Gualeguaychú atraviesa un proceso de transformación en materia de seguridad vial. Con más de cinco siniestros de tránsito por día, la Agencia de Seguridad avanza en la colocación de cámaras en los 24 semáforos activos, la implementación de radares, la construcción de un Centro de Monitoreo y la reforma del Código de Faltas del 2001.

“Muchas veces hay personas que quedan postradas para toda la vida producto de un accidente”, advirtió Esteban Izaguirre, responsable de la Agencia de Seguridad municipal, sobre la seriedad de la problemática. Las estadísticas, explicó, surgen de un trabajo conjunto con el Hospital y la Policía, dado que no siempre el Municipio es la autoridad competente cuando hay lesiones.

Las avenidas figuran entre las zonas con mayor siniestralidad. Por eso, ya se colocaron reductores de velocidad en algunos cruces como Colombo y Alsina. “Tenemos una ciudad que no fue pensada para la velocidad actual de los vehículos: calles angostas, cruces estrechos y autos que en pocos segundos alcanzan los 60 kilómetros por hora. Todo eso hace que tengamos que repensar la circulación”, argumentó Izaguirre. Por eso, la instalación de las cámaras en semáforos para sancionar infracciones es clave. Según Izaguirre, ya se inició la colocación de cinco equipos y la meta es llegar a todos los semáforos de la ciudad. “No se van a poner cámaras por decisión individual. Informática define qué tipo se necesita y personal municipal y policial las instala”, precisó.

La iniciativa se complementa con cinemómetros (radares que detectan exceso de velocidad) y con una reforma normativa, ya que el Código de Faltas actual no contempla sancionar infracciones captadas por estos dispositivos. “La modificación se está trabajando junto al Juzgado de Faltas, la Dirección de Asuntos Legales y el Concejo Deliberante. Es una ordenanza de hace más de veinte años que no contempla los avances tecnológicos ni los tipos de contravenciones actuales”, aseguró.

Un punto central del plan es el nuevo Centro de Monitoreo, que comenzaría a funcionar en dos meses. Ya se adquirieron los equipos y se capacitó al personal que viajará a Paraná para completar la formación: “Va a estar activo los 365 días del año, las 24 horas. Una persona va a poder controlar 20 cámaras a la vez y no será sólo para delitos, sino también podremos detectar contravenciones como camiones circulando en zonas prohibidas o vehículos mal estacionados”.

El centro funcionará como una herramienta complementaria a la labor de la policía, que muchas veces se ve limitada por la falta de personal. “Una cámara puede reemplazar en parte lo que harían dos o tres agentes en la vía pública, sin que eso implique prescindir de su tarea, sino optimizarla. Y, además, si ocurre un siniestro o un delito, las imágenes podrán usarse como prueba en el ámbito judicial”.

Por otro lado, las motos representan otro foco de conflicto. Izaguirre advirtió sobre una “moda peligrosa” entre adolescentes: hacer “willy”, circular sin casco o huir de los controles. “Este año ya murieron dos chicos de 17 años. La educación vial es fundamental para evitar muchos de los accidentes fatales y siniestros que se producen en las calles de la ciudad. Por eso, damos charlas en las escuelas, y trabajamos con la policía y la gendarmería”.

Gualeguaychú, agregó, tiene uno de los parques automotores más grandes por habitante de entre Ríos, lo que genera una saturación en el tránsito, problemas de estacionamiento y un mayor riesgo siniestral: “No podemos seguir manejando como hace tres décadas. El manejo defensivo tiene que ser la norma. No se trata sólo de multar, sino de prevenir. Y eso empieza por respetar al otro en la vía pública”, concluyó.

Gualeguaychú es el tercer departamento con más víctimas fatales por siniestros viales

El Observatorio de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos actualizó las estadísticas y aseguró que, en el segundo trimestre del año, se registraron aún más fallecimientos en siniestros viales que en el verano. La mayoría de las muertes involucraron motos y autos. 

El informe detalla que los departamentos con mayor letalidad son Paraná (17 personas perdieron la vida), Diamante (9 personas) y Gualeguaychú (8 víctimas fatales). 

Los choques y colisiones son la modalidad de accidente más común (casi ocho de cada 10), seguidos por el atropello a un peatón, que representa el 12% de los siniestros fatales. Del total de los siniestros fatales, 39 corresponden a colisión entre vehículos.

Respecto del momento de la jornada en que ocurren los choques fatales, la mayoría (58%) se producen de día y algo menor es el porcentaje nocturno (42%). Asimismo, precisa que más del 50% de los siniestros fatales sucedieron durante el transcurso del fin de semana. Los viernes (22%) superaron al domingo (15%) como el día con más accidentes. 

En cuanto al tipo de vehículo donde se transportaban las víctimas fatales, las motos, con 36% de participación, superaron levemente a los autos, en los que iba el 34% de los fallecidos. 

Cinco policías se quitaron la vida en Entre Ríos en el primer semestre de 2025. Los últimos tres, que se dieron en un muy corto período de tiempo, activaron una serie de reacciones dentro y fuera de la institución. En ese contexto, dentro de la estructura policial, reforzaron la implementación del programa “Cuidando los nuestros”: una iniciativa que ya se venía desarrollando, pero que este año recibió un marco legal, que incluye talleres reflexivos sobre estrés institucional en todas las departamentales, turnos con psicólogos policiales en cada localidad (también en Gualeguaychú) y un sistema de derivaciones más ágil para intervenir en situaciones críticas. 

Según explicó a Ahora ElDía su coordinadora general, la psicóloga y comisario principal Paula Martínez, estas medidas buscan fomentar una cultura interna donde pedir ayuda no se perciba como un signo de debilidad. El aumento de consultas registrado en los últimos meses activó una mayor atención por parte de jefes y compañeros, y fortaleció la red de asistencia.

Una de las estrategias más recientes es la promoción del llamado “debriefing”, una técnica que se aplica específicamente luego de situaciones traumáticas. “Después de un accidente grave, una muerte o un suicidio, se reúnen los efectivos que estuvieron en la escena y se los invita a hablar de cómo se sintieron, qué les quedó. Es necesario hacer lugar a eso”, explicó Martínez, quien además de integrar la fuerza, representa a Entre Ríos en la Asociación Argentina de Salud Mental dentro del capítulo de suicidio y es referente de la Asociación Civil Escenarios Saludables. 

Con una trayectoria de años recorriendo la provincia para dar talleres, su enfoque es claro: visibilizar los factores de estrés que atraviesan a quienes ejercen la función policial, sin simplificar ni patologizar su trabajo.

“Somos personas antes que policías”, repitió como principio rector. Desde esa mirada, planteó: “El ejercicio de la función implica una carga emocional y psicológica que se suma a los problemas de la vida cotidiana que cualquiera puede atravesar: una separación, una pérdida, dificultades económicas o vínculos familiares complejos”.

Lo que sí distingue a los policías es el entorno particular en el que esos conflictos pueden agravarse. Entre los factores habituales, se encuentra la exposición permanente al riesgo. El uniforme los convierte en blanco y muchos han sido agredidos, o incluso asesinados, en operativos de rutina. La tensión también se cuela en los tiempos de espera: un agente puede estar cumpliendo una guardia aparentemente tranquila y, de pronto, recibir una alerta que lo obliga a salir de inmediato a una situación crítica. Ese cambio abrupto, de la calma a la urgencia, exige una respuesta emocional contenida, muchas veces silenciada. “El policía suele revolear las emociones para poder actuar, pero si después no las recupera, si no se conecta con lo que sintió, ese costo aparece en la salud física o mental”, advirtió.

Entre los cuadros más frecuentes se encuentran los trastornos del sueño, la irritabilidad constante, los problemas gástricos y el agotamiento emocional. Todo esto se potencia cuando las jornadas son extensas, los recargos inesperados abundan y los salarios no alcanzan. A esto se suma, en muchos casos, la presión desde las jerarquías y el señalamiento público: “Uno de los grandes obstáculos para pedir ayuda es el mandato de mostrarse siempre firmes. He escuchado gente que me lo ha dicho: ‘¿Cómo yo, que soy jefe, voy a mostrarme débil? Parte del trabajo que venimos realizando en los talleres es justamente desmontar esa idea. Siempre les digo que es todo lo contrario. Como superior, si decís que pedís ayuda cuando estás mal, le vas a mostrar lo valiente que sos, que podés hablar de lo que te pasa”, aseguró Martínez.

En algunos barrios, además, la figura del policía no despierta respeto, sino rechazo. “Entramos porque nos llaman y los otros nos agreden. Nos tiran piedras, nos insultan”, reconoció.

Antes de cerrar, Martínez dejó un mensaje que repite en cada charla: “Esto que les pasa ahora no va a suceder siempre. El dolor es pasajero y el suicidio es una decisión permanente para un problema momentáneo. Por eso, tienen que hablar con alguien. La vida compartida siempre es más liviana. De eso se trata: no atravesar solos lo que nos está haciendo mal”.

La jubilación mínima en Argentina ronda los $300.000 más un bono de $70 mil. A partir de agosto, los haberes previsionales recibirán un reajuste mensual de acuerdo al porcentaje de inflación de junio. Sin embargo, con ese monto, un adulto mayor debe costear medicamentos, alimentos, alquiler, servicios y, en muchos casos, ayudar económicamente a otros miembros de su familia. Las cuentas no cierran y la situación, para la mayoría, se vuelve asfixiante. Aunque esta realidad golpea en todo el país, se expresa de maneras distintas según el territorio: mientras en Buenos Aires los jubilados se manifiestan frente al Congreso —bajo un fuerte operativo de seguridad y con episodios de represión policial—, en Gualeguaychú el reclamo adopta otro tono. También los miércoles, pero en la plaza San Martín, un grupo de adultos mayores se reúne en asamblea abierta. Con sillas, termos y tortas fritas, la protesta se transforma en un encuentro pacífico, reflexivo y profundamente humano. Es un espacio de lucha, pero también de contención colectiva.

Ana María Gómez, docente jubilada de 67 años, participa desde el inicio. “Los que estamos ahí en la plaza somos los que todavía estamos de pie”, dijo en diálogo con Ahora ElDía. Su frase resume el espíritu de esas reuniones, pero también marca una frontera dolorosa: la de quienes ya no pueden salir, ni siquiera a pedir ayuda.

Ana María no cobra la mínima, pero tampoco llega a fin de mes: “Mis hijos me ayudan. Sin eso no podría vivir sola. Antes salíamos a comer una pizza con amigas o hacíamos un asadito, hoy la juntada es en la plaza, para protestar”. Lo que más la angustia, no obstante, es lo que ve a su alrededor: “Hay abuelos que cobran la mínima y tienen que mantener a un hijo o a un nieto que se quedó sin trabajo, o directamente viven solos, sin ningún familiar que los ayude. Esa gente no tiene adónde ir”.

La soledad es un denominador común. En las asambleas han surgido casos de personas mayores al borde del desalojo, sin una red de contención ni acceso a geriátricos estatales. “Algunos vinieron hace años a Gualeguaychú y se quedaron, pero ahora están solos ¿Qué se hace con esa gente?”, se preguntó.

El acceso a la salud es otro eje crítico. Ana María tiene Iosper, pero desde el cambio al nuevo prestador OSER, cada vez le cuesta más conseguir sus medicamentos. “Estoy en un programa de largo tratamiento por tiroides y colesterol, pero termino comprando los remedios porque no me llegan. Tengo que ir mil veces a reclamar”, relató. En la plaza, otros jubilados con PAMI atraviesan situaciones similares. “Si comen, no compran lo que les recetó el médico”, resumió.

La consecuencia es visible: cada vez más adultos mayores con deterioro emocional y cognitivo. “Hay gente que estaba bien y ahora te salta con cualquier cosa. Personas confundidas, irritables, que no acceden a su medicación. Hay mucha angustia. No veo una sola mejora. La gente está cada vez peor”.

La plaza funciona también como refugio. “La situación es tan grave que uno se aturde. Escuchar lo que le pasa a cada uno te atraviesa”, reconoció. En uno de los últimos encuentros, cinco jóvenes en claro estado de necesidad se acercaron a pedir comida. “Se comieron tres tortas fritas cada uno. Estaban muertos de hambre. Les pedí que se quedaran a escuchar lo que hablábamos. Porque esto también los afecta a ellos”.

Aunque no han recibido respuestas concretas, el grupo continúa elaborando propuestas. Hace dos meses presentaron un documento con sus reclamos, pero quedó desactualizado rápidamente. “En ese tiempo nos cambiaron el prestador de salud y empeoraron otras cosas. Todo va tan rápido que ni el diagnóstico alcanza”, explicó.

También impulsan acciones solidarias. En la última asamblea recolectaron ropa y alimentos para ayudar a quienes estaban peor. “Esto no es sólo diagnóstico. Desde nuestro lugar, tratamos de hacer algo. Es un ida y vuelta”, afirmó.

La preocupación por el futuro no es patrimonio exclusivo de quienes ya están jubilados. En las conversaciones que circulan cada miércoles en la plaza, también aparecen con fuerza los temores de las generaciones más jóvenes, que observan con inquietud cómo se deterioran las condiciones de vida y cómo se desvanece la idea de un retiro digno. Muchos de ellos, incluso sin haber alcanzado la edad necesaria, ya perciben que la jubilación dejó de representar una etapa de descanso merecido y se transformó en una extensión de la precariedad.

Ana María lo nota cada vez con más claridad: hay personas que se acercan no sólo para acompañar, sino también para escuchar y anticipar lo que podrían vivir dentro de algunos años. “Ya hay quienes sienten miedo, porque si esto es lo que les espera, no saben cómo van a hacer”, comenta. En ese análisis compartido, el desborde emocional también se hace presente: agotamiento, ansiedad y una sensación de desprotección generalizada atraviesan a los jubilados, pero también a todos los que están apenas un paso atrás en la fila.

Al finalizar, Ana María invitó a quienes quieran colaborar a acercarse a la plaza, visitar a sus abuelos o simplemente acompañarlos. Recuerda que no todo se resuelve con dinero: muchas veces alcanza con una presencia, una mano o un mate compartido.

Esta semana fue noticia un hecho que no es habitual en la ciudad. Un fuerte estruendo sobresaltó a los vecinos de 25 de Mayo, en pleno centro de Gualeguaychú: un grupo de seis menores de edad rompieron la vidriera de un comercio y entraron al local para sustraer algunos objetos. Cuando llegó la policía, los niños intentaron huir en distintas direcciones, pero fueron demorados a las pocas cuadras y trasladados a la Comisaría de Minoridad: “Son menores que ya conocemos, con ingresos reiterados. Algunos han estado en la calle a altas horas de la noche, lejos de su casa; otros han sido localizados varias veces. Muchos provienen de contextos familiares muy problemáticos”, explicó la comisaria Pamela Morel, jefa de la dependencia, a Ahora ElDía.

Tras el daño al comercio, se iniciaron actuaciones de oficio. Como todos los involucrados son inimputables por ser menores de 16 años, la responsabilidad legal recae en sus familiares adultos. Pero lo que llamó especialmente la atención fue que algunos de ellos no acudieron a buscarlos, lo que obligó a la intervención del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

Morel explicó que, si bien los hechos como la rotura de una vidriera impactan en la opinión pública, la mayoría de los ingresos de menores a la comisaría no tienen que ver con delitos: “Hay muchas veces que andan en grupo a la noche o acompañan a mayores en situaciones problemáticas. Siempre se intenta que estén el menor tiempo posible en la dependencia policial”.

Según la Comisaria, el consumo problemático es algo que aparece cada vez con mayor frecuencia: “Es muy probable que haya consumo de sustancias de por medio. Ellos mismos a veces te cuentan qué es lo que consumen y lo fácil que es el acceso”.

La Comisaría de Minoridad tiene características particulares: la mayoría del personal es femenino, no por requisito legal, sino por la sensibilidad que exigen los casos. “El 80% de las mujeres que trabajan acá son mamás. Desde el vamos no hay trato represivo, para nada. Tampoco los felicitamos, pero el trabajo, una vez que ingresan, es hablar con ellos, escucharlos, entender qué les pasa. El protocolo busca asegurar que no queden mucho tiempo en la dependencia policial, pero bajo ninguna circunstancia, se pueden retirar por su cuenta, tiene que ser con un responsable mayor de edad, certificado por el Juzgado. Y si no aparecen familiares, interviene el Copnaf, que decide si va a una residencia u otro dispositivo”, explicó.

Cuando se le pregunta sobre la mirada social frente a estos hechos, Morel no esquiva el tema: “Escuchás comentarios fáciles: ‘Que los metan presos, que no salgan más’. Pero no es así. Hay que pararse desde otro lado, comprender qué pasa. Ellos necesitan un montón de otras cosas que no tuvieron. No es que sean chicos malos, pero lamentablemente, si no tienen ahora la contención de todos como sociedad, pueden terminar mal. Por eso, insisto en la necesidad de fortalecer las redes de contención familiares, escolares y comunitarias”.

El abogado Ricardo Luciano había presentado la denuncia inicial el viernes pasado en el Juzgado Federal, luego la amplió y pidió ser tenido como querellante, lo que fue aceptado por el juez Hernán Viri. “Pedí que se habilite la feria judicial porque el juzgado estaba cerrado y entendieron que el tema era grave”, señaló. Durante esta semana se realizó la audiencia clave y ratificó formalmente la denuncia y quedó confirmado como querellante particular, lo que le permitirá intervenir directamente en el expediente.

Luciano explicó a Ahora ElDía los detalles del expediente y el curso que tomará la causa a partir de ahora: “Tras la ratificación, el juez debe darle vista al fiscal, quien dictaminará si corresponde avanzar. Aunque el dictamen del fiscal no es vinculante, será un paso determinante: si considera que hay delito o incluso si no lo considera, pero el juez opina lo contrario, el expediente continuará con medidas de prueba. Estas pueden incluir citaciones a los responsables, pedidos de informes, peritajes técnicos o incluso allanamientos, según el criterio del juez”.

Entre los posibles citados, de acuerdo a Luciano, figuran Tommy Fogg, el presidente de la Corporación del Desarrollo (Codegu), administradora del parque; la subsecretaria de Ambiente municipal, Ivana Zecca; y la secretaria de Ambiente provincial, Rosa M. Hojman. Según Luciano, la planta de tratamiento estaría inactiva desde al menos febrero de este año, lo que implicaría más de cinco meses de contaminación ininterrumpida del río.

La denuncia presentada señala que los efluentes industriales son volcados a través de un caño que desemboca a la altura del ex Frigorífico, sin pasar por procesos de depuración. Según consta en el escrito, la propia administración del parque reconoció públicamente la necesidad de reparaciones, lo que, para el abogado, confirma los hechos denunciados. Luciano argumenta que existe responsabilidad directa de Codegu como administradora, pero también de los organismos de control ambiental municipal y provincial por omisión de fiscalización. Entre las medidas solicitadas al juzgado se incluyen análisis de barros y aguas, citación de funcionarios, auditorías sobre las industrias involucradas y evaluación del daño ambiental ya producido.

Además, el escrito hace referencia a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que establece que la responsabilidad por los daños ocasionados no desaparece por la intervención de terceros, y que los titulares y autoridades tienen la obligación de asegurar el tratamiento adecuado de los residuos generados. Luciano anticipó que como querellante podrá sumar nueva prueba, apelar resoluciones y seguir de cerca la evolución del expediente.

Un reclamo de larga data

El reclamo por el funcionamiento de la planta de tratamiento no es nuevo. Desde hace meses, el Foro Ambiental viene denunciando irregularidades en el sistema, advirtiendo sobre el vuelco directo de efluentes industriales al río a través de un caño ubicado a la altura del ex Frigorífico. Las inspecciones recientes, que incluyeron la participación de autoridades locales, permitieron constatar las deficiencias en la planta y derivaron en el anuncio de un plan de trabajo para repararla en un plazo de 30 días.

Según detallaron en ese momento desde Codegu, las tareas contemplan cambios de motores y bombas, recambio de sistemas de filtrado, limpieza de piletones y mejora en los tableros eléctricos. Además, la Municipalidad implementó un cronograma de inspecciones quincenales para controlar el funcionamiento de la planta y verificar que las industrias cumplan con los parámetros establecidos para los vuelcos. Desde el Municipio explicaron que el sistema opera con deficiencias porque es muy antiguo y que, a esto, se suma que algunas empresas no respetan los límites permitidos, lo que contribuye a la sobrecarga del sistema general.

El Foro Ambiental sostiene que estas medidas son insuficientes y que los problemas no son recientes, sino que llevan años acumulándose sin soluciones de fondo. Los ambientalistas remarcan que es necesario avanzar en controles más estrictos y en una actualización integral del sistema para evitar que el río siga recibiendo descargas contaminantes.

En los últimos meses, la circulación de vehículos sin chapa patente se ha vuelto un escenario habitual en las calles de Gualeguaychú. Esta situación no es exclusiva del ámbito local, sino que forma parte de una problemática nacional que se agravó desde fines del año pasado: la falta de stock de patentes debido a demoras en la producción y distribución, originadas por el cambio de proveedores oficiales. 

“La situación de faltantes de patentes en la ciudad está enmarcada dentro de una problemática nacional. Aunque no hay cifras precisas, la mayoría de los casos corresponde a vehículos nuevos que no pueden obtener la patente definitiva y circulan con patentes provisorias. A este escenario se suman algunas situaciones particulares de extravíos o pérdidas, donde al intentar gestionar un duplicado, los propietarios se enfrentan con la misma falta de stock”, confirmó Marcelo Hail, director de Tránsito municipal, a Ahora ElDía.

El impacto de este faltante también tiene consecuencias prácticas para la gestión diaria de la agencia vial. “Si un vehículo de estos se da a la fuga de un control o de un accidente, vamos a tener el problema de identificarlo. Por ende, una de las principales problemáticas que plantea esta situación es que la ausencia de identificación inmediata dificulta las tareas de control y fiscalización”, afirmó Hail.

Desde la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), indicaron que no se dispone de información sistematizada sobre la cantidad de vehículos sin patente que circulan en Gualeguaychú. Sin embargo, confirmaron que el problema persiste a nivel provincial y que incluso las cédulas verdes también comienzan a escasear. A esto se suma que muchas patentes ya fueron enviadas a las dependencias, pero no han sido retiradas por sus titulares, lo que complica aún más cualquier intento de cuantificación del fenómeno.

En la misma línea, el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA) informó que la demora en la entrega de chapas afecta a distintas jurisdicciones del país por igual y que la normalización del servicio depende de la adaptación de los nuevos proveedores a los requisitos técnicos y logísticos exigidos. En este contexto, algunos registros se han visto obligados a extender por más tiempo el uso de patentes provisorias emitidas en papel que, aunque son legales, presentan limitaciones en términos de visibilidad y durabilidad.

Mientras tanto, desde las concesionarias locales señalaron que esta situación impacta negativamente en la experiencia del comprador, ya que muchos deben esperar semanas para circular en regla, o lo hacen con documentación transitoria que requiere renovaciones periódicas.

Este contexto genera preocupación porque cada vez circulan más vehículos con placas provisorias de papel, tanto en Entre Ríos como en otras provincias. Según explicó Juan Carlos Albornoz, presidente del Colegio de Mandatarios y Gestores de Entre Ríos: “Hay gente que tiene meses sin la placa. En muchos casos se están entregando chapas de papel con una validez de 180 días, pero los plazos se van prorrogando porque las patentes metálicas no llegan”.

El problema se originó cuando el Gobierno nacional decidió retirar la fabricación de las chapas de la órbita de la Casa de la Moneda. A partir de ese momento comenzaron las demoras, ya que el nuevo proveedor designado, la empresa Tönnjes Sudamericana, tardó en comenzar a operar y además enfrentó dificultades logísticas por la falta de insumos, especialmente aluminio. Esta situación generó retrasos que se trasladaron a los registros del automotor de todo el país.

Durante los primeros meses de 2025, las entregas de patentes se hicieron en cantidades muy reducidas. “Se generó por una resolución de febrero que limitaba la cantidad de chapas entregadas a cada registro. Después salió otra resolución que amplió ese cupo, pero los propios registros manifestaron que seguía siendo insuficiente”, indicó Albornoz. En paralelo, comenzaron a escasear también las cédulas verdes, que en algunos casos tardan semanas en ser entregadas.

Según detalló, los mandatarios y gestores de la provincia reciben consultas diarias de personas preocupadas por no contar con la documentación definitiva de sus vehículos. “Hay gente que necesita circular, incluso viajar a otras provincias o al exterior, y todavía no tiene la chapa metálica ni la cédula correspondiente. Esto complica mucho el día a día”. 

A pesar de que en los últimos meses se esperaba que la situación se normalizara, los tiempos de espera se siguen extendiendo y la entrega de chapas provisorias continúa siendo la solución transitoria.

Hail, por su parte, agregó: “El parque automotor local creció de manera muy rápida en los últimos diez años. Tenemos un gran problema de tránsito en la ciudad en general, que se da más en el centro y en la zona del puente Méndez Casariego porque la infraestructura vial no da para tantos vehículos. El estacionamiento es otro punto que requiere atención, ya que la ciudad no cuenta con suficientes espacios públicos ni privados para absorber la cantidad de autos que circulan cada día. Por este motivo, estamos analizando posibles cambios en el sistema de estacionamiento medido para modernizarlo y mejorar la rotación”.

En cuanto a los vehículos abandonados, Esteban Izaguirre, responsable de la Agencia de Seguridad municipal, indicó que “el Municipio avanza en el relevamiento de estos autos para iniciar los procedimientos de compactación, tal como lo establece la ordenanza vigente”, explicó.

Además del impacto en la seguridad y la gestión, la demora en la provisión de chapas patentes también afecta a sectores vinculados a la actividad automotriz. Gestores, concesionarias, registros y talleres de verificación técnica experimentan demoras en sus procesos habituales, lo que ralentiza trámites y genera un cuello de botella administrativo que aún no tiene fecha cierta de resolución. Mientras tanto, la circulación de vehículos sin identificación completa se mantiene como un desafío abierto para las autoridades viales.

El Gobierno nacional avanzó esta semana con una profunda reestructuración de organismos públicos, como es el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que cumple 70 años el próximo año. La poca claridad de la información sobre una posible reestructuración generó desconcierto e incertidumbre entre los profesionales que allí trabajan. Pero, ¿qué es exactamente este organismo y cómo funciona en una ciudad como Gualeguaychú? “Es el instituto que pone la tecnología al servicio del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial en todo el territorio argentino, hasta en los pueblos más chicos. Trabajamos a partir de dos grandes áreas: las experimentales, donde se desarrolla investigación, y las agencias de extensión, que vinculan ese trabajo académico con las demandas concretas de los productores”, explicó el ingeniero agrónomo Jorge Gvozdenovich, director del Centro Regional INTA de Entre Ríos, a Ahora ElDía.

A diferencia de lo que podría pensarse, no es el INTA quien decide unilateralmente qué investigar: “El productor nos plantea su necesidad, y esa demanda llega a un consejo regional integrado por representantes públicos y privados, que evalúan si corresponde avanzar. Así se desarrollaron, por ejemplo, variedades de batata que elevaron los rindes en Feliciano de 4.000 a 24.000 kilos por hectárea, o variedades de arroz que hoy se siembran a nivel mundial, surgidas del INTA Concepción del Uruguay”, detalló Gvozdenovich.

En Gualeguaychú, la agencia local cuenta con oficinas en la Sociedad Rural, el Parque Industrial y Urdinarrain, y abarca áreas tan diversas como ganadería, apicultura, avicultura y horticultura. “Es una agencia muy pujante, que incluso organiza jornadas internacionales, como la próxima de agricultura de precisión en septiembre”, señaló el director.

El decreto publicado esta semana introduce dos grandes cambios: elimina los consejos regionales como órganos resolutivos, reemplazándolos por un consejo meramente consultivo, y centraliza toda la administración, los recursos humanos y los fondos bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura. “El gran interrogante es si una sola persona va a poder manejar una estructura que llega a cada rincón del país. Es un antes y un después para el INTA. El nuevo presidente, Nicolás Bronzovich, convocó al diálogo a los referentes regionales y eso es positivo y lo celebro. En lo inmediato, no se esperan cambios abruptos en el trabajo con los productores, pero sí una etapa de adecuación administrativa que podría ralentizar gestiones y convenios”, dijo Gvozdenovich.

Uno de los argumentos del Gobierno para la reforma es que el INTA se habría desviado de su propósito original, actuando como herramienta de militancia y alineado a la Agenda 2030, además de exhibir dispersión operativa y baja eficiencia. Para Gvozdenovich: “Cada peso invertido devuelve entre 9 y 11 al sector productivo y social. El dato sale de un estudio del Instituto de Economía del INTA, con datos auditados por el Estado”.

Sobre los cuestionamientos a la planta de personal, aseguró: “Todos los cargos son concursados, abiertos a cualquier persona, con jurados externos de distintos sectores. No hay contratos políticos ni acomodos. Los sueldos promedio rondan el millón a millón doscientos mil pesos, un 40% por debajo del poder adquisitivo que deberían tener”.

Respecto a posibles despidos, por ahora no hay comunicaciones formales, aunque sí está en análisis un plan de retiro voluntario. “Lo que pedimos es que las reglas sean claras, porque si no, los empleados se van por miedo y eso nos afecta muchísimo”, advirtió.

A partir de este lunes comenzarán las obras para construir 42 viviendas del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) en Gualeguaychú, específicamente en la zona del barrio Curita Gaucho. Se trata de un proyecto esperado que había quedado paralizado en años anteriores y que finalmente será ejecutado con fondos propios de la provincia con un presupuesto aproximado de más de 3.000 millones de pesos.

El plazo de ejecución de las obras será de 16 meses y las viviendas estarán destinadas a familias que perciban entre dos y ocho salarios mínimos (alrededor de 600.000 a 2.000.000 de pesos mensuales). La adjudicación se hará por sorteo, sin privilegios por antigüedad en la inscripción. 

Para inscribirse, es necesario contar con un grupo familiar constituido (no están contempladas actualmente adjudicaciones para personas solas) y se puede hacer a través de la página web del IAPV o presencialmente en la oficina regional, en Magnasco 52, 1° Piso, donde también se asiste a quienes no manejan tecnología.

Según explicó a Ahora ElDía Pablo Echandi, titular de la Regional Sur del IAPV: “Cada vivienda tiene un costo estimado de 46.000 UVI, lo que representa hoy alrededor de 50 millones de pesos. El plan de pago se extiende a 200 meses (entre 16 y 17 años), con cuotas aproximadas de 200 UVI, es decir, unos 200.000 pesos mensuales, aunque ese monto puede variar levemente según las actualizaciones”.

Las casas que se levantarán en el barrio Curita Gaucho, según especificó el director del instituto, son de planta baja, con dos dormitorios, comedor, baño y lavadero, distribuidos en 63 metros cuadrados cubiertos, aproximadamente. Los terrenos tienen 10 metros de frente por 24 de fondo, en promedio, aunque algunos llegan a los 37 metros, lo que ofrece un espacio exterior generoso, especialmente valorado por las familias.

El predio cuenta ya con infraestructura básica: red de agua, cloacas, calles abiertas enripiadas y pilares de luz, aunque algunos servicios deberán ser revisados y ajustados al momento de la ejecución. La obra estará a cargo de la empresa Hornus, que había ganado la licitación original antes de que el proyecto se suspendiera durante el gobierno anterior. “Retomar con la misma empresa fue clave para destrabar cuestiones legales y aprovechar un anticipo de obra ya entregado”, aseguró Echandi. 

La ubicación precisa es a 100 metros del barrio Curita Gaucho, en la zona noreste de la ciudad, cerca del Boulevard de María. “Si uno va por Maestra Piaggio, pasa las 30 viviendas anteriores, sigue derecho, cruza el Boulevard y, a unos 150 metros, entra a la izquierda”, explicó Echandi.

Cómo será el proceso de adjudicación

Echandi detalló que todas las personas interesadas pueden inscribirse ahora, ya que la inscripción sirve para todos los planes del IAPV, actuales y futuros. Además, recomendó a quienes ya estén registrados desde hace más de un año que actualicen sus datos para mantener activa su postulación: “El sorteo suele realizarse cuando la obra alcanza un 70% de avance, lo que, en este caso, podría ocurrir hacia marzo de 2026. Luego, las familias seleccionadas deberán pasar por una evaluación social para verificar que cumplan con los requisitos declarados: ingresos, grupo familiar, documentación de convivencia, entre otros”.

El plan actual de 42 viviendas corresponde a un proyecto mayor que, originalmente, contemplaba 124 casas. Según anticipó Echandi: “Ya estamos trabajando para anunciar en las próximas semanas la construcción de un segundo grupo de 37 viviendas en el mismo sector, pero del lado sur del barrio Curita Gaucho. El resto del plan original podría ejecutarse en el futuro, si se aseguran los recursos económicos. Los tiempos de este nuevo tramo dependerán de la resolución de trámites técnicos y factibilidades de servicios. A corto plazo creemos que vamos a llegar al mismo resultado”.

Un paso esperado

La reactivación de este proyecto no es menor: según recordó Echandi, viene de gestiones anteriores (iniciadas entre 2021 y 2022) que habían quedado inconclusas tras el cierre de planes nacionales como “Casa Propia” y la disolución de algunas líneas de financiamiento. El acuerdo actual entre Provincia, IAPV y Nación permitió reactivar el expediente, asegurar los fondos y avanzar en la ejecución.

El control de calidad y cumplimiento de los plazos estará a cargo de ingenieros del IAPV, quienes fiscalizarán los avances mensuales. La meta es cumplir con un promedio de avance del 6-7% mensual para llegar al plazo previsto.

La vuelta de las retenciones a partir del 1 de julio generó un inmediato malestar en el sector del agro, que en Gualeguaychú ya hizo sentir sus reclamos. Desde el Gobierno nacional argumentaron que la baja anterior había sido un gesto transitorio para alentar la liquidación de cosechas, y que ahora, con la situación fiscal del país, resulta imprescindible recuperar la recaudación. Sin embargo, para los productores esto significa un retroceso en un momento donde muchos, especialmente los más pequeños, apenas logran sostenerse.

En diálogo con Ahora ElDía, Juan Tronco, productor del departamento Gualeguaychú y expresidente de la Federación Agraria filial Larroque, explicó: “Las retenciones representan un porcentaje de la cosecha que el Estado se queda directamente, además de todos los impuestos que ya afronta el sector. Es un tributo adicional que nos quitan del resultado de nuestro trabajo”.

Asimismo, aclaró que, sumando la carga impositiva general y las retenciones, aproximadamente el 60% de lo que genera un productor se destina a impuestos: “Este escenario golpea con mayor dureza a los pequeños productores, que siempre están en desventaja frente a los grandes jugadores que pueden negociar precios, comprar insumos en volumen y soportar crisis con mayor espalda financiera”.

En la zona, explicó, esta situación está favoreciendo la concentración de la tierra y la aparición de grandes empresas que muchas veces ni siquiera son de Gualeguaychú: “Cuando los campos quedan en manos de empresas que vienen de afuera, dejan muy poco en la ciudad. No compran en los supermercados, ni dinamizan la construcción, por ejemplo. Es algo que afecta a toda la comunidad".

Tronco también consideró: “El campo siempre fue promesa de campaña, pero cuando llega la hora de gobernar, seguimos igual. Nos sentimos decepcionados porque no hubo el cambio que esperábamos. Tronco planteó que la carga impositiva que recae sobre el sector agropecuario se ha sostenido durante tantos años que ya parece haberse convertido en una parte estructural del sistema”. Y agregó: “El mejor impuesto es ganancias. El que gana, que pague. El problema es que las retenciones se aplican tanto en cosechas buenas como en malas. El Estado siempre se queda con su parte, incluso cuando el margen de ganancia es mínimo para el productor. La falta de previsibilidad complica aún más: una campaña pensás que podés comprar una máquina y la siguiente te cambian las reglas y te dejan desfinanciado”.

Por su parte, José Colombatto, vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), coincidió en que la medida significa un retroceso: “El productor ya venía muy castigado por las condiciones climáticas y la carga impositiva. Este retroceso es una mala señal, justo cuando empezábamos a acomodarnos”.

El dirigente detalló que la vuelta a las alícuotas originales implica para el productor una pérdida cercana al 10% de los ingresos respecto al escenario que se había logrado con la baja transitoria: “Esta pérdida es especialmente crítica para quienes trabajan en tierras alquiladas, una modalidad muy extendida en la región. Con este aumento de las retenciones lo termina de sacar de la cancha, porque obviamente la rentabilidad no era buena. Los productores pequeños y medianos son siempre los que sufren más el cimbronazo frente a las medidas coyunturales. Esperábamos que las retenciones siguieran bajando o al menos se mantuvieran, pero nos volvieron a sorprender con una mala noticia. Está claro que afectan la competitividad, golpean a los más chicos y frenan las inversiones. Seguiremos trabajando para que se entienda que el camino no es el que han tomado".

El malestar se replica en otras entidades. Desde Federación Agraria, el presidente de la Regional Entre Ríos Matías Martiarena había advertido: “Crece el malestar de los productores con el Gobierno, porque las promesas de campaña quedaron en eso: en promesas. Se habían comprometido a bajar las retenciones, pero volvieron a subirlas. Las grandes empresas tienen más herramientas para resistir, pero los pequeños y medianos productores están cada vez más asfixiados”.

Por su parte, el senador nacional Alfredo De Ángeli también cuestionó la medida: "El Gobierno, al castigar al campo, va en contra del país. Esta decisión va en sentido opuesto al crecimiento. El productor necesita reglas claras y previsibilidad. No se puede trabajar si las condiciones cambian de un mes a otro". 

Al igual que el diputado nacional Atilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja, quien afirmó: "Lamento que los mismos bolsillos sean siempre la variable de ajuste. La presión sobre el sector agropecuario es insostenible, especialmente para las economías regionales y los productores más chicos. El Gobierno, como los anteriores, recurre siempre al campo para equilibrar sus cuentas. Eso genera desincentivo, menos inversión y más concentración”.

En este contexto, productores y entidades agropecuarias de la región aguardan definiciones más claras sobre el rumbo económico y fiscal del país. La expectativa está puesta en la posibilidad de que el Gobierno nacional convoque a un diálogo más amplio con el sector, donde puedan discutirse medidas que garanticen previsibilidad y permitan sostener la producción y el empleo rural en el mediano plazo. Mientras tanto, la incertidumbre condiciona las decisiones de inversión y planificación de la próxima campaña.

En un contexto de emergencia económica que atraviesa a todos los sectores de Gualeguaychú, los objetos se roban, pero no desaparecen. Vuelven a circular en un mercado que no figura en los registros fiscales, pero que está vivo en redes sociales y en grupos de WhatsApp. Baterías de autos, bicicletas, herramientas y garrafas pasan de mano en mano a precios sospechosamente baratos, pero que aun así muchos aceptan pagar. 

El comisario inspector Jorge Ruiz Moreno, jefe de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía Departamental de Gualeguaychú, afirmó: “Roban porque hay un mercado ilegal que a muchas personas le conviene”. En el marco de un relevamiento con Ahora ElDía, describió con detalle la reiteración de ciertas modalidades, su relación con las estaciones del año y los desafíos que esto representa para las fuerzas de seguridad.

“Se ha incrementado el robo de baterías”, dijo Ruiz Moreno. Según los registros que maneja la División, hay uno o dos hechos diarios de robo de baterías y bicicletas, mientras que los hurtos a obras en construcción se concentran sobre todo durante los fines de semana, con dos o tres episodios cada sábado y domingo. Los robos domiciliarios rondan uno por día, aunque en estos casos se trata de hurtos menores, como la sustracción de pequeños electrodomésticos, herramientas o consolas de juego. En cuanto a las garrafas, contabilizan una por semana, y celulares y motos, uno cada diez días y entre tres y cuatro por mes, respectivamente.

A estos datos se suma un fenómeno particular en las obras en construcción, especialmente los fines de semana largos: “Los obreros trabajan hasta el viernes a la tarde y vuelven el lunes, y a veces cuando es feriado regresan al día siguiente. Son dos o tres días que las obras quedan solas y también tenemos uno o dos delitos por fin de semana”, explicó.

La demanda como estímulo para el delito

Más allá del registro estadístico, lo que más preocupa a la Policía es que el delito se organiza en torno a la posibilidad concreta de reventa. “No es lo mismo comprar una batería nueva que cuesta más de 100 mil pesos a adquirirla por 20 mil pesos”, apuntó el Comisario. Lo mismo sucede con las bicicletas, que son se comercializan a 30 mil pesos cuando su valor de mercado formal supera los 400 mil pesos.

Esa diferencia entre valor de reventa y valor real activa una red silenciosa que no sólo fomenta el robo, sino que entorpece las investigaciones: “El que roba difícilmente cuenta a quién se la vendió. Y no se puede interrogar sin un fiscal y un abogado presentes. Son datos que se manejan con pinzas”, explicó Ruiz Moreno.

En este sentido, también alertó sobre la responsabilidad penal que puede caberle a quien compra un objeto robado: “Muchos dicen que no sabían que era robado, pero los valores son excesivamente bajos. Eso muchas veces lleva a que la Justicia les inicie una causa por encubrimiento”, dijo. Este tipo de transacciones se da por redes sociales o grupos de WhatsApp, fuera de cualquier registro.

Las modas estacionalesEn la distribución de los delitos influye también la época del año. Según Ruiz Moreno: “El mapa delictivo se reorganiza según las condiciones climáticas: en verano se incrementan los robos domiciliarios por las vacaciones, mientras que en otros momentos del año predominan los de partes de vehículos, especialmente baterías, y también las bicicletas y motos. Aprovechan la exposición de objetos valiosos en la vía pública, su portabilidad y su facilidad de colocación en el mercado ilegal. Son delitos sin violencia, pero que erosionan cotidianamente la vida cotidiana de los ciudadanos”.

Desde la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal se destaca una política de acción inmediata, basada tanto en la prevención como en la respuesta a hechos ya consumados: “Lo que predomina es la prevención con patrullajes activos, recorridas diarias por escuelas y plazas, y un sistema de identificación de personas en puntos estratégicos. Además, se colocaron cámaras en puntos críticos, se avanza en la identificación de depósitos ilegales y se articulan operativos en conjunto con fiscalías. Queda comprobado que la rapidez del inicio de la investigación da buenos resultados, especialmente en los hechos que se denuncian dentro de las primeras horas”, afirmó Moreno.

El otro gran frente de preocupación policial es el crecimiento del ciberdelito. Estafas virtuales, phishing, robo de identidad y hackeos a cuentas bancarias afectan sobre todo a adultos mayores, que son el sector más vulnerable. “Los delincuentes se adaptan al uso de la tecnología igual o más rápido que las víctimas”, reconoció.

Chamarrita ya está donde siempre debió estar: libre, en su ambiente natural. Esta joven hembra de aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) fue liberada en la Reserva El Potrero el pasado jueves 26 de junio, tras un largo proceso de rehabilitación que comenzó en 2023 y la llevó de un patio urbano a recuperar su lugar en la naturaleza.

Su historia comenzó a fines de octubre de 2023, cuando vecinos del barrio Los gobernadores, en Paraná, la encontraron refugiada dentro de una vivienda, asustada y huyendo del acoso de perros. No es común ver a un aguará guazú en zonas urbanas, pero por su juventud y curiosidad, Chamarrita había terminado desorientada. Tras ser rescatada por la Brigada Abigeato de la Policía de Entre Ríos, fue trasladada al Centro de Rescate La Esmeralda, en Santa Fe, donde le trataron una fractura en una de sus patas delanteras.

En diciembre de ese año, llegó a El Potrero, la reserva natural de gestión privada ubicada en Gualeguaychú, para continuar su recuperación y comenzar un proceso de reintroducción en su hábitat. Según explicó su coordinador Ladislao Földesi a Ahora ElDía: “Al principio, permaneció en un espacio reducido para evitar que se moviera demasiado y favorecer la curación de la fractura.

El proceso de rehabilitación se llevó adelante con paciencia y con el objetivo de que Chamarrita recuperara sus hábitos silvestres de forma progresiva. Con el tiempo, la joven hembra comenzó a cazar por sus propios medios, a adaptarse al entorno y a reducir cada vez más el contacto con las personas. Se monitoreó con el menor contacto humano posible”.

Una liberación planificada

El caso de Chamarrita no quedó como un hecho aislado. Su llegada a El Potrero reactivó un viejo proyecto: trabajar en la conservación del aguará guazú en Entre Ríos, una especie declarada Monumento Natural Provincial por Ley Nº 11.079, ya que es un símbolo de la biodiversidad y sobre la cual aún hay poca información a nivel local.

Así fue que se impulsó la creación de un programa de reintroducción del aguará guazú, aprobado por la Secretaría de Ambiente. “Es un animal que puede recorrer cientos de kilómetros en pocos días y abarcar miles de hectáreas buscando alimento”, explicó Földesi. Esa característica fue clave para definir que el mejor lugar para liberarla era la misma reserva donde había aprendido a moverse de nuevo.

Antes de su liberación, el equipo veterinario le colocó un collar satelital para monitorear sus movimientos. Se le hicieron revisiones clínicas, análisis y una radiografía para confirmar que la fractura había sanado correctamente.

“Se siguieron todos los protocolos nacionales y el collar permitirá que podamos seguirla y entender más sobre sus hábitos”, resumió Földesi.

El 26 de junio se realizó la suelta blanda: se abrió la puerta del corral de presuelta y Chamarrita salió por sus propios medios. El director de Áreas Naturales Protegidas de la provincia, Pablo Aceñolaza, enfatizó la relevancia de este suceso: "Hoy, junto con actores públicos y privados, marcamos un hito en la conservación con su reintroducción en una de las áreas protegidas más grandes de la provincia. Este acto no sólo ayuda a restaurar una especie clave para el equilibrio ecológico, sino que también simboliza el compromiso con la conservación de la biodiversidad. Este proyecto es un llamado a la acción e invita a comunidades, científicos y gobiernos a unirse en la defensa de nuestro patrimonio natural".

Más que una historia individualChamarrita no es sólo un aguará guazú que volvió a caminar libre. Su caso marca la primera liberación formal de esta especie en Entre Ríos dentro de un programa técnico aprobado.

Desde la reserva recuerdan que no representa ningún peligro para las personas: no es un animal agresivo ni ataca al ser humano. Por el contrario, su presencia debe ser celebrada como un signo positivo para la salud de los ecosistemas.

El monitoreo satelital permitirá ahora conocer más sobre sus recorridos, su capacidad de adaptación y su posible aporte para conectar poblaciones aisladas.

Földesi señaló: “En Entre Ríos hay muy poca información sobre el aguará guazú y su seguimiento nos permitirá aportar datos valiosos para la conservación de la especie”.

El regreso de Chamarrita al paisaje entrerriano no solamente es la recuperación de un animal: es un llamado a cuidar los ambientes naturales que muchas especies necesitan para sobrevivir.

Una especie única y protegidaSu nombre científico es Chrysocyon brachyurus y es el cánido más grande de Sudamérica. Su nombre significa "zorro grande" en guaraní, aunque no es ni un zorro ni un lobo, sino una especie única. Tiene patas largas, pelaje rojizo y una melena negra en el lomo que se eriza cuando se siente amenazado.

Habita principalmente en los pastizales, sabanas y humedales de Brasil, Paraguay, Bolivia y el norte de Argentina, incluyendo algunas zonas de Entre Ríos. Es un animal solitario, de hábitos crepusculares y nocturnos, que se alimenta de pequeños vertebrados, insectos, huevos y frutas, entre ellas la "fruta del lobo", esencial para su dieta.En Entre Ríos, está protegido como Monumento Natural Provincial, una categoría que prohíbe su caza, captura o tenencia. Las principales amenazas para la especie son la pérdida del hábitat, los atropellamientos y los ataques de perros.

El Aeroclub Gualeguaychú es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 1942 y es atípica en el país: no sólo funciona como centro de formación aeronáutica, sino que además es propietaria del predio donde está emplazado el aeródromo local. A diferencia de lo que sucede en otras localidades, donde los terrenos pertenecen a diferentes estamentos del Estado, en la ciudad, a través de donaciones y subsidios nacionales, el Aeroclub logró consolidar la titularidad del terreno y parte de su infraestructura.

“La propiedad es del Aeroclub, pero el uso es público. Nosotros no nos podemos negar a que se realice periódicamente la actividad aeronáutica. Es de uso público, tanto para el Estado como para los privados”, explicó a Ahora ElDía Carlos Ávalos, presidente de la asociación civil. Esta condición fue clave para que, en la década del 60, el Estado nacional decidiera construir una pista asfaltada de 1.300 metros de largo por 30 de ancho. La idea era conectar Gualeguaychú con Buenos Aires cuando todavía no existían los puentes y contar con una infraestructura útil en casos de emergencia o inundación.

Hasta 2007, la administración del espacio aéreo estuvo a cargo de la Fuerza Aérea. Luego, por decisión del Gobierno nacional, se creó la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), encargada de la seguridad en tierra, y la EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea), responsable del tránsito aéreo. Además, el Servicio Meteorológico Nacional opera en el lugar una estación que suministra datos locales y nacionales.

Operativo, pero limitado

Actualmente, el aeródromo sigue en funcionamiento, pero con restricciones. Solo pueden aterrizar aviones a hélice o turbohélice. Las aeronaves con motor a reacción —como los jets sanitarios del Incucai o vuelos ejecutivos— no están habilitadas debido al deterioro superficial de la pista: “La base está intacta, el problema es la capa superior. Se necesita un riego asfáltico, que no es una obra mayor”, indicó Ávalos. 

La falta de mantenimiento comenzó a sentirse con fuerza a partir de 2021, cuando el Aeroclub debió empezar a cubrir con fondos propios tareas que antes asumía el Estado: “Hasta ese momento, nunca habíamos tenido que destinar recursos al mantenimiento de la pista. Era una inversión que siempre cubría el Estado. Pero al no haber más aportes, asumimos la responsabilidad desde la Comisión Directiva”.

Su financiación proviene, principalmente, de las cuotas de sus socios y la actividad de su escuela de pilotos. En 2023 se recibieron seis con licencia de Piloto Privado de Avión (PPA) y para mediados de 2026 se espera una nueva camada de entre cinco y diez egresados. “Nuestra escuela está habilitada para la formación inicial. Después, los alumnos pueden continuar con las licencias comerciales”, comentó.

Ante la falta de financiamiento público, la Comisión Directiva comenzó a afrontar costos operativos con recursos propios: “Desde entonces asumimos tareas como barrido, corte de pasto, pintura de demarcación y reparación de elementos básicos de seguridad. Lo hacemos con fondos que salen del club, que ya de por sí no son abundantes”, explicó.

Una señal de ese esfuerzo fue la reapertura de la pista luego de su clausura temporal. La rehabilitación se logró por aportes privados y donaciones, entre ellas un sistema de balizamiento donado por el Aeródromo de Concordia. Actualmente, trabajan para reactivar el sistema de luces nocturnas, aunque resta adquirir un grupo electrógeno para cumplir con los requisitos técnicos exigidos por ANAC: “Sin grupo electrógeno no se puede habilitar el sistema de noche, porque no podemos depender únicamente de la red eléctrica”.Con 100 millones, una pista funcional

Ávalos asegura que, con una inversión de 100 millones de pesos, la pista quedaría operativa al 100%: “Ese monto es lo que vale una camioneta. No hablamos de una cifra inalcanzable. Es lo que se necesita técnicamente para que puedan aterrizar y despegar todo tipo de aeronaves: vuelos turísticos, sanitarios, comerciales o de emergencia”.

La estimación se basa en relevamientos de ingenieros civiles, funcionarios municipales y personal de Vialidad, que coinciden en que la intervención debe realizarse únicamente sobre la superficie. “No hay que rehacer la pista, sólo aplicar un riego asfáltico”, remarcó.

La obra permitiría el regreso de vuelos sanitarios, como los del Incucai y abriría la puerta a conexiones turísticas o comerciales dentro del Mercosur. “Ya hay empresas en Paraguay, por ejemplo, que vuelan semanalmente a Salto con aeronaves de 50 plazas, del mismo porte que podrían operar acá. Con la pista en condiciones y la reforma del Código Aeronáutico que habilita cielos abiertos, podríamos integrarnos a ese circuito”, sostuvo.Un aeródromo con proyección regional

La llegada reciente de un vuelo privado desde Uruguay fue autorizada de manera excepcional, tras gestiones realizadas ante ANAC y EANA. Aunque no hubo personal aduanero presente en el lugar, la experiencia demuestra que, en caso de habilitarse los vuelos regulares, se podría coordinar su presencia como la de Migraciones únicamente los días de operación, según Ávalos, quien también mencionó la posibilidad de que Gualeguaychú se sume a esquemas de vuelos triangulados, como los que hoy vinculan Aeroparque, Tandil y Olavarría. En ese marco, planteó que podrían combinarse circuitos turísticos, comerciales o sanitarios. “No hablamos de algo utópico, ya hay ejemplos funcionando, sólo falta voluntad política”, dijo.

Consultado sobre el circuito que debería funcionar para que las inversiones desemboquen en la puesta de valor de la pista, aseguró: “El Aeroclub vendría a ser el explotador del predio. Ese importe debería llegar al Aeroclub para que haga la mejora. Y, además, el Estado ya intervino en la construcción porque es una infraestructura de uso público. Por eso creo que estaría obligado a tenerla en condiciones. No es privado ni está cerrado: no podemos negarle el aterrizaje o despegue a nadie”.Más que vuelos: un centro estratégico

Además de su rol aeronáutico, el Aeroclub ha sido sede de entrenamientos del Plan Nacional de Manejo del Fuego y punto clave durante situaciones de emergencia. También organiza actividades de promoción aérea: el próximo 20 de julio celebrará su 83° aniversario con vuelos promocionales abiertos al público a un costo accesible: “Tenemos estrecha relación con todo tipo de actividades de la ciudad. Es demasiado importante el aeroclub y la pista en sí misma”, expresó Ávalos, al destacar el potencial del aeródromo para el turismo, la emergencia sanitaria y la formación profesional.

La Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE) emitió recientemente una circular que solicita a las direcciones departamentales la evaluación de los centros educativos y sus respectivas plazas docentes. El objetivo, según establece el texto oficial, es avanzar en un proceso de “refuncionalización”. Esta disposición ya tiene un impacto concreto en Gualeguaychú, donde se encuentran bajo análisis cuatro centros educativos (El Nº 124, Nº386, Nº 388 y el Centro Comunitario 1), lo que generó un cruce de posturas entre Agmer y las autoridades educativas.

Estos centros educativos son espacios que brindan educación primaria a personas jóvenes y adultas que, por diversas circunstancias, no pudieron concluir sus estudios dentro del sistema tradicional. Funcionan con docentes de nivel primario, en general a cargo de grupos plurigrado, y se ubican en edificios escolares o comunitarios. Además de los contenidos curriculares, muchos de ellos incorporan talleres de oficios, como cocina o huerta, en los que los estudiantes adquieren herramientas laborales.

Natalia Zucol, secretaria general de Agmer Gualeguaychú, expresó en diálogo con Ahora ElDía su rechazo a la medida y aseguró que, lejos de una reorganización, lo que está ocurriendo es un cierre de espacios educativos. “Lo que podemos corroborar es el cierre de esas plazas. La circular dice ‘cese al 30 de junio’. No es una refuncionalización, sino un cese”, afirmó. La dirigente explicó que esta decisión implica la desvinculación inmediata de docentes que habían optado por esos cargos para todo el año, sin una propuesta alternativa de reubicación ni para ellos ni para sus alumnos.

Según el relevamiento gremial, hay al menos dos centros afectados que funcionan en el CIC Perigan, con una matrícula de 12 estudiantes. “Estas personas eligieron terminar su primaria y de un día para otro se quedan sin clases. Si se quisiera reorganizar, tendría que hacerse durante el receso, no a mitad de año. Es una falta total de respeto tanto para los docentes como para los alumnos”, aseguró Zucol. Y agregó: “Este es uno entre otros recortes de presupuesto. También despidieron a los OP, que son el nexo entre el Plan Provincial de Alfabetización y las escuelas. A muchos no sólo les cortaron el contrato, sino que ni siquiera les van a pagar los meses que ya trabajaron. Esta medida pone en evidencia una contradicción entre el discurso oficial y las decisiones concretas: por un lado, promocionan el plan de alfabetización, y por el otro, desarman los equipos que lo sostienen”, señaló.

Por su parte, también en diálogo con Ahora ElDía, la directora Departamental de Escuelas, Natalia Báez, explicó que la circular no ordena un cierre, sino una evaluación con miras a una mejor asignación de los recursos disponibles. “Lo que surge es la necesidad de optimizar y refuncionalizar, en este caso plazas docentes interinas. No hay una necesidad de cerrar centros”, aseguró. 

Báez enmarcó la medida en un contexto provincial de escasez de recursos materiales y humanos, y explicó que el proceso forma parte de una gestión basada “en evidencia”, uno de los ejes del proyecto pedagógico del CGE. Asimismo, explicó que el objetivo es revisar si algunos maestros podrían estar asignados en espacios donde resulten más operativos o útiles en función de las trayectorias educativas. Como ejemplo concreto mencionó que, en Gualeguaychú, existen dos instituciones en las que funcionan cuatro centros educativos, es decir, dos por edificio y en el mismo horario: “Me parece lógico preguntarnos qué tan funcional es tener dos centros en un mismo edificio”.

La funcionaria enfatizó que el proceso de evaluación no tiene por objetivo afectar derechos ni perjudicar a las comunidades. “No leo ningún tipo de animosidad en ninguna decisión tomada por la Dirección de la Modalidad de Jóvenes y Adultos. Estamos trabajando en una evaluación seria, a conciencia, basada en el plan educativo provincial, pero sobre todo en el cuidado de las trayectorias de los estudiantes”.

Ante las versiones sobre posibles ceses, Báez aclaró que las plazas involucradas son interinas —no titulares— y que el resultado de la evaluación podría incluir reubicaciones. “¿Es posible que el cese de una plaza desafecte a un docente de un centro educativo? Sí. Eso no significa indefectiblemente que se quede sin trabajo”. En ese sentido, detalló que la decisión final la tomará el CGE y la Dirección de Jóvenes y Adultos, pero que su prioridad es que no haya estudiantes excluidos: “Asumo el compromiso de que ningún estudiante inscrito hoy en un centro educativo se va a quedar sin la posibilidad del cursado, incluso en el lugar en el que eligió formarse”, afirmó.

Consultada sobre la posición de Agmer, Báez señaló que no hubo contacto directo para dialogar sobre la medida. “No se acercaron a hablar conmigo. Recibí una nota del gremio en la que se me insta a abstenerme de cumplir con lo solicitado por la Dirección de Jóvenes y Adultos, pero más allá de eso, no tengo información directa sobre lo que han planteado públicamente”, comentó.

Desde Agmer, en tanto, advirtieron que la medida genera una fuerte inestabilidad laboral y educativa. “Los docentes hoy se quedan sin trabajo y los estudiantes, sin espacio de aprendizaje. Esto vulnera un derecho social, como es el derecho a la educación”, expresó Zucol. 

La Legislatura entrerriana avanza con una modificación a la Ley de Juicio por Jurados Nº 10.746, vigente desde 2019, que podría recortar sensiblemente el acceso ciudadano a decidir en los procesos penales más graves.

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo y con dictamen favorable en Diputados, propone restringir la competencia del juicio por jurados a los delitos cuya pena máxima estimada sea de 21 años o más. De aprobarse, cambiaría la modalidad vigente, en donde todo delito cuya pena máxima sea igual o mayor a 20 años puede ser juzgado por ciudadanos comunes. La diferencia parece mínima, pero en los hechos dejaría afuera a una gran cantidad de causas que hoy sí acceden a este procedimiento, como por ejemplo los abusos sexuales agravados, que tienen una escala penal de hasta 20 años.

“El gran cambio está en el ‘más de 20 años’. Hoy, cualquier delito cuya pena máxima sea de 20 años entra. Con la reforma, sólo los que lo superen serán juzgados por jurados”, explicó el fiscal Lisandro Beheran, coordinador de fiscales de Gualeguaychú, en diálogo con Ahora ElDía.

De aprobarse la reforma, a los jurados populares sólo le quedarían los casos más extremos. “Homicidios y hechos de esas características. Si tomamos ‘hasta 20 años’, el delito más grave es el de abuso sexual. Este desaparecería de la lista, así como desaparecen otros también”, explicó Beheran.

Desde distintos sectores judiciales, académicos y de derechos humanos ya se pronunciaron en contra de la modificación. El Instituto de Derecho Penal de Entre Ríos, la Asociación de Pensamiento Penal, la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer), entre otros, emitieron un comunicado conjunto en el que señalaron que la reforma es “ilegítima e inconstitucional”, y que desnaturaliza los avances logrados en participación ciudadana en la Justicia Penal. Denuncian que se busca instalar una “justicia clasista”, al restringir el juicio por jurados a un número muy acotado de delitos.

Beheran reconoció que el proyecto surge por una dificultad real: “Hay ciudades grandes, como Paraná y Concordia, en que la cantidad de causas elevadas a juicio por jurados supera la posibilidad de llevarlas a cabo. Esto es así porque se requieren una mayor cantidad de medios técnicos y humanos que nunca fueron contemplados. Cuando se dispuso la Ley no se incrementó ningún plantel, ni de funcionarios ni de empleados. Este tipo de juicios requiere una infraestructura”. A lo que agregó: “En ciudades grandes hay retrasos de más de un año o de dos para hacerlo. Esa problemática en ciudades menos pobladas no se percibe”.

Desde su implementación en Gualeguaychú en 2021, se realizaron treinta juicios por jurados. Actualmente hay entre cinco y diez causas en espera. Pero según el Fiscal, en la ciudad no se replica el problema en cuanto a la demora en la realización de los juicios como se experimenta en Concordia o Paraná.

Beheran explicó que en Gualeguaychú no se han registrado grandes inconvenientes de funcionamiento: “Sólo tuvimos par de juicios estancados”, aseguró. Entre los que se puede contar con el caso conocido como “el garrapiñero”. En esa oportunidad, se consideró que el jurado no logró unanimidad y por eso se debe repetir.

En total, de los treinta juicios realizados, sólo uno terminó con un veredicto absolutorio y el resto concluyó con condenas por unanimidad. “No hay una tendencia marcada ni a condenar ni a absolver”, aseguró consultado sobre si esta modalidad de juicio favorece algún tipo de resolución por sobre otras.

En términos presupuestarios, los juicios por jurados son más costosos. Según Beheran, cada uno cobra aproximadamente 100 mil pesos por día. A esto se suman los gastos logísticos, de seguridad, traslados y alojamiento, especialmente si se trata de ciudades del interior.

Consultado sobre la posibilidad de que esta reforma avance, Beheran evitó opinar sobre decisiones legislativas, aunque señaló: “El punto central es que, de aprobarse, cambiaría la competencia. No se elimina el juicio por jurados, pero sí se restringe. Muchas causas que hoy ingresan ya no lo harían”.

En concreto, delitos como el abuso sexual con acceso carnal o con agravantes —que hoy son juzgados por jurados por tener una pena máxima de 20 años— volverían al sistema de juicio técnico, es decir, serían juzgados exclusivamente por jueces. La crítica de los organismos que salieron al cruce de la reforma es que esto recorta el derecho de las víctimas a que su caso sea juzgado por un jurado popular y reduce el control ciudadano sobre el Poder Judicial.

Otra preocupación que se plantea es la forma en que se introdujo el debate. Las organizaciones que rechazan la reforma señalan que no hubo una discusión pública amplia ni participación de expertos ni audiencias abiertas. Por eso la califican de “ilegítima”, más allá de su constitucionalidad.

De concretarse la modificación de la ley, Entre Ríos pasaría a tener uno de los sistemas de juicio por jurados más limitados del país, restringido sólo a delitos gravísimos y que dejaría fuera a un universo importante de causas que, hasta ahora, venían siendo juzgadas con participación ciudadana.

Juicios por juradosEl juicio por jurados fue reglamentado en Entre Ríos por la Ley N.º 10.746, sancionada en 2019 y puesta en práctica tras la pandemia. Se basa en el sistema anglosajón, con un tribunal integrado por 12 ciudadanos titulares y 4 suplentes, que deben llegar a un veredicto por unanimidad. Su implementación fue celebrada como un hito democratizador en el Poder Judicial, al permitir que ciudadanos comunes participen directamente en la decisión sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados en delitos graves.

El dato estadístico duro es que por primera vez en la historia el consumo per cápita del pollo superó a la carne de vaca. Esto, en un país en donde su identidad tradicional y culinaria está tan fuertemente atada a su consumo, no es un detalle menor, si no el reflejo de la crisis económica que atraviesa a todos los sectores de la sociedad y se mete de lleno en las mesas argentinas. Por supuesto, los vecinos de la ciudad, no son la excepción.

El otro factor que influye, pero en menor medida, en el fenómeno tiene que ver con nuevos hábitos de consumo relacionados a la salud, el deporte y la estética. La creciente tendencia de los gualeguaychuenses a realizar actividades deportivas orientadas al desarrollo muscular, entre lo que podemos nombrar a los gimnasios, el fitness, clases de funcional y CrossFit, entre otros, también promueven el consumo de carne blanca como fuente de proteína que se adapta a diversas modalidades de cocción. En este sentido, se puede incluir también el creciente uso del huevo como principal ingrediente en las cocinas.

Consultados por Ahora ElDía, comerciantes de la ciudad dieron su impresión sobre esta nueva tendencia de consumo y qué implicancia tiene para ellos en el día a día.

Todos coincidieron que uno de los factores más determinantes es el precio, aunque puede haber diferencias si es una granja, una carnicería o las góndolas de un supermercado, hoy está muy por debajo de lo que cuesta la carne vacuna. En la ciudad, el kilo de pollo entero se ubica entre los $3.000 y $3.600, mientras que un combo de tres kilos de pata muslo va desde los $8.500 a los $9.600. En el caso de la suprema, el corte más caro por su procesamiento, el kilo llega a superar los $9.000. Respecto a las alternativas más económicos como alas y carcazas, muy utilizadas para caldos o sopas en hogares donde cada peso cuenta, se encuentran ofertas por dos kilos entre los $3.500 y los $4.000. A esto se le suma las milanesas ya preparadas que también inclinan la balanza en la elección de los consumidores de la ciudad.

Matías de la carnicería La Colonia aportó una síntesis precisa sobre la relación en cuanto al precio: “El kilo de pollo está a un cuarto de lo que cuesta en promedio uno de carne vacuna: por ejemplo, el pollo ronda los $3.000 y el de vaca promedia entre los $10.000 y los $12.000”. Y agregó: “En general hay menos consumo, pero no sólo lo notás en el rubro alimenticio, sino en todos los comercios. Se consume menos, se trata de comer bien, pero buscando alternativas y en esta tendencia lo más castigado hoy es la carne vacuna”.

Desde Bonnin, pollería mayorista y minorista, aseguran que la demanda es alta: “Vendemos entre 20 y 25 mil kilos por semana, entre todos los cortes”, explicó Marcelo, responsable del comercio, quien también destacó un cambio en el escenario general.

Alejandro de la carnicería Don Diego afirmó: “El cliente lleva lo más económico: alitas y pata muslo. Lo que menos sale es la pechuga, porque es el corte premium del pollo. Hace varios meses que se viene consumiendo mucho más pollo que carne. Cuando llegan al mostrador, vienen decididos, saben qué van a comprar, pero siempre preguntan los precios, los comparan y se deciden por el pollo”.

Por su parte, Romina de Soychú ratificó la tendencia de los consumidores: “Optan por el pollo y aprovechan las ofertas, por ejemplo, pata muslo que se vende por tres kilos. Se lo llevan para la parrilla, para hacer al horno o para incluir en estofados. Hay clientes que cuentan que sólo pueden comprar carne de vaca una vez cada tanto y por eso lo suplantan por el pollo. Lo que noto también es que compran para el día, se terminó eso de llevar para toda la semana”.

José de la carnicería La Cabaña también observó un descenso general en el consumo: “Se vino abajo el poder adquisitivo de todos y por eso compran menos o achican las cantidades que se llevaban u optan por cortes más amables al bolsillo. Muchos clientes me cuentan que no llegan con el dinero y acá lo noto: se terminaron los asados de todos los domingos o eso de hacer una compra para varios días. Obligados por la situación económica, la gran mayoría tuvo que cambiar tanto el tipo de carne”.

El aporte nutricional del pollo

La carne de pollo cuenta con los nutrientes necesarios para el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de nuestro organismo. Al presentar fácil la remoción de la mayor parte de sus grasas, resulta una carne con bajo contenido calórico. La pechuga en particular es el tejido muscular que se encuentra en mayor proporción y es uno de los cortes de carne más magros del mercado. Asimismo, sus grasas insaturadas ayudan a proteger la salud del corazón; entre ellas está el ácido linoleico, un tipo de grasa esencial que no es fabricada por nuestro cuerpo y por ello es necesario incorporarla a través de los alimentos que la contienen.

Entre las vitaminas se encuentran las del complejo B, necesarias para llevar a cabo importantes funciones en el cuerpo, y minerales como el hierro, que ayuda a transportar el oxígeno a todas las células, siendo fundamental para el buen funcionamiento del cerebro y rendimiento físico; el fósforo, que forma parte de los huesos y dientes, y el zinc, esencial para los procesos de crecimiento y defensa del organismo.

La licenciada en nutrición Analía Paniagua explicó que desde el punto de vista nutricional las diferencias entre carnes son mínimas: “El pollo es una carne de origen animal y, por lo tanto, la calidad proteica es muy parecida. Son todas proteínas de alta calidad. Lo que tiene de diferente en cuanto a sus proteínas es que son más fácilmente digeribles en el caso del pollo. La digestibilidad es mucho más fácil de lograrla con las carnes blancas. La pequeña diferencia que puede haber es en el contenido de hierro, pero también es mínima. Hay dos miligramos de hierro por cada 100 gramos de carne vacuna, y en comparación, el pollo tiene 1,5 en promedio. Si exageramos, podríamos decir que contiene la mitad, pero de todos modos es suficiente para el aporte que necesitamos”.

Con la llegada del invierno, el consumo de gas envasado vuelve a ocupar un lugar central en la economía de muchos hogares gualeguaychuenses. La garrafa de 10 kilos, la más utilizada, no solo se mantiene como un insumo imprescindible, sino que también se ha encarecido considerablemente en el último año. De acuerdo al relevamiento realizado por Ahora ElDía, su valor se incrementó hasta un 70% entre junio de 2024 y junio de este año, muy por encima de la inflación estimada hasta abril (último mes del que se tienen datos disponibles) que fue del 47,3%, según datos oficiales del Indec.

A mediados del año pasado, el precio en puerta rondaba los $7.500, según el punto de venta, mientras que con envío a domicilio alcanzaba los $10.500. Hoy, esos mismos valores treparon a $13.000 y $17.000, respectivamente, con algunas mínimas variaciones según la distribuidora, sobre todo en lo que refiere al recargo por costos de distribución a los hogares. Cabe destacar que la mayoría de las ventas se realiza en las puertas de los comercios, ya que las familias eligen alivianar el bolsillo con esta modalidad. 

Desde una de las distribuidoras de la ciudad explicaron que “el gran salto se dio en el verano, cuando se desreguló el precio; ahí se disparó y desde febrero se mantiene estable”. Y agregaron: Pensábamos que en junio iba a subir más, pero por ahora no ha pasado”. 

A pesar de la estabilidad reciente, no descartan nuevos incrementos a medida que avance el invierno y aumente la demanda estacional.

Según la Dirección de Índices de Precios de Consumo, el nivel general de precios acumuló en abril una variación del 11,6% en lo que va del año y del 47,3% interanual. Frente a estos números, la suba de la garrafa resulta significativamente mayor, situándose en un 73% para el caso del precio con entrega a domicilio.

Desde otra de las distribuidoras locales, detallaron: “En junio de 2024, la de 10 kilos costaba $7.500 en puerta y $10.500 a domicilio. Hoy la vendemos a $13.000 en puerta y $17.000 con envío. Es una suba importante, pero si se lo compara con otros combustibles como la nafta que aumentó un 300% en el mismo lapso, el gas envasado ha tenido un incremento más razonable”.

Un consumo que se mantiene, pero con cambios

A pesar de los aumentos, la garrafa sigue siendo un recurso insustituible para gran parte de la población. “Cuando hace frío la gente la compra igual, quiera o no. No se puede cocinar ni calefaccionar la casa sin gas”, sostuvieron desde otra distribuidora de la ciudad. Sin embargo, los volúmenes de venta sí se vieron afectados el año pasado: el consumo de gas envasado cayó un 14% a nivel nacional respecto al 2023. En lo que va de 2025, se habría recuperado apenas un 5%, lo que refleja un uso más medido de los usuarios.

La caída no sólo se explica por la pérdida de poder adquisitivo, sino también por la estacionalidad y por decisiones de consumo más conservadoras. Todos los consultados coincidieron que “los usuarios controlan y cuidan más la duración de la garrafa”.

En cuanto a las perspectivas para el comienzo del invierno, aseguraron que, si bien no hay aumentos inminentes anunciados, podrían llegar en las próximas semanas. “El precio está estable desde mediados del verano, pero en invierno suele tener un ajuste que dependerá de si hay presión sobre el precio internacional o si se vuelve a remarcar en el mercado interno”.

En abril, el Gobierno nacional volvió a subir los precios de referencia para las garrafas, aunque en la práctica, al estar desregulado el mercado, estos valores funcionan más como orientativos. Las empresas acuerdan entre sí y con sus proveedores los precios finales, sin una regulación estricta.

En Gualeguaychú, más del 40% de los alumnos de niveles iniciales, secundarios y terciarios concurren a escuelas públicas de gestión privada, instituciones que reciben un aporte estatal para cubrir el 80% o el 100% de los sueldos docentes en aquellas materias que forman parte del ciclo lectivo obligatorio. Es una subvención parcial y es por esto que la cuota final que pagan los padres está compuesta por distintas categorías. 

Más allá de los acuerdos que los padres hayan establecido con las instituciones privadas para el resto de las materias optativas y el mantenimiento del edificio en general, el Consejo General de Educación de la provincia autorizó una suba del techo específicamente en el ítem que se refiere a la parte subvencionada que va destinada al pago total o parcial de los docentes que cubren las materias obligatorias. Aunque suene un poco confuso, aún los colegios “subvencionados al 100%” contemplan un pago por situaciones en que el total de los docentes o cargos mínimos intermedios implicados en las tareas no estén del todo reconocidos en la subvención. 

Este aumento, que comenzó a regir retroactivamente al 1 de abril de este año, contempló un incremento total de las cuotas a $16.000 para los niveles Inicial y Primario, $24.500 para el Secundario y $35.500 para la Educación Superior en el caso de los establecimientos que cuentan con un 100% de subvención.

En el caso de los pocos establecimientos que cuentan con hasta un 80% de aporte estatal, los topes permitidos son más elevados: $22.000 para los niveles Inicial y Primario, $32.000 para el Secundario y $62.500 para la Educación Superior. 

Consultada por Ahora ElDía, la Directora de educación de gestión privada de Entre Ríos, Judith Trembecki, explicó el porqué del aumento y cómo se implementa: “La resolución tiene fecha abril de este año. O sea que en mayo ya se podría haber aplicado en algunas instituciones. Y si no, a partir del mes próximo, depende de cada una. Esa regulación, lo que hace justamente es fijar un máximo y en general la actualizamos a inicios de cada año. De igual manera, no quiere decir que todas las escuelas pongan ese máximo. Pueden optar por poner otro monto en la cuota”. 

En cuanto a la naturaleza del ítem, aclaró que sólo se trata de las materias incluidas en el programa de educación obligatorio o programático. “En las escuelas de gestión privada, la oferta educativa a veces es más amplia que una de gestión estatal o pública. Es decir, la escuela puede estar ofreciendo una profesora de inglés o de informática, por ejemplo, que no está en la currícula de primaria. De hecho, es lo que diferencia muchas veces la oferta privada en algunas circunstancias. Entonces, esos valores de la tarea docente o de todo lo que implique para la institución ese desarrollo de la actividad, está por fuera de este tope establecido”. 

Consultada por el resto de los ítems que constituyen una cuota final, aclaró: “Hay que considerar que, si la escuela tiene un porcentaje de subvención, lo que recibe del Estado en este caso son los aportes para los sueldos docentes; el resto lo paga la institución: servicios de internet, teléfono, luz y gas”. 

Sobre el motivo de la suba, aclaró: “El año pasado se hicieron dos actualizaciones, lo que es inusual, pero justamente para poder adecuar un poco más los montos. Siempre cuidando lo que es fundamental: el impacto en las familias. El Estado subvenciona, por poner un ejemplo, a la directora, pero no subvenciona a las maestras. Entonces, el costo de sueldos y aportes de esas maestras lo tiene que asumir la entidad propietaria en este caso. Pero a esa entidad se le rige el tope de 16 mil pesos”, explicó la funcionaria. Reflejo en las cuotasComo el aumento estipulado por la resolución solamente atañe a las cuestiones programáticas, el monto total de la cuota depende más de los otros ítems extraprogramáticos. Es por esta razón que cada colegio lo maneja de forma diferenciada. 

Jorgelina Covre, rectora del Instituto Nuestra Señora de Guadalupe, aseguró que a partir de junio la cuota del nivel secundario pasó de $37.000, el cual estaba congelado desde principio de año, a $41.000 que se abonará a partir de junio. 

Esta cuota engloba tanto el ítem programático que sufrió la suba como lo extraprogramático. Sobre el tope total de la cuota final, aclaró que, si bien no existe un control formal, el Consejo General de Educación realiza consultas y cuida que no haya excesos. 

Por su parte, el colegio Pío XII, también registró nuevas subas a su cuota. Sonia Dunatt, su directora de primaria, aclaró que el incremento implementado por el CGE impacta sobre el importe final, no lo hace de manera directa. “Siempre subimos un poco dos veces al año, pero no con importes altos, ya que queremos acompañar a las familias”, aseguró. 

La ciudad de Gualeguaychú fue seleccionada para recibir financiamiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial (UNRSF) con el objetivo de llevar adelante un plan integral de ordenamiento territorial orientado a mejorar la seguridad vial. El proyecto, ya aprobado por la ONU, fue diseñado por la Licenciada en Ciencias Sociales y especialista en desarrollo territorial y urbano Silvina Cabrera. Fue en el marco de su trabajo final para la Maestría en Desarrollo Territorial y Urbano de la Universidad Nacional de Quilmes.

El plan contempla una serie de intervenciones orientadas a reducir la siniestralidad en el tránsito urbano. Entre otras medidas, incluye el rediseño de zonas de alto riesgo, la incorporación de señalética adaptada, la creación de ciclovías y zonas de baja velocidad, la adaptación de espacios para personas con discapacidad, y la implementación de campañas de concientización. También se prevé la creación de un Observatorio Vial Municipal, que permitirá recolectar y analizar datos actualizados para planificar políticas públicas más eficaces.

“La financiación efectiva se va a hacer a través de la Universidad de Quilmes, como institución que respalda mi trabajo. Existe en este momento una nueva revisión de las condiciones y los fondos, que debían estar disponibles para fin de año o principios del 2026, pueden ser que se demoren unos meses más hasta que la situación se destrabe. De igual manera, la idea es ir avanzando en la articulación de las instituciones locales. Ya teniendo la aprobación del proyecto podemos trabajar a partir de julio, así que se va a empezar a trabajar con las reuniones con el diagnóstico efectivo. Si bien ya hay un diagnóstico prioritario, también se va a trabajar ahora con las distintas instituciones, entonces vamos a tener un segundo diagnóstico real”, explicó Cabrera.

Asimismo, adelantó que, debido a las complejidades de la planificación y la participación entre distintas instituciones, se conocerán detalles sobre el monto específico que será invertido en la ciudad una vez que el proyecto se encuentre en etapas más avanzadas.

La ejecución del proyecto requerirá una articulación amplia entre organismos públicos, académicos y sociales: “Estarán involucrados la Universidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Observatorio Vial y el Ministerio de Transporte de la provincia, la Dirección de Tránsito municipal e instituciones que trabajan en esta temática: Aciverjus, familiares de víctimas, la Asamblea CERR 20 y otras entidades que ya aportan estadísticas. También se prevé el involucramiento del sistema judicial, la policía y el Hospital Centenario. La convocatoria a todas estas instituciones se formalizará a fines de junio mediante un evento en la ciudad, en el que se presentará el proyecto y se definirán los mecanismos de cooperación”, explicó Cabrera.

Una dimensión destacada del proyecto será la inclusión de personas con discapacidad. “Va a haber una especial intervención de las escuelas técnicas a través de fabricación de dispositivos para la discapacidad que tengan que ver con la seguridad vial”, afirmó. Esta tarea se realizará en articulación con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que capacitará a estudiantes y docentes. Entre los dispositivos a desarrollar figuran señalética en braille para cruces peatonales, cartelería con alto contraste visual y semáforos con sistemas auditivos.

El plan tendrá una duración estimada de dos años, desde julio de 2025 hasta 2027. Durante ese período se elaborarán tres informes de avance que serán remitidos a la ONU, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a la Municipalidad. Finalizado el proyecto, se entregará un informe conclusivo con el análisis de los datos estadísticos relevados antes y después de la implementación de las medidas.

El proyecto aprobado busca responder a los desafíos de una ciudad que ha visto crecer su parque automotor en un contexto de urbanización desordenada e infraestructura vial deficiente. A través de la articulación interinstitucional y la implementación de políticas públicas sostenidas, la propuesta apunta a reducir la siniestralidad en al menos un 20%, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por Naciones Unidas.

Todos conocemos, en menor o mayor medida, las catastróficas consecuencias que tuvo el último temporal que azotó la provincia de Buenos Aires durante el tercer fin de semana de mayo. En tan sólo 72 horas, se registraron precipitaciones acumuladas entre 300 y 400 mm, las que superaron ampliamente el promedio mensual habitual de 43 mm. En San Antonio de Areco, las lluvias alcanzaron los 260 mm en apenas 24 horas, una cifra calificada como “inusual” por las autoridades locales.

Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras: más de 7.000 personas debieron ser evacuadas en zonas rurales al norte de Buenos Aires, incluyendo localidades como Zárate, Arrecifes y Ramallo. Las rutas nacionales 8, 9 y 12 (la que incluye el complejo de puentes que unen la provincia con Buenos Aires) sufrieron cortes totales en varios tramos debido al anegamiento, dejando vehículos varados y comunidades aisladas. La situación se agravó por la combinación de lluvias intensas, la crecida del río Paraná y el fenómeno de sudestada, que impidieron el rápido drenaje de las aguas. 

Un cambio de era

Para darle un contexto a lo sucedido, Daniel Hernández, experto en climatología y exdirector de Defensa Civil, explicó que estamos experimentando fenómenos climáticos alterados y sin antecedentes. “Lo que estamos observando en los últimos 20 años es un cambio climático producto del calentamiento global. Estamos reteniendo mucha cantidad de calor y, a su vez, estamos generando comportamientos atmosféricos distintos a los registrados. Es decir, los modelos que se han tomado en base a hechos anteriores cada vez tienen menos vigencia de repetición porque los fenómenos se van multiplicando y se van modificando”, aseguró. A lo que agregó: “Tenemos un calentamiento global que va a producir, según el Servicio Meteorológico Nacional, un invierno más cálido que todos los anteriores; eso ya lo venimos observando en los últimos años, pero con la aparición de fenómenos que pueden ser extremos, como éste, en forma aislada y hasta imprevistos”.

Sobre lo que desencadenó la tormenta en Buenos Aires, puntualizó: “En el caso de Zárate, lo que se produjo fue un bloqueo atmosférico, fenómenos que se vienen desarrollando desde el sur hacia el norte, como tormentas u olas de frío, que entran por el sur patagónico del lado chileno, y se desplazan hacia el centro del país y luego avanzan hacia el norte. En este caso, venía avanzando de norte a sur un frente cálido que frenó un ingreso de aire húmedo proveniente del Atlántico. Cuando sucede ese choque, se producen precipitaciones. Como la humedad era tan importante, aportada por ese ingreso desde el Atlántico, aumentó la precipitación, la cual, como no podía avanzar hacia el litoral (por eso se le llama bloqueo atmosférico), debido a la presencia de temperaturas que ingresaba de norte a sur, quedó estacionado, manteniendo la misma lluvia en el mismo lugar. Esto produjo un fenómeno de 300 a 400 milímetros en 24 horas, que es más o menos lo que debió haber llovido en tres meses”.

Ante este panorama, es inevitable pensar si este fenómeno podría suceder en nuestra ciudad y cuáles serían sus consecuencias. Al respecto, el exfuncionario aseguró: “Podría haberse desplazado, absoluta y tranquilamente 50 kilómetros más arriba y tenerlo sobre nuestra ciudad. Eso podría haber sucedido”. 

¿Y estamos preparados para semejante situación? La respuesta rápida parece ser que sí, pero obviamente con sus bemoles. Hernández aseguró que la ciudad cuenta con un sistema de desagües pluviales lo suficientemente eficientes como para poder drenar hacia el río un hipotético aguacero de 400 milímetros en 24 horas, pero siempre si se supone una intensidad sostenida de unos 30 milímetros por hora y que el nivel del río al momento de comenzar la lluvia esté en valores normales. Esto implicaría trastornos, pero de carácter transitorio: “Podría llegar a haber alguna casa, algún barrio, que pueda tener dificultades de accesibilidad o quedar inundado, pero con esas intensidades las pendientes hacen que el agua pueda escurrir de manera normal. Incluso es probable que, si lloviese 60 o 70 milímetros por hora, podamos tener picos transitorios en los que puede haber acumulación de agua o una corriente en algunas calles más que en otras hacia los desagües de canales que dificulta al peatón en cruzar la vereda, pero habría un escurrimiento muy rápido y no afectaría el ingreso de agua dentro de los domicilios”, aseguró. 

El sistema de drenaje y una obra pendientePara entender un poco el fundamento de sus afirmaciones, Hernández explicó cómo funciona, a grandes rasgos, el sistema de desagües pluviales de la ciudad (ver infografía). Estos se podrían resumir en tres grandes grupos: 

Es justamente esta tercera cuenca la que requiere más atención, según Hernández. “Esa es la gran deuda que tiene Gualeguaychú. Es un proyecto que está pendiente y es muy importante. Eliminaría, en una obra, que llevará dos años de construcción a partir de su inicio, todos los problemas que tenemos de inundación de Urquiza al Oeste, barrio Florida y alrededores. Es importante que a la mayor brevedad se pueden conseguir los fondos para ejecutarla”. 

“Al tema del combustible vos lo podés solucionar, pero los sueldos no se han movido”, aseguró a Ahora ElDía Isaías Irigoytía, dueño de la agencia Este y Oeste de la ciudad. Se refiere a que el cuadro tarifario vigente está intencionalmente cuidado para el bolsillo de la gente, a la cual se le dificulta cada vez más tomar un remís como hacía antes.

Si bien, como asegura, a la bajada de bandera de $600 y la ficha de $125 cada 100 metros “hace rato que la tenemos así”, esto no evita una fuga de usuarios constante. Explica, por ejemplo, que muchos vecinos estudian de antemano cuánto saldría el pasaje a través de la app de la agencia y recortan el recorrido hasta lo que les alcanza. Los días de lluvia la demanda crece, pero sólo para que los alcance hasta la parada del colectivo para achicar costos.

En el mismo orden, Eduardo Sosa, propietario de remises New Flash, aseguró a este medio que ahora “la gente camina más”. “Si el día está lindo, van al trabajo caminando temprano y al mediodía, si ya no les queda otra, se toman un remís. Hay muchos que se han comprado una bici o una moto. Es que claro, los sueldos están muy atrasados”.

Ambos aseguran que las principales empresas de la ciudad se ponen de acuerdo al momento de establecer la tarifa y que se intenta cuidar el bolsillo del vecino. Pero del otro lado del mostrador, la rentabilidad del conductor está en caída libre por diversos factores, como la dificultad que representa afrontar el arreglo de los autos y la fuga de pasajes en lo que consideran que es competencia desleal por parte de aplicaciones que no están reguladas por el municipio y por lo tanto, no deben afrontar los mismos costos fijos que ellos.

Al respecto, Sosa dijo que, por ejemplo, solo el aparato intercomunicador que utilizan en las unidades y es demandado por la legislación vigente, cuesta “mínimo $400.000 o 500.000 pesos”. “Los costos para habilitar un coche están muy altos”, pero en cambio las aplicaciones “operan por las redes y tienen menos gastos fijos”.

Por su parte, Irigoytía enfatizó: “A nosotros como empresa también nos piden todo. Entonces está bueno que si viene alguien a competir, sea quien sea, la aplicación que sea, tengan las obligaciones y los gastos que tenemos nosotros”.

“Está bueno también que haya un lugar donde vos, como cliente, puedas reclamar. Si te olvidás un bolso, si te olvidás una billetera, si te olvidás lo que fuese, o si el conductor te faltó el respeto, saber con quién hablar”, enfatizó. A lo que agregó: “Si tenés un accidente en un vehículo de estas aplicaciones, los mismos no están habilitados. No tenés a quién hacer el reclamo, es solamente el titular del vehículo que está llevando”.

El testimonio de los conductores

Consultados sobre estas problemáticas, los trabajadores de remises de distintas empresas coincidieron en que la competencia de las aplicaciones constituye un acto desleal que agrava aún más una situación de por sí recesiva para la actividad.

“Desde el año pasado el trabajo está muy bajo”, afirmó Lucrecia, conductora de la empresa Oeste. “Ha bajado porque anda la empresa Uber y la empresa Trami, que es como Uber. Trami tiene los valores como nosotros, pero en Uber estás más bajos. Regalan los viajes y después no pueden arreglar los autos. No podemos nosotros arreglar los autos con la tarifa que tenemos, menos ellos”. Aseguró, entre otras cosas, que en realidad la cantidad de vehículos disponibles ha crecido en la ciudad, pero que no son rentables.

Por su parte, José, Luis y Humberto, que están apostados en la terminal, coincidieron en la baja del pasaje, sobre todo por la mala temporada turística, ya que eso repercute directamente en la cantidad de pasajeros.

“La temporada fue muy baja y ahora los colectivos están entrando muy poco y con muy pocos pasajes”, aseguró Luis. En cuanto a la rentabilidad, destaca que arrancan el día en rojo por el pago del canon a las empresas y el derecho a apostarse en la terminal. Sobre la situación en general de los conductores de remises, explicó: “Hay muchas personas que han tenido, por ejemplo, dos o tres vehículos en cada empresa y ahora tiene uno. Esto es peor para el que tiene un chofer, se lleva el 35%. Entonces, ¿qué gana?”

“Para llevarme algo tengo que estar entre 10 y 12 horas arriba del auto. Ni hablar si rompés. Yo hace poquito rompí el auto y me salió 400 mil pesos el arreglo”, explicó.

Por su parte, José comentó que existe malestar también entre las empresas por el clásico robo de pasajeros entre ellos. Explicó que no existe una tarifa unificada para todos, pero que en general tienen el mismo rango de bajada de bandera.

En tanto, Humberto se refirió a la aparición de las aplicaciones y el perjuicio que les provoca: “Es injusto porque nosotros tenemos una ordenanza municipal a la cual cumplimos a rajatabla, como se cumplió toda la vida. Hacemos una verificación técnica y una visual todos los meses. También presentamos un seguro, cuestión que todas esas empresas de transporte trucho no tienen”.

Según él, esto constituye también un peligro para los clientes que los eligen porque “si tienen un accidente no tienen cobertura ninguna”. A lo que agregó: “Ninguna aseguradora te garantiza un auto como uso de transporte de pasajeros si no tenés una habilitación municipal vigente”.