En 2018, la Argentina dio un paso fundamental en materia de derechos con la sanción de la Ley Micaela, una norma que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para quienes trabajan en los tres poderes del Estado. La ley nació como respuesta al femicidio de Micaela García, una joven militante social de 21 años, asesinada en abril de 2017 por un hombre que debía estar preso, pero no lo estaba. Su caso expuso con crudeza cómo la falta de formación en género por parte de operadores del Estado puede costar vidas. De hecho, se celebrará un nuevo juicio contra Néstor Pavón, cuya primera condena fue injusta. En esta ocasión se lo juzgará como coautor del femicidio.

Desde entonces, en todo el país hemos trabajado para promover la implementación de la ley. Y en ese camino, lo que hemos visto de manera sistemática es resistencia. No solo a la formación, sino a reconocer que la violencia por motivos de género no es una anécdota, ni un error, ni una fatalidad: es una estructura. Y para transformarla, necesitamos un cambio cultural que involucre a toda la sociedad, no solo al Estado.

El femicidio, la forma más extrema de violencia por motivos de género, no es un hecho aislado ni el resultado de la locura de un “monstruo”. Es el último eslabón de una cadena de violencias naturalizadas, minimizadas y, muchas veces, legitimadas. Por eso hablamos de violencia estructural y simbólica. Porque antes del golpe, del abuso, de la muerte, existe una cultura que avala –por acción u omisión– que eso ocurra.

Una metáfora que usamos mucho en las capacitaciones de la Ley Micaela es la del iceberg: lo visible es la violencia física, los golpes, las violaciones, los femicidios. Pero debajo de la superficie hay una estructura enorme de violencias simbólicas y culturales que hacen posible esa punta del iceberg. Chistes, estereotipos, publicidades, expresiones que cosifican o degradan, prácticas cotidianas que reproducen la idea de que las mujeres valen menos o están para servir.

Un ejemplo reciente fue un spot publicitario de una estación de servicio en Crespo, Entre Ríos. En el video, una trabajadora "molesta" para el equipo es metida en una bolsa de consorcio y desaparecida en una camioneta blanca, como si eso fuera un chiste. ¿Cómo nadie, en ninguna etapa de ese proceso, pensó que eso podía ser violento? ¿Qué dice de nosotros como sociedad que a tantas personas les parezca gracioso representar una escena que remite directamente al modo en que muchas mujeres han sido secuestradas y asesinadas?

Lo que desde el feminismo proponemos no es censura, ni caza de brujas. Es una mirada crítica, empática y pedagógica. Porque no se trata solo de lo legal, sino de lo cultural. No todo debe ser penalizado, pero sí todo puede y debe ser problematizado. La violencia simbólica, como lo define la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, reproduce mensajes que inferiorizan a las mujeres, que las deshumanizan, y que por tanto allanan el camino a otras violencias más explícitas.

En nuestro país, el Código Penal contempla distintas agravantes para el homicidio. Solo uno de ellos se refiere a la violencia de género. Y no todo homicidio de una mujer a manos de un varón es femicidio. Pero hay casos, como el reciente triple femicidio que nos conmociona, que claramente se inscriben en esta figura. Y duele ver que, en lugar de centrar el análisis en la responsabilidad de los agresores o en las condiciones estructurales que habilitan estos crímenes, el foco vuelva a ponerse en las víctimas: en su vida, su ropa, su edad, su trabajo.

¿Por qué siempre cuestionamos más a las mujeres que a quienes las violentan? ¿Por qué preguntamos por qué una chica de 15 años estaba en situación de prostitución y no nos preguntamos por qué había hombres adultos dispuestos a pagar por el cuerpo de una adolescente? Esa doble moral atraviesa a nuestra sociedad y deja en evidencia que todavía hay un largo camino por recorrer.

Rita Segato, antropóloga argentina referente en estos temas, lo dijo con claridad: la violencia de género tiene una dimensión performativa, discursiva. No se trata solo de lo que le hacen a las mujeres, sino del mensaje que esa violencia transmite a la sociedad. Los femicidios, sobre todo los más cruentos, son también una forma de disciplinamiento, de control sobre los cuerpos, de reafirmación del poder. Y, como decía Segato al investigar los crímenes en Ciudad Juárez, esta violencia ocurre muchas veces en contextos de vulnerabilidad y exclusión económica, donde los cuerpos de las mujeres se convierten en territorio de disputa y de demostración de poder.

Por eso, la perspectiva de género no es un capricho ideológico ni una moda. Es una herramienta de análisis, de comprensión y de transformación. No jerarquiza el dolor ni niega otras formas de violencia. Las nombra. Las visibiliza. Las contextualiza. Porque si no somos capaces de ver cómo una publicidad banaliza el secuestro de una mujer, difícilmente podamos comprender por qué seguimos llorando víctimas como Micaela. El desafío que tenemos como sociedad no es solo que no haya más femicidios, sino que no haya más condiciones que los permitan. Que la igualdad no sea una aspiración, sino una práctica cotidiana. Que la libertad de expresión no se use como escudo para justificar la humillación del otro. Que el humor no se construya sobre la herida de quienes ya han sufrido demasiado. Y que, finalmente, podamos construir una cultura del cuidado, de la empatía, de la dignidad para todas las personas, sin excepción.

Micaela era una gurisa de lo más normal y, a su vez, de lo más extraordinaria. Tenía 21 años y estudiaba en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) el profesorado en educación física. Por muchos años hizo gimnasia deportiva, era alegre y amiguera, le gustaba militar en política y hacer laburo social en los barrios humildes. Frente a una injusticia su fuerte carácter la impulsaba a involucrarse. No había causa que para ella no sea un modo de vencer el egoísmo y la apatía. Pero esta cotidianidad, común a tantas otras jóvenes, era atravesada por una excepcional capacidad de liderazgo, madurez, dedicación, inteligencia, tesón y carisma que hacía que ella, en ningún ámbito, pasara inadvertida.

Desde el 2015, con la emergencia del #NiUnaMenos, “la Negra” no paró de convocar a otras pibas para salir a la calle, a las plazas o al barrio para generar conciencia y denunciar las violencias que mujeres y disidencias sufren en una sociedad aún moldeada por viejas estructuras de poder machista. Todas sus consignas, profundas y populares, no sólo estaban presentes en los discursos que daba en los plenarios militantes. Ella tenía la tremenda capacidad de defender sus causas en la más pequeña de las acciones cotidianas. Sea organizando una marcha, una jornada deportiva en la villa, peleándose con su abuela Graciela porque les tendía la cama a sus hermanos y no a ella, o retando a su papá porque no había lavado los platos, Micaela batallaba la igualdad con una pedagogía práctica e insistente.

Todas estas características forman parte de la semblanza que pintan a su familia y amigas, mientras construyen una memoria viva y alegre de aquella gurisa que sigue presente en todas sus cosas. La desaparición de Micaela, el 1 de abril de 2017, cuando regresaba a su casa tras una fiesta universitaria, conmovió no sólo a sus ámbitos próximos de pertenencia, sino que resonó como reclamo en todos los rincones de la Argentina. Había desaparecido una joven, en una ciudad tranquila y pequeña de Entre Ríos que, por su sencillez y sonrisa, parecía la hija de todos, la amiga de todas, la compañera de cualquier militante.

Es conocido el doloroso desenlace. Su caso, como tantos otros, reveló que la falta de perspectiva de género en aquellas personas que se desempeñan en el Estado puede incurrir en fallas graves que no protegen la vida ni la integridad de las personas y que, además, no garantizan derechos fundamentales. Su muerte violenta y evitable, pero sobre todas las cosas, su testimonio de vida y compromiso, recogido de manera admirable por su padre y su madre, convirtieron al nombre de Micaela y a su rostro en una bandera de lucha, de denuncia y de reivindicación. 

Un año más tarde, para diciembre de 2018, tras un arduo camino de construcción legislativa, y con el empuje comunicacional sobre la temática de género que provocó la denuncia pública de Thelma Fardin contra Juan Dartés, el proyecto de Ley Micaela llegó al recinto de la Cámara de Diputados (y diputadas) de la Nación obteniendo media sanción por amplia mayoría. Inmediatamente el senado dio por unanimidad su aprobación haciendo realidad efectiva a la Ley N° 27.499 o Ley Micaela – Capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres. 

Lejos de abonar a una lógica punitivista, la Ley Micaela exhorta a un compromiso personal e institucional en la prevención de la violencia de género y en las actuaciones que desde el Estado se hacen sobre casos vinculados. Además, contribuye al fortalecimiento de ámbitos laborales libres de violencia y discriminación por motivos de género y, también, por otras razones que emergen a partir de los talleres donde circula la palabra y se abre espacio para el diálogo constructivo. 

Es importante destacar que la Ley Micaela no representó para el Estado Nacional ninguna erogación presupuestaria especial en sus cinco años de ejecución, los recursos que se destinaron a ella partieron de los propios presupuestos asignados a cada repartición. Este punto no es menor porque, de hecho, fue un reclamo por parte de quienes integramos los equipos de instrumentación de la Ley Micaela en los distintos organismos públicos. Cientos de trabajadoras y trabajadores del Estado, de manera voluntaria y ad honorem, se capacitaron y dictaron cientos de talleres además de continuar con sus labores sin percibir ningún pago especial por dicha tarea extra. 

Un capítulo especial merece el compromiso de vida que el padre y la madre de Micaela, “Yuyo” y Andrea, han adoptado para que la Ley sea una realidad. Con muchísima paciencia, formándose persistentemente y con su dolorosa experiencia de vida a cuestas, han recorrido el país dictando charlas, talleres, creando protocolos de actuación frente a casos de violencia y generando consciencia. Miles de personas se han capacitado en estos años en el marco del cumplimiento de la Ley 27.499 a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina (judiciales; autoridades nacionales, provinciales y municipales; universidades; agentes estatales; instituciones deportivas; sindicatos; medios de comunicación; empresas y colegios profesionales) y probados casos demuestran que se lograron mejores intervenciones públicas que, incluso, lograron salvar vidas.

No obstante, como parte del nuevo clima de época que inauguró la gestión presidencial iniciada en diciembre de 2023, las conquistas en materia de reconocimiento de la violencia por motivos de género y promoción de los derechos de las mujeres y disidencias se vieron fuertemente cuestionadas y comenzaron a retraerse. Hoy la Ley Micaela está desarticulada a nivel nacional y en muchas provincias esto se replicó, a contrapelo de las políticas institucionales de todas las grandes empresas que siguen invirtiendo no sólo en la prevención de violencias sino en la promoción de la equidad de género y la deconstrucción de prácticas corporativas machistas. 

Y, como quien rema con entusiasmo contra la corriente, la Fundación Micaela García La Negra sigue dictando cursos breves de Ley Micaela para todas las personas que necesiten formarse para su desarrollo educativo, profesional o académico. En este mes de abril, el curso es “en memoria de Micaela” para seguir construyendo “la sociedad que Mica soñó”Si algo nos enseñó Micaela, en su corta pero provechosa vida de amor y solidaridad, es que seremos recordados y recordadas por la forma en la que elegimos vivir, no por la forma que alguien pudiera quitarnos la vida. Y ahí anda la Negra, expandida, multiplicada, usando como caja de resonancia el corazón de sus padres, presente en cada taller, en cada charla que busca construir una sociedad un poco mejor, menos injusta, donde las pibas puedan caminar solas por las calles silenciosas de sus pueblos.

Información para realizar el Curso Breve de Ley Micaela capacitacionesfundacionmicaela@gmail.com