional que cada vez se desentiende más de su rol dentro de la salud y delega a municipios y provincias a cubrir esos baches: “Hay una intención de que los municipios se hagan cargo de la prevención primaria: evitar la obesidad infantil, la sífilis, los accidentes cardiovasculares, y que las provincias garanticen programas como el Remediar, el de pacientes diabéticos, el de la salud reproductiva, entre otros. Esto implica en sí un trasfondo sobre quiénes se tienen que hacer responsables de los subsistemas de salud. En cuanto a la prevención, no contamos con el brazo armado de Nación. Cualquier campaña instaurada en todo el país tiene recursos y un impacto mucho más grande que lo que pueda tener una municipal. Nosotros hacemos con gran esfuerzo diferentes tipos de campañas para la prevención, pero son todas costeadas con recursos propios”.

Alfaro señaló que, incluso, desde la prevención en salud sexual, la canasta de anticonceptivos de Nación ofrece entre 14 y 18 métodos, pero como no llegan, desde el Municipio con sus recursos solo pueden ofrecer preservativos.

Pablo Corfield es el presidente del Colegio de Medico de Gualeguaychú y trabaja en el Hospital Centenario hace dos décadas. Como responsable de la institución, contó que en la actualidad “mantienen convenios con casi todos los financiadores, salvo una o dos obras sociales que están morosas o no tienen acuerdos”.

Sobre el mecanismo de prestación de servicio, explicó que el Colegio establece los acuerdos con las obras sociales y las prepagas: “Esos convenios se van actualizando para que los valores no queden detrás de los aumentos inflacionarios, y el médico pueda recuperar lo que pierde con la inflación”.

Corfield reconoció que muchas personas que tienen cobertura médica privada terminan en el sistema público porque la prestadora que tienen está cortada o trabaja con reintegros: “A pesar del trabajo del Colegio por mantener las obras sociales activas, los financiadores continuamente buscan opciones diferentes a las instituciones que correctamente deben prestar salud. Las obras sociales o prepagas deberían tener convenios activos siempre para garantizarle el servicio a sus afiliados. La realidad es que es una obligación porque si pagás un servicio te lo tienen que dar. No es la realidad que se ve hoy y cuando los dirigen al Hospital, se ahorran mucho dinero, más allá de que no cumplen con el convenio. Los sanatorios viven de las obras sociales y las prepagas, entonces, cuando el financiador no cumple, está sobrecargando el sistema público y disminuyendo los aportes al sistema privado, por eso aparecen los problemas”.

Según Corfield, aunque el Hospital puede cobrarles a las obras sociales por las consultas o las prácticas que se realizan sus afiliados, los valores son menores que los que se pagan en un sanatorio, ya que el médico del sistema público cobra un sueldo fijo por mes, y no por consulta, como ocurre en otros centros médicos. De esta manera, el valor de la prestación que deben pagar es menor, aunque a sus afiliados se les aumente la cuota todos los meses. Asimismo, señaló que esta situación muchas veces se da porque los beneficiarios no le reclaman a sus financiadores que garanticen la prestación. Incluso, esto suele ocurrir porque tienen miedo a que los dejen sin cobertura o por falta de tiempo de parte de los afiliados.

“Todo esto lleva a que el efector público deba cubrir las falencias de los financiadores. Lo privado no debería sobrecargar lo pública, que debería ser prioritario para aquellas personas que no tienen ningún tipo de cobertura. El sistema privado no debe desfinanciarse y terminar en el efector público sólo para beneficio de los financiadores”, concluyó Corfield.

En el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN N°803, SE 13, 2026), el Ministerio de Salud de la Nación presentó un análisis detallado sobre la situación de la sífilis en Argentina, advirtiendo un incremento sostenido en la notificación de la enfermedad a nivel nacional y regional, con especial énfasis en adolescentes y personas jóvenes.

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite principalmente por contacto sexual sin protección (anal, vaginal u oral) y, en caso de que la persona esté embarazada, de madre a hijo por vía transplacentaria. La enfermedad es especialmente contagiosa en sus fases iniciales y puede provocar complicaciones graves si no se diagnostica y trata a tiempo.

María Inés Roldán, responsable del servicio de Neonatología del Hospital Centenario, explicó a Ahora ElDía que la sífilis es una infección de transmisión sexual que puede detectarse durante la gestación a través de estudios de rutina. “No es que haya más casos de sífilis congénita, siempre han existido. Tal vez ahora hay un mayor registro, pero es una problemática que nunca dejó de estar”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el sistema de salud cuenta con herramientas efectivas para evitar la transmisión al bebé. “A toda mujer embarazada se le realizan controles en el primer, segundo y tercer trimestre. Si se detecta la enfermedad, el tratamiento es sencillo: son tres aplicaciones de penicilina y se la considera curada”, indicó. Sin embargo, advirtió que uno de los principales inconvenientes es que muchas veces la pareja no realiza el tratamiento, lo que perpetúa el contagio.

Roldán subrayó que, cuando no se interviene a tiempo, el bebé puede nacer con sífilis congénita y desarrollar secuelas graves. “Puede haber afectación del cerebro, del oído y de los huesos, especialmente los huesos largos. Incluso existe la sífilis neurológica”, detalló.

Actualmente, en el hospital se registran casos de manera periódica. “Vemos aproximadamente uno cada tres meses. En este momento tenemos un caso en curso”, precisó. En estos cuadros, los recién nacidos requieren internación y seguimiento: “Cuando un bebé nace con sífilis congénita, debe permanecer internado al menos 10 días para recibir tratamiento y control”.

La especialista insistió en que se trata de una situación completamente prevenible. “Si la mamá se realiza los controles y cumple con el tratamiento, se frena la transmisión. Luego se hace un seguimiento del bebé y, en la mayoría de los casos, los resultados son negativos”, explicó. En contrapartida, el problema se presenta cuando los controles son insuficientes o directamente no se realizan.

“Nos encontramos con muchos embarazos mal controlados. Hay mujeres que van al primer control y después no regresan, o incluso se enteran recién en el tercer trimestre que están embarazadas”, apuntó. Según indicó, menos de la mitad de las gestantes cumple con los controles adecuados.

Roldán también apuntó a factores sociales que inciden en esta problemática. “Se ve más en sectores vulnerables. A veces llegan solas, tarde, hacen el tratamiento, pero sus parejas no, y ahí aparecen situaciones vinculadas al machismo, como cuestionamientos sobre el origen del contagio”, expresó. A pesar de que desde el sistema de salud se promueve el testeo de ambos integrantes de la pareja, la respuesta no siempre es la esperada.

En este contexto, destacó el trabajo de los equipos de atención primaria y de las trabajadoras sociales, aunque reconoció dificultades. “Hoy hay más accesibilidad a los centros de salud, pero menos respuesta. Se hacen campañas, se busca a las pacientes, pero cuesta sostener los controles”, afirmó.

Finalmente, la profesional reiteró que la clave está en la prevención. “Todas las enfermedades de transmisión sexual pueden detectarse en los controles, no solo la sífilis, también el VIH y otras infecciones. Si se diagnostican a tiempo, se pueden tratar y evitar que el bebé nazca con complicaciones”, sostuvo.

Además, remarcó la importancia del uso del preservativo como medida fundamental de cuidado. “Es clave para prevenir no solo la sífilis, sino todas las infecciones de transmisión sexual”, concluyó.

Acompañamiento a embarazadas

A través de la Subsecretaría de Salud, se puso en marcha un nuevo espacio de preparación para el nacimiento, destinado a personas gestantes y sus familias. La iniciativa busca acompañar esta etapa clave de la vida mediante encuentros que brindan información, contención y herramientas desde una mirada integral.

La actividad comenzó el viernes 24 de abril en la Casa Rosada del Corsódromo, y se desarrollará con una modalidad quincenal. Este formato permitirá dar continuidad al proceso y favorecer del seguimiento del embarazo.

El espacio es impulsado por el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Pueblo Nuevo y se enmarca dentro del “Programa Crianza: Acompañamiento Integral de la Lactancia Materna”, una política pública que promueve el cuidado temprano y fortalece el acompañamiento a las familias desde el inicio de la vida.

En este sentido, incorpora una mirada integral que reconoce la lactancia materna no solo como un proceso biológico, sino también emocional, social y cultural. A través del trabajo de puericultoras, se brinda asesoramiento personalizado, detección temprana de dificultades y acompañamiento continuo para favorecer el bienestar tanto del recién nacido como de la persona gestante.

Durante los encuentros se abordarán distintas temáticas vinculadas al embarazo, el parto y el puerperio, con información clara y accesible que permita transitar esta etapa con mayor seguridad. Además, se trabajarán aspectos relacionados con la salud física, emocional y social.

Asimismo, la propuesta apunta a generar redes de apoyo entre las familias, fomentando el intercambio de experiencias y el acompañamiento mutuo.

Virginia Castillo responsable del Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF) habló con Ahora ElDía sobre las situaciones que subyacen detrás del aumento de ausentismo.

“Siempre que hay un niño faltando a la escuela, hay una situación más compleja detrás. Agotadas las instancias institucionales, las instituciones educativas tienen que dar actuación a un organismo de intervención. En nuestro caso, tenemos diferentes tipos de abordaje, citamos a las familias o vamos a domicilio. Algunas veces las situaciones se resuelven con recursos, como ropa o calzado, eso es lo más leve y lo que se puede resolver en lo inmediato, pero muchas veces nos encontramos con situaciones de maltrato infantil y abuso sexual, y damos intervención a Copnaf”, expresó Castillo.

La responsable del Área contó que “el mínimo de las intervenciones es por falta de recursos, el grueso se da por tema de maltrato (violencia física o psicológica, no llega a constituir delitos) o negligencia (la opción de ir o no ir a la escuela, la falta de herramientas por parte de las familias para poder paternar o maternar)”.

En la actualidad, están interviniendo en 1.900 situaciones, y más de la mitad tienen que ver con la interrupción de la trayectoria escolar. “Hay chicos que faltan una semana seguida o dos, y vamos nosotros y logramos que retomen la escuela. Esto ocurre sobre todo en el nivel secundario, que tiene un sistema más estructurado con el tema de las inasistencias. La educación es un derecho y nosotros estamos tratando de trabajar esto con las familias. Es una obligación de los padres enviar a sus hijos a las escuelas. También es nuestra responsabilidad enmarcar esto para que se dé”, resaltó.

La responsable de Anaf enfatizó la corresponsabilidad entre las familias y las instituciones para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “Si un chico está vulnerado en sus derechos los organismos tenemos que estar para restituirlo, y que vuelva a la escuela como derecho innegable”.

Castillo subrayó que “las escuelas son la caja de resonancia de la sociedad. Nosotros trabajamos tanto con escuelas públicas como privadas, y la problemática es trasversal a todos los estratos sociales”.

Además, la referente llamó la atención sobre una conducta que atraviesa a las familias de la actualidad: “a los chicos les dan la opción de ir o no ir. Entonces, trabajamos mucho sobre la idea de que el derecho a la educación no es una opción, y como adultos tenemos la obligación de hacerlo cumplir.

El consumo problemático también es una situación que se evidencia detrás del ausentismo, muchas veces porque los padres o madres están atravesando por una adicción, en menor medida, se ven algunos casos en estudiantes.

“Este tipo de situaciones aparecen cuando empezamos a trabajar con las familias, muchas veces no se da en la primera entrevista. Las técnicas del Área generan el vínculo para trabajar, y en estas instancias, son los propios padres quienes manifiestan esta problemática, y que lo logren reconocer es un paso muy valioso. Por eso nuestra Área jamás actúa desde el juzgamiento, trabajamos para y por los chicos, y una de las formas es fortalecer a las familias”, reconoció Castillo.

En este sentido, manifestó que están tratando de cerrar un proyecto para abordar específicamente esta problemática. “La red interinstitucional es fundamental en estos casos”.

Virginia Castillo también se refirió a la reunión convocada por la Departamental de Escuelas hace 15 días que tuvo como temática principal la salud mental.

“En sí, nosotros no trabajamos salud mental, pero sí referenciamos o acompañamos coordinando con otras instituciones. Lo que sí tratamos es el acoso entre pares. De hecho, tenemos un taller que damos en las escuelas desde lo preventivo, porque así evitamos situaciones que surjan. En estos últimos tiempos, hay un trabajo más articulado y se está trabajando mucho mejor con respecto a los canales de articulación. Si hay una situación de acoso entre pares, las escuelas tienen más incorporados los canales, tiene que ver cómo se han involucrado las supervisoras de escuelas. Destaco mucho como ha influido su trabajo”, aportó.

Una de las mayores preocupaciones del Área, recae en cómo las familias han delegado las responsabilidades de la maternidad y la paternidad: “Por eso, ponemos el foco en repensar cuáles son las responsabilidades de ser madres y padres y cuáles son las herramientas para ejercer una paternidad de forma plena”.

En la actualidad, el ANAF cuenta por primera vez con un espacio exclusivo para abordar las políticas de niñez. Al respecto, Castillo señaló que gracias a esto lograron triplicar las entrevistas diarias que realizan. “De 5 pasamos a 15 consultas por día, eso nos sirve establecer un vínculo directo con las familias. No es que se triplicaron las situaciones, sino que se complicaba hacer las entrevistas por la falta de espacio. Seguimos haciendo territorio y yendo a los domicilios, pero adjudico el aumento de las entrevistas a una mejor calidad de atención de familias y de escucha del niño, niña y del adolescente”.

La nueva dirección es en calle Gervasio Méndez 1.104 esquina Ayacucho, y el horario de atención es de 7 a 13 de lunes a viernes. “Atendemos a todas las familias que tengan una problemática, tenemos un equipo para asesorar en la materia. Hay una apuesta real a las políticas de niñez y familia”, concluyó.

Datos de Entre Ríos y el país

El ausentismo estudiantil creció 7 puntos porcentuales en los últimos dos años a nivel nacional y se registraron aumentos en las 24 jurisdicciones, según un informe de la organización Argentinos por la Educación.

De acuerdo a los autorreportes de los estudiantes, el 21% falta entre 15 y 19 días al año; el 20% entre 20 y 29; y el 10% acumula 30 inasistencias o más.

Los datos del operativo Aprender 2024 refuerzan esta tendencia: el 51% de los alumnos del último año de secundaria declaró haber tenido 15 o más faltas hasta octubre, frente al 44% registrado en 2022.

A pesar de la magnitud del problema, Argentina aún no cuenta con un sistema de información nacional que permita un seguimiento preciso y en tiempo real del ausentismo escolar. La falta de datos consolidados obliga a basarse en declaraciones de los propios estudiantes, lo que limita la exactitud del diagnóstico.

En el desglose por provincias se observan fuertes diferencias. Buenos Aires (66%), CABA (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%) presentan los niveles más altos de estudiantes con 15 o más inasistencias. En contraste, Santiago del Estero (28%), San Juan (29%) y Jujuy (30%) muestran los valores más bajos.

En Entre Ríos, la distribución de inasistencias indica que el 14% de los estudiantes tuvo menos de 5 faltas en el año; el 49% entre 5 y 14; el 24% entre 15 y 19; el 16% entre 20 y 29; y el 2% superó las 30 inasistencias.

Consecuencias del ausentismo escolar

El ausentismo escolar es una de las principales barreras para garantizar aprendizajes sostenidos y trayectorias educativas continuas. Diversos estudios internacionales coinciden en que faltar a clases impacta de manera directa en el rendimiento académico, incluso cuando se trata de ausencias esporádicas.

Las inasistencias se asocian a peores resultados, especialmente en áreas clave como matemática y lectura. Incluso entre cuatro y cinco faltas anuales pueden generar caídas medibles en el desempeño. Además, las ausencias injustificadas suelen tener un impacto mayor, ya que tienden a ser más frecuentes y desordenadas, lo que dificulta la recuperación de contenidos y refleja un menor vínculo con la escuela.

El efecto del ausentismo, además, es acumulativo: alrededor de diez faltas al año ya se relacionan con peores calificaciones, menores tasas de egreso y menos acceso a estudios superiores.

En términos estructurales, el fenómeno implica una reducción significativa del tiempo real de aprendizaje. Aunque el calendario escolar argentino prevé en promedio unos 185 días de clase anuales, distintas estimaciones indican que los estudiantes faltan alrededor de 30 días por año. Esto reduce el tiempo efectivo a unos 155 días, lo que representa una pérdida cercana al 17% del ciclo lectivo.

Si esta tendencia se mantiene a lo largo de toda la educación primaria, la pérdida acumulada equivale a aproximadamente un año completo de escolaridad.

El impacto del ausentismo no actúa de manera aislada. Se combina con otros factores que afectan el tiempo efectivo de enseñanza, como el ausentismo docente, los paros, los problemas de infraestructura o las suspensiones por cuestiones climáticas.

En este contexto, la falta de sistemas de información nominales y actualizados aparece como una limitación clave. Sin datos precisos, resulta más difícil dimensionar el problema, identificar a los estudiantes en riesgo y diseñar políticas públicas eficaces para garantizar la continuidad educativa.

Por la Guerra de Medio Oriente, la nafta y el gasoil aumentaron más de 20% en el último mes, lo que llevó al Gobierno Nacional a tomar cartas en el asunto: pausó el incremento del impuesto a los combustibles previsto para abril e YPF congeló los precios en los surtidores por 45 días.

Esta suba impactó en varios niveles de la vida cotidiana, y el transporte público, no es una excepción. De hecho, en Buenos Aires algunas líneas redujeron sus frecuencias hasta un 20%, y en grandes centros urbanos como Mar del Plata y Bahía Blanca, las empresas están reclamando fuertes subas en el boleto.

En Gualeguaychú, Ricardo Delcausse, propietario de las líneas 1 y 4, señaló que no acortaron la frecuencia de los servicios, pero que ya no circulan los domingos ni los feriados porque la cantidad de pasajeros no permite amortiguar los costos.

“En este momento, tenemos entre 3.600 y 3800 pasajeros de lunes a viernes, los sábados baja un poco, cuando hace tres años teníamos 6.500. La gente economiza en transporte, agarra la bicicleta o camina”, describió y señaló que “los principales motivos son económicos, incluso hay personas que usaban el colectivo para ir a trabajar, y se quedaron sin trabajo, entonces, ya no lo usan”.

Delcausse manifestó que hace tres meses que Nación no les paga los tributos sociales (54%) que corresponden a la bonificación que tienen los jubilados para trasladarse en transporte público.

“La situación del transporte es cada vez peor. Nosotros no tenemos subsidio. El boleto gratuito de primaria, secundaria, terciario y universitario que está por ordenanza, lo paga el Municipio, mientras que la tarifa plana, no tiene ningún tipo de subsidio para los pasajeros. Hoy en día, el boleto tiene un costo de $1.968, pero tendría que estar $3.500. Sin embargo, no podemos poner ese precio, porque nadie podría viajar”, expresó.

En todo el Departamento, sólo cuatro ciudades tienen transporte público: Paraná, Concordia, La Paz, y Gualeguaychú, ya que recientemente Concepción del Uruguay quedó sin servicio.

Delcausse augura una situación similar en Gualeguaychú por la disminución de la demanda y los costos de mantenerlo.

El sistema de aumento está establecido cada dos meses por ordenanza, la tarifa se actualizó hace 20 días. La lógica indica que en este contexto es necesario que haya una sesión especial para tratar el tema. Estuve en el Municipio queriendo hablar con quién me atienda para hacer una reunión con el Concejo Deliberante, pero todavía no me han llamado”, contó el empresario.

Ricardo aseguró que mantiene una relación fluida con el dueño de los colectivos Santa Rita (línea 2), y que su situación es la misma que atraviesa él.

“Todos los días en el interior del país se acaba alguna línea de colectivo porque no hay subsidios. En CABA y AMBA hay subsidios, y así mismo se quejan por el aumento del gasoil, y bajaron la frecuencia de los recorridos. Nosotros no tenemos ese beneficio y encima nos manejamos con los mismos sueldos que ellos, es demasiada la complejidad. Llevamos 4 años con los balances negativos, no sabemos hasta cuándo vamos a subsistir, estamos esperando alguna solución de los estados o el final. Pero la verdad es que no tienen intención de que el transporte continue”, afirmó.

Cuál es el principal reclamo de las empresas de colectivos al Gobierno

Las compañías de transporte automotor de pasajeros reclaman que se revise la estructura de precios y subsidios. A través de una carta dirigida al secretario de Transporte, Fernando Herrmann, solicitaron que se incluya el aumento de los combustibles, y una asignación adicional en concepto de anticipo correspondiente a abril.

En la misiva, las empresas advirtieron que en la última adecuación de costos dispuesta por el Gobierno se tomó como referencia el gasoil a $1744,15 por litro, mientras que ahora lo estiman en $1915 por litro, una diferencia de 9,8%.

“Estamos pagando 48% más el precio del combustible en relación a un mes atrás, muy por encima del valor que reconoce el Estado nacional”, subrayaron desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP).

Para definir la estructura que determina los subsidios que Nación entrega a las empresas, se realiza un cálculo mensual que tiene en cuenta, entre otros factores, los recorridos de cada línea y los pasajeros que llevan.

Actualmente, la secretaría de Transporte destina unos $90.000 millones mensuales en concepto de asistencia a las empresas y se calcula que el Estado cubre el 65% del costo final de los boletos, mientras que el 35% restante corresponde al valor de la tarifa. Aunque esto, no es lo que ocurre en Gualeguaychú, donde no se reciben subsidios, según señaló Delcausse. La crisis del sector se ve agravada por un cambio drástico en el esquema de asistencia estatal. Tras la eliminación del Fondo Compensador del Interior por parte de la Nación, las empresas de Gualeguaychú dejaron de recibir recursos directos para costear combustible y salarios, quedando supeditadas a una recaudación que no deja de caer. Si bien el Gobierno de Entre Ríos mantiene programas de subsidio a la demanda, como la gratuidad para estudiantes y descuentos a docentes, este modelo ya no cubre la operatividad general del sistema (subsidio a la oferta), lo que obliga a las líneas locales a subsistir casi exclusivamente con el corte de boleto y el aporte municipal para las gratuidades locales.

A este escenario se suma el impacto de la "deuda invisible" por los Atributos Sociales de la tarjeta SUBE. Las empresas denuncian que, aunque aplican los descuentos de ley a jubilados y beneficiarios de ANSES en cada viaje, el Estado Nacional demora meses en reintegrar esos fondos, obligando a los propietarios a financiar el sistema con capital propio en un contexto de inflación galopante. Sin un subsidio que amortigüe la tarifa plana para el pasajero común, la brecha entre el costo real del servicio y lo que el usuario puede pagar se vuelve insostenible, empujando al transporte de la ciudad hacia el mismo destino de precariedad que ya sufren otras localidades de la provincia.

En un contexto de fuerte demanda habitacional, acceder a un crédito hipotecario en Argentina vuelve a instalarse como una posibilidad concreta, aunque con exigencias económicas que delimitan claramente quiénes pueden calificar. En Gualeguaychú, las principales entidades bancarias que operan en la plaza ofrecen líneas para la compra, construcción o refacción de viviendas, pero comparten un punto en común: el nivel de ingresos requerido y la relación entre cuota y salario son determinantes.

Uno de los aspectos centrales que se repite en prácticamente todas las propuestas es que la cuota mensual no puede superar entre el 25% y el 30% de los ingresos del solicitante. Este criterio, utilizado como medida de capacidad de pago, establece un piso salarial elevado en relación con los ingresos promedio. En la práctica, implica que, para afrontar cuotas iniciales cercanas a los 400 mil pesos, los ingresos mensuales deben ubicarse, como mínimo, en torno al millón y medio de pesos.

En ese sentido, el Banco BBVA fija un ingreso mínimo de $1.387.200 para el titular, equivalente a aproximadamente cuatro salarios mínimos, mientras que la cuota no debe superar el 25% del ingreso. En una línea similar, el ICBC exige ingresos desde $1.400.000 y mantiene el mismo tope de afectación, permitiendo además sumar ingresos de familiares directos para mejorar la capacidad crediticia.

Por su parte, el Banco de la Nación Argentina ofrece una de las líneas más difundidas, con simulaciones concretas que permiten dimensionar el esfuerzo económico. Para un crédito de 50 millones de pesos, la entidad establece ingresos cercanos a $1.523.899 para el grupo familiar, con una cuota inicial de $380.975. En este caso, también se admite la suma de ingresos entre titulares y codeudores, aunque se exige que al menos el 50% de la cuota sea cubierta por los ingresos del titular principal.

El Banco Santander, en tanto, presenta una de las barreras de ingreso más elevadas: solicita ingresos mínimos de $2.240.000 para acceder a un crédito destinado a vivienda permanente, manteniendo la relación cuota-ingreso en un máximo del 25%. Esta condición deja afuera a una porción importante de trabajadores, especialmente aquellos con ingresos informales o inestables.

En el caso del Banco Entre Ríos, la relación cuota-ingreso puede alcanzar hasta el 30% para clientes que acrediten haberes en la entidad, lo que amplía levemente el margen de acceso. Sin embargo, se trata de una línea destinada exclusivamente a empleados en relación de dependencia con al menos un año de antigüedad, lo que también restringe el universo de potenciales beneficiarios.

Otras entidades como el Banco Patagonia, el Banco Galicia y el Banco Credicoop sostienen criterios similares, con topes del 25% sobre los ingresos y la posibilidad de sumar codeudores o convivientes para alcanzar el nivel requerido. En todos los casos, la estabilidad laboral también aparece como un requisito clave: se exige al menos un año de antigüedad para empleados en relación de dependencia y hasta dos años para trabajadores autónomos o monotributistas.

En cuanto al porcentaje de financiación, las distintas entidades se mueven en rangos bastante similares. En general, los bancos cubren entre el 70% y el 80% del valor de la propiedad, lo que implica que los solicitantes deben contar con un ahorro previo significativo para cubrir el porcentaje restante, además de los gastos asociados a la operación. Este requisito, en muchos casos, se convierte en una de las principales barreras de acceso.

Más allá de las diferencias en montos máximos, tasas o plazos, que pueden extenderse hasta 30 años en algunos casos, el verdadero filtro de acceso sigue siendo el ingreso. Incluso cuando se permite sumar salarios dentro del grupo familiar, alcanzar los valores exigidos no resulta sencillo para amplios sectores de la población.

En este escenario, los créditos hipotecarios aparecen como una herramienta disponible, pero no necesariamente accesible para todos. La reactivación de estas líneas por parte de los bancos abre una ventana de oportunidad, aunque condicionada por variables económicas que siguen siendo un desafío: ingresos formales elevados, estabilidad laboral y capacidad de ahorro para afrontar los costos iniciales.

El programa de IAPV y sus limitantes

El gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), otorga créditos para la construcción y ampliación de viviendas en terreno propio, en el marco del programa Ahora Tu Hogar.

Dos de las exigencias excluyentes de este programa provincial, que busca dar respuesta a la crisis habitacional de Entre Ríos, son: que los postulantes deben ser propietario de un terreno, y, por otro lado, constituir un grupo familiar, es decir, las personas solteras no pueden acceder a esta política pública.

Sin embargo, si se cumple con estos dos requisitos fundamentales, las exigencias económicas son menores a las de los bancos, más allá de que no se trata de un crédito para la compra sino para la construcción, ya que el grupo familiar debe contar con ingresos formales de dos a ocho salarios mínimos (desde $715.600 hasta $2.774.400).

Además, empleados en relación de dependencia deberán acreditar una antigüedad mínima de 1 año, y a los trabajadores independientes o autónomos, se les requiere la inscripción al monotributo con una antigüedad mínima de 1 año en la categoría que comprenda el monto de ingreso mínimo estipulados por el programa y los últimos tres pagos.

Como cada año, este 11 de abril fue el Día Mundial de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo que afecta el control motor. Su origen está vinculado a la pérdida de neuronas que producen dopamina, una sustancia clave para coordinar los movimientos. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que su prevalencia se duplicó en los últimos 25 años.

El neurocirujano Julio Vega conversó con Ahora ElDía sobre esta enfermedad y distinguió entre el trastorno que deviene de la genética (primario), que es el que menos prevalece, y el Parkinson secundario, relacionado al consumo de sustancias, lícitas e ilícitas, y a la calidad de vida del paciente.

“El Parkinson representa aproximadamente el 10% de las consultas, es una enfermedad de la tercera edad. Los pacientes de 65 años que comienzan con un temblor vienen, y por lo general esa situación está relacionada con otra patología. El diagnóstico es por imágenes. Antes hay que descartar ansiedad, angustia, un temblor que puede ser familiar, entre otras causas”, describió el médico.

Vega señaló que “la evolución del Parkinson primario es errática, y los costos de tratamiento médico son muy elevados, mientras que el secundario evoluciona más favorablemente”.

El profesional advirtió que en la actualidad se habla mucho más de las enfermedades neurodegenerativas porque “somos más longevos”.

El especialista apuntó que es posible llegar a la vejez sin estas patologías si a partir de los 40 años se comienza a restringir el consumo de alcohol, se deja de fumar, se tiene una alimentación adecuada, y se mantiene una vida social activa.

“Aprendimos que, para tener un buen estándar de vida, tenemos que tener hábitos saludables, porque una población que está creciendo en el tiempo y llega a edades avanzadas, tiene que tomar medidas antes”, enfatizó.

El neurocirujano contó que en el top 4 de consultas se encuentran: en el primer lugar los dolores de cabeza; en segundo lugar, los accidentes cerebrovasculares; terceros trastornos de la memoria o del equilibrio; y en cuarto lugar trastornos dopaminérgicos como el Parkinson.

El director de Turismo municipal, Adrián Romero, trazó un balance del último fin de semana largo y anticipó un escenario más alentador para este. Según explicó, el feriado del 24 de marzo estuvo marcado por la incertidumbre producto de las lluvias: a comienzos de la segunda quincena del mes, las reservas rondaban el 38%, luego cayeron producto de los pronósticos climáticos adversos y finalmente repuntaron hasta alcanzar cerca de un 55% de ocupación, durante los 4 días de descanso anteriores.

El funcionario reconoció que marzo suele ser un mes “históricamente complicado” para el turismo, atravesado por el inicio del ciclo lectivo y la cercanía entre feriados. A eso se sumó, en esta oportunidad, la particularidad del feriado puente, que no fue laboral para todos los trabajadores, lo que impactó en la movilidad. En ese contexto, evaluó que el panorama inicial “no era bueno”, aunque el resultado final terminó siendo “menos peor” de lo esperado, con un balance que consideró positivo dentro de las previsiones.

También advirtió que se registraron numerosas cancelaciones de reservas, un fenómeno que se viene repitiendo y que refleja la sensibilidad del “turismo de cercanía” frente a factores como el clima.

De cara a Semana Santa, Romero señaló que a mitad de semana ya se registraba un 55% de reservas. En ese sentido, sostuvo que las expectativas eran “buenas” y que el resultado podría ser mejor que el del último feriado.

Más allá de los números puntuales, el director de Turismo puso el foco en los cambios que atraviesa la actividad a nivel nacional. Según analizó, hoy resulta difícil tomar el pulso del turismo con parámetros tradicionales, debido a la fragmentación de la demanda y a la pérdida de poder adquisitivo de amplios sectores. En ese marco, diferenció entre el turismo de temporada alta y el de “contra temporada”, más conocido como temporada baja.

Romero explicó que, en muchos casos, la clase media que dispone de más días en verano opta por viajar al exterior, mientras que en escapadas cortas busca destinos cercanos, donde la ciudad se posiciona como una alternativa viable. En ese esquema, consideró que la agenda de eventos cumple un rol clave, ya que no sólo garantiza la llegada de visitantes, sino que además funciona como una herramienta de promoción indirecta.

El funcionario remarcó que cada evento “genera como otro fin de semana largo”, al atraer público específico a la ciudad. También mencionó la importancia de sostener la visibilidad del destino durante todo el año, con campañas de promoción tanto a nivel nacional como en Uruguay, ya que el próximo feriado coincide con la Semana del Turismo en el país vecino.

“Esto era un reclamo histórico que tenemos como privados, con respecto a la Semana de Turismo de Uruguay, por eso, aprovechamos el convenio de que tiene Provincia y fuimos a mostrar la ciudad y sus atractivos. Si bien la brecha cambiaria se acortó, al publico uruguayo le sigue saliendo barato venir a Gualeguaychú, aunque no tanto como antes”, reconoció.

La mirada desde los prestadores

En paralelo, desde el sector privado el diagnóstico es más crudo. Marcelo Friedrich, presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, describió un presente “complejo”, especialmente en el rubro gastronómico, donde el consumo se vio fuertemente resentido. Según planteó, el último fin de semana largo fue “muy bajo” y estuvo lejos de las expectativas, con resultados que calificó directamente como “del terror” para muchos establecimientos.

Al igual que Romero, Friedrich resaltó los factores que inciden en el sector: la cercanía geográfica con grandes centros emisores como Buenos Aires, que puede jugar a favor o en contra, la incidencia del clima en decisiones de último momento y la acumulación de fines de semana largos consecutivos. A esto se suma la incertidumbre general del contexto económico, que afecta tanto al turismo como al consumo interno.

En la misma línea, el empresario gastronómico Agustín Rosado señaló que la dinámica del último feriado resultó “confusa”, ya que muchas personas trabajaron el lunes pese a tratarse de un fin de semana largo, lo que desdibujó su impacto real.

Ambos coincidieron en que el sector atraviesa un período prolongado de dificultades. Rosado habló de un “tercer verano de lucha”, con temporadas que comienzan con expectativas, pero luego se ven afectadas por la baja en el consumo. De cara a 2026, sostuvo que no se avizoran cambios significativos en el corto plazo y que el escenario continuará siendo desafiante.

Uno de los puntos más críticos tiene que ver con la caída del gasto en gastronomía. Según describieron, salir a comer se ha transformado en un lujo para muchas familias, que redujeron drásticamente sus salidas. Esto genera un desajuste entre la oferta y la demanda: “Gualeguaychú cuenta hoy con una capacidad de cubiertos que supera el volumen real de público, lo que presiona sobre la rentabilidad de los negocios”, aseguró Rosado.

Frente a este panorama, los empresarios se ven obligados a ajustar sus estructuras. Friedrich explicó que muchos locales reducen horarios y turnos para evitar costos innecesarios, mientras que la gestión de insumos y precios se volvió mucho más cuidadosa. “Antes de modificar un valor en la carta se analiza varias veces”, deslizó.

Rosado, por su parte, advirtió que la rentabilidad se ha reducido al mínimo y que la falta de consumo es hoy el principal problema. En ese sentido, sostuvo que el turismo ha sido una de las actividades más golpeadas y que la situación se replica en distintos destinos del país.

Pese a este escenario, ambos destacaron el rol estratégico de los eventos como motor de la actividad. Coincidieron en que, sin esa herramienta, la situación sería aún más compleja. Además, valoraron los esfuerzos de promoción que se vienen realizando y señalaron que la marca Gualeguaychú volvió a ganar visibilidad en medios y redes sociales, algo que consideran fundamental para sostener el flujo turístico a lo largo del año.

De todos modos, el horizonte inmediato genera preocupación. Según anticiparon, una vez finalizado el movimiento de Semana Santa, muchos establecimientos podrían reducir su actividad durante la semana ante la falta de demanda. En ese contexto, remarcaron que las estructuras más pequeñas son las que tienen mayores posibilidades de resistir.

Finalmente, Friedrich planteó la incertidumbre respecto a cuándo los cambios macroeconómicos podrán traducirse en mejoras concretas a nivel micro, mientras que Rosado expresó la inquietud de muchos empresarios ante un proceso que “se está haciendo largo”, en un escenario de consumo retraído y expectativas que aún no se materializan.

La Subsecretaría de Ambiente de Gualeguaychú avanza en la implementación de políticas públicas orientadas a la erradicación de la tracción a sangre. En ese marco, la subsecretaria Ivana Zecca detalló las acciones que se están llevando adelante para solucionar la problemática, entre ellas la creación del Registro Único Municipal de Equinos.

Respecto a la aplicación de la Ordenanza Nº 12.837/2023, que establece la creación del “Programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal”, Zecca señaló que se encuentran trabajando en la evaluación de las “posibilidades concretas de implementación plena” de la ordenanza vigente, así como en la elaboración de una reglamentación que permita una aplicación “más efectiva y viable en el territorio”.

La subsecretaria subrayó que este proceso “no solo pone el foco en el bienestar animal, sino que también incorpora una mirada social indispensable para lograr un cambio real y sostenido en el tiempo”. En esa línea, consideró fundamental abordar la situación de las personas que dependen de esta actividad, generando alternativas que eviten la reincidencia.

“Se busca impulsar políticas públicas que brinden herramientas para nuevas salidas laborales, promoviendo la inclusión y el acompañamiento”, expresó, y agregó que para ello “resulta clave la intervención articulada de distintas áreas municipales, con el objetivo de garantizar una implementación integral y eficaz”.

“El acompañamiento a las personas que hoy dependen de esta actividad es clave para evitar que los animales vuelvan a ser utilizados en condiciones inadecuadas”, enfatizó.

En relación al destino de los equinos que dejen de ser utilizados para la tracción a sangre, Zecca aclaró que la política en desarrollo “no se limita únicamente a retirarlos de la actividad, sino que contempla su destino y bienestar a largo plazo”.

En ese marco, explicó que los animales serán incorporados al Registro Único Municipal de Equinos, lo que permitirá su identificación mediante chipeo y un seguimiento más riguroso. Asimismo, indicó que los propietarios continuarán siendo responsables de garantizar condiciones adecuadas de cuidado, sanidad y alojamiento.

Zecca aprovechó a brindar más detalles sobre el Registro Municipal de Equinos y detalló que su objetivo es “identificar, censar y controlar la población equina dentro del ejido urbano”. En ese sentido, destacó que el chipeo de los animales “constituye una herramienta fundamental”, ya que permite su identificación individual mediante la implantación de un microchip.

Zecca remarcó que este procedimiento “facilita la trazabilidad, el control sanitario y la determinación de la titularidad”, al tiempo que promueve una tenencia responsable. Además, sostuvo que el registro y chipeo “contribuyen a prevenir situaciones de abandono, extravío, robo o circulación indebida en la vía pública”, fortaleciendo tanto la seguridad urbana como el bienestar animal.

En cuanto a la implementación, indicó que el Municipio avanza de manera progresiva y que, en una primera etapa, el chipeo se está realizando sobre los equinos secuestrados en operativos de control. “La implementación del chipeo no solo responde a una obligación normativa, sino que también representa una política pública orientada al ordenamiento, control y protección de los equinos en el ámbito municipal”, afirmó.

Por último, volvió a referirse a la tracción a sangre, y señaló que, en los casos que corresponda, se evaluarán alternativas como la relocalización, la adopción responsable o la permanencia bajo supervisión, priorizando el bienestar animal.

Qué dice la normativa de tracción a sangre

La Ordenanza Nº 12.837 fue aprobada en 2023 de forma unánime por el Concejo Deliberante, que consideró que era una problemática que necesitaba respuesta. Sin embargo, a pesar de que el texto planteaba un plazo de 12 meses para su plena implementación, todavía no se ha logrado.

La normativa establece la creación del “Programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal” en Gualeguaychú, con el objetivo de eliminar progresivamente el uso de caballos para tirar carros en el ejido urbano y promover alternativas laborales para los trabajadores que dependen de esta actividad.

Además, dispone que el Municipio implemente mecanismos de reconversión laboral, incluyendo capacitación, acompañamiento y acceso a herramientas como motocarros o vehículos alternativos, articulando con instituciones educativas, organismos y empresas. También prevé el relevamiento de los trabajadores alcanzados por el programa y el análisis de propuestas individuales o colectivas para sustituir la actividad económica.

En paralelo, la ordenanza regula el destino de los equinos, estableciendo que podrán ser entregados voluntariamente o secuestrados en caso de incumplimiento, garantizando su protección, cuidado y eventual adopción. Asimismo, contempla un régimen sancionatorio para quienes continúen utilizando vehículos de tracción a sangre una vez vencidos los plazos establecidos.

El consumo problemático en Gualeguaychú mantiene una demanda sostenida de atención, con un promedio de 20 nuevas consultas mensuales en el dispositivo territorial comunitario (DTC), dependiente de Sedronar, que funciona como uno de los principales puntos de acceso al tratamiento en la ciudad.

Según los datos relevados, el DTC registra además entre 50 y 70 personas en tratamiento ambulatorio, mientras que el promedio de intervenciones semanales —entre atenciones presenciales y telefónicas— oscila entre 25 y 35. Este volumen de consultas da cuenta de una demanda constante que se sostiene en el tiempo.

En cuanto al perfil de quienes acuden al dispositivo, el 90% de las consultas directas corresponden a varones, mientras que el 10% restante se distribuye entre mujeres y personas del colectivo LGBT. A su vez, muchas de las consultas indirectas son realizadas por mujeres, madres, parejas o hermanas, que buscan ayuda para varones que atraviesan situaciones de consumo.

El dispositivo funciona de lunes a viernes por la mañana, de 8 a 12, con un servicio de desayuno en las primeras horas y luego talleres y espacios de atención. Por la tarde, abre martes, jueves y viernes de 14 a 18, donde se suman actividades y merienda. Las personas pueden acercarse de manera espontánea o solicitar turno previamente.

De acuerdo a cifras del Hogar de Cristo, el 70% de las personas asistidas son varones, mientras que el 30% son mujeres, una proporción que se repite en otros espacios de atención. En el ámbito privado, Proyecto Unir también registra una fuerte brecha: menos del 10% de sus pacientes son mujeres.

En cuanto a la edad, los datos muestran que la mayor demanda de asistencia se concentra en jóvenes. En el Hogar de Cristo, el rango predominante se ubica entre los 20 y 30 años, mientras que en el DTC el abanico se amplía de los 25 a los 50 años. Sin embargo, también se advierte un inicio cada vez más temprano en el consumo: en la ciudad, adolescentes comienzan a consumir a partir de los 13 y 14 años, y ya se registran consultas por menores desde los 16 años en instituciones privadas.

La magnitud de la problemática se refleja en la cantidad de personas alcanzadas por los distintos dispositivos. El Hogar de Cristo acompaña mensualmente a más de 300 adultos. Dentro de ese universo, más de 150 personas reciben asistencia alimentaria diaria, y más de 250 participan en espacios de escucha y acompañamiento. 

En paralelo, el Municipio sostiene ocho espacios de escucha, donde asisten en promedio 250 personas, aunque no todos los casos están vinculados al consumo problemático. Allí se articulan intervenciones con otras áreas e instituciones para el abordaje de distintas situaciones sociales.

En el ámbito privado, Proyecto Unir asiste a 15 personas diariamente, además de sus entornos familiares. En este espacio, el 70% de las consultas por tratamiento están vinculadas al consumo de cocaína, mientras que el resto se divide entre alcohol y ludopatía.

En términos generales, las sustancias más consumidas en Gualeguaychú son la cascarilla, la cocaína y la marihuana, según el Hogar de Cristo. 

El consumo problemático en Gualeguaychú no es nuevo, sin embargo, en 11 años, el Hogar de Cristo pasó de tener un solo dispositivo de asistencia a tener seis, lo que evidencia la profundización de esta situación.

Ubicados en diferentes zonas de la ciudad, estos espacios brindan asistencia a quienes no tienen forma de pagar un tratamiento. Es importante aclarar que el Hogar de Cristo no sólo atiende adicciones, sino que también brinda soluciones integrales a personas en situación de vulnerabilidad.

Francisco Sobral, referente del Hogar de Cristo Gualeguaychú, conversó con Ahora ElDía y contó que “el mayor ingreso económico que tenemos viene de la Sedronar. Hace tres meses vienen retrasados, se nos está complicando tener los centros abierto el próximo mes. El estado es crítico. Hay 54 personas que trabajan en el Hogar, entre talleristas y referentes, esto se sostiene porque un gran componente es voluntario, pero al no contar con estos fondos estamos pensando en dos semanas en cerrar espacios. En la ciudad va a provocar un vacío grande, porque no hay efectores que acompañen la problemática como lo hacemos nosotros”.

Sobral detalló que lo que pasa con los fondos es que los recursos de Sedronar pasaron al ámbito del Ministerio de Economía, y que no se bajaron a las instituciones. De hecho, esta semana hubo un paro de 48 horas, por la falta de giros de fondos nacionales que ponen en riesgo la continuidad de centros terapéuticos y servicios de transporte para personas con discapacidad en toda la provincia. El referente del Hogar de Cristo señaló que en esa falta de envió de fondos están incluidos.

“Fuimos soportando estos meses, comiendo ahorros, pero no se soluciona, ya el mes que viene no podemos sostenerlo, por lo cual debemos cerrar algunos espacios y dejar de acompañar a las personas porque no podemos, estamos en un estado realmente crítico”, resaltó y agregó: “Tenemos 36 personas que se alojan en nuestros dispositivos, no podemos dejarlos en la calle, trataremos de aunar esfuerzos para achicar lo menos posible. Si en dos semanas esto no se soluciona quedaremos a la mínima expresión”.

En la última década, el consumo problemático no ha hecho otra cosa que multiplicarse y el Hogar de Cristo ha tenido que incrementar su labor y presencia territorial.

“Las personas que llegan a pedir ayuda lo hacen cuando han perdido absolutamente todo: el trabajo, el contacto con sus familias, es decir cuando tocaron fondo. Muchos llegan porque tienen alguna medida de la Justicia, tienen conflictos con la ley. La mayoría por casos de hurtos relacionados con el consumo problemático”, señaló Sobral.

El rango etario que más concurre al Hogar, oscila entre los 20 y 30 años, esto se debe, según el referente, a que son quienes después de perderlo todo, acuden a pedir ayuda. También hay adolescentes, pero son los que menos reconocen el problema.

“Nosotros tenemos una manera que, si bien está enfocada en el consumo, está centrada en acompañar esa vida que llega. Nosotros no abordamos sólo la adicción, por ahí el chico o la chica llega porque tiene hambre, o está en situación de calle. Nosotros brindamos los espacios y después empezamos a trabajar. En eso fue, volvió, recayó, lo importante es que siempre de alguna manera vuelvan”.

Los dispositivos de los barrios 338 Viviendas y la Cuchilla son en los que más se evidencia el consumo, aunque es una problemática que no discrimina zonas.

Actualmente, el Hogar de Cristo acompaña de manera mensual a más de 300 adultos, además de 100 niños y niñas que dependen directa o indirectamente de este sostén. El espacio garantiza lo básico, contención emocional, vínculos de cuidado, una ducha caliente, un plato de comida, un abrigo, un lugar donde dormir, pero también promueve procesos de recuperación más profundos: reconstrucción de vínculos, acceso a la educación, espacios terapéuticos y oportunidades de trabajo digno.

Más de 150 reciben asistencia alimentaria diaria, más de 250 participan en espacios de escucha y acompañamiento, y más de 50 personas forman parte de la cooperativa de trabajo.

Frente a la situación crítica, la institución realizo un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad, y puso a disposición diferentes canales de asistencia: una única transferencia bancaria para sostener el funcionamiento en abril a través de un alias (hogardecristogchu.); sumándose como donante mensual en la Plataforma de DonarOnline; y colaborando en la búsqueda de financiamiento con empresas, organismos o redes de contacto. También difundieron números de teléfono a los que la ciudadanía se puede comunicar para brindar ayuda: 3446 635 663(Sofía), 3446 412 000 (Francisco), y 3446 365 767 (Eli).

El consumo problemático en números

A través de la Dirección de Desarrollo Humano, el Municipio, lleva adelante ocho espacios de escucha dedicados a atender demandas sociales en los cuatro puntos cardinales de la ciudad.

Se trata de lugares en donde se articula la asistencia con otras instituciones y los casos son abordados de forma personalizada. El director de Desarrollo Humano Marcos Hechóz charló con Ahora ElDía y dijo que en promedio asisten a estos espacios 250 personas, no todas por consumo.

“Por lo general, las situaciones de consumo problemático nos llegan a través de las familias, que son las que primero se acercan para buscar ayuda. Las personas que están atravesadas por el consumo llegan después”, explicó.

Más allá de su articulación con organizaciones y ONGs, a la hora de atender el consumo problemático, el Municipio cuenta con un dispositivo de referencia que es el DTC, dependiente de Sedronar.

Allí la atención se brinda de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 del mediodía, donde de 8 a 10 de la mañana, se hace un servicio de desayuno, y luego se desarrollan diversos talleres. Por la tarde, sólo funciona martes, jueves y viernes de 14 a 18 horas, y se ofrece la merienda, además de los talleres y atenciones habituales.

Las personas pueden acercarse por sí sola o con algún acompañante, e incluso pueden solicitar un turno al 3446 56-8389.

En la actualidad, el DTC tiene un promedio de 20 nuevas consultas directas mensuales. El 90 % son hombres el 10% restante se reparten entre personas del colectivo LGBT y mujeres. Entre las consultas indirectas la mayoría son de mujeres (madres, hermanas, parejas) que consultan por un hombre que está atravesando una situación de consumo. Entre las atenciones, hay un promedio de 50 a 70 usuarios que sostienen un tratamiento ambulatorio. El rango etario va desde los 25 a los 50 años. El promedio de atenciones semanales fluctúa entre 25 y 35, entre presenciales y telefónicas.

Las principales derivaciones y articulaciones se dan entre: el Área de Salud Mental del Hospital, la Justicia, los CAPS, la Defensoría (penal), el Hogar de Cristo y Desarrollo Social.

“Una vez que se llega, inmediatamente hay una entrevista, y se empieza a trabajar. Puede que la persona vaya todos los días, y pase las cuatro horas y participe de todas las actividades. Eso depende de lo que establezcan los profesionales”, apuntó Henchoz.

De acuerdo a datos proporcionados por el Hogar de Cristo, el 70% de las personas asistidas son varones, mientras que el 30% son mujeres. Las sustancias que más se consume en Gualeguaychú son la cascarilla, la cocaína y la marihuana. Los adolescentes están comenzando a consumir en la ciudad a partir de los 13 y 14 años.

Por último, desde Proyecto Unir, institución privada que aborda el consumo problemático, contaron que asisten a 15 personas todos los días y sus familiares. En la actualidad menos del 10% de sus pacientes son mujeres. El 70% de las consultas por tratamiento son por consumo de cocaína, el resto se divide entre consumo de alcohol y ludopatía. Han recibido consultas por menores de edad desde 16 años.

Se trata de una causa que inició en 2006 caratulada “UPM (ex Botnia) y otro s/ Infracción Ley 24.051 (Art. 55)”, y no es la primera vez que Uruguay se niega a colaborar con la Justicia Federal de Gualeguaychú.

La postura se escuda en la Resolución Nº 2052 que emitió en 2008, el gobierno del entonces presidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, por la cual se niegan por razones de “seguridad” la comparecencia de directivos de la pastera UPM (Botnia en ese entonces) ante la Justicia Federal por el cargo de “tentativa de contaminación”, que impulsó el ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti.

Nuevamente, este año la solicitud de “cooperación jurídica internacional” de parte del Juzgado de Primera Instancia de Gualeguaychú, para el “sometimiento ante tribunales argentinos de representantes y titulares de la empresa Botnia SA, Botnia Fray Bentos SA y UPM SA” en relación a “procesos que se vinculan con aspectos medioambientales”, fue rechazada.

La nota con fecha el 11 de febrero de 2026 y firmada por el presidente Yamandú Orsi, a la que tuvo acceso Ahora ElDía, vuelve a basar su posición en el argumento de que los requerimientos “afectan directamente a los intereses esenciales del Estado uruguayo, en tanto refieren a emprendimiento industriales instalados en territorio nacional”.

Al respecto, el juez federal Hernán Viri contó que en “la nota de oficio, firmada por el Presidente de Uruguay, me hizo saber que no iban a contestar todos mis requerimientos porque UPM es una cuestión de interés nacional, por lo que no iban a dar ningún tipo de respuesta. Y, en paralelo a esta cuestión, de manera concomitante, la CARU que es la encargada de llevar el control de la afectación del río Uruguay, nos envió un informe de 2021 y 2022. Esos informes muestran que se superan los parámetros permitidos de contaminación, puntualmente en lo que es materia fecal, fósforo y temperatura del río. Esos son datos científicos”.

De los informes de 2023, 2024 y 2025, Viri señaló que no se tiene ningún dato, a pesar de que la CARU es un órgano binacional de contralor: “Antes de estos datos que nos enviaron, los últimos que teníamos eran de 2019. Se trata de un incumplimiento de parte de la CARU. Después de muchos requerimientos que le fui cursando desde que soy Juez federal acá, hace poco subieron los informes hasta el año 2022”.

La CARU es un órgano binacional y tiene rango diplomático, por lo que el Juez Federal no tiene potestad de allanarlo, ni exigir nada desde el punto de vista penal: “En estas situaciones, encuentro un límite muy firme en la falta de colaboración, normalmente esto se destraba a través de la cancillería, que en nombre nuestro presidente debería hablar con la cancillería uruguaya para pedir esa colaboración. Estoy evaluando sentarme con el canciller Pablo Quirno para plantear esto, porque es la única vía por la que se puede llegar a destrabar. Mi potestad como juez, llega a la mitad del río Uruguay, luego es jurisdicción uruguaya por lo cual no puedo ir a tomar muestras”.

Viri reconoció que la actual postura nacional en torno al Medio Ambiente “conspira a la hora de obtener resultados importantes cuando se llevan a cabo investigaciones para despejar cuestiones ambientales. Hay un límite que me lo fija la autonomía de otro país, y eso podría destrabarse a través de la política, la Cancillería o del propio Presidente. Uno advierte que para este Gobierno hay otras prioridades, no juzgo si está bien o mal, solo digo que es eso lo que ocurre”.

Contaminación con sello local

Hernán Viri tiene a su cargo el caso de contaminación de la Planta de Efluentes Cloacales del Parque Industrial Gualeguaychú y esta semana recibió el plan de acción para resolver la situación: “Recientemente desde la Codegu presentaron un plan en el que nos dijeron que estaban haciendo y cuál es la idea de seguir adelante. Lo quiero analizar bien. El Fiscal Federal también lo hará. Y después, antes de decidir, muy probablemente haga una audiencia pública, no sólo con las partes, sino también con la ciudadanía para luego tomar una decisión respecto al Parque Industrial”. Y agregó: “La pericia que llevó adelante la Policía Federal Argentina arrojó que había una afectación ambiental, los sedimentos encontrados están contemplados en el Anexo 2 de la Ley 24.051”.

El Juez Federal reconoció ser consciente de que una posible “clausura del Parque Industrial puede afectar a muchos trabajadores”. Sin embargo, destacó que “en esta tensión constante que hay entre un bien jurídico y el otro, tiene que tratar de adoptar un temperamento armonioso, porque una vez que se afecta el medio ambiente, es muy difícil la reconstrucción, algunas veces es imposible, y al mismo tiempo, es importante el avance industrial y las fuentes laborales. Por eso, no dispuse directamente la clausura, sino que estoy tratando de arribar a una solución, que las partes comprendan la importancia que tiene esto. Si se llega a un acuerdo, la idea no es como una primera decisión intempestiva clausurar el Parque Industrial, pero sí lo estoy evaluando”.

El problema con la Planta de Tratamientos de Efluentes del PIG es que no da a vasto con todo lo que tiene que procesar, por lo cual la solución estaría dada con la modificación de la misma. Viri barajó que otra alternativa podría ser clausurarla y que cada empresa haga su tratamiento de los desechos, aunque reconoció que sería inviable desde el punto de vista económico.

“Me parece que es más sencillo que se pongan de acuerdo las empresas, la Codegu y la Municipalidad para tratar de readecuar la planta y dar una solución al Medio Ambiente y al barrio que está pegado, porque el olor es insoportable. Hay que abordarlo y dar una solución. Desde la Justicia tenemos que dar respuestas definitivas a este tipo de cuestiones”, concluyó.

El desarrollo del Polo Educativo en nuestra ciudad, no sólo ha sido beneficioso para los estudiantes locales, sino también para aquellos que viven dentro del Departamento o en otras localidades vecinas.

Este fenómeno ha llevado a que en Gualeguaychú se produzca un nuevo tipo de demanda habitacional: la de los universitarios.

José Dorati, decano de la Facultad de Bromatología, habló con Ahora ElDía y contó que “el 10% de los estudiantes tiene residencia fuera de la Provincia y el 40% proviene de ciudades del Departamento”.

“Los chicos nos reportan la dificultad que implica para ellos alquilar, y que los costos de alquileres son más elevados que en otras plazas de la provincia, y eso forma parte de la toma de decisiones a la hora de venir a estudiar a nuestra Facultad”, resaltó.

A diferencia del año pasado, cuando desde la Casa de Estudios llevaron a cabo una campaña alentando el alquiler estudiantil, en esta ocasión no se volvió a retomar. No obstante, Dorati aseguró que cuentan con una base de datos para que se inscriban aquellos que estén interesados en satisfacer esta demanda.

 Cuando se construyó el Polo Educativo estaba contemplado el desarrollo de una residencia estudiantil para los alumnos, sin embargo, todavía no es una realidad.

“Hoy la Facultad se encuentra enfocada en culminar las obras de infraestructura de la carrera de Veterinaria, donde va a funcionar el Hospital Escuela. Tenemos proyectos de construcción de residencia y gimnasio, pero eso está sujeto a cómo vengan los recursos para terminar las obras existentes y para fortalecer el equipamiento, ya que eso se haría con recursos propios de la universidad. Vamos a ver si podemos concretarlo en un tiempo cercano”, apuntó.

El rector advirtió que la construcción de una residencia sería sólo un paliativo, “pero no va a ser la solución completa. Los estudiantes nos piden contar con este tipo de alojamientos, pero eso tiene que tener un equilibrio entre lo que sale compartir con dos o tres personas una casa, y lo que saldría una pieza”.

Alquileres, pero no en la zona de interés

Es habitual que cuando un joven se muda a una ciudad nueva para estudiar, elija para vivir una zona cercana a su facultad. Sin embargo, en Gualeguaychú la oferta disponible en las inmediaciones de Bromatología es muy escasa.

Joan Fleitas, corredor inmobiliario, manifestó que “me parece que la disponibilidad debería ser mayor cerca del Polo Educativo. Todavía faltan casas en esa zona. Si vas para la zona de Pueblo Nuevo, se están construyendo edificios, y dúplex, ya que la gente está buscando por esa zona alquiler para los estudiantes”.

La mayoría comienza a consultar por alojamiento desde octubre y la demanda se acrecienta mucho más a principios de año. Fleitas mencionó que la mayoría de los estudiantes provienen de Larroque, Urdinarrain y Concepción del Uruguay.

Según el corredor inmobiliario, las familias buscan estabilidad para sus hijos, y prefieren los alquileres permanentes a los temporarios.

“Normalmente la gente que trae a sus hijos, busca alquileres permanentes, por la cuestión de la mudanza, y si consiguen una localización que cuadra, alquilan. Además, sucede que el turismo temporario ha bajado, y hay muchos que alquilaban bajo esa modalidad y ahora se pasaron al alquiler permanente. Se ha incorporado este nuevo público que buscan alquileres y que compite con los ciudadanos de Gualeguaychú, ya que buscan ubicación céntrica, o cerca del Polo Educativo”, detalló.

Debido a las malas temporadas turísticas de los últimos años, Fletias destacó que muchos propietarios han optado por la seguridad que supone alquilar a estudiantes o a una persona de forma permanente, en vez de hacerlo de manera temporaria.

Un departamento de dos ambientes tiene un costo promedio de $400.000, sin contar expensas ni servicios. El requisito que se pide para ingresar a los estudiantes es contar con una garantía propietaria dentro del Departamento.

Fleitas augura que la ciudad experimentará un viraje en cuanto a la cantidad de alojamientos disponibles cerca del Polo Educativo. “La facultad no se van a ir, y todo hace que se incline para ese tipo de negocios en la zona. La gente me pregunta alquileres cerca del Polo Educativo, y no tengo. La demanda va a crecer para ese lado. Hay disponibilidad de casas antiguas que se pueden convertir en departamentos o residencias por la zona, pero esto es muy reciente”.

“Hoy en día, como los alquileres se empezaron a trabajar diferente, y hay estabilidad con la inflación, hay disponibilidad. Hay casas en alquiler y también departamentos que se han construido con el fin de alojar estudiantes. Hay personas que vieron el crecimiento de este nicho y modificaron una casona e hicieron un monoambiente. Venimos de años de que la renta era un mal negocio, y ahora no lo es”, destacó.

Por su parte, la corredora inmboliaria Liliana Schultis señaló que, en el último tiempo, la demanda estudiantil ha mutado y nota que “muchos chicos han optado por juntarse con conocidos y alquilar casas más amplias, y con eso dividir gastos”.

A su criterio, a los propietarios les conviene alquilar departamentos o casas amuebladas de marzo a diciembre y los meses de verano dedicarlos al turismo.

Esta modalidad bastante reciente, permite a los gualeguaychuenses asegurarse ingresos durante la temporada baja y al mismo tiempo, aprovechar la demanda turística de enero y febrero. Este tipo de contratos suele darse con dueños directos que a través de un “contrato de palabra” guardan el lugar a los estudiantes durante el verano y luego lo tienen disponible durante la cursada.

Lo cierto es que los estudiantes universitarios llegaron para quedarse, y eso implica una modificación en el mapa inmobiliario de la ciudad, no sólo porque compiten por alquileres con los locales, sino porque representan demandas particulares: como espacios más chicos tipo monoambientes, que son unidades habitacionales poco disponibles en la actualidad, así como lugares ubicados más cerca de la facultad, e incluso, edificios pensados específicamente para quienes vienen a estudiar, como las residencias.

Sea como sea que se desarrolle este nicho, no sólo impactará en la oferta habitacional disponible, sino que pondrá a prueba a Gualeguaychú en su potencial para convertirse en una ciudad universitaria.  

El 8 de marzo de 1976 no fue un día más para Nina Fuentes, sino un punto de inflexión que marcaría su vida para siempre. Era lunes y tenía apenas 17 años cuando abrió por primera vez la puerta de un pequeño salón en calle Gualeguay, entre Urquiza y 25 de Mayo. “Ese día di mi primera clase”, recordó en conversación con Ahora ElDía.

El instituto funcionaba en un espacio mínimo, con una vidriera a la calle y una barra que su padre le había construido. Dos sillas con escritorio completaban el mobiliario.

A nivel nacional, el país atravesaba uno de los períodos más oscuros de su historia. De hecho, Nina quería irse a estudiar Educación Física, pero sus padres no la dejaron. “Era plena dictadura y querían cuidarme”, relató. En ese contexto, se preguntó qué hacer.

Desde los ocho años, había estudiado danza. En principio para que perdiera la timidez y corrigiera su postura, sin embargo, en la joven adultez se convertiría en algo más importante. Nina reconoció que nunca pensó en la danza como su sueño, y que la idea de enseñar la disciplina era sólo por el término de un año.

La respuesta fue inmediata. “Todo el barrio vino a tomar clases”, señaló. El primer año cerró con 48 alumnos; el segundo ya eran 100.

Estuvo poco más de un año en aquel primer salón, hasta que con la ayuda nuevamente de su su padre y, quien entonces era su marido, compró una casona en calle Urquiza y Lavalle, con piso de madera de pinotea. “Los alumnos salían con los pedazos del piso en sus calzados, porque era un piso viejo”, ilustró.

Más tarde llegaría el espacio actual, construido desde cero por su papá. “Él siempre me ayudó en lo que era la infraestructura”, afirmó. Sin embargo, la mudanza no fue sencilla en lo emocional. Su padre falleció cuando el nuevo salón ya estaba listo. “Cuando lo tuve, él no estaba. Me costó mucho psicológicamente”, confesó con la voz quebrada.

En esos primeros años, cuando aún era soltera, sus padres fueron su sostén absoluto. “Fueron el pilar número uno en mi carrera. Mi mamá me llevaba la merienda al instituto, si no, seguía de largo”, confesó. Más adelante, ya consolidada, se manejó económicamente sola, pero nunca olvidó ese acompañamiento inicial.

En 1983 comenzó a viajar a Buenos Aires para perfeccionarse y durante 15 años asistió a seminarios de verano en el Teatro Colón, una experiencia que marcó su formación. “Fue donde más aprendí”, aseguró.

Ese aprendizaje no quedó solo para ella, aunque lo considera un gran logro personal, ya que le permitió trae a la ciudad a figuras de primer nivel en la danza como Maximiliano Guerra, Eleonora Casano y Rocky Pashkus, entre otros. Para Nina, fue una forma de devolverle a la comunidad todo lo que ella había recibido. “Fue muy gratificante e importante para Gualeguaychú y las ciudades de alrededor”, reconoció.

Además, en 1998 y 1999 representó a la Argentina en París como parte del equipo nacional de competición. “Eso fue lo más lejos que llegué”, afirmó. También fue jurado en Italia, España, Marruecos, Uruguay, Brasil y Paraguay.

A pesar de que se había planteado tener el instituto sólo por un año, se convirtió en una vida entera. “Empecé y me enamoré de lo que hago”, sostuvo. La danza fue su sostén en los momentos felices y también en los más duros. “He vivido, criado a mis hijos, les he podido dar estudios. Y cuando atravesé grandes tristezas, la danza fue mi refugio”, aseguró.

En cinco décadas vio cambiar generaciones. Observa que hoy muchos buscan resultados inmediatos. “Y lo que yo hago es imposible a corto plazo”, destacó. Su método requiere tiempo, constancia y disciplina. Tiene alumnos desde los tres hasta los 18 años que crecen a su lado. Más allá de los pasos y las coreografías, insistió en la formación integral: “Nos enseñaste la prolijidad, la presentación, el horario”, le repiten antiguos alumnos que hoy agradecen esas herramientas en su vida cotidiana.

Muchas de las docentes que actualmente dictan clases en Gualeguaychú se formaron en su instituto. Entre sus alumnas destaca a Elizabeth Antúnez, primera bailarina del Teatro Argentino de la Plata: “Es la que más lejos ha llegado”, resaltó con orgullo. Pero lo que más la emociona es otra cosa: “Aquellos que empezaron conmigo todavía están. Si hago un espectáculo o una clase, están al pie del cañón”.

En los últimos años también aceptó nuevos desafíos. Acompañó a su hijo Rogelio en la puesta en escena de este año de la comparsa O ‘Bahía.

“Lo único que pedí fue trabajar con mis bailarinas, que fueron 14. Lo que más me ha sorprendido es que las fotos y videos de las chicas aparecian en todos lados, es decir que gustó. La interpretación fue la más complicada, porque eran las almas muertas de las esposas del sultán, por eso no podían sonreír”, describió sobre la experiencia carnavalera.

A pesar que disfrutó su participación como coreógrafa, aseguró que no volvería a hacerlo. “Es muy cansador por las horas previas. El desfile se pasa en un suspiro, me gustó, pero no lo repetiría, quería saber si podía y pude”, afirmó fiel a su espíritu de superación.

Los 50 años de trayectoria no la encuentran detenida, sino celebrando. Este domingo realizará una misa en la Capilla de Luján a las 19.30 horas en agradecimiento, y el 11 de julio organizará en Festroom una gran fiesta del reencuentro. Allí entregará reconocimientos y premios, habrá sorpresas y, por supuesto, baile. “Vamos a divertirnos y tratar de disfrutar. Hay gente que no he visto hace muchos años, y todos me contestan con mucha felicidad”, dijo. La celebración, sin embargo, tendrá un matiz de tristeza por la reciente partida de Teresita Pighetti, quien fue su alumna desde pequeña. “Fue muy dura la noticia de su fallecimiento”, manifestó.

Nina admitió que trabaja mucho en terapia porque “no sé qué es vivir sin trabajar. Más allá de ser mi vida, la danza es mi trabajo”, reflexionó. No imagina cerrar el instituto, no sólo porque su hijo desarrolla allí su labor teatral, sino porque sostiene que es un lugar histórico. “El tiempo dispondrá de mi vida”, apuntó.

Como reconocimiento a sus cinco décadas en la danza, sus hijos le regalaron recientemente un viaje a Turquía y Dubái, y Paulo, la pareja de su hijo, entradas para ver “El Lago de los Cisnes” en el Teatro Colón.