Cada vez es más frecuente encontrar en los barrios y en las principales plazas de la ciudad ferias de emprendedores, ya sea de productos elaborados artesanalmente como de ropa usada. Este fenómeno que viene en crecimiento responde principalmente a dos factores: a la falta de empleo y a la pérdida del poder adquisitivo.

Marcelo Visconti, referente de Ferias del Municipio, contó en qué circunstancias llegan las personas al circuito feriante: “Tenemos emprendedores para los que la feria es el único medio que tienen para generar ingresos, eso lo tenemos muy en cuenta, porque estos espacios no dejan de ser una fuente de trabajo. Después, tenemos el feriante que complementa sus ingresos con lo que vende porque no le alcanza. Si debemos arrojar alguna cifra, podemos afirmar que para el 60% de ellos es su principal medio de sustento, mientras que para el 40% lo tiene como una fuente de ingresos secundaria. Es un tema sensible y estamos para acompañarlos ya que estos espacios de comercialización son importantes”.

Visconti señaló que “una de cada cuatro personas que vienen a consultar sobre cómo participar de las ferias, se quedó sin trabajo”. Estiman que en la actualidad hay entre 400 y 500 feriantes en la ciudad, aunque es un número dinámico. El rango etario que más prevalece entre los emprendedores va desde los 40 a los 65 años. Esto se debe a que es el segmento de personas que han perdido el trabajo y el que mayores compromisos económicos tiene. Entre los 50 y los 60 años son personas que se preparan de cara a la jubilación para ir consolidando su espacio dentro del circuito de emprendedores.

“Mes a mes se siguen acercando feriantes a la Secretaría de Desarrollo Humano. Muchos vienen porque han tenido problemas laborales y necesitan vender. Continuamente estamos recibiendo emprendedores y las ferias están creciendo. Hay muchos artesanos que ni siquiera conocíamos”, aseguró y señaló que en el último tiempo comenzaron a detectar que un segmento de las personas que participa de ferias lo hace como instancia de socialización, sobre todo, los adultos mayores, que encuentran una motivación para salir de sus casas y para invertir su tiempo.

De acuerdo al termómetro municipal, en cada feria que se realiza hay aproximadamente 55 emprendimientos. En el mapa de la economía feriante, hay lugares que se sostienen una vez al mes y otros que funcionan todos los fines de semana. Entre los fijos están El Rincón Regional, ubicado detrás de los Galpones del Puerto; la feria de ropa usada de Plaza Dimotta; la feria Malibú, en Gervasio Méndez y Costanera; la feria de las Pérgolas; la feria de artesanos de Plaza Italia; y las ferias verdes de venta de productos agroecológicos. En cuanto a las itinerantes, están El Paseo Alem; la feria las Manos, que se hace en la zona del puerto a la altura del monumento al mate; las organizadas por Desarrollo Humano pertenecientes a los CAPS San Francisco y Cuchilla, que se realizan una vez al mes en sus respectivos barrios y en conjunto en la Plaza San Martín; Feriarte y Feria del Sol, que también funcionan en la Plaza San Martín; la feria de la Plaza Belgrano y la de la Plaza Ramírez. También pretenden volver a activar el Pasaje de la Azotea.

Algunas ferias tienen como requisito para participar contar con un gazebo, por eso, muchos inician su circuito emprendedor en aquellas que no lo requieren hasta que logran comprarse uno y así poder participar de más de una feria. Además, a través del Presupuesto Participativo, iniciativas privadas que se realizan en las plazas de la ciudad, han pedido la compra de gazebos para prestar a los feriantes que recién comienzan.

Sobre el nivel de actividad económica, Visconti manifestó que todavía no realizan una medición sobre el movimiento de dinero que producen las ferias de la ciudad, pero que están en conversación constante con los emprendedores: “Hay momentos que consideran que hubo más circulación de personas que otros. Cuando más circulación de vecinos hay en la zona, más probabilidad de ventas tiene los emprendedores. Los feriantes no son ajenos a la situación del centro comercial de la ciudad. A veces, van recorriendo diferentes ferias para tener más oportunidades de venta. Además de que van probando diferentes zonas”.

Entre los rubros que mayor presencia tienen en el circuito de ferias, se encuentran la ropa usada, artículos y productos regionales, cerámica y tejidos en macramé. En menor medida aparecen los puestos de comida.

Para mejorar las oportunidades de venta de los emprendedores, Visconti adelantó que están realizando una encuesta entre los participantes de las ferias para conocer quiénes están interesados en capacitarse en ventas por redes sociales y web, así como también en administración y costos: “Sabemos que hay gente que no va a hacer capacitaciones extensas, pero algo sencillo, sí. Estamos trabajando para que se puedan promocionar más las ferias. Más allá de ser espacios de venta, son espacios de encuentro, de integración social, por eso desde el municipio se trata de acompañar con distintos recursos, como campañas de promoción y prevención de la salud. Los interesados en participar del circuito de emprendedores pueden acudir a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Humano (Luis N. Palma 691) para asesorarse”.

Los estudiantes que concurren a los espacios de Apoyo Escolar municipales llegan con realidades muy diferentes, pero comparten un desafío común: sostener sus trayectorias educativas en contextos que, muchas veces, limitan sus oportunidades de aprendizaje.

Actualmente, alrededor de 150 estudiantes asisten de manera regular a las sedes de Apoyo Escolar ubicadas en los barrios Zuppichini, Suburbio Sur, San Francisco, Curita Gaucho, Cuchilla, Espinillos, Polideportivo Norte y Munilla. A esos espacios se suma el trabajo articulado con el Instituto Becario a través del programa "Educando en Movimiento", que funciona en los barrios Obreros, Pitter y San Pablo con estudiantes avanzados de carreras docentes que realizan tareas de acompañamiento pedagógico.

La coordinadora del programa Mercedes Izaguirre contó que la propuesta está pensada “para acompañar las trayectorias educativas mediante un espacio de fortalecimiento de aprendizajes, apoyo en las distintas áreas del conocimiento y atención a las necesidades particulares de cada alumno”. Los encuentros se desarrollan en turnos de mañana y tarde, con una frecuencia de dos o tres veces por semana y una duración de entre una hora y media y dos horas.

Durante esas jornadas los alumnos reciben ayuda para realizar las tareas escolares, reforzar contenidos de Lengua y Matemática, mejorar la lectura, la escritura y la comprensión lectora, incorporar hábitos de estudio y prepararse para evaluaciones y trabajos prácticos. También participan de actividades lúdicas y pedagógicas orientadas a favorecer la motivación y el aprendizaje.

Izaguirre sostuvo que las dificultades que presentan los estudiantes no pueden analizarse únicamente desde lo pedagógico. Por el contrario, remarcó que detrás de los problemas de aprendizaje existen múltiples factores que condicionan el recorrido educativo de cada niño.

Explicó que las docentes observan diariamente que muchos alumnos llegan con trayectorias escolares discontinuas, inasistencias reiteradas o escaso acompañamiento familiar para realizar las tareas. A ello se suman condiciones sociales y económicas que reducen las posibilidades de acceder a libros, materiales didácticos o incluso a un ambiente tranquilo para estudiar: “Los estudiantes que asisten a las clases de apoyo escolar presentan realidades sociales, económicas, familiares y culturales diversas, las cuales influyen en sus trayectorias educativas. En muchos casos, cuentan con acceso limitado a materiales de lectura, recursos educativos y espacios adecuados para el estudio, con bajo o poco acompañamiento escolar en sus hogares. A estas condiciones se suman las particularidades de cada niño, con diferentes ritmos de aprendizaje y las experiencias educativas previas. Por ello, el acompañamiento brindado en los espacios de apoyo escolar busca ofrecer oportunidades de aprendizaje más equitativas, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades y el fortalecimiento de su trayectoria”.

Izaguirre aseguró: “La experiencia cotidiana de las docentes permitió identificar cuáles son las dificultades que aparecen con mayor frecuencia entre los estudiantes que concurren al programa, entre las que se destacan: la alfabetización, la lectura, la escritura, la comprensión lectora, el cálculo, las operaciones básicas y la resolución de situaciones problemáticas. También pueden presentarse dificultades para adquirir hábitos de estudio, organizar las tareas y sostener la atención”. Y agregó: “Las mayores demandas de acompañamiento se concentran en las áreas de Matemática y Lengua. En Matemática, las dificultades más frecuentes se relacionan con el aprendizaje y afianzamiento de las operaciones básicas, el cálculo, el razonamiento lógico y la resolución de problemas. En Lengua, el acompañamiento se orienta principalmente al fortalecimiento de la lectura comprensiva, la producción escrita, la ortografía y la interpretación de consignas y diversos tipos de textos. Estas áreas constituyen la base para el desarrollo de los aprendizajes en el resto de las materias, por lo que su fortalecimiento resulta fundamental para favorecer la trayectoria escolar y mejorar el rendimiento de los estudiantes”.

Los Espacios de Apoyo Escolar están destinados a niños de entre 6 y 12 años que cursan la primaria. La coordinadora manifestó que “la selección de esta franja etaria responde a la necesidad de acompañar y fortalecer los aprendizajes propios de este nivel educativo, etapa fundamental para la adquisición y consolidación de saberes y capacidades vinculados con la lectura, la escritura, la comprensión, el pensamiento matemático, la resolución de problemas y el desarrollo progresivo de estrategias y hábitos de estudio”.

Respecto de la concurrencia de los estudiantes, indicó que, en líneas generales, “los niños asisten con continuidad a las clases de apoyo, aunque existen factores que generan algunas fluctuaciones”.

Las condiciones climáticas, especialmente los días de lluvia o de temperaturas extremas, suelen afectar la asistencia. También influyen enfermedades de los propios niños o de sus familias, compromisos escolares y dificultades cotidianas relacionadas con la organización familiar.

Por esa razón, explicó que “el programa procura sostener una propuesta flexible y cercana que permita mantener el vínculo con los estudiantes aun cuando existan interrupciones temporales en la asistencia”.

Mucho más que apoyo para hacer la tarea

Aunque el eje principal del programa es el acompañamiento pedagógico, durante las actividades también se desarrollan talleres vinculados con otros aspectos de la formación integral.

Entre ellos se encuentran propuestas como “Guardianes de la Salud, educación ambiental y talleres de convivencia, desarrollados en articulación con otras áreas municipales, especialmente los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y el Área de Ambiente”.

“Estas instancias promueven hábitos saludables, cuidado del entorno, convivencia respetuosa, y fortalecimiento de valores, contribuyendo al desarrollo integral de los niños”, resaltó.

Izaguirre aseguró que los avances comienzan a observarse gradualmente a medida que los estudiantes sostienen la asistencia a los espacios de apoyo. Las primeras transformaciones suelen verse en la confianza con la que enfrentan las tareas escolares y en una mayor predisposición hacia el aprendizaje. Con el tiempo, explicó, también aumenta la participación durante las actividades y se fortalecen habilidades vinculadas con la lectura, la escritura, la comprensión y el razonamiento matemático.

Ese proceso termina reflejándose en un mejor desempeño dentro de la escuela y en una mayor autonomía para resolver las actividades cotidianas.

Para la coordinadora, el valor principal del programa radica justamente en ofrecer oportunidades educativas más equitativas para niños que muchas veces enfrentan condiciones desfavorables fuera del aula.

El Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó hace unos días la ordenanza que ratifica el Convenio Específico de Reciprocidad firmado con la Municipalidad de Pueblo General Belgrano. Este acuerdo interjurisdiccional, enmarcado en la Ley Provincial Nº 10.311 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), establece un esquema de colaboración que genera beneficios operativos y económicos para la ciudad.

La subsecretaria de Ambiente Ivana Zecca dialogó con Cero y Bolazo Stream y resaltó que el convenio le generará un ahorro a Gualeguaychú de aproximadamente $113.200.000: “Se trata de un pedido que inició en 2021, entendiendo que la ciudad cuenta con la estructura necesaria para dar respuesta a la disposición final de la basura. A partir de la creación del Ecoparque, la normativa tenía una restricción para recibir residuos de otras localidades. Esta disposición es anterior a la Ley de Presupuestos Mínimos de Entre Ríos que prioriza la cooperación interregional, sobre todo en la disposición final de los residuos. El Ecoparque tiene la capacidad para recibir y tratar los residuos de Pueblo Belgrano, de ahí, la importancia de la cooperación. Esto va en línea con el objetivo provincial de erradicar los basurales a cielo abierto, que es el método por el que se disponen los residuos en gran parte de Entre Ríos”.

Zecca manifestó que el punto en el que más dificultades tienen las pequeñas localidades para tratar sus desechos es el económico: “No cuentan con los recursos para adquirir maquinaria específica y necesaria para la disposición final adecuada de la basura. Espacios como el Ecoparque necesitan maquinarias específicas para la compactación de residuos, que es de lo más importante para alargar la vida útil del módulo, porque imprimen peso, y permiten que se compacte de manera más adecuada el residuo. Y más allá de generar una mayor disponibilidad de espacio, reduce la contaminación por olores y la cantidad de agua que ingresa al módulo, y por lo tanto, se generan menos líquidos lixiviados”.

Diariamente ingresan al Ecoparque 14 camiones con residuos domiciliarios. A partir del convenio, pasarían a ser 15, ya que uno sería con desechos de Pueblo Belgrano. Zecca aclaró que sólo se recibirán aquellos que “no tienen opción de recuperación en el municipio vecino”.

El convenio establece que, para no afectar la operatividad del Ecoparque, Pueblo Belgrano debe garantizar que los residuos lleguen previamente clasificados (secos/inorgánicos, húmedos/orgánicos y patogénicos domiciliarios) según su propia normativa (Ordenanza Nº 40/2024). Además, establece que debe “participar en proyectos de educación ambiental y economía circular, fomentando la reducción de residuos y la valorización de materiales reciclables” y menciona que Pueblo Belgrano “asume la totalidad del costo de transporte y logística de sus residuos hasta el predio de disposición final”.

En contraprestación por el tratamiento de los desechos, el acuerdo define responsabilidades compartidas para el mantenimiento de áreas críticas: como el Camino a Ñandubaysal, que contempla la recolección de residuos, el mantenimiento del alumbrado público y el corte de pasto en las banquinas, desde el inicio del ejido de Gualeguaychú hasta el puesto de Prefectura (Puerto Boca).

También recibirá en un predio de su propiedad (de cinco hectáreas) los residuos de poda generados en zonas como el Parque Unzué y el Camino de la Costa. Así como de la recolección de residuos sólidos urbanos en áreas colindantes con su territorio, como el Loteo Cappelletti y zonas rurales del cuadrante norte. Este intercambio de servicios significará a la ciudad un ahorro de $113.200.000 anuales.

Al igual que se hace en nuestra ciudad, los vecinos de Pueblo Belgrano deberán separar los residuos húmedos y secos, en consonancia con la normativa vigente: “Tienen los mismos criterios de separación que Gualeguaychú y se respetan los mismos días. Trabajamos en una campaña conjunta de concientización para optimizar la separación de residuos”, aseguró Zecca.

La importancia de la separación y otras políticas ambientales

La subsecretaria de Ambiente reconoció que, desde la pandemia, se verifica una disminución importante en la separación de residuos, lo que entorpece la recuperación de ciertos materiales. Aunque contó que “la planta de reciclado pasó de procesar un 3% de lo que se desechaba, a un 15% de los productos que ingresan. Es lo que se puede lograr con la infraestructura que tiene hoy en día el Ecoparque. Se separa y se vende. Eso está instrumentado y es una práctica que se sostiene. Lamentablemente no se puede seguir creciendo en esta cuestión, que tiene un gran beneficio social, ya que trabajan 55 personas en la cooperativa que hace el proceso de separación. Siempre es importante que el ciudadano ayude y acompañe”.

Según datos de la Subsecretaría de Ambiente, desde el 16 de diciembre del 2025 hasta el 13 de febrero del 2026 se recaudó por la venta de materiales recuperados un total de $13.344.969. Y durante la segunda venta del período 2026, se registró una recaudación total de $23.431.280 (desde el 4 de mayo del 2026 hasta el 26 de junio).

“Respecto a lo que es la separación, estamos evaluando otro tipo de tecnología que están orientadas al tratamiento del residuo, pero no específicamente a lo que es la planta de separación. Estamos viendo otro tipo de tecnología que hacen una valorización del residuo, una es a través del biocarbón y la otra, que implica la recuperación energética, es decir producir energía a partir del Ecoparque. Se necesitan más residuos para que sea económicamente viable. Estamos buscando líneas de financiamiento porque la tecnología en nuestro país existe. Sería uno de los objetivos que tenemos. Estaría orientado a compensar los gastos y la posibilidad de reducir el módulo de disposición final. Con este tipo de tecnología se reduciría un 80% de lo que se dispone en ese modulo. Ahí está la ganancia en la implementación de este tipo de proyectos, que a la vez te aportan energía. Hay que evaluar financiamiento para poder adquirir este tipo de tecnología”, expresó Zecca.

Dentro del convenio se menciona el “fortalecimiento del financiamiento ambiental” y expresa que la firma “permitirá gestionar recursos adicionales a través de programas provinciales y nacionales de financiamiento para la gestión de RSU, con la posibilidad de acceder a subsidios y fondos destinados a la mejora y modernización del Ecoparque”.

Cómo funciona el convenio entre los municipios

El convenio se basa en el “Principio de regionalización”, que prioriza soluciones mancomunadas para el tratamiento de residuos entre jurisdicciones vecinas. Gualeguaychú permite que Pueblo Belgrano disponga sus Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en el centro de disposición final (Ecoparque). Para no afectar la operatividad del mismo, Pueblo Belgrano garantiza que los residuos lleguen previamente clasificados. Además, asume la totalidad del costo de transporte y logística de sus residuos hasta el predio de disposición final.

Tareas de Reciprocidad en Servicios Públicos: El acuerdo define responsabilidades compartidas para el mantenimiento de áreas críticas: como el Camino a Ñandubaysal, la gestión de residuos de poda de zonas como el Parque Unzué y el Camino de la Costa, y asume la recolección de RSU en áreas del ejido de Gualeguaychú que son colindantes con su territorio.

Impacto Económico: El proyecto justifica la colaboración mediante el ahorro y la optimización de tiempos: Al delegar el mantenimiento del Camino a Ñandubaysal, Gualeguaychú evita un gasto operativo estimado en $113.200.000,00 anuales. Se determinó técnicamente que el volumen de residuos de Pueblo Belgrano es asimilable sin sobrecargar la infraestructura existente.

Marco Legal y Sustentabilidad: El acuerdo cumple con la Ley Provincial Nº 10.311 de Gestión Integral de RSU y el Decreto Reglamentario Nº 1246/2020. El Artículo 2º del proyecto propuso una excepción al artículo 10º de la Ordenanza Nº 11.844/2013 de Gualeguaychú, que prohibía recibir residuos de otras jurisdicciones en el Ecoparque. Como parte del acuerdo, se asume un compromiso ambiental, que busca fomentar la economía circular y reducir el impacto ambiental mediante la valorización de materiales reciclables.

Oscar Pérez es el primero en llegar a la entrevista. Trae bajo el brazo un sobre de papel madera. Con una sonrisa bien amplia, entra y saluda a todos los que se encuentran en ese momento en la recepción del diario. Por último, me saluda a mí, que estoy al pie de la escalera que en instantes nos va a conducir al espacio destinado para que charlemos.

A través de los amplios ventanales, vemos a Pedro Vergara bajar de su auto con un paquete de yerba y unas facturas. Como si fuera un gesto típico de su amigo, Oscar dice para sí mismo “Este Pedrito siempre atento…”, y asiente con la cabeza.

Los tres nos instalamos en una sala, ambientada para la entrevista. Pedro se hace cargo del mate y pongo a grabar la conversación con el celular. La primera pregunta que hago es “¿Cómo se conocieron?”. Pedro toma la delantera y me dice que lo interrumpa si habla demasiado.

“Nos conocimos en el servicio militar obligatorio. Por cosas de la vida, nos tocó a los dos hacerlo en Tierra del Fuego, en el Batallón de Infantería de Marina N° 5, conocido entre nosotros como el BIM5. Oscar fue unos meses antes que yo, porque tardó en llegarme la cédula para ir con ellos. No lo vi en el Batallón, porque éramos casi mil personas, era como una pequeña ciudad, y además, pertenecíamos a diferentes compañías. Las actividades eran distintas y nunca nos cruzamos. Pero ocurrió algo: una semana antes del 2 de abril, mi batallón tuvo un ‘zafarrancho’, una especie de simulacro para prepararse para la guerra, y nos sacaron de ahí. El día que volvimos y nos comunicaron lo del conflicto, Oscar ya estaba vestido de civil para venirse de baja. Nos enteramos que a la primera tanda de la Compañía Mar les habían dado la baja, y se habían ido en el primer vuelo disponible, y quedaron lugares vacantes que había que cubrir. Cuando ordenaron que la Batería Delta fuera a ocupar esos lugares vacíos de la Armada, fue cuando conocí a Oscar, y marchamos juntos a Malvinas. El 3 de abril empezamos a equiparnos, y me tocó preparar todo el equipamiento para ese grupo. De él me acordaba, porque recuerdo como si fuese hoy la cara que tenía cuando le di el arma”.

Oscar admite que no se acuerda de Pedro, pero confirma la expresión que tenía en su rostro, y qué bien recuerda su amigo: “Éramos once a los que todavía no nos habían firmado la libreta para la baja, por eso, en ese momento, mi cara era la de una tristeza absoluta. No por ir a Malvinas, sino porque había terminado el servicio y quería volverme a mi casa. No tenía la consciencia de la guerra. En ese momento fue recontra difícil para mí. Mi vocación no era militar, había cumplido la ley y quería volver con mi familia. Entramos a la colimba con 18 años y egresamos con 20. Ahí nos conocimos con Pedro y no nos vimos más. Hasta que volvimos a Gualeguaychú”.

Ambos estaban en la misma compañía, pero en diferentes secciones. A Oscar le tocó en la tercera sección, y a Pedro en una que formaba un cordón alrededor del búnker de los jefes. Su ubicación era el Cerro Zapador, mejor conocido como Sapper Hill, por su nombre en inglés. Un punto a 138 metros sobre el nivel del mar ubicado en la isla Soledad, justo al sur de Puerto Argentino.

“Al principio vivimos en carpa, pero después del 1 de mayo, cayó una bomba sobre mi tienda, y tuvimos que hacer cuevas tipo refugios. Las bombas venían de los buques, y cuando cayó yo estaba a cinco metros del lugar del impacto, en el ‘pozo de zorro’”, rememora Pedro.

Oscar también recuerda bien ese día, porque dice que es él quien vió el primer cañonazo del buque inglés.

“En ese momento estaba de guardia, y vi que una bola de fuego volaba desde el mar. Del susto que me pegué, me tiré de cabeza en la trinchera, caí arriba de mis compañeros que estaban descansando y no entendían nada. Teníamos una posición en la que entrábamos siete, y otra individual por si el enemigo desembarcaba. Cuando empezaron a bombardear, nos dijeron que fuéramos a nuestras posiciones individuales. En mi caso, había hecho una muy chiquita, porque había encontrado el obstáculo de una piedra. Ese día, como no entraba, en vez de volver corriendo a la ubicación grupal, metí la mano, escarbé, saqué la piedra y me metí. Al otro día no me explicaba cómo había sacado semejante piedra. Fue la adrenalina y el instinto de supervivencia. Éramos gurises, era casi imposible salir vivos de la guerra, y nosotros seguíamos como si nada. Por eso me vi tan representado con lo que dijo Scaloni en la conferencia de prensa tras el triunfo de Argentina frente a Inglaterra. Éramos ‘indios’, en el buen sentido de la palabra, como los jugadores; íbamos perdiendo, pero nosotros continuábamos como si no lo supiéramos”.

Un amigo para toda la vida

Cuando terminó el conflicto bélico y fueron liberados por los ingleses, Oscar y Pedro volvieron a Entre Ríos. El primero a Gualeguaychú, y el segundo a Rosario del Tala. Faltaban un par de años para que el destino los volviera a juntar.

La vuelta de la guerra no fue fácil para ninguno de los dos, sobre todo cargar en soledad las heridas internas de Malvinas y conseguir trabajo. Oscar se empleó en el Correo Argentino como cartero y Pedro en un mayorista, aunque no por mucho tiempo, ya que decidió ingresar a la Escuela de Oficiales de Policía, de la que egresó como oficial ayudante en 1985, con destino en Gualeguaychú. Esto era lo último que faltaba para que se reencontraran.

En su recorrido habitual como cartero de la ciudad, Oscar entregaba la correspondencia a una señora que se había interesado mucho en su experiencia en Malvinas. “Resulta que esta mujer era la abuela de Pedro, había averiguado en qué lugar de Malvinas había estado yo, para informarle todo a su nieto”, expresa Pérez.

Pedro confirma que su abuela le comentó sobre este cartero que había formado parte del BIM 5 y que estaba abierto a reunirse con él.

Aunque ninguno de los dos se acuerda bien de ese primer encuentro, Oscar dice que lo emocionó el hecho de que Pedro se acordara de la expresión de su cara. Desde ese momento, la amistad fue creciendo, y confirman que se volvieron “como hermanos”.

“El saber que habíamos estado ahí los dos fue como una comunión. No sabíamos quiénes éramos, pero habíamos vivido esa situación los dos”, resalta Pérez.

Desde entonces, ambos han sido testigos del transcurrir de la vida del otro: cómo formó cada uno su familia, cómo vieron crecer a sus hijas, y los infinitos asados y viajes compartidos.

La amistad como espacio de salud mental

Tres años después de la guerra, los veteranos de Entre Ríos comenzaron a reunirse para hablar sobre lo que había pasado. El primer encuentro del Centro de Ex Conscriptos Combatientes de Islas Malvinas de Entre Ríos (Cecimer) se celebró en Gualeguaychú.

“Ningún veterano salió ileso de la guerra, las heridas psicológicas las tenemos todos, algunos más, otros menos. El (estrés) postraumático mal curado es lo peor. Estuvimos 10 años sin ningún tipo de atención, sin ningún tipo de obra social, tirados a la deriva, arreglándonos cómo podíamos. Eso nos llevó a los soldados a juntarnos para hablar entre nosotros, porque la verdad es que nadie nos ayudaba. Nos costó mucho conseguir trabajo, y eso nos llevó a enfermarnos un poco más. Vivimos situaciones violentas muchos días, y en muchos momentos. No tuvimos contención. No atendernos enseguida fue un error garrafal del gobierno de turno y de los que le siguieron. Por eso todos los veteranos de guerra estamos afectados psicológicamente; los que te dicen que no, son los más afectados, porque no se puede tapar el sol con la mano. Recuerdo que en la primera reunión, que se hizo acá en Gualeguaychú, empezamos a hablar, y a todos nos pasaba lo mismo. Entonces dijimos ‘Vamos a salir a las escuelas a dar charlas’, aunque no sabíamos ni que contar. En la primera charla éramos más veteranos que gente, no sabíamos ni qué decir. Ahí empezó a caminar nuestro Centro de Veteranos, y ahora camina sólo. Esas fueron las cosas que vivimos con Pedro y junto a otros soldados. Pedir permiso en los trabajos para ir a dar charlas también era difícil, todo se nos hacía contramano. Los primeros 2 de Abril no eran feriados, y los actos se hacían frente a Obras Sanitarias. En una de esas fechas, como siempre hacía el recorrido con la cartera del Correo y me paraba en el acto, tuve la mala o buena suerte de salir en la foto del diario. Mi jefe la vio, me llamó y me felicitó”, cuenta Oscar Pérez.

Pedro suma: “Recién a los 24 años de Malvinas fue cuando la Armada Argentina, que sería la Fuerza a la que pertenecemos, nos llamó para hacernos un estudio psicológico. Y porque lo pedimos. Todos teníamos problemas. Se pidió una junta médica regional en Santa Fé. En ese momento yo estaba en Paraná, así que esperé a Oscar en la terminal y fuimos juntos”.

Mucho tiempo antes, los amigos hicieron dedo para acudir a las reuniones de Cecimer en diferentes partes de la provincia. No lo recuerdan con amargura, sino con una sonrisa, e incluso se ríen rememorando alguna anécdota, como aquella cuando los subió un camión viejo de YPF. No obstante, son muy críticos con lo que pasó, y enfatizan que, con mayor contención, muchos de los veteranos no habrían tomado el camino de la autodeterminación.

Dos décadas después de ese primer contacto en Tierra del Fuego (en el que Pedro le entregó el arma a Oscar, aunque este no lo recuerde), se llevó adelante un encuentro de veteranos de todo el país. Como era de esperar, ambos se sentaron el uno junto al otro en los asientos del avión. Delante de ellos viajaba Ricardo Bochini, exfutbolista de Independiente y campeón del Mundial de 1986, y toda su familia.

Treinta años pasaron desde que Argentina les ganó a los ingleses y ninguno de los dos lo deja pasar en la conversación. Oscar relata que, en ese momento, vio el partido en la casa de su hermana porque no tenía televisión: “El gol de Maradona lo grité arrodillado y llorando”.

A pocos días de que se haya repetido la historia, los amigos valoran el gesto de los jugadores de la Selección, que exhibieron una bandera con la leyenda: “Las Malvinas son argentinas”.

“Era un partido de fútbol, pero sea como sea, tenían que ganar. Tengo una sobrina de 4 años que dice ‘que los ingleses nos devuelvan las Malvinas’. Estuvimos mucho tiempo sin poder hablar, no me voy a olvidar nunca que, a nosotros, antes de salir de baja, nos hicieron firmar un papel que decía que no podíamos contar nada. Y uno por miedo no hablaba, y eso te va quedando adentro. Pero una vez que empezamos a hablar y a contar nuestra experiencia, a contar la verdad, hemos ayudado a que se tome mucha conciencia de qué es Malvinas, de qué representa para nosotros y para todos los argentinos”, resalta Vergara.

“Nosotros no reivindicamos la guerra, fue un hecho que nos pasó; no sirvió, nadie sale ganando, hay muertos de los dos lados y mucho sufrimiento de ambos pueblos. Pero sí reivindicamos que las Malvinas son incuestionablemente argentinas. Ellos lo único que están sosteniendo hoy es que tienen una población, pero ni siquiera es genuina, es implantada, así que los ingleses no tienen razón de ningún tipo. Eso se está haciendo carne en el pueblo y eso nos da mucha satisfacción y es muy importante. El otro día se vio en los gurises de la Selección. Seguro escucharon a algún veterano de guerra en sus escuelas, cuando eran más chicos, que les contó qué pasó, y se les hizo carne. Paredes, cuando una periodista le preguntó por la bandera, le respondió que las Malvinas son argentinas, y van a seguir siéndolo siempre”, rescata Pérez del reciente triunfo.

Por último, les pregunto si se imaginan la vida sin el otro, e inmediatamente responden que no. “Hablamos el mismo idioma. Si Pedro habla de Malvinas, yo sé de qué está hablando, y lo mismo cuando hablo yo. Más allá de que él no haya estado en mi lugar, ni yo en el de él. Nunca me voy a pelear con él, aunque tengamos diferencias y no estemos de acuerdo”.

Oscar y Pedro abandonan el edificio juntos y se quedan charlando cerca de sus autos, como hace la mayoría con sus amigos cuando se está despidiendo, pero quedaron cosas por hablar. Ambos, son el ejemplo de una amistad resiliente, que respeta la historia personal del otro, que han sido testigos de su transcurrir en la vida y de cómo juntos lograron sobreponerse y persistir más allá de la guerra.

La asesora de Educación de la Municipalidad y coordinadora de la Mesa Local de Primera Infancia, Bertha Baldi, dialogó con Ahora ElDía sobre el funcionamiento de este espacio, las realidades que observan en los barrios, los desafíos que enfrentan y las acciones que se desarrollan para acompañar a las familias desde el embarazo y durante los primeros años de vida: “La Mesa Local de Primera Infancia es un espacio interinstitucional e intersectorial que articula políticas públicas destinadas a niñas y niños desde la gestación hasta los 6 años, con el objetivo de resguardar su desarrollo integral y garantizar el acceso a sus derechos”.

El dispositivo funciona desde 2019 y en 2023 quedó institucionalizado mediante la Ordenanza Nº 12.818, lo que permitió consolidarlo como una política pública permanente: “Nos reunimos periódicamente representantes de distintas áreas municipales, organismos provinciales e instituciones de la comunidad para identificar problemáticas, planificar acciones conjuntas y coordinar estrategias en temas vinculados con la salud, la educación, la nutrición, la protección de derechos y el cuidado. Nuestro objetivo es promover un trabajo verdaderamente articulado. Queremos evitar que cada institución actúe por separado y construir respuestas integrales para las familias. Las problemáticas que atraviesan las infancias son complejas y requieren miradas compartidas”.

A partir del trabajo cotidiano con niños y familias, la Mesa fue construyendo un diagnóstico sobre la realidad social de la ciudad: “El contacto permanente con las niñas, los niños y sus familias nos permite conocer contextos muy diversos. Gualeguaychú no es una ciudad homogénea y, como ocurre en muchas ciudades del país, existen situaciones de vulnerabilidad vinculadas al acceso a derechos como la salud, la educación, la alimentación y los espacios de cuidado”.

Según explicó, ese conocimiento no surge principalmente de la presencia territorial que mantienen los equipos municipales: “Gran parte de esta información la obtenemos a través del trabajo que realizan los siete Espacios Municipales de Primera Infancia, que están distribuidos en distintos barrios como Munilla, San Francisco, Villa María, Suburbio Sur, Perigán y Toto Irigoyen. Esa presencia territorial nos permite acompañar a las familias, conocer cuáles son sus necesidades concretas y pensar estrategias para reducir las desigualdades”.

Para Baldi, la meta de todas las políticas públicas destinadas a las primeras infancias apunta a garantizar igualdad de oportunidades: “Nuestro objetivo es que el lugar donde nace un niño o una niña no determine sus oportunidades de desarrollo. Queremos que todos tengan las mismas posibilidades para crecer plenamente y ejercer sus derechos”.

La incorporación del sector privado

Uno de los aspectos que la Mesa busca fortalecer durante este año es el vínculo con las instituciones educativas privadas. Actualmente, explicó Baldi, no realizan visitas a jardines maternales o de nivel inicial de gestión privada, aunque ya comenzaron un proceso de acercamiento con sus equipos directivos: “Estamos construyendo un espacio de diálogo para fortalecer la comunicación y generar un trabajo articulado. La idea es que la Mesa sea un ámbito abierto para todos los actores que trabajan con niñas y niños en la ciudad, independientemente de si pertenecen al ámbito público o privado. Creemos que compartir información, experiencias y líneas de trabajo comunes mejora las respuestas que se pueden brindar a las familias. En esta etapa todavía estamos generando ese vínculo, por lo que no sería correcto hablar de desafíos específicos dentro del sector privado porque aún no hemos desarrollado un trabajo conjunto que nos permita identificarlos”.

En ese sentido, aseguró que el desafío inmediato consiste precisamente en consolidar esa relación institucional: “Lo primero es construir un vínculo de colaboración, conocer sus realidades, intercambiar experiencias y pensar estrategias comunes que beneficien a las niñas y los niños de toda la ciudad. Los problemas que atraviesan son tan complejos que ninguna institución puede dar respuestas por sí sola. Ese es el principal desafío que tenemos”.

Por ese motivo, explicó que la Mesa busca consolidar un modelo de trabajo donde todos los organismos involucrados compartan información y construyan objetivos comunes: “Queremos que salud, educación, desarrollo humano, los organismos de protección de derechos y las organizaciones de la comunidad trabajen de manera coordinada. Compartir información y construir estrategias conjuntas nos permite llegar de una mejor manera a las familias”.

Al mismo tiempo, señaló que la intención es seguir ampliando la cantidad de instituciones que participan: “También aspiramos a incorporar cada vez más actores, entre ellos las instituciones de gestión privada, para que las políticas públicas lleguen realmente a toda la ciudad. Es muy importante sostener este trabajo en el tiempo. Queremos que la Mesa continúe consolidándose como una política pública permanente, que trascienda las distintas gestiones y siga fortaleciendo los derechos de la primera infancia”.

Aunque no existen estadísticas oficiales específicas sobre la cantidad exacta de niñas y niños menores de ocho años en la ciudad, Baldi explicó que sí existen estimaciones basadas en los datos del Censo Nacional 2022: “Hoy no contamos con un tabulador público específico para la población menor de ocho años, pero las proyecciones indican que este grupo representa aproximadamente entre el 10 y el 12% de la población del departamento Gualeguaychú. Eso equivale a un estimado de entre 12.000 y 15.000 niñas y niños. Actualmente los siete Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI) acompañan a 280 niñas y niños de entre 45 días y tres años de edad, brindando espacios de cuidado, estimulación y desarrollo integral”.

También detalló las distintas acciones que hoy se llevan adelante para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas de Gualeguaychú desde una mirada integral. En materia sanitaria, explicó que los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) desarrollan un trabajo preventivo y de acompañamiento desde el embarazo: “Realizan talleres de preparación para la maternidad y la paternidad, promoción de la lactancia materna, acompañamiento durante el puerperio, espacios de escucha para las familias, talleres de crianza respetuosa y controles de salud, entre muchas otras propuestas que buscan acompañar a las familias desde el embarazo y durante los primeros años de vida. En el plano educativo, los EMPI brindan un acompañamiento integral a niñas y niños de entre 45 días y tres años, ofreciendo espacios de cuidado, estimulación, alimentación saludable y seguimiento permanente de su desarrollo. En los últimos años completamos los equipos interdisciplinarios incorporando profesionales de distintas disciplinas, como fonoaudiología, nutrición, psicomotricidad, educación física y educación inicial. Paralelamente impulsamos instancias de capacitación permanente para todo el personal”. Y agregó: “Desde la Mesa promovemos el trabajo conjunto entre salud, educación, desarrollo humano y los organismos de protección de derechos, porque entendemos que las respuestas a las necesidades de las infancias deben construirse de manera colectiva y no desde instituciones que trabajen de forma aislada”.

Respecto de las metas previstas para los próximos meses, Baldi señaló que el rumbo ya está definido y que el desafío será seguir fortaleciendo el entramado institucional construido durante estos años: “El principal objetivo sigue siendo reafirmar el trabajo articulado entre todas las instituciones que intervienen en la primera infancia, promoviendo políticas públicas integrales para las niñas, los niños y sus familias. Ese continúa siendo nuestro horizonte para lo que resta del año”.

Un fenómeno silencioso, pero progresivo, se instala cada vez más en la vida de las personas: la incapacidad de conciliar el sueño. Un estudio reciente evidenció una crisis global a la hora de ir a dormir. La magnitud del deterioro en el descanso nocturno se expresa con claridad estadística: a nivel global, solo el 62% de las personas afirma dormir bien con regularidad, y esta cifra viene descendiendo desde 2021, cuando el índice alcanzaba el 65%.

Los datos fueron revelados por el estudio Worldviews Survey 2025, desarrollado por la red internacional WIN y con representación en Argentina a través de Voices, que recogió la opinión de 34.946 personas en 39 países.

El trabajo permitió identificar patrones sociodemográficos del mal dormir. Jóvenes, personas desempleadas, mujeres y quienes tienen menor nivel educativo figuran como los segmentos más vulnerables. Además, la tecnología, en especial el uso de pantallas antes de dormir, aparece como uno de los factores disruptivos más influyentes.

Luisa Schmidt ejerce la psiquiatría en la ciudad desde hace cuarenta años. Lo que ve en su consultorio confirma el patrón global: “Hay un aumento en personas de más de 20 años a las que les cuesta mucho conciliar el sueño, duermen poco, o si lo hacen, tienen malos hábitos: se acuestan muy tarde, sobre todo quienes no tienen responsabilidades horarias y duermen hasta tarde”.

La falta de buenos hábitos se agrava por dos factores que cada vez se instalan más en la vida cotidiana: el uso de las pantallas antes de dormir y los trastornos de ansiedad: “Llegar a la hora del sueño cargado con estímulos, con la cabeza llena de factores estresantes, como pueden ser la facultad, el consumo de alcohol, sustancias o cigarrillo, no llegar a fin de mes, más una híper estimulación provocada por la tecnología, es un combo explosivo. El cerebro no lo puede procesar. Las pantallas no solo afectan a los adultos jóvenes, esto de acostarse con el teléfono en la mesa de luz también es un hábito que han adquirido las personas de mediana edad. Muchos reemplazan el televisor por el teléfono. Además, el mismo algoritmo lleva a ver un reel (video) tras otro, no parar de ver nunca lo que interesa y así se pasa el tiempo hasta la madrugada”.

Cuando los pacientes llegan a la consulta, expresan que están ansiosos y que no pueden dormir y surge el famoso “deme algo para poder descansar”. Schmidt lo contó así: “Lo más frecuente es que me pidan que les recete algo para dormir, que ya fueron a la farmacia y tomaron los tés y medicamentos de venta libre y no les da resultado. Quieren la solución rápida, porque cambiar las costumbres lleva tiempo. Uno recurre a la medicación en situaciones extremas, por ejemplo, cuando las personas están muy angustiadas o realmente la necesita. Ahora si es una persona joven, medicarlo no es recomendable, así que recurrimos a otras estrategias: trabajar con los hábitos y esperar resultados”.

Una persona que no puede dormir bien vive mal, se despierta cansada, con la cabeza embotada, puede tener migrañas y el cuerpo no le responde: no rinde ni física ni intelectualmente. Por eso, Schmidt sostiene la importancia de encaminar los hábitos: “Lo fundamental es poner un horario para dormir que se debe respetar; decir hasta tal hora uso las pantallas y dejarlas; no tener el teléfono en la mesa de luz, si usa la alarma ponerlo en otro lugar de la habitación, no tener la tentación de agarrarlo; no hacer actividad física a la noche, sino a la mañana; tener una cena liviana; tomar una ducha antes de acostarse; no ingerir alcohol, nicotina, ni azúcar; tener la habitación a oscuras y climatizada según la época del año; y el silencio, que es muy importante”.

Schmidt advirtió que la medicación para dormir solo puede utilizarse un máximo de tres o cuatro meses en los casos que sean necesarios, no por más tiempo. Por eso, debe ir acompañada de un cambio en la conducta del paciente: “Algunos vienen a los 20 días y te dicen que no les hace nada lo que le recetaste, y es porque no aplicaron los hábitos que le marcaste. La pantalla es tan potente que por más medicaciones que tome, bloquea todo, por eso, los hábitos van de la mano de dejar la pantalla. Hay anteojos con filtro azul, que baja el estímulo sensorial, y hace que llegues menos estimulado. Eso está científicamente comprobado. Como no todo el mundo puede acceder, se recomienda una hora antes de dormir dejar las pantallas”. 

El farmacéutico Daniel Rodríguez contó que después de la pandemia aumentó la demanda, y por ende el consumo, de medicamentos para dormir: “Los más usados son Clonazepam, Alprazolam, inductores del sueño (Zolpidem y Melatonina sola o asociada), y sedantes naturales (comprimidos, gotas o tés). La mayoría de los pacientes pide lo que viene tomando habitualmente, aunque cada tanto preguntan si viene algo mejor. Noto que las personas cada vez tienen más dificultades para dormir y personalmente las atribuyo a celulares, tablets, PC y consolas de juegos; hay un abuso de la tecnología que excita la mente y luego no vuelve rápido al estado de reposo. Sin olvidar las causas normales: edad, enfermedades crónicas, problemas personales, estrés, la situación socio-económica, entre otros. En definitiva, que el cuerpo y la mente no descansen correctamente se debe a múltiples factores”.

La sociedad en la que vivimos en la actualidad no conspira a nuestro favor en lo que al descanso se refiere: el estrés laboral, los vínculos sociales, el no llegar a fin de mes, los trastornos de la ansiedad son los cuadros de conflicto que cada vez se ven más en las consultas.

“Como todos los psiquiatras de la ciudad estoy desbordada de trabajo, hace cuatro décadas que ejerzo mi profesión en esta ciudad, y me tengo que manejar con sobre turnos, porque la demanda es cada vez mayor, no doy abasto, y uno también tiene que preservarse. En proporción de cantidad de habitantes y psiquiatras, se debería dar abasto, pero también depende de la capacidad de trabajo que tiene cada profesional. Hay profesionales que pueden trabajar 12 horas por día, y otros que no lo pueden hacer, por una cuestión personal. En Gualeguaychú, debe haber más de diez psiquiatras en el ámbito privado”.

Sobre el aumento de la demanda en salud mental, Schmidt lo relaciona con la apertura mediática que ha tenido en los últimos años, y que hace que las personas no tengan vergüenza de consultar sobre sus padecimientos.

“Hace 20 años veíamos lo que eran más los trastornos del estado de ánimo, pero ahora, por el ritmo de vida que llevamos, que incluye mucho al estrés, ha cambiado el malestar de la cultura. Antes había más tiempo para deprimirte, ahora la vida va tan rápido, que para deprimirte hay que tener más tiempo, ahora todo genera más ansiedad. Se te vence la tarjeta de crédito en 3 días, y eso genera ansiedad. Las personas en la actualidad no tienen tiempo para deprimirse, pero sí para generar ansiedad, eso no quiere decir que no haya depresión. Hay cuestiones apremiantes, el 60% de los argentinos no llega a fin de mes y eso genera ansiedad. Eso ha cambiado, por ahí hace 30 años atrás, no había tantos factores estresores de ansiedad, había otras cuestiones”, analizó.  

Qué hacer y qué evitar antes de apagar la luz

La higiene del sueño es un conjunto de prácticas y hábitos que ayudan a conciliar el sueño, mantenerlo durante la noche y despertar descansado. No se trata solo de dormir suficiente, sino de asegurar que el sueño sea reparador y de calidad, regulando los ritmos circadianos y evitando factores que alteren el descanso.

Dormir bien favorece la recuperación física y mental —repara tejidos, fortalece el sistema inmunológico y consolida la memoria—, mejora el rendimiento diario —concentración, estado de ánimo y aprendizaje— y reduce el estrés, la ansiedad y favorece la regulación emocional

Los especialistas recomiendan acostarse y levantarse a la misma hora; dormir en un ambiente adecuado, en habitación oscura, silenciosa, fresca y cómoda; evitar estimulantes, no consumir cafeína, alcohol o nicotina al menos unas horas antes de dormir; realizar actividades tranquilas antes de dormir, como leer, meditar o tomar un baño tibio; practicar actividad física, pero evitar hacerlo justo antes de acostarse; alimentación ligera, cenar temprano y evitar comidas pesadas, picantes o muy azucaradas antes de ir a la cama; reducir la luz brillante y el uso de dispositivos electrónicos, ya que favorece la producción de melatonina.

Mientras el polvo de la catástrofe todavía flotaba en el aire de Venezuela, dos binomios de Bomberos Voluntarios de Gualeguay preparaban sus mochilas con una sola certeza: cada segundo atrapado bajo los escombros es la diferencia entre la vida y la muerte. Gastón Velázquez con la perra Oma, y Osiris López junto a Roma, no dudaron cuando llegó la convocatoria humanitaria. Tras un extenuante viaje de tres días por tierra y aire que incluyó el cruce fronterizo por Cúcuta que conecta Colombia con suelo venezolano, los rescatistas entrerrianos se convirtieron en piezas clave de una misión internacional: lograron el milagro de salvar cinco vidas y la dolorosa pero necesaria tarea de recuperar 43 cuerpos.

Todo comenzó hace nueve años, en el inicio de la formación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguay. Durante todo un año, Velázquez y Osiris se formaron como guías de perros de rescate en la Asociación Civil Escuela Canina de Catástrofe (Acecc).

A partir de esa capacitación, empezaron a entrenar a Oma, una ovejera de casi 8 años, y después, a Roma, de 5 años. Y, aunque participaron en otros escenarios adversos como las inundaciones en Bahía Blanca, en Venezuela fue la primera vez que trabajaron en un lugar atravesado por la fuerza destructiva de dos terremotos.

“Junto con Roma, que es mi can, hacemos búsquedas de restos humanos. Y mi compañero, Osiris, trabaja con Oma, que busca personas con vida. En este caso, fuimos convocados por Acecc, que es la asociación civil a la cual nosotros pertenecemos como equipo de búsqueda, y donde entrenamos nuestros perros. Ellos fueron los convocados a trabajar en Venezuela, y es a través suyo que nos sumamos al equipo”, contó Gastón Velázquez.

Los dos binomios, Gastón con Roma y Osiris con Oma, fueron notificados de la posibilidad de viajar a Venezuela el viernes 25 de junio, veinticuatro horas después de la catástrofe natural. Ese mismo día, viajaron a Buenos Aires para unirse al equipo de rescate de Accec mientras aguardaban la finalización de los trámites administrativos para viajar.

“El sábado nos trasladamos a Venezuela por aviones comerciales, ya que los únicos aviones que está recibiendo el aeropuerto local son militares y no podíamos esperar. Hicimos dos escalas dentro en territorio colombiano (Medellín y Cútuta) y desde ahí, entramos por vía terrestre hasta Caracas, en un micro que nos consiguieron los bomberos venezolanos. Tuvimos 15 horas de viaje terrestre, atravesamos prácticamente el país. Una vez en la capital, que fue el primer punto donde nos juntamos con los bomberos de allá para iniciar las búsquedas, nos asignaron las zonas”, relató Velázquez.

Tras casi tres días de viaje, hicieron base en La Guayra, lugar en el que trabajaron hasta el sábado 4 de julio: “Los bomberos venezolanos nos indicaban la zona para trabajar y ahí íbamos con los canes. Nuestro trabajo consistía en la búsqueda de las víctimas, vivas o fallecidas, y tratar de marcar el punto más exacto para que los rescatistas hicieran la extracción. Tratábamos de evitar las horas después del mediodía, que eran los momentos de más calor para cuidar a las perras, así que comenzábamos temprano y después volvíamos a arrancar al atardecer hasta la madrugada. El tiempo de descanso era poco y el trabajo de las perras era mucho, así que intentábamos intercalar descanso y trabajo, para mantenerlas bien hidratadas”, manifestó López y agregó: “Todos coincidimos en que nos sorprendía la magnitud del desastre, si bien sabíamos a lo que íbamos a encontrar, estar en el lugar te llama la atención por la grandeza del desastre provocado por el terremoto”.

Algunos miembros del equipo de búsqueda del que formaban parte tenían experiencia en sismos, pero reconocían que nunca habían visto algo igual. “Fue bastante impactante ver la destrucción que había”, resaltó López.

Como parte del trabajo, los gualeyos debían llegar lo más cerca posible del punto en que se encontraban las personas vivas, o los restos, para poder indicar con la mayor precisión al grupo de rescate: “En algunos casos, pudimos tener contacto con las víctimas, no visual, pero sí escuchábamos golpes y nos fueron respondiendo. Pero una vez que señalábamos el lugar, se hacían cargo los rescatistas y nosotros nos trasladábamos para otro punto de búsqueda”, aclaró Velázquez y contó que, además de la inmensidad de la catástrofe, los que más los atravesó fue el abandono en el que se encontraban las familias: “Muchas acampaban en las puertas de los edificios, esperando tener una respuesta de si el familiar que estaba dentro, todavía seguía con vida. Había personas que ya estaban resignadas a encontrar un cuerpo, entonces nos pedían que intentáramos localizarlos para que ellos pudieran cerrar el duelo. Eso es lo que nos hacía todo más chocante, porque estaban solos, no había apoyo de psicólogos. Era un padre que te decía ´tengo a mi esposa y a mis hijos en ese edificio’, eran historias que se repetían en todos los edificios en los que estábamos trabajando. Y por más que uno esté preparado para este tipo de trabajos, te termina afectando también. Por suerte, siempre tuvimos a disposición profesionales de la salud mental, allá y acá”. Y destacó: “Sabemos que todo este proceso que tiene por delante el país es enorme, que han recibido mucha ayuda, pero queda mucho trabajo para hacer, para acompañar a las familias, que siguen esperando respuestas sobre parientes, para reconstruir kilómetros de una zona costera donde no quedaron prácticamente edificios habitables. Y es ahí donde la comunidad internacional tiene que estar muy atenta y acompañar al pueblo venezolano”.

Dentro de la tragedia, ambos bomberos reconocieron que la experiencia les confirmó que “el entrenamiento, el esfuerzo, y la inversión que hizo el cuartel no fue en vano, que el día que nos pusieron a prueba, estuvimos a la altura, que pudimos dar una respuesta profesional. Nos incentiva a seguir trabajando en esto. Las inversiones que hacen las instituciones no van a la basura, sino que cuando el ciudadano lo necesita, se le puede dar una respuesta. Tenemos que seguir sumando canes, personal y capacitación, que es lo más importante”.

K-9 Gualeguay, pioneros de la provincia

La Asociación K-9 del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguay es la única y la primera de Entre Ríos que tiene personería jurídica y entrena a perros para búsqueda y rescate.

Desde los tres meses de vida de los cachorros comienzan a entrenar con ellos. Oma de 7 años y medio y Roma de 5 años son los únicos canes operativos del cuartel, y hay otros tres en formación.

“La especialidad de Oma es encontrar personas con vida, es una ovejera, y Roma, una Golden, busca restos humanos. Cada perro vive con su guía, nosotros las criamos desde cachorras, empezamos a entrenar con ellas. En la vida cotidiana, tenemos diariamente entre 20 y 30 minutos de entrenamiento, mientras que los fines de semana es más prolongado, donde practicamos lo que es el trabajo de búsqueda. La formación la hacemos en Gualeguay y una o dos veces al mes, viajamos a la escuela en Buenos Aires a hacer algún trabajo más específico o a corregir algunas cosas”, contó Velázquez.  

El fenómeno de caída de la natalidad viene intrínsecamente relacionado con el aumento de la población de adultos mayores, y al igual que al igual que ese escenario, requiere de estrategias para abordar esta nueva conformación social.

Según Naciones Unidas, para fines de 2070, se prevé que la población mundial de 65 años o más alcance los 2.200 millones, y supere en número a los menores de 18 años. A mediados de la década de 2030, habrá 265 millones de personas mayores de 80 años, más que niños. Incluso las naciones de rápido crecimiento experimentarán un aumento de la población anciana en los próximos 30 años. “Estas naciones deberán prepararse para importantes cambios demográficos con el refuerzo de los sistemas sanitarios y de cuidados de larga duración, garantizando la sostenibilidad de la protección social e invirtiendo en nuevas tecnologías”.

En diálogo con Ahora ElDía, la licenciada en Trabajo Social y diplomada en Gerontología Lorena Casotti, responsable de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores de la provincia, habló sobre los desafíos que tiene el Gobierno provincial y los municipios en esta materia: “La pandemia fue el detonante para todos aquellos que veníamos anunciando un incremento de las personas mayores, para que se empiecen a mirar los espacios de las residencias gerontológicas, que fue lo que dio lugar a la creación de esta unidad ministerial. Entre Ríos tiene 258 residencias, y hay municipios como el de Gualeguaychú y otros también, que vienen trabajando en la necesidad de regularizarlas”.

Casotti señaló que esta situación de informalidad persiste porque hay una mirada cargada de negatividad y prejuicios hacia el envejecimiento: “Hoy en día, se están pensando políticas que tiene que ver con el largo plazo, y que no involucran necesariamente la creación de más residencias. Hoy tenemos un 16% de la población que es adulta mayor, y no falta mucho para se convierta en el 30%. Entonces, no se trata solo de generar residencias, sino otros sistemas de cuidado, plantear ciudades accesibles/amigables, que la ciudad sea un espacio donde todos podamos convivir. Hay lugares donde se está previendo que, cada tantos metros, haya un banco en la vereda para que las personas que así lo necesiten, puedan descansar y socializar, de camino a hacer las compras del día. También es importante empezar a formarse, sabemos que hay un alto número de cuidadores informales. Incluso, persiste el prejuicio de que las mujeres deben cuidar a sus padres, es una carga muy importante, entonces, poder pensar que no necesariamente esté depositada esta cuestión en la mujer, sino que todos tiene que comprometerse, y adquirir herramientas de cuidado, nos va a facilitar en acompañar una persona mayor”, apuntó.

Sobre las políticas públicas para la vejez, manifestó que “queremos promover la creación de otros dispositivos, que tienen que ver con los cuidados intermedios, como los centros de día, los clubes de día, espacios que sean de contención y acompañamiento, no solo a la persona mayor, sino también a la familia. Se están trabajando cuestiones de salud mental, con la prevención de patologías que se relacionan con eso. La idea es no llegar tarde, para que las personas se mantengan activas. Sabemos que municipios como el de Gualeguaychú generan muchas actividades con personas mayores, lo que genera un envejecimiento activo y saludable”.

Uno de los grandes desafíos a largo plazo es la organización social de los cuidados: “Necesitamos que los municipios se comprometan para generar espacios amigables, accesibles, y cuestiones que tengan que ver con el sostenimiento del bienestar de las personas. Algunas veces se necesita la voluntad, el interés de visualizar que hay personas mayores, y que necesitan espacios, ya sea en los clubes, en los centros de jubilados, en las vecinales, empezar a visualizar en una cuadra cuántas personas mayores hay ¿Los municipios tienen en cuenta ese dato?”, reflexionó la funcionaria.

Asimismo, expresó que también es necesario que las localidades creen centros de estimulación física y cognitiva, talleres y espacios que generen interacción: “La soledad es una cuestión muy presente en las personas mayores, en algunos casos son por elección, y en otras, porque su entorno fue falleciendo. Entonces, pensar en espacios donde se sociabilice es muy beneficioso. Eso genera un estado de bienestar que las mantiene activas. Los dispositivos comunitario o intermedios deben ser una política que empiecen a implementarse”.

Formas distintas de envejecer

Aunque es cierto que la forma de envejecer cambió mucho y la expectativa de vida se alargó, lo viven de igual manera: “Nosotros siempre hablamos de vejeces, porque en realidad no hay un solo modo de envejecer, y en ese sentido las personas mayores son totalmente diferentes. Hacemos hincapié en las trayectorias de vida, el nivel educativo, la situación económica, los proyectos personales. Hoy por hoy, las personas mayores de 60 años, continúan trabajando, estudian, participan en organizaciones, actividades físicas, es muy diferente ver una persona mayor en la actualidad, que quizás una de 1930. Lo que uno empieza a visualizar es de que envejecemos de diferentes maneras, no es lo mismo la persona que vive en Paraná, que una que vive en Nogoyá, donde incluso el acceso a la salud es diferente. De por sí, hoy tenemos que estar observando que es totalmente distinto el grupo poblacional en una localidad a otra, y en Entre Ríos se incrementa más porque tenemos pueblos muy pequeños, donde el acceso a los centros de salud es más complicado”, resaltó.

Casotti explicó que sigue habiendo prejuicio sobre el envejecimiento y que no todas las personas mayores son dependientes y necesitan el ingreso a una residencia: “Ese es el gran cuestionamiento que se está haciendo. No todas las personas son incapaces de tomar una decisión por el mero hecho de ser mayor. Muchas veces, los hijos suplantan la voz de los padres, pero tenemos que empezar a entender a la vejez como heterogénea. No todos envejecemos de la misma manera, porque nos constituimos de diferentes lugares”.

Indicadores de bienestar

Envejecer en grandes o pequeñas ciudades también plantea diferencias y desafíos. Mientras en Buenos Aires, por ejemplo, existen edificios enteros destinados a viviendas para personas mayores, con unidades individuales o para compartir, en el interior del país persiste el envejecimiento en familia: “Las grandes localidades, como Paraná, Concordia o Gualeguaychú, son lugares donde existen más instituciones y hay espacios para mayor interacción y acceso garantizado a la salud. En un pueblo, quizás, las personas mayores no tienen acceso e implica que tengan que trasladarse, algunas veces, incluso sin recursos. Eso hace que el deterioro de las personas sea muy diferente”.

Para poder hablar de bienestar, la funcionaria aclaró que es necesario tomar indicadores no sólo físicos, sino también de inclusión y participación: “Cuando observamos localidades que tienen un numero poblacional alto de personas mayores que residen en sus hogares, y hay un nivel bajo de institucionalización, es porque hay acompañamiento comunitario, eso dignifica. Hay pequeñas localidades que el número poblacional no es muy alto, pero la presencia de la persona mayor en la comunidad es importante. Entonces, volvemos a lo cultural, la persona mayor es importante, su participación, que se encuentre activa, que se la sume a todos los espacios, quizás en actividades como festividades, donde participan y son parte de esa organización, en eso vemos el bienestar”. Y concluyó: “Por eso, necesitamos que se difunda el reconocimiento a las personas mayores, que no son descartes, que son sujetos plenos de derechos, y que el envejecimiento se incorpore a nivel de las políticas públicas en general. No se trata solo de agregar años, sino de garantizar que podamos llegar con dignidad, con autonomía, participando y siempre activos”.

Un dispositivo local clave para adultos mayores

El Área de Adultos Mayores de Gualeguaychú es muy activa y constantemente está generando instancias recreativas, culturales y de desarrollo de nuevos conocimientos para este segmento de la población. Sin embargo, hay un dispositivo que es la caja de resonancia del cambio de época al que asistimos: el Centro de Día De Cara al Sol, ubicado en el Parque Unzué. Fue inaugurado en 2022 y, desde entonces, se ha constituido como un lugar para responder a las necesidades de los adultos mayores.

Juan Ignacio Olano, secretario de Desarrollo Humano, habló sobre la actualidad del espacio y aseguró que el dispositivo “está pensado para el acompañamiento integral de las personas mayores”.

En De Cara al Sol, los adultos mayores desayunan y almuerzan, con una nutricionista que supervisa la comida. Después tienen talleres de estimulación cognitiva, arte, gimnasia, aquagym, huerta y charlas sobre salud. También arman juegos de mesa, ajedrez, tejo, golf croquet y caminatas. Todo esto con un equipo de profesionales (nutrición, gerontología, trabajadora social, psicólogo, etc.) y en conjunto con PAMI.

Olano manifestó que en la actualidad el cupo del lugar está lleno, pero aspiran a duplicar su capacidad: “Hoy tenemos 35 personas y estamos evaluando la posibilidad de sumar un nuevo turno para duplicar la capacidad operativa. La mayoría de las personas que vienen son jubilados con ingresos muy ajustados y con poca red familiar o social cerca. Por eso el Centro termina siendo un lugar central en su vida cotidiana, no solo un lugar donde van a hacer actividades sino donde encuentran compañía. Para nosotros es uno de los dispositivos más fuertes que tenemos en esa área. Depende del Área de Adultos Mayores, dentro de Desarrollo Humano, y la apuesta es justamente combatir el aislamiento y la soledad, que es algo que afecta mucho a esta franja de edad. Por eso también es efector de PAMI. Esto es parte del compromiso que asumió el intendente con los adultos mayores de la ciudad. Este tipo de políticas son una prioridad para la gestión”.

Las causas por violencia familiar en Gualeguaychú se convirtieron en el principal desafío para los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) del Poder Judicial.

"Las intervenciones que, por gran diferencia, presentan un mayor caudal, son las del fuero de Familia y, dentro de ellas, los trámites pertenecientes a las violencias", explicó Simón Ghiglione psiquiatra del ETI local.

Según detalló, el fenómeno creció de manera sostenida durante la última década: “En los diez años que llevo dentro del Poder Judicial se ha visto un incremento exponencial de la cantidad de intervenciones, principalmente en las causas de violencia de género y violencia familiar”.

Ghiglione remarcó que muchas de esas denuncias tienen un origen común: “En el caso del juzgado de familia una importante cantidad de las intervenciones caratuladas como violencias familiares, son situaciones denunciadas que podríamos considerar conductas agresivas desprendidas de la problemática de consumo de sustancia, lo que nos muestra la búsqueda de una resolución de dicha sintomatología, propia del cuadro, en el sistema judicial”.

Esto refleja que numerosas familias recurren a la Justicia porque no encuentran otro ámbito que pueda brindarles respuestas: “Esto ocurre ante la falta de respuesta del sistema de salud y la merma de los dispositivos comunitarios que acompañen a estas personas”.

Sin embargo, aclaró que el Poder Judicial no siempre puede ofrecer la solución que las familias esperan: “La respuesta por medio de imposiciones judiciales dista mucho de lo solicitado. Es una demanda que debería ser brindada por el sistema de salud”, señaló y agregó: “El incremento de las intervenciones de causas de violencias y el consumo problemático de sustancias son dos de las problemáticas más preocupantes y complejas que estamos afrontando como sociedad”.

También advirtió que el volumen de expedientes dificulta el trabajo interdisciplinario previsto por la legislación vigente: “Se exige resolver las intervenciones en tiempos acotados e insuficientes, lo que nos lleva a la automatización del trabajo y a priorizar la cantidad de causas por sobre la profundidad de cada abordaje”.

En ese contexto, valoró la incorporación de nuevos profesionales a los ETI de la jurisdicción: “Es un aliciente para nosotros y que esperamos descomprima el trabajo a los fines de poder sostener modalidades más acordes a la demanda y las normativas vigentes”. Aunque expresó preocupación por otra dificultad: la falta de médicos psiquiatras interesados en cubrir cargos dentro del Poder Judicial. “Los llamados no pueden cubrirse en su totalidad porque no hay inscripciones de profesionales. Muchos optan por la actividad privada”, afirmó.

Ghiglione consideró que el problema excede ampliamente a la Justicia: “El abordaje de la violencia debe ser tomado en un sentido mucho más amplio que la sola intervención judicial. Tiene que involucrar al sistema de salud, las escuelas, los clubes, las organizaciones comunitarias, los medios de comunicación y a toda la sociedad”.

Por último, reflexionó sobre el rol de la crisis en el aumento de la violencia: “En los momentos de crisis sociales y económicas se ve un incremento de la conflictiva dentro de los ámbitos familiares e interpersonales. Esto no sólo lo veo a partir de las intervenciones judiciales, sino también en el incremento de la demanda de consultas dentro de la actividad privada como psiquiatra infanto-juvenil y las necesidades de tratamiento en los diferentes grupos etarios ya que las mencionadas crisis atraviesan a todo el espectro social”.

No es ninguna novedad que en Gualeguaychú faltan personas con conocimientos técnicos y en oficios para dar respuestas a necesidades cotidianas a los vecinos y también a las empresas. En un contexto donde el trabajo no sobra y en varios rubros escasea, los oficios y ciertas tecnicaturas parecen ser la excepción a la regla, ya que tienen una demanda que no se alcanza a absorber.

Daniel De La Torre, jefe de Talleres de la Escuela Técnica Nº3 habló con Ahora ElDía sobre esta situación y analizó a qué se debe este fenómeno: “El 100% de la demanda que me llegan de empresas son de técnicos. Tengo contacto directo con un montón de fábricas y recibo constantemente mails de ellas pidiendo técnicos. En electrónica hay un desabastecimiento de personal capacitado que no se puede entender. Eso en el ámbito de la relación de dependencia, pero también hay público común que necesita este tipo de servicios y no lo pueden subsanar”.

El docente con 14 años de trayectoria manifestó que “al tener talleres a contra turno, son los menos los que eligen la escuela técnica porque les imposibilita tener otras actividades como puede ser fútbol, baile y un largo etcétera”.

De La Torre contó que en el ámbito privado trabaja para marcas muy reconocidas en el área de servicio técnico y que, si bien su ámbito de cobertura es pequeño por la gran carga laborar que tiene, se sorprende que haya pueblos enteros que no tengan una sola persona formada en este rubro: “De lo técnico hay trabajo en todos lados, pero hay que capacitarse todo el tiempo. Siempre están saliendo cosas nuevas. Lo que veo que les hace falta a las escuelas técnicas son especializaciones, porque si bien los chicos salen con una formación general, después hay ramas específicas. Por ejemplo, un técnico en automotores recién recibido, no tiene una formación específica en inyección electrónica. Estaría bueno que el Consejo General de Educación o el Ministerio de Educación brinden estas formaciones en el ámbito de lo público Hoy el que quiere especializarse, tiene que pagar para hacerlo”.

Dentro de la Escuela Técnica Nº3 funciona la “Formación Profesional”, un espacio donde se dan capacitaciones en electricidad, carpintería, soldadura y herrería: “A este tipo de instancias acude gente grande, que tiene conocimientos previos, algunos vienen a actualizarse en el rubro. Son personas que ya tienen trabajo y/o quieren complementar con un extra. Este tipo de capacitaciones, tienen salida laboral inmediata, para trabajar de autónomos”.

Sobre cuáles son los rubros en los que falta personal capacitado, De La Torre aseguró que en todos, pero en el “más popular” que es el de electricidad suele haber mayor oferta ya que el capital de inicio es muy bajo. La inversión para ejercer uno u otro oficio, determina qué rubros tienen salida laboral inmediata: “Un carpintero necesita 50 millones para montarse una carpintería, cómo mínimo. Pero al no haber microcréditos para que una persona haga esto, es difícil llegar. Hoy, si conseguís un carpintero, tenés un montón de tiempo de espera para que te haga un mueble por esta misma razón: no abundan”.

Gustavo Constanzo, responsable del Centro de Desarrollo del Conocimiento, reafirmó: “La demanda de oficios en la ciudad es alta y sostenida, especialmente en aquellos vinculados al sector industrial, la construcción, el mantenimiento, la programación y los servicios técnicos. Las empresas y los emprendimientos requieren de forma permanente personas capacitadas con conocimientos prácticos y capacidad de resolver problemas concretos. Esta realidad ha impulsado al Municipio a fortalecer la oferta de capacitaciones en oficios como parte de una estrategia de inclusión y desarrollo económico”.

Constanzo enumeró que los oficios más demandados en la ciudad por parte del Parque Industrial, comercios, emprendimientos y particulares son soldadura y herrería, electricidad domiciliaria e industrial, programación, automatización industrial y plomería. Asimismo, calificó a la inserción laboral de estos rubros como “muy favorable” y destacó que “la experiencia demuestra que los oficios constituyen hoy una de las herramientas más efectivas para mejorar la empleabilidad, promover la autonomía económica y fortalecer el entramado productivo de Gualeguaychú. La elevada demanda de inscripciones en los talleres confirma el creciente interés por este tipo de formación”.

En la actualidad, el Centro de Desarrollo del Conocimiento dicta soldadura, carpintería, electricidad domiciliaria básica, informática aplicada y alfabetización digital, reparación de PC y oficios tecnológicos, automatización industrial y nuevas propuestas tecnológicas, electrónica básica, programación, diseño asistido por computadora y utilización de la IA.

Otro espacio que hay en la ciudad para capacitarse en oficios es la Escuela Nº46 Camila Nievas. Su directora Matilde Nelli contó que la demanda de la institución está relacionada con “las necesidades de la comunidad y las oportunidades de empleo de la región”.

A los oficios ya mencionados por Constanzo, Nelli agregó que también son muy demandados refrigeración e instalación de aire acondicionado, instalador gasista y restauración de muebles: “En los últimos tiempos se ha producido una importante revalorización de los oficios debido a la creciente demanda de trabajadores calificados, la rápida inserción laboral y la necesidad de contar con personas capacitadas en tareas técnicas y manuales. Hoy constituyen una alternativa educativa y laboral valiosa, contribuyendo al desarrollo productivo y ofreciendo oportunidades concretas de empleo y emprendimiento. Ahora bien, la capacitación continua es fundamental ya que no alcanza con aprender un oficio una sola vez, es necesario perfeccionarse y adaptarse a los cambios tecnológicos y productivos. Formarse en un oficio ofrece numerosas ventajas, tanto a nivel personal como profesional. No sólo asegura una rápida inserción en el mercado, sino que también fomenta la independencia, responde a una alta demanda de trabajadores calificados y promueve el desarrollo de la autonomía, la confianza y la comunidad”.

El mercado laboral en Argentina muestra una marcada brecha entre la población general y los jóvenes. Mientras la tasa de desocupación se ubica en 7,5%, entre las personas de 14 a 29 años alcanza el 16%, de acuerdo a datos de 2025. Seis de cada diez jóvenes que se incorporan al mercado lo hacen a través de empleos informales, con escasa estabilidad y sin acceso a derechos laborales según la Organización Internacional del Trabajo. Esta combinación de mayor dificultad de acceso y peores condiciones de inserción ubica a los jóvenes como uno de los grupos más afectados por las tensiones del mercado laboral.

La situación no es muy distinta en Gualeguaychú. Carolina Martínez, técnica en Recursos Humanos, habló con Ahora ElDía y analizó el panorama local: “Hay oportunidades laborales para jóvenes en la ciudad, aunque no siempre en la cantidad o calidad que los jóvenes esperan. Se observa poco movimiento, pero principalmente en comercio, gastronomía, turismo, atención al cliente, ventas y algunos puestos operativos en industrias. El desafío muchas veces no es sólo encontrar trabajo, sino acceder a empleos formales que permitan desarrollar una carrera laboral a largo plazo”.

Asimismo, señaló: “La informalidad sigue siendo una realidad que afecta especialmente a quienes buscan sus primeras experiencias laborales. Muchos jóvenes aceptan trabajos sin registrar para adquirir experiencia o generar ingresos. Es importante seguir promoviendo el empleo formal porque garantiza derechos, estabilidad y mejores oportunidades de desarrollo”.

Esta situación también afecta a jóvenes profesionales que buscan insertarse en el mercado laboral y, que, si bien cuentan con formación específica, “suelen enfrentar el desafío de encontrar oportunidades relacionadas con su profesión dentro de la ciudad. Muchas veces deben ampliar su búsqueda a otras localidades o considerar modalidades remotas”.

En cuanto a las exigencias laborales, manifestó que muchas empresas buscan experiencia previa, que los jóvenes pocas veces tienen, por lo que se genera una paradoja: necesitan una oportunidad para adquirirla: “Suelen mostrar disposición para aprender, asumir desafíos y comenzar desde puestos iniciales. Sin embargo, cada vez valoran más los ambientes de trabajo saludables, el respeto, las oportunidades de crecimiento y el equilibrio entre la vida personal y laboral. Hay una mayor conciencia sobre la importancia de trabajar en espacios donde se respeten sus derechos y se reconozca su aporte. Por eso, muchas veces renuncian cuando esto no se da”.

Matías Romero, becario doctoral (INES-Conicet-UNER), lleva adelante un estudio sobre juventudes y mercado laboral en grandes aglomerados urbanos como Paraná y Concordia, a partir de los datos que brinda la Encuesta Permanente de Hogares. En estas mediciones, Gualeguaychú no está contemplada. Sin embargo, las conclusiones generales de la investigación permiten comprender cómo es la situación del mercado laboral joven en Entre Ríos: “El panorama laboral de las juventudes en Entre Ríos tiene particularidades que son diferentes a lo que sucede en el en marco nacional. Primero, hay menores niveles de empleo que en el total nacional, pero también esto va de la mano con niveles de actividad: menos jóvenes que buscan trabajo. Sabemos que los jóvenes de sectores más medios o altos pueden salir de la provincia a estudiar y mantenerse un tiempo sin trabajar, y eso en algunos sectores más vulnerables no sucede”.

Desde su mirada como economista, resaltó: “La participación laboral juvenil tiene una tendencia, que es más procíclica, es decir, que sigue el ciclo económico. Cuando la economía está bien, más jóvenes se insertan, pero cuando empieza a estar mal, hay una salida de jóvenes del mercado laboral, esto se da así desde inicios del siglo XXI”.

Luego de la pandemia, indicó que hubo un cambió en el mundo laboral, donde se difuminaron las diferencias de sociales: “Las juventudes tienen ganas de un empleo protegido, pero lo que sucede es que les cuesta encontrarlo. Ese es un cambio de postpandemia, por las condiciones económicas del país, con una inflación muy alta y problemas para llegar a fin de mes. Esto requería tener más empleos, más horas, y se fue afianzando con el gobierno de Javier Milei. No quiero decir que no se daba antes, sino que lo que vemos desde el análisis del mercado laboral, es que estas situaciones eran más bien excepcionales o de sectores de la población más vulnerables, y ha empezado a alcanzar a la generalidad de las juventudes. Es decir, todas las personas jóvenes tienen naturalizado acceder a un puesto más informal, que tiene peores condiciones laborales que la norma, y a partir de eso acceder a otras cosas. Lo comparo con estudios de especialistas, que ya veían estas malas condiciones de inserción laboral, pero, lo que sucedía era que había una clara diferenciación de las personas de origen vulnerable, y las personas medias y altas, que a través de su capital simbólico podían acceder a mejores puestos vía mejor educación o lazos sociales, y esto se ha desdibujado en la actualidad. La precariedad alcanza a la mayoría de las juventudes”.

Romero indicó que los jóvenes suelen interpretar las mejoras en las condiciones laborales en relación a experiencias pasadas: “Vienen que empleos muy informales y esa es la vara de expectativa: que no les griten, que no los despidan sin justificación, a eso es a lo que se enfrentan las juventudes”.

A través de entrevistas, el investigador pudo verificar que “la noción de independencia económica está muy lejos con puestos precarios como tienen los jóvenes, incluso aquellos que son profesionales”. A esto se le suma, la necesidad de tener más de un empleo para poder sostener el nivel de vida.

La informalidad en el campo

María Emilia Schmuck, investigadora del Conicet en el Instituto de Estudios Sociales de la UNER, describió cuál es la situación que viven los jóvenes del campo a la hora de insertarse laboralmente, y advirtió que, si bien es difícil hablar en términos generales, hay algunas conclusiones a las que se puede arribar: “La provincia está atravesando desde fines de los noventa, un proceso de envejecimiento de la población rural, sobre todo de la gente que vive efectivamente en el campo. Muchas veces, los jóvenes tienen que migrar de sus lugares de origen a otros lados, porque hay una disminución de la oferta de trabajo en zonas rurales, sobre todo, en los lugares donde han avanzado las grandes concentraciones de la producción, en detrimento de las producciones familiares, las chacras, los galpones de pollos, o los tambos, que son producciones que dan más trabajo a los jóvenes. En los lugares donde ahora prima la estancia o la producción extensiva, en los que avanza la mecanización, o que requiere trabajos mecanizados muy específicos, se vuelve más difícil, por eso, van a buscar trabajo a las ciudades, en los sectores de servicios o en otros puestos”.

En el campo también se verifica mucha informalidad, que viene de la mano de mayor movilidad, no solo por las producciones estacionales, sino de estancia a estancia: “Los jóvenes van cambiando mucho de trabajo, algunas veces con sus familias, otras autónomamente, por el pago y la falta de estabilidad. En muchas zonas rurales, los jóvenes también participan de una multiplicidad de tareas y actividades productivas, no hacen únicamente una labor, y como pasa en las ciudades, van changueando o dedicándose a diferentes cuestiones. A veces, cuando tienen un pedazo de tierra, van sumando otra actividad para lograr algunos excedentes que permitan la mejora en la vida cotidiana”.

En términos generales, Schmuck resumió: “En los últimos años, los jóvenes están en una situación particularmente desfavorable en el acceso al mercado laboral, como suele suceder en contextos de crisis. En estas circunstancias son los jóvenes y las mujeres, sobre todo las jóvenes, las que sienten la retracción en el mercado de trabajo y del Estado”.

Entre Ríos cuenta con una ley que buscan promover el trabajo de los jóvenes: la normativa 10.394, que crea el Régimen de Promoción para el Emprendedurismo Joven Entrerriano, el cual contempla un Fondo Especial, orientado, sobre todo, al sector agropecuario.

Trabajo remoto, una opción

Ante la escasez de empleo, el trabajo remoto surge como una alternativa clave para ampliar los horizontes de la búsqueda laboral. “Hoy un joven de Gualeguaychú puede postularse a oportunidades en otras ciudades e incluso otros países. Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades es importante desarrollar competencias digitales, manejo de herramientas tecnológicas y, en algunos casos, conocimientos de idiomas”, advirtió Carolina Martínez, técnica en Recursos Humanos.

Por su parte, el economista e investigador Matías Romero llamó la atención sobre este tema, ya que “hay una idea de que las juventudes son las que más trabajo a distancia tienen, y es una pregunta que está abierta. En un contexto de desigualdades, y tantas imposibilidades económicas, acceder a una computadora es difícil, y esa idea general que hay en torno al trabajo remoto, tiene que ser problematizada”.

Un informe elaborado por la Fundación Tejido Urbano mostró que en los principales centros urbanos del país cayó el porcentaje de propietarios y creció la cantidad de inquilinos durante los últimos años.

La investigación analizó datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec entre 2016 y 2025 y confirmó una tendencia que ya se observa desde hace décadas: cada vez más personas alquilan y menos logran acceder a una vivienda propia.

El fenómeno se profundiza especialmente en las grandes ciudades, aunque las de menor escala no están exentas de esta problemática.

Pablo Echandi, director del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda Regional Sur, destacó que “la mayoría de las personas que se acercan a averiguar por los créditos hipotecarios que tiene IAPV están alquilando o viven con sus padres”.

Pese a que no hay datos certeros sobre el nivel de demanda en la ciudad, ya que se está depurando el padrón del Instituto, Echandi aventuró que se trataría de aproximadamente cinco mil familias que buscan acceder a la casa propia: “Se nota es que hay mucha demanda por la cantidad de visita que tenemos en la oficina. A las personas les está costando pagar el alquiler. También sabemos que mucha gente que soluciona su problema habitacional viviendo con sus padres, o contrayendo en la parte de atrás de la casa de los padres”.

Asimismo, señaló que tienen el registro fehaciente de que la práctica de construir dentro de la propiedad familiar es muy común en los barrios más vulnerables, pero que saben que es una solución a la cual también recurre la clase media: “Creo que la problemática es más económica que social, y vemos que los costos de los terrenos, que rondan los 15 mil dólares promedios, y los costos de la construcción son el gran cuello de botella”.

Aunque IAPV tiene líneas de crédito para la construcción, sólo es posible acceder a ellos si se tiene un terreno propio. Consultado sobre si el Instituto está analizando la posibilidad de ofrecer créditos para la compra de terrenos, Echandi dijo que “hoy no está ese programa, pero la dinámica de pensamiento del instituto es amplia y los directores estamos siempre buscando soluciones nuevas. Así que no descarto en el futuro que se pueda financiar la compra de terrenos”.

Respecto a los créditos hipotecarios, contó que “hay muchas personas que quieren acceder, pero que la mayoría no cumple con el requisito de tener la escritura del terreno”. Es por eso que desde el IAPV optaron por cambiar la modalidad en la que se otorgan: ya no hay más sorteos, sino que se analizan si los inscriptos cumplen con las condiciones necesarias y se avanza con esos casos: “Tenemos más fondos a gastar para fin de año, que cantidad de gente que califica para los créditos. De los 13 mil millones con los que contamos, llevamos sólo 4 mil millones entregados para construcción. La falta de escritura es nuestro gran cuello de botella”. Y agregó que “quienes cumplan con estos requisitos, muy posiblemente se haga beneficiario de esta política pública, porque hay presupuesto”.

Además, el director de la Regional Sur habló sobre las viviendas que están prontas a ser entregadas en Gualeguaychú y que responden a los planes tradicionales de acceso a la vivienda: “Certificamos un avance de obras del 78% de 42 viviendas en sector del barrio Curita Gaucho. Esas casas no tienen dueño todavía y, como novedad, se estableció que cerca del 60% de esas viviendas se van a poder licitar con una entrega del 20% de su valor, que serían cerca de 12 millones de pesos; mientras que las otras 40% se van a sortear. Esto nos va a permitir hacer el recupero más rápido y poder comenzar a construir rápidamente otras”.

El mismo método se aplicará a las 37 viviendas que construye IAPV y que se encuentran en un 64% de avance. Tanto las 42 como las 37 viviendas estarán finalizadas para fin de año, con poco tiempo de diferencia entre unas y otras.

El rol del mercado inmobiliario

El acceso a la casa propia no sólo es un desafío del Estado, sino que el sector privado también tiene barreras que sortear para que cada vez más personas puedan comprar su terreno o vivienda: “Uno de los principales desafíos es generar alternativas que faciliten el acceso a la vivienda en un contexto donde los costos de construcción y financiamiento continúan siendo elevados para gran parte de la población. Como sector, debemos seguir trabajando para acercar oportunidades reales a las familias y promover desarrollos que acompañen el crecimiento de Gualeguaychú”, manifestó el corredor inmobiliario Joan Fleitas.

En este contexto, reconoció: “Actualmente existe una importante demanda de alquileres, especialmente por parte de jóvenes, familias que recién comienzan y personas que buscan independencia habitacional. Aunque sigue habiendo una gran cantidad de propietarios en la ciudad, el acceso a la vivienda propia se ha vuelto más desafiante debido al aumento de los costos de construcción y al contexto económico general. Sigue siendo una meta posible, pero requiere planificación, financiamiento y, en muchos casos, comenzar con la compra de un terreno antes que por la adquisición directa de una casa terminada”.

La situación económica y la disminución progresiva del poder adquisitivo obligan al mercado inmobiliario a diseñar estrategias que faciliten este primer paso y es ahí donde cobran relevancia los planes de financiación: “Los desarrollos urbanísticos y loteos con financiación propia han permitido que muchas familias vuelvan a considerar la posibilidad de acceder a un terreno, algo que años atrás resultaba mucho más difícil”.

Fleitas señaló que, de acuerdo a su experiencia, el camino más frecuente que transitan las personas para acceder al techo propio suele ser “la compra de un terreno mediante financiación y luego la construcción por etapas. Muchas familias adquieren primero el lote y, a medida que sus posibilidades, avanzan con la edificación”.

Al igual que Echandi, el corredor inmobiliario reconoció: “Muchas personas aprovechan terrenos familiares o realizan subdivisiones para construir una vivienda propia dentro de una propiedad ya existente. Es una opción que reduce significativamente el costo inicial y permite destinar más recursos a la construcción. Hoy los valores de una vivienda terminada varían considerablemente según la ubicación, el estado de conservación y las características del inmueble. Una casa de tres ambientes para una familia o pareja puede encontrarse desde 70.000 a 120.000 dólares, aunque existen opciones tanto por debajo como por encima de esos valores dependiendo de cada caso”.

Cada 3 de junio es una invitación para reflexionar sobre cuáles continúan siendo los “talones de Aquiles” para erradicar de una vez por todas la violencia contra la mujer. En ese contexto, AhoraElDía dialogó en exclusiva con las fiscales de género Carolina Costa, Alejandra Montiel y Eliana Ghiglione.

Uno de los principales obstáculos que mencionaron las fiscales es la escasez de recursos humanos para abordar la magnitud de las denuncias. La fiscal Alejandra Montiel señaló que “la falta de recursos es la traba más importante que tenemos para poder cumplir la función que tenemos y para los proyectos que podamos tener para el abordaje de la problemática”.

Según explicó, actualmente son tres fiscales las que intervienen en causas de violencia de género, con equipos reducidos. “La falta de recursos humanos es fundamental. Si bien somos tres fiscales que nos desempeñamos en violencia de género, tenemos pocos empleados para desempeñar la función”, indicó.

La escasez de personal también atraviesa a otras instituciones que participan en el abordaje de estos casos. “En el Juzgado de Familia, en el Hospital y en la Policía también falta mucho personal. Más allá de la voluntad de los empleados, el recurso humano es insuficiente”, agregó Montiel.

Para la fiscal Eliana Ghiglione, el ingreso de un caso al sistema judicial suele ser el resultado de un problema mucho más amplio. “Cuando un conflicto llega a la Justicia es porque fallaron un montón de otros mecanismos”, sostuvo.

La funcionaria explicó que la violencia de género es una problemática compleja que no puede resolverse exclusivamente desde el ámbito penal. “Es una problemática multifactorial. El problema y la solución vienen de la mano de todas las instituciones que intentamos articular”, afirmó.

Desde el punto de vista judicial, la intervención se centra en investigar delitos y aplicar sanciones cuando corresponde. Sin embargo, Ghiglione reconoció que eso no siempre alcanza para modificar conductas violentas.

“Muchas veces se espera una respuesta de la Justicia que intentamos dar en el marco de nuestra competencia, pero es difícil erradicar en la persona denunciada patrones de violencia sencillamente con una condena”, explicó.

Incluso, advirtió que la reiteración de situaciones violentas es frecuente. “Una vez que obtenemos una condena, después vemos que esa misma persona está con otra causa con otra chica”, señaló.

Cuando se logra una condena, las fiscales piden que se incluyan consultas con un profesional psicológico, y la realización de cursos con perspectiva de género para el imputado.

“El taller que hace la Casa Alas ‘Voces de Cambio’ ha sido un quiebre muy bueno en estos últimos años, porque implica entender que no sólo la victima tiene que ser abordada, sino también el victimario”, resaltó Ghiglione.

“A nosotras lo que más nos importa no es la condena, sino los resultados. Si logramos abordar una persona que ha sido violenta y superar esta situación lograríamos mejores resultados en nuestras víctimas, sería lo ideal. Y ahí volvemos a caer en la falta de recursos, muchas veces acordamos reglas de conducta referentes a un turno en el Hospital, que es donde por lo general van las personas con menos recursos, y los turnos son muy lejanos porque están muy desbordados. Nosotras tenemos que actuar por una condena, pero estaría bueno que lográramos este abordaje con las personas que ejercen este tipo de violencia, para tratar de cambiar la situación a futuro”, agregó Montiel.

Las fiscales también observaron que muchas víctimas vuelven a involucrarse en relaciones violentas. Montiel explicó que estos casos son habituales y están relacionados con historias personales marcadas por la violencia.

Según describió, en muchos casos las personas crecieron en entornos donde la violencia era parte de la dinámica familiar. “En la mayoría de los casos vienen con un patrón de violencia desde la familia y lo van desarrollando a lo largo de sus vidas”, afirmó.

A esa situación se suman otros factores que profundizan la vulnerabilidad. “Muchas veces las relaciones están atravesadas por consumo problemático, falta de trabajo, dependencia emocional y económica absolutas”, explicó la fiscal.

La dependencia económica es uno de los elementos que más condiciona las decisiones de las víctimas. Ghiglione lo resumió en una frase que suele repetir en audiencias: “Cuando no podés darle de comer a tus hijos, no podés pensar en tu propia seguridad”

Ese contexto explicó por qué algunas mujeres piden levantar medidas de protección o se retractan de las denuncias. Montiel señaló que “el sostenimiento de la familia hace que pidan que se levanten las medidas y muchas veces justifican la violencia que reciben”.

Estas situaciones también dificultan las investigaciones judiciales. Sin embargo, el sistema penal permite continuar con el proceso aun cuando la víctima decida no avanzar, siempre que existan pruebas suficientes.

“Hemos ido a juicio incluso cuando la víctima no quería continuar, y hemos logrado condenas”, explicó Ghiglione. Y agregó: “Esto es posible porque la violencia de género es un problema público, entonces cuando se pone en marcha el mecanismo es decisión del Estado seguir adelante si hay elementos”.

Al respecto, Costa reflexionó: “El mundo sigue siendo machista, y sería bueno que no sólo hubiera una fiscalía de género, sino también un tribunal de género, y jueces que juzguen con perspectiva de género. Y en eso la inversión pública es muy importante, invertir en herramientas para erradicar la violencia de género, en espacios de acompañamiento psicólogos, dotar al área de Salud Mental, no solo con un consultorio, sino con un seguimiento en lo que podría ser un hospital o centro de día, entre otras herramientas que se pueden plantear”.

Otro de los desafíos es la recolección de pruebas. Montiel explicó que muchos hechos ocurren en ámbitos privados. “Son los llamados delitos de alcoba, que ocurren en la intimidad de la casa”, detalló.

En esos casos, las fiscalías recurren a otras herramientas de investigación. “Hacemos pericias e intentamos buscar testimonios de amigas, familiares o vecinos que hayan escuchado algo”, indicó.

También recordó que la mayoría de las denuncias se realizan después de años de violencia.

Las fiscales aclararon que no todas las situaciones de violencia constituyen delitos penales. Ghiglione explicó que para que intervenga la Justicia debe existir una conducta prevista en el Código Penal. “Para que haya un juicio tiene que haber un delito”, afirmó.

Entre los más frecuentes aparecen amenazas, lesiones, daños materiales, violación de domicilio, hurtos o abusos. También es habitual el delito de desobediencia judicial.

“Cuando pedimos una medida como una perimetral o una exclusión y el agresor la viola, ahí tenemos el delito de desobediencia judicial”, explicó.

Para la fiscal Carolina Costa, este tipo de conductas son especialmente graves. “El victimario demuestra que nada lo frena, ni siquiera la medida de un juez”, señaló.

En la mayoría de los casos, el detonador de la violencia suelen ser los celos. Además, el consumo de alcohol y drogas aparece como un factor recurrente en las denuncias. Costa remarcó que “el componente de la droga y el alcohol es tremendo”, mientras que Ghiglione agregó que “es muy común que una víctima diga que su pareja empezó a tomar y ese fue el disparador de la situación más álgida”.

Montiel también señaló que el consumo no sólo atraviesa a los agresores. “Las víctimas también están atravesadas por el consumo y eso potencia cualquier peligro”, advirtió.

La responsable del Área de Género municipal y del dispositivo de protección Alas Desatadas, Claudia Fiorotto, coincidió en que el consumo problemático se volvió cada vez más frecuente en las situaciones de violencia.

“Que una persona consuma no necesariamente quiere decir que sea violenta, pero una persona que es violenta y está en consumo lo potencia”, destacó.

Según detalló, en los últimos años el fenómeno se profundizó. “Cuando empecé a trabajar con esta problemática, hace unos diez años, uno o dos de cada diez casos involucraban al consumo. Hoy son once de diez porque hasta los hijos están en consumo”, afirmó.

En muchos casos, las mujeres que denuncian no pueden volver a su casa. Para esas situaciones funciona el dispositivo municipal Alas Desatadas.

La fiscal Carolina Costa destacó su importancia, ya que no existe en todas las localidades. “Hoy sabemos que algunas mujeres no pueden volver a su domicilio, y hasta que no llegan al dispositivo no nos quedamos tranquilas”, señaló.

El espacio ofrece alojamiento temporal, acompañamiento psicológico y talleres con salida laboral. Según Fiorotto, el objetivo es promover la independencia económica de las mujeres.

“Nuestro lema es que volver con el violento no es una opción, y para que eso ocurra tenemos que mostrar otro camino: el de la autosustentabilidad”, explicó.

Para Fiorotto, uno de los mayores desafíos sigue siendo cultural. Muchas situaciones de violencia comienzan con conductas que la sociedad tiende a minimizar.

“Estamos tan acostumbrados a normalizar las microviolencias que cuando llegamos a la macroviolencia todos nos asustamos”, sostuvo.

La referente también destacó que la violencia atraviesa todas las clases sociales. “En las clases altas los muros son gruesos y los gritos no se escuchan; en las clases bajas los muros son finos y se escucha todo”, graficó.

Es por esto que el lunes 9 de marzo realizarán una jornada de reflexión y concientización en el Centro Cultural “Luis María Lujan” a las 17.30 horas.

Las fiscales coincidieron en que la respuesta judicial es sólo una parte del problema. Para Ghiglione, el trabajo preventivo es clave.

“Tiene que haber políticas públicas que empiecen desde las infancias. Por eso es tan importante la educación sexual integral”, señaló.

También destacaron el rol de la comunidad. Hoy la ley permite que vecinos o terceros denuncien situaciones de violencia. “Tenemos muchos vecinos que denuncian lo que pasa al lado de su casa”, explicó Ghiglione.

Mientras tanto, las denuncias continúan creciendo. “En sólo dos semanas de febrero hicimos 30 aperturas de legajos”, contó la fiscal.

Para Montiel, ese número refleja la dimensión del problema. “El nivel de violencia que hay es mucho. Aun con todos los avances, sigue siendo enorme el trabajo que tenemos por delante”, concluyó.

Por su parte, Ghiglione remarcó que “la Educación Sexual Integral es fundamental para erradicar los patrones de violencia porque involucra trabajar las infancias. Es importante entender que sin un Estado presente que aborde la temática en toda su amplitud y que empieza siempre desde las infancias, es imposible terminar con este problema”.

A su vez, Costa hizo hincapié en la necesidad de que haya un espacio de asistencia a la víctima, porque cuando el denunciado es excluido a la mujer le quedan otros temas pendientes, como la cuota alimentaria, el régimen de visita si tiene hijos, entre otros aspectos.

“Nosotros la podemos asesorar, pero es tanta la información que recibe cuando vienen a hacer una denuncia, que estaría bueno que exista un espacio donde se le ayude a transitar esas otras situaciones que tiene, a dónde ir, cómo hacerlo, debería estar mucho más aceitado ese mecanismo”, resaltó.

A través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, se realizó la apertura de sobres para la ejecución de obras de reparación en la Enova. La obra comprende trabajos sobre una superficie aproximada de 600 metros cuadrados. Las tareas previstas incluyen la reparación e impermeabilización de cubiertas y canaletas, con el objetivo de solucionar filtraciones de agua de lluvia que afectan distintos sectores de la institución.

“Estas obras tienen un impacto directo en la calidad de los espacios donde estudiantes y docentes desarrollan diariamente sus actividades. En este caso se trata de un establecimiento donde asisten más de mil chicos de los barrios cercanos”, destacó el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob. Además, sostuvo que “cada inversión en infraestructura escolar significa hacer realidad espacios más seguros y adecuados para toda la comunidad educativa a fin de mejorar las condiciones donde los chicos aprenden”.

La intervención comprende un presupuesto oficial de 36.848.791 pesos, financiado con recursos provinciales, y un plazo de ejecución de 75 días corridos. En este marco se presentaron dos firmas oferentes: Daniel Guillermo Arostegui y Gustavo Leonardo Sittner.

Los detalles de la obra especifican que se realizará la reparación de canaletas internas correspondientes a las cubiertas ubicadas sobre la fachada de Gervasio Méndez y sus intersecciones, mediante nueva zinguería de chapa galvanizada. Además, se retirará la membrana asfáltica deteriorada en sectores ubicados en la esquina de Andrade y Pellegrini, donde se realizará una nueva impermeabilización con membrana líquida y refuerzo de manta geotextil. También, se llevará a cabo el hidrolavado de cubiertas, reparación de muros afectados por filtraciones, ejecución de desagües por desborde y reposición de cielo rasos deteriorado.

Al respecto, Martín De la Torre, rector de la institución habló sobre la situación actual en la que se encuentra el edificio: “En 2010 se hizo una remodelación importante e integral de la escuela, donde se actualizaron los espacios y se acomodaron pisos, techos, aberturas, entre otras áreas e instalaciones, pero en la actualidad, la principal problemática se presenta en un sector de los techos, que arruinan la parte eléctrica y la mampostería. Lo que ocurrió es que producto del tiempo, del desgaste, del tipo de material o del mismo viento, se levantaron las cumbreras, dando lugar al ingreso del agua los días de lluvia, llegando hasta el cielorraso. Por eso, se entiende que esta obra viene a reemplazar ese material que ya no cumple su función por uno nuevo. También, van a impermeabilizar el techo y a arreglar las canaletas internas. Eso es lo más urgente porque nos está rompiendo paredes, pisos, y afectando la instalación eléctrica. Las filtraciones han afectado mucho las paredes y produjeron, además de daño en la mampostería y la pintura, que algunas aulas luzcan deterioradas. Además, alumnos y profesores deben estar atentos al tiempo, porque si llueve, es muy posible que deban mover los bancos de lugar para evitar las goteras”.

Por otra parte, gracias al trabajo de la cooperadora de la escuela, la institución no tiene problemas de electricidad, aunque de no impermeabilizarse los techos, la situación podría cambiar: “Desde 2020 hicimos un replanteo de la cuestión eléctrica, todos los años hacemos un chequeo preventivo, y por el momento, no tenemos problemas de esta índole. Pero no deja de ser una preocupación que el agua empiece a hacer daño”, reconoció De la Torre.

A pesar de las necesidades edilicias, la Enova no necesitó interrumpir el dictado de clases, pero su rector reconoce que “las aulas tienen que estar en condiciones para aprender”.

Para poder realizar esta obra, la institución inició en 2025 el proceso ante la Departamental de Escuelas y a fines de ese año les confirmaron que se iba a llamar a licitación: “Siempre que hay una mejora en el edifico, por añadidura hay mejoras en la enseñanza. Ya no vamos a tener que correr los bancos para ubicar en otra parte del aula a los chicos si llueve, y va a permitir que la cooperadora siga trabajando en el mejoramiento de los salones que fueron afectados. A esto se le suma que las aulas no están calefaccionadas, y en contextos de frío, la humedad también afecta a la salud de los chicos, por eso es tan importante que se realice esta obra”, resaltó.

El rol fundamental de la cooperadora

De La Torre reconoció que en muchas escuelas no hay trabajo preventivo para sostener la infraestructura y que además de contar con una pequeña partida para arreglos menores, que la mayoría de las veces es insuficiente, deben recurrir a la cooperadora: “Desde que asumí en 2019, empezamos a hacer obras de mantenimiento, incluso durante la pandemia, mientras la escuela estaba cerrada. Con la cooperadora tenemos tres ejes: un proyecto macro que se puede ver en la construcción del playón, otro preventivo, para que no se dañe la electricidad y hacer el mantenimiento de los servicios; y una arista pedagógica a través de la compra de libros, o bien sostener alguna propuesta escolar, como por ejemplo viajes, inscripciones a certámenes, entre otras cuestiones, según se requiera. Cuando viene la partida para arreglos menores tratamos de aprovecharlo lo más que podemos. Con la última línea que recibimos este año, estuvimos arreglando baños, y reemplazamos 300 tubos de luz LED en las aulas en conjunto con la cooperadora”.

Con la impermeabilización de los techos, la cooperadora podrá avanzar en el pintado de las aulas. A través de ella, todos los años se verifica el buen funcionamiento del sistema eléctrico y de forma mensual se limpian las canaletas.

Los resultados que arroja la cooperadora de la Enova responden al mecanismo que aplica la misma institución desde hace unos años: “Lo primero que hicimos fue bancarizarla, eso da garantía de que se está pagando un servicio a contra factura. Tratamos de erradicar el dinero efectivo, y lo que hay se deposita en la cuenta oficial. Seguimos todas las instrucciones de ARCA. Los ingresos provienen principalmente de tres fuentes: la cuota social, que no es obligatoria, el ingreso mensual por la licitación del canon del quiosco que funciona en la escuela, y el servicio de cartelería que hay en el predio deportivo. También, tenemos un bingo, un bono contribución, el viaje a la Feria del Libro y una hamburgueseada de fin de año para los chicos que terminan sexto grado. Con todo esto, recaudamos el dinero para mantenimiento en el período principalmente de verano, para la continuidad del proyecto del playón y para temas pedagógicos. Se trata de un trabajo articulado y constante que lleva adelante toda la comunidad educativa. Tenemos familias, exestudiantes, exdocentes y exdirectivos que nos ayudan a sostener este engranaje. Y quizás hay algunas familias que no pueden aportar económicamente, pero nos ayudan de otra manera. Por ejemplo, hace poco un grupo de padres nos dio una mano para trasladar el mástil hasta la canchita, y el 20 de junio trataremos de inaugurarlo en su nuevo lugar en el marco del Día de la Bandera. La ayuda es constante y estamos todo el tiempo generando vínculos para que esto no decaiga. Los padres ven que hay obras en la escuela y eso hace que se involucren más”, expresó De la Torre.

Otra de las mejoras que esperan poder concretar es la reparación de las ventanas de madera que dan a la calle Andrade, a la que todos los días se les cae una tablita. Al ser un edificio histórico, explicó su rector, todas las instalaciones deben ser autorizadas y se tiene que contemplar el tipo de material que se va a utilizar: “Desde el año pasado estamos hablando con la Escuela Técnica Nº 3 para ver si pueden colaborar con la reparación integral de las ventanas y así poder seguir mejorando el mantenimiento de las aulas”.

Aunque la cooperadora da respuestas a muchas de las necesidades que tiene la comunidad educativa, De la Torre reconoció que todo sería mejor si “hubiera más aportes en menos tiempo, así las escuelas podrían mejorar en todos los aspectos”.

Plazo de ejecución y etapas de la obra 

La obra cuenta con un plazo de 75 días, estos pueden variar de acuerdo a las condiciones climatológicas. En cuanto a las etapas de obra, serán coordinadas de manera conjunta entre la empresa contratista, la inspección técnica y el equipo directivo del establecimiento educativo, priorizando en todo momento el normal funcionamiento de las actividades escolares y las condiciones de seguridad durante la ejecución de los trabajos.

No obstante, se prevé iniciar en una primera etapa con las intervenciones sobre la fachada de Gervasio Méndez, sector que presenta mayores inconvenientes para la ejecución debido a la altura del edificio y a la inclinación de la cubierta de chapa. Posteriormente, se avanzará con las restantes intervenciones previstas, incluyendo el mantenimiento general de cubiertas, las reparaciones de cielorrasos afectados por filtraciones y los trabajos de impermeabilización sobre las cubiertas de losas ubicadas en la fachada de Andrade y sus intersecciones.

La vulnerabilidad socioeconómica y las alarmantes deudas en salud y nutrición infantil marcan la urgencia de las políticas de primera infancia en el país. En Gualeguaychú, la red de Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI) asiste actualmente a 280 niños de sectores vulnerables, intentando mitigar el impacto de la inestabilidad laboral y la falta de estímulo temprano en los hogares. El trabajo de estos centros, articulados con efectores de salud locales y bajo el programa MUNA de Unicef, refleja la complejidad de intervenir en una etapa clave del desarrollo humano, donde los desafíos estructurales van en aumento.

“Los EMPI son instituciones destinadas al acompañamiento integral de niños y niñas en sus primeros años de vida. Actualmente, funcionan 7 espacios ubicados en barrios vulnerables de la ciudad y 1 en el centro de Gualeguaychú, destinado a los hijos de los empleados municipales. Allí se brinda contención, cuidado, estimulación y acompañamiento a las familias. Asisten niños y niñas de entre 45 días y 3 años, principalmente provenientes de sectores con contexto de alta complejidad social y económica. En los EMPI se cubren necesidades básicas de cuidado, alimentación, estimulación temprana, socialización y acompañamiento interdisciplinario, contando además con atención fonoaudiológica, nutricional y psicomotriz”, detalló Berta Baldi, responsable de Educación Municipal, sobre el rol que cumplen estos lugares. Y agregó: “La mayoría de las familias pertenecen a contextos de fragilidad socioeconómica, muchas veces atravesados por situaciones de precarización laboral, desempleo o dificultades económicas que impactan directamente en las posibilidades de acceso a espacios de cuidado y estimulación temprana”.

De allí que las dificultades más frecuentes que se observan en los niños sean en “el acceso a derechos básicos, situaciones de vulnerabilidad social, carencias alimentarias, escasa estimulación temprana, problemáticas vinculares, retrasos en el desarrollo del lenguaje y dificultades emocionales o conductuales asociadas a contextos complejos”.

La gran mayoría de los niños que asisten a los EMPI vienen de hogares que atraviesan inestabilidad laboral, dificultades habitacionales, ausencia de redes de apoyo y realidades sociales diversas: “En este contexto, se convierten en espacios fundamentales donde los niños encuentran contención afectiva, alimentación, rutinas, acompañamiento profesional, juego, estimulación y vínculos seguros que favorecen su desarrollo integral. Estas carencias se satisfacen a través de talleres destinados a las familias sobre crianza respetuosa, higiene, alimentación saludable y estimulación del lenguaje, fortaleciendo herramientas de cuidado y acompañamiento en el hogar”.

Para esto, existe un equipo interdisciplinario compuesto por 56 personas entre docentes, auxiliares, ordenanzas y cocineras, que garantizan el cuidado de las infancias. También hay fonoaudiólogos, una psicomotoricista, una nutricionista y un profesor de educación física: “El trabajo de estos profesionales implica acompañar el desarrollo integral de cada niño y niña desde una mirada interdisciplinaria favorecido por, el juego y la socialización. También se realizan propuestas pedagógicas y de estimulación, observaciones del desarrollo, acompañamiento a las familias y articulaciones permanentes con distintas instituciones de la comunidad. Se trabaja de manera conjunta con los CAPS, ANAF, Conin y el Hospital Bicentenario, entre otras instituciones, generando redes de cuidado, seguimiento y protección de derechos para brindar respuestas completas a las necesidades de las infancias y sus familias”, resaltó Baldi.

En la actualidad, a los EMPI asisten alrededor de 280 niños y niñas de entre 45 días y 3 años de edad, distribuidos en diferentes salas según su desarrollo y etapa evolutiva: “Uno de los mayores desafíos es acompañar situaciones cada vez más complejas, garantizando igualdad de oportunidades desde la primera infancia. También resulta fundamental fortalecer las redes familiares y comunitarias, sostener espacios de escucha y continuar promoviendo el acceso temprano a tratamientos y acompañamientos específicos cuando son necesarios. Estos espacios cumplen un rol fundamental en la ciudad porque garantizan el acceso a cuidados, estimulación y acompañamiento integral durante la primera infancia, etapa clave para el desarrollo. Además de acompañar a los niños y niñas, fortalecen a las familias y promueven la inclusión, la igualdad de oportunidades y la protección de derechos desde edades tempranas”.

Unicef y la importancia del MUNA

Unicef presentó su nuevo Programa de Trabajo 2026-2030 en el que expuso que la falta de acceso a controles médicos, la caída de la vacunación y la malnutrición figuran entre los retos de salud más agudos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en el país.

Según el informe, en los sectores más pobres, el 14,7% de menores de cinco años presenta baja talla, y la cobertura de vacunación cayó cerca de 20 puntos entre 2009 y 2020, incrementando el riesgo de enfermedades prevenibles.

Además, el 65% de las mujeres embarazadas no completa los controles prenatales recomendados, lo que agrava la vulnerabilidad desde el inicio de la vida. En una nota realizada por este medio, la responsable de Neonatología del Hospital Centenario María Inés Roldan, confirmó este dato y señaló la importancia de mantener los chequeos durante la gestación para abordar con tiempo cualquier complicación que pudiera llegar a tener el bebé.

En este sentido, Unicef subraya la urgencia de impulsar estrategias intersectoriales para prevenir y abordar la malnutrición, promover la salud mental y consolidar entornos que respalden el desarrollo temprano, especialmente durante los primeros años de vida.

Gualeguaychú forma parte del programa MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia) de Unicef y desde el año pasado es considerada “Ciudad Educadora” por la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE).

También es pionera en la creación de la Mesa Local de Primera Infancia, desde 2019 y fortalecida por MUNA, a partir de la cual se realizaron encuentros claves entre personal de Salud, Educación, ANAF (Área de Niñez, Adolescencia y Familia), Desarrollo Humano y organizaciones sociales para definir planes de acción alineados con Unicef.

De hecho, un informe del año pasado, resaltó que el 97% de niños de los EMPI mostró un peso normal, un logro que refleja viandas saludables y cuidados integrales.

Unicef proyecta que, dentro de seis años, 1,5 millones de niños salgan de la pobreza y se achiquen las desigualdades territoriales y económicas. La estrategia apunta a fortalecer el financiamiento público en infancia, la planificación y monitoreo de políticas intersectoriales y el robustecimiento de sistemas de protección social y cuidados.

A principios de esta semana, en Gualeguaychú y en distintas ciudades del país, se realizaron movilizaciones para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese contexto, se difundieron datos falsos, sobre todo, a través de las redes sociales. Sin embargo, es importante tomar las discusiones que esa información, aunque falsa, suscitaron, y bajarlas a nuestro territorio: ¿Cuánto “cuesta” un estudiante universitario? ¿Cómo está conformado el sistema universitario nacional en Entre Ríos? ¿A qué se destina?

Para entender el presupuesto, es necesario aclarar que no sólo involucra el pago de salarios docentes y no docentes, sino también investigación, extensión, infraestructura, becas, equipamiento y costos de funcionamiento integral de las unidades académicas.

José Dorati, decano de la Facultad de Bromatología, contó que la Universidad Nacional de Entre Ríos cuenta con un presupuesto de $62.631.551.714 para este año. Si se toma como referencia el calendario académico universitario, con nueve meses de cursada, un mes de exámenes finales y enero como período de receso, la inversión mensual por estudiante rondaría los 215 mil pesos. En términos diarios, el Estado destinaría alrededor de 10.760 pesos por cada jornada de actividad académica por alumno.

“No es solamente la docencia, sino toda la infraestructura, carreras como las nuestras que necesitan materiales específicos, laboratorios, investigación, electricidad, mantenimiento, reparación. El cálculo del estudiante tiene todos esos componentes que permiten garantizar la educación”, advirtió Doratti.

De acuerdo a los datos del portal de Transparencia de la UNER, actualmente, cuenta con nueve unidades académicas y una oferta de 50 carreras de grado y ciclos de complementación curricular. En el último período registró 7.534 nuevos inscriptos y una población total de 29.103 estudiantes universitarios, mientras que 1.615 alumnos lograron egresar. La estructura de funcionamiento incluye 3.332 cargos docentes, 607 cargos no docentes y 78 cargos superiores distribuidos en las distintas facultades y dependencias de la institución.

En materia de producción científica y desarrollo académico, la universidad sostiene tres institutos de doble dependencia Conicet-Uner, además de 85 grupos de investigación y 227 proyectos científicos financiados. A su vez, trabajan en la universidad 61 investigadores y 101 becarios vinculados a esas líneas de trabajo. En paralelo, la casa de estudios impulsa 47 proyectos de extensión financiados, orientados a fortalecer el desarrollo científico regional.

Juan Manuel Arbelo, nuevo rector de la UNER, afirmó: “Nos tocan tiempos muy difíciles, aunque en realidad son para toda la sociedad, nosotros no estamos ajenos. Por ahí, tenemos alguna otra complejidad que tiene que ver con el tiempo y la perdida que tenemos en docentes. La situación que tenemos, no es sólo salarial, el que no está dentro de la universidad, puede pensar que hay muchos sectores con problema salarial, pero el problema salarial en la educación es un problema de toda la sociedad, porque cada vez que perdés un docente universitario, que necesita 15 años para prepararse para estar frente a un aula, lo que estás perdiendo es tiempo, y eso puede ser generaciones en medio que queden vacías, y ese es uno de los peores males cuando un Estado deja de invertir en educación. De hecho, la inversión en educación es algo que se ve recién en 15 o 20 años. Entonces, por ahí, a los políticos muchas veces cuando piensan en votos cada cuatro años, ese dinero que lo ponen hoy, muy posiblemente lo vea una gestión que esté dentro de 15 años. Entonces, si no hay seriedad y una política de estado que se sostenga, es muy difícil, sobre todo, en países como los nuestros”.

Según una nota publicada el mes pasado en Ahora ElDía, sólo en la Facultad de Bromatología de Gualeguaychú, renunció más de una veintena de profesores en los primeros meses del 2026. Este indicador, demuestra que la situación se viene agravando cada vez más: a fines de 2025, se habían reportaron 20 renuncias, pero en un término de 18 meses.

Durante la Marcha Federal Universitaria en Gualeguaychú, representantes locales de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), indicaron a través de un comunicado conjunto que “entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30 %, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30 %. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado. Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. La progresiva pérdida salarial causa además la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios”. Y resaltaron: “El poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión de Gobierno, el 64% del que tenía en enero de 2023. Actualmente esa tendencia se intensificó y se ha perdido, durante la gestión del actual gobierno, el equivalente a casi 9 meses de transferencias”.

Según los datos oficiales, en el primer cuatrimestre del año sólo se ejecutó el 9,3% del presupuesto de $114 mil millones para el área. Esto implica una subejecución presupuestaria de más de 20 puntos porcentuales, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido; es decir, el 33,3% del período. Esto se debe a que, como reconoció el Gobierno, casi el 70% del presupuesto del área ($ 79.763 millones) aún no fue asignado en particular a ninguna universidad.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) informó que “en términos per cápita, el financiamiento por estudiante se redujo a $2,4 millones, el valor más bajo al menos desde 2004”. Además, sólo se ejecutó el 9,3% del presupuesto destinado a hospitales universitarios.

En agosto de 2025, el Senado convirtió en ley un proyecto de Financiamiento Universitario que establecía una actualización del presupuesto para el área y de los salarios docentes según la inflación acumulada desde fines del 2023. En este escenario, el Gobierno nacional vetó la Ley de Financiamiento en septiembre de 2025, pero el Congreso rechazó esta medida y ratificó la vigencia de la iniciativa.

El 7 de mayo de 2026, en tanto, la Justicia suspendió la aplicación de la ley por pedido del Poder Ejecutivo y habilitó al Gobierno a recurrir a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.

Tanto la yerba mate, como el desarrollo científico, tienen arraigo e historia en la Argentina. Un claro ejemplo es el Laboratorio de Neurobiologia Experimental (LNE) del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos (Ictaer), de doble dependencia Conicet-UNER, que funciona en la Facultad de Ciencias de la Alimentación (Concordia) y en la Facultad de Bromatología de Gualeguaychú, que es donde se investigan las propiedades de la yerba mate frente a enfermedades neurodegenerativas.

Hace 10 años, en la ciudad se comenzó a estudiar esta relación sobre un modelo animal para verificar si la yerba mate tenía efectos neuroprotectores frente a la enfermedad de Parkinson.

La licenciada en nutrición, docente, investigadora, tesista doctoral en Ictaer y miembro del LNE, Florencia Echeverría contó qué descubrieron hasta el momento: “La investigación surgió a raíz de un estudio de caso-control en humanos, donde se encontró una relación inversa entre el consumo de mate y la enfermedad de Parkinson. Esta investigación disparó la incógnita de si la yerba mate tiene un efecto protector de las neuronas. Es así que desarrollamos un modelo animal de la enfermedad y comenzamos a tratarlos con yerba mate durante un periodo crónico, y se demostró que había una menor afectación a nivel neuronal en ellos, con respecto a los que tomaban solamente agua. Aplicando este modelo experimental logramos demostrar que la yerba mate tiene cualidades de neuroprotección. Esto también fue corroborado por otro grupo de investigación argentino en cultivos celulares, a los que se le administró yerba mate y se encontró que las células sobrevivían más tiempo. Por lo tanto, existen varios estudios que han demostrado que tiene un efecto neuroprotector”.

La yerba con la que trabajan las científicas es la que se consigue normalmente en el supermercado. La colocan en un “mate”, realizan la cebada con agua caliente y luego hacen la extracción mediante un sistema de vacío, simulando la forma que tenemos de tomar mate. Luego, el mate extraído se suministra a los ratones que son parte del modelo animal utilizado para la investigación.

Echeverría aclaró que no es lo mismo tomar mate cocido, debido a “principalmente la cantidad de yerba que tiene un saquito, en contraposición al mate, además de que se le agrega una menor cantidad de agua. En el caso del mate, al haber más cantidad de yerba y la toma ser más prolongada, hay más compuestos bioactivos disponibles”. Estos efectos se han logrado comprobar en el consumo de más de un litro de mate por día.

La línea de investigación se focaliza en los efectos antioxidantes y antinflamatorios del mate. “La yerba tiene muchos beneficios y nosotros nos dedicamos a descubrirlos”, resaltó.

De acuerdo a la científica, la yerba cuenta con más de 200 compuestos que tienen un efecto para la salud. El gran plus es que se trata de algo natural con muchos beneficios. Esto es especialmente relevante desde el punto de vista de los fármacos, ya que demuestra que un alimento natural puede prevenir o mejorar la salud en general sin recurrir a remedios.

Dentro de la investigación del Parkinson, el equipo del LNE está evaluando el efecto de la yerba mate para prevenir los movimientos incapacitantes que desarrollan como efectos secundarios las personas con esta enfermedad que son tratadas con levodopa.

“Tenemos células que nos defienden, y estas células producen inflamación, esto es natural y normal a cierto nivel, en personas con enfermedad de Parkinson esta respuesta está exacerbada. La muerte neuronal se puede dar por esta respuesta. Y como la yerba mate tiene probados efectos antinflamatorios, podría con este efecto preventivo disminuir los efectos de inflamación”, explicó.

Además, el mate tiene efectos antioxidantes. “Normalmente en nuestro cuerpo se forman compuestos radicales que tienen efectos negativos en la salud y al mismo tiempo, tenemos antioxidantes para reducir o controlar esto, pero cuando nuestro cuerpo falla, estos compuestos se generan en mucha cantidad. Nosotros siempre hablamos de los compuestos antioxidantes de las verduras, pero el mate también los tiene. Entonces, previene la oxidación, ayuda a reducir estos compuestos nocivos y ayudamos al cuerpo”, expresó y agregó: “El Parkinson es multifactorial, por eso hablamos de atacar desde distintos frentes. Inflamación y oxidación van de la mano, entonces el mate ayudaría a neutralizar estos efectos”.

Además, el Laboratorio de Neurobiología Experimental trabaja con otras líneas de investigación abocadas al estudio de fármacos antipsicóticos, como el que se usa en el tratamiento de la esquizofrenia.

Uno de ellos es el haloperidol que, como efecto secundario, genera movimientos involuntarios: “Tenemos una línea de Cannabis que investiga estos efectos, con el objetivo de poder prevenirlos y evitarlos”.

Ciencia y comunidad

En paralelo a todas las investigaciones, en el marco de un proyecto de investigación, desde LNE realizaron una encuesta para conocer los hábitos de consumo en la población entrerriana, y si bien la totalidad del relevamiento se va a dar a conocer el 20 de mayo en la jornada "El mate nos une" en la Facultad de Bromatología, adelantaron algunos datos: “Logramos llegar a toda la provincia, al menos una persona de cada localidad nos respondió. Entre Ríos es una de las provincias que más yerba mate consume, según datos de Instituto Nacional de la Yerba Mate. Y es interesante que estos datos se corresponden con nuestra encuesta, se toma mucho mate en la provincia. También estuvimos estudiando qué representa el mate para las personas, y muchos respondieron que es tradición, compañía y que genera placer su consumo. Además, pudimos verificar que la yerba con palo es la más elegida”, contó Echeverría.

Sobre la jornada, la profesional manifestó que la idea es “mostrar a la comunidad y difundir lo que sabemos. Va a haber un segmento de intercambio y degustaciones. Eso es lo que estamos trabajando. Es importante que la gente sepa que hay científicos en la ciudad, y que pueden acceder a nosotros e intercambiar dudas. La información empodera y que la comunidad esté informada sobre qué consume es fundamental”.

Echeverría resaltó el rol de la ciencia en su intersección con la comunidad: “Es fundamental dar a conocer que en nuestra ciudad se hace ciencia, y que hay un montón de departamentos que desarrollan otras investigaciones. Tener un instituto de investigación en Gualeguaychú nos costó mucho. Conocer lo que ocurre ahí abre la mente para poder juzgar si es importante mantener la ciencia que se aboca a nuevos descubrimientos para mejorar la salud”.

El mate bajo la lupa de la ciencia y la historia

El próximo miércoles 20 de mayo se realizará la jornada abierta y gratuita “El mate nos une: ciencia, historia y salud en la Semana de Mayo”. La cita es de 16 a 19 horas en 25 de Mayo 709.

La propuesta se enmarca en el Proyecto de Investigación y Desarrollo “Representaciones sociales sobre el consumo de yerba mate y sus beneficios para la salud en la población de Entre Ríos, Argentina”, y tiene como finalidad compartir con la comunidad los principales resultados de la investigación, promoviendo el acceso a información científica en un lenguaje claro, cercano y accesible.

La jornada cuenta con el acompañamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y se desarrollará bajo la modalidad de feria abierta, con stands temáticos, experiencias participativas y actividades interactivas vinculadas a la historia de la yerba mate, su producción, sus beneficios para la salud y las formas de consumo presentes en la población entrerriana. También habrá propuestas lúdicas, espacios de intercambio con el público y dinámicas colectivas.

Entre las propuestas se destacan “La yerba mate a través del tiempo”, un recorrido visual sobre la historia y el valor cultural de esta infusión; “Del cultivo al mate”, espacio dedicado al proceso productivo de la yerba mate; “Yerba mate y salud: lo que dice la ciencia”, con información basada en evidencia científica sobre sus propiedades y beneficios; “¿Cómo toman mate los entrerrianos?”, donde se compartirán resultados e infografías del proyecto de investigación; y “El mate nos une”, un espacio participativo con juegos, mural colectivo y actividades recreativas.

La actividad es organizada por la Secretaría de Extensión y Desarrollo Territorial y la Secretaría de Investigación de la unidad académica, junto a docentes investigadoras e integrantes del Laboratorio de Neurobiología Experimental (LNE), perteneciente al Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos – Ictaer (Conicet-UNER); sede Facultad de Bromatología.

Debatir el rol de la salud pública es un tema profundo y complejo, al igual que la situación que atraviesa. Los hospitales cada vez más deben cubrir la demanda de miles de personas con cobertura médica privada, en parte, por convenios caídos con las obras sociales o prepagas, que de igual manera deberían garantizarles el derecho a sus usuarios, y por la imposibilidad de seguir pagando el servicio. A esto se le suma, los recortes presupuestarios de Nación, que se traducen muchas veces en la falta de campañas de prevención, que permiten como su nombre lo indica “prevenir” en vez de curar, y por lo tanto, tener una población más sana.

A nivel local, el Hospital Centenario atiende entre 35% y 40% de pacientes con obra social, según informaron a Ahora ElDía desde la institución. En promedio, se realizan 17 mil consultas con turno en consultorios mensualmente. En marzo esta cifra se disparó: atendieron 21.767. La Dirección está analizando los motivos por los cuales se dio este salto, ya que los meses anteriores y los posteriores, el nivel de la demanda se mantuvo dentro de los parámetros habituales, pero adelantaron que las situaciones suelen ser multicausales: “Hay pacientes con pérdidas de coberturas, caídas de convenio, que no pueden seguir pagando una obra social o prepaga, complejidades que solo se pueden abordar en el sistema público, e incluso, hay hábitos de atención arraigados, personas que nunca le dieron de alta a su obra social, y que están pagando sin recibir servicio, por falta de conocimiento. Muchas veces, nos encontramos con este gris”, bosquejó la directora del nosocomio Andrea Martins.

Esto mismo, se verifica en el primer nivel de atención que ofrecen los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) distribuidos en diferentes puntos de la ciudad. Al respecto, el subsecretario de Salud Municipal Pablo Alfaro detalló que “sostenemos un proceso de inversión elevado para lograr cubrir una demanda altísima”.

En cuanto a números, entre 2023 y 2025 aumentaron un 35% las consultas en los CAPS por parte de personas que tienen obra social, mientras que, entre 2025 y 2026, acumula un incremento cercano al 10%. Para este año, estiman que esa cifra rondará entre un 3 y 5%. Esto último no se debe a que haya bajado la demanda, sino que alcanzó el límite.

Hasta el momento, el Municipio no puede cobrarles a las obras sociales por los servicios prestados que, de hecho, es uno de los objetivos que tiene la Subsecretaria de Salud: “Seguimos trabajando en eso, lo que sucede es que detrás de las obras sociales hay empresarios y no quieren hacerse corresponsables, buscan muchas variables para intentar no abonar esas prestaciones, con cuestiones de índole administrativa. Hacen que el sistema sea muy engorroso. Hubo una aproximación con OSER, y en eso estamos trabajando muy duro, para que nos abonen las consultas y las prácticas”, manifestó Alfaro.

El Subsecretario relató la realidad que atraviesa el sistema público frente a un Estado Nacional que cada vez se desentiende más de su rol dentro de la salud y delega a municipios y provincias a cubrir esos baches: “Hay una intención de que los municipios se hagan cargo de la prevención primaria: evitar la obesidad infantil, la sífilis, los accidentes cardiovasculares, y que las provincias garanticen programas como el Remediar, el de pacientes diabéticos, el de la salud reproductiva, entre otros. Esto implica en sí un trasfondo sobre quiénes se tienen que hacer responsables de los subsistemas de salud. En cuanto a la prevención, no contamos con el brazo armado de Nación. Cualquier campaña instaurada en todo el país tiene recursos y un impacto mucho más grande que lo que pueda tener una municipal. Nosotros hacemos con gran esfuerzo diferentes tipos de campañas para la prevención, pero son todas costeadas con recursos propios”.

Alfaro señaló que, incluso, desde la prevención en salud sexual, la canasta de anticonceptivos de Nación ofrece entre 14 y 18 métodos, pero como no llegan, desde el Municipio con sus recursos solo pueden ofrecer preservativos.

Pablo Corfield es el presidente del Colegio de Medico de Gualeguaychú y trabaja en el Hospital Centenario hace dos décadas. Como responsable de la institución, contó que en la actualidad “mantienen convenios con casi todos los financiadores, salvo una o dos obras sociales que están morosas o no tienen acuerdos”.

Sobre el mecanismo de prestación de servicio, explicó que el Colegio establece los acuerdos con las obras sociales y las prepagas: “Esos convenios se van actualizando para que los valores no queden detrás de los aumentos inflacionarios, y el médico pueda recuperar lo que pierde con la inflación”.

Corfield reconoció que muchas personas que tienen cobertura médica privada terminan en el sistema público porque la prestadora que tienen está cortada o trabaja con reintegros: “A pesar del trabajo del Colegio por mantener las obras sociales activas, los financiadores continuamente buscan opciones diferentes a las instituciones que correctamente deben prestar salud. Las obras sociales o prepagas deberían tener convenios activos siempre para garantizarle el servicio a sus afiliados. La realidad es que es una obligación porque si pagás un servicio te lo tienen que dar. No es la realidad que se ve hoy y cuando los dirigen al Hospital, se ahorran mucho dinero, más allá de que no cumplen con el convenio. Los sanatorios viven de las obras sociales y las prepagas, entonces, cuando el financiador no cumple, está sobrecargando el sistema público y disminuyendo los aportes al sistema privado, por eso aparecen los problemas”.

Según Corfield, aunque el Hospital puede cobrarles a las obras sociales por las consultas o las prácticas que se realizan sus afiliados, los valores son menores que los que se pagan en un sanatorio, ya que el médico del sistema público cobra un sueldo fijo por mes, y no por consulta, como ocurre en otros centros médicos. De esta manera, el valor de la prestación que deben pagar es menor, aunque a sus afiliados se les aumente la cuota todos los meses. Asimismo, señaló que esta situación muchas veces se da porque los beneficiarios no le reclaman a sus financiadores que garanticen la prestación. Incluso, esto suele ocurrir porque tienen miedo a que los dejen sin cobertura o por falta de tiempo de parte de los afiliados.

“Todo esto lleva a que el efector público deba cubrir las falencias de los financiadores. Lo privado no debería sobrecargar lo pública, que debería ser prioritario para aquellas personas que no tienen ningún tipo de cobertura. El sistema privado no debe desfinanciarse y terminar en el efector público sólo para beneficio de los financiadores”, concluyó Corfield.

En el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN N°803, SE 13, 2026), el Ministerio de Salud de la Nación presentó un análisis detallado sobre la situación de la sífilis en Argentina, advirtiendo un incremento sostenido en la notificación de la enfermedad a nivel nacional y regional, con especial énfasis en adolescentes y personas jóvenes.

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite principalmente por contacto sexual sin protección (anal, vaginal u oral) y, en caso de que la persona esté embarazada, de madre a hijo por vía transplacentaria. La enfermedad es especialmente contagiosa en sus fases iniciales y puede provocar complicaciones graves si no se diagnostica y trata a tiempo.

María Inés Roldán, responsable del servicio de Neonatología del Hospital Centenario, explicó a Ahora ElDía que la sífilis es una infección de transmisión sexual que puede detectarse durante la gestación a través de estudios de rutina. “No es que haya más casos de sífilis congénita, siempre han existido. Tal vez ahora hay un mayor registro, pero es una problemática que nunca dejó de estar”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el sistema de salud cuenta con herramientas efectivas para evitar la transmisión al bebé. “A toda mujer embarazada se le realizan controles en el primer, segundo y tercer trimestre. Si se detecta la enfermedad, el tratamiento es sencillo: son tres aplicaciones de penicilina y se la considera curada”, indicó. Sin embargo, advirtió que uno de los principales inconvenientes es que muchas veces la pareja no realiza el tratamiento, lo que perpetúa el contagio.

Roldán subrayó que, cuando no se interviene a tiempo, el bebé puede nacer con sífilis congénita y desarrollar secuelas graves. “Puede haber afectación del cerebro, del oído y de los huesos, especialmente los huesos largos. Incluso existe la sífilis neurológica”, detalló.

Actualmente, en el hospital se registran casos de manera periódica. “Vemos aproximadamente uno cada tres meses. En este momento tenemos un caso en curso”, precisó. En estos cuadros, los recién nacidos requieren internación y seguimiento: “Cuando un bebé nace con sífilis congénita, debe permanecer internado al menos 10 días para recibir tratamiento y control”.

La especialista insistió en que se trata de una situación completamente prevenible. “Si la mamá se realiza los controles y cumple con el tratamiento, se frena la transmisión. Luego se hace un seguimiento del bebé y, en la mayoría de los casos, los resultados son negativos”, explicó. En contrapartida, el problema se presenta cuando los controles son insuficientes o directamente no se realizan.

“Nos encontramos con muchos embarazos mal controlados. Hay mujeres que van al primer control y después no regresan, o incluso se enteran recién en el tercer trimestre que están embarazadas”, apuntó. Según indicó, menos de la mitad de las gestantes cumple con los controles adecuados.

Roldán también apuntó a factores sociales que inciden en esta problemática. “Se ve más en sectores vulnerables. A veces llegan solas, tarde, hacen el tratamiento, pero sus parejas no, y ahí aparecen situaciones vinculadas al machismo, como cuestionamientos sobre el origen del contagio”, expresó. A pesar de que desde el sistema de salud se promueve el testeo de ambos integrantes de la pareja, la respuesta no siempre es la esperada.

En este contexto, destacó el trabajo de los equipos de atención primaria y de las trabajadoras sociales, aunque reconoció dificultades. “Hoy hay más accesibilidad a los centros de salud, pero menos respuesta. Se hacen campañas, se busca a las pacientes, pero cuesta sostener los controles”, afirmó.

Finalmente, la profesional reiteró que la clave está en la prevención. “Todas las enfermedades de transmisión sexual pueden detectarse en los controles, no solo la sífilis, también el VIH y otras infecciones. Si se diagnostican a tiempo, se pueden tratar y evitar que el bebé nazca con complicaciones”, sostuvo.

Además, remarcó la importancia del uso del preservativo como medida fundamental de cuidado. “Es clave para prevenir no solo la sífilis, sino todas las infecciones de transmisión sexual”, concluyó.

Acompañamiento a embarazadas

A través de la Subsecretaría de Salud, se puso en marcha un nuevo espacio de preparación para el nacimiento, destinado a personas gestantes y sus familias. La iniciativa busca acompañar esta etapa clave de la vida mediante encuentros que brindan información, contención y herramientas desde una mirada integral.

La actividad comenzó el viernes 24 de abril en la Casa Rosada del Corsódromo, y se desarrollará con una modalidad quincenal. Este formato permitirá dar continuidad al proceso y favorecer del seguimiento del embarazo.

El espacio es impulsado por el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Pueblo Nuevo y se enmarca dentro del “Programa Crianza: Acompañamiento Integral de la Lactancia Materna”, una política pública que promueve el cuidado temprano y fortalece el acompañamiento a las familias desde el inicio de la vida.

En este sentido, incorpora una mirada integral que reconoce la lactancia materna no solo como un proceso biológico, sino también emocional, social y cultural. A través del trabajo de puericultoras, se brinda asesoramiento personalizado, detección temprana de dificultades y acompañamiento continuo para favorecer el bienestar tanto del recién nacido como de la persona gestante.

Durante los encuentros se abordarán distintas temáticas vinculadas al embarazo, el parto y el puerperio, con información clara y accesible que permita transitar esta etapa con mayor seguridad. Además, se trabajarán aspectos relacionados con la salud física, emocional y social.

Asimismo, la propuesta apunta a generar redes de apoyo entre las familias, fomentando el intercambio de experiencias y el acompañamiento mutuo.

Virginia Castillo responsable del Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF) habló con Ahora ElDía sobre las situaciones que subyacen detrás del aumento de ausentismo.

“Siempre que hay un niño faltando a la escuela, hay una situación más compleja detrás. Agotadas las instancias institucionales, las instituciones educativas tienen que dar actuación a un organismo de intervención. En nuestro caso, tenemos diferentes tipos de abordaje, citamos a las familias o vamos a domicilio. Algunas veces las situaciones se resuelven con recursos, como ropa o calzado, eso es lo más leve y lo que se puede resolver en lo inmediato, pero muchas veces nos encontramos con situaciones de maltrato infantil y abuso sexual, y damos intervención a Copnaf”, expresó Castillo.

La responsable del Área contó que “el mínimo de las intervenciones es por falta de recursos, el grueso se da por tema de maltrato (violencia física o psicológica, no llega a constituir delitos) o negligencia (la opción de ir o no ir a la escuela, la falta de herramientas por parte de las familias para poder paternar o maternar)”.

En la actualidad, están interviniendo en 1.900 situaciones, y más de la mitad tienen que ver con la interrupción de la trayectoria escolar. “Hay chicos que faltan una semana seguida o dos, y vamos nosotros y logramos que retomen la escuela. Esto ocurre sobre todo en el nivel secundario, que tiene un sistema más estructurado con el tema de las inasistencias. La educación es un derecho y nosotros estamos tratando de trabajar esto con las familias. Es una obligación de los padres enviar a sus hijos a las escuelas. También es nuestra responsabilidad enmarcar esto para que se dé”, resaltó.

La responsable de Anaf enfatizó la corresponsabilidad entre las familias y las instituciones para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “Si un chico está vulnerado en sus derechos los organismos tenemos que estar para restituirlo, y que vuelva a la escuela como derecho innegable”.

Castillo subrayó que “las escuelas son la caja de resonancia de la sociedad. Nosotros trabajamos tanto con escuelas públicas como privadas, y la problemática es trasversal a todos los estratos sociales”.

Además, la referente llamó la atención sobre una conducta que atraviesa a las familias de la actualidad: “a los chicos les dan la opción de ir o no ir. Entonces, trabajamos mucho sobre la idea de que el derecho a la educación no es una opción, y como adultos tenemos la obligación de hacerlo cumplir.

El consumo problemático también es una situación que se evidencia detrás del ausentismo, muchas veces porque los padres o madres están atravesando por una adicción, en menor medida, se ven algunos casos en estudiantes.

“Este tipo de situaciones aparecen cuando empezamos a trabajar con las familias, muchas veces no se da en la primera entrevista. Las técnicas del Área generan el vínculo para trabajar, y en estas instancias, son los propios padres quienes manifiestan esta problemática, y que lo logren reconocer es un paso muy valioso. Por eso nuestra Área jamás actúa desde el juzgamiento, trabajamos para y por los chicos, y una de las formas es fortalecer a las familias”, reconoció Castillo.

En este sentido, manifestó que están tratando de cerrar un proyecto para abordar específicamente esta problemática. “La red interinstitucional es fundamental en estos casos”.

Virginia Castillo también se refirió a la reunión convocada por la Departamental de Escuelas hace 15 días que tuvo como temática principal la salud mental.

“En sí, nosotros no trabajamos salud mental, pero sí referenciamos o acompañamos coordinando con otras instituciones. Lo que sí tratamos es el acoso entre pares. De hecho, tenemos un taller que damos en las escuelas desde lo preventivo, porque así evitamos situaciones que surjan. En estos últimos tiempos, hay un trabajo más articulado y se está trabajando mucho mejor con respecto a los canales de articulación. Si hay una situación de acoso entre pares, las escuelas tienen más incorporados los canales, tiene que ver cómo se han involucrado las supervisoras de escuelas. Destaco mucho como ha influido su trabajo”, aportó.

Una de las mayores preocupaciones del Área, recae en cómo las familias han delegado las responsabilidades de la maternidad y la paternidad: “Por eso, ponemos el foco en repensar cuáles son las responsabilidades de ser madres y padres y cuáles son las herramientas para ejercer una paternidad de forma plena”.

En la actualidad, el ANAF cuenta por primera vez con un espacio exclusivo para abordar las políticas de niñez. Al respecto, Castillo señaló que gracias a esto lograron triplicar las entrevistas diarias que realizan. “De 5 pasamos a 15 consultas por día, eso nos sirve establecer un vínculo directo con las familias. No es que se triplicaron las situaciones, sino que se complicaba hacer las entrevistas por la falta de espacio. Seguimos haciendo territorio y yendo a los domicilios, pero adjudico el aumento de las entrevistas a una mejor calidad de atención de familias y de escucha del niño, niña y del adolescente”.

La nueva dirección es en calle Gervasio Méndez 1.104 esquina Ayacucho, y el horario de atención es de 7 a 13 de lunes a viernes. “Atendemos a todas las familias que tengan una problemática, tenemos un equipo para asesorar en la materia. Hay una apuesta real a las políticas de niñez y familia”, concluyó.

Datos de Entre Ríos y el país

El ausentismo estudiantil creció 7 puntos porcentuales en los últimos dos años a nivel nacional y se registraron aumentos en las 24 jurisdicciones, según un informe de la organización Argentinos por la Educación.

De acuerdo a los autorreportes de los estudiantes, el 21% falta entre 15 y 19 días al año; el 20% entre 20 y 29; y el 10% acumula 30 inasistencias o más.

Los datos del operativo Aprender 2024 refuerzan esta tendencia: el 51% de los alumnos del último año de secundaria declaró haber tenido 15 o más faltas hasta octubre, frente al 44% registrado en 2022.

A pesar de la magnitud del problema, Argentina aún no cuenta con un sistema de información nacional que permita un seguimiento preciso y en tiempo real del ausentismo escolar. La falta de datos consolidados obliga a basarse en declaraciones de los propios estudiantes, lo que limita la exactitud del diagnóstico.

En el desglose por provincias se observan fuertes diferencias. Buenos Aires (66%), CABA (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%) presentan los niveles más altos de estudiantes con 15 o más inasistencias. En contraste, Santiago del Estero (28%), San Juan (29%) y Jujuy (30%) muestran los valores más bajos.

En Entre Ríos, la distribución de inasistencias indica que el 14% de los estudiantes tuvo menos de 5 faltas en el año; el 49% entre 5 y 14; el 24% entre 15 y 19; el 16% entre 20 y 29; y el 2% superó las 30 inasistencias.

Consecuencias del ausentismo escolar

El ausentismo escolar es una de las principales barreras para garantizar aprendizajes sostenidos y trayectorias educativas continuas. Diversos estudios internacionales coinciden en que faltar a clases impacta de manera directa en el rendimiento académico, incluso cuando se trata de ausencias esporádicas.

Las inasistencias se asocian a peores resultados, especialmente en áreas clave como matemática y lectura. Incluso entre cuatro y cinco faltas anuales pueden generar caídas medibles en el desempeño. Además, las ausencias injustificadas suelen tener un impacto mayor, ya que tienden a ser más frecuentes y desordenadas, lo que dificulta la recuperación de contenidos y refleja un menor vínculo con la escuela.

El efecto del ausentismo, además, es acumulativo: alrededor de diez faltas al año ya se relacionan con peores calificaciones, menores tasas de egreso y menos acceso a estudios superiores.

En términos estructurales, el fenómeno implica una reducción significativa del tiempo real de aprendizaje. Aunque el calendario escolar argentino prevé en promedio unos 185 días de clase anuales, distintas estimaciones indican que los estudiantes faltan alrededor de 30 días por año. Esto reduce el tiempo efectivo a unos 155 días, lo que representa una pérdida cercana al 17% del ciclo lectivo.

Si esta tendencia se mantiene a lo largo de toda la educación primaria, la pérdida acumulada equivale a aproximadamente un año completo de escolaridad.

El impacto del ausentismo no actúa de manera aislada. Se combina con otros factores que afectan el tiempo efectivo de enseñanza, como el ausentismo docente, los paros, los problemas de infraestructura o las suspensiones por cuestiones climáticas.

En este contexto, la falta de sistemas de información nominales y actualizados aparece como una limitación clave. Sin datos precisos, resulta más difícil dimensionar el problema, identificar a los estudiantes en riesgo y diseñar políticas públicas eficaces para garantizar la continuidad educativa.